Influyente el apellido Gómez Mont

• ...Y el caso quedó trunco en la PGR

A partir de una denuncia anónima, en 2006 la Siedo investigó a una red de empresarios mexiquenses que presuntamente realizaban lavado de dinero, pero...

Ricardo Ravelo

MÉXICO, DF.- El 8 de agosto de 2006, tres meses y 22 días antes de finalizar el sexenio de Vicente Fox, un alto mando de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) recibió una carta anónima de cuatro cuartillas, que puso en conocimiento de las autoridades federales las presuntas operaciones de lavado de dinero que llevaba a cabo una red de empresarios del Estado de México.

Los involucrados, Héctor Sotero Mata Álvarez, Carlos Magaña Valladares y Jorge Muñoz Arvizu, gozan de amplia influencia en círculos empresariales, judiciales, políticos y religiosos del país. Por ejemplo, es muy conocido el nexo de Magaña Valladares con la iglesia Bautista Resurrección y el grupo Unidos por Amor, dedicados entre otras actividades a la filantropía. Hasta el 2 de mayo de 2007 el empresario aparecía como presidente de la Fundación Tino en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Según la denuncia recibida en la Siedo, en poco menos de una década estos personajes han incurrido en delitos como despojos de tierras, daños a terceros y presunto lavado de dinero, pero ninguna autoridad los ha podido castigar "porque tienen fama de sobornar a jueces y personas que interfieren en sus negocios", entre los que destaca el blanqueo de capitales.

NOMBRES Y DETALLES

La persona que envió la misiva --de la cual Proceso tiene copia-- ofrece nombres y detalles sobre las presuntas conexiones delictivas de los empresarios mencionados y comienza aceptando que tiene miedo y por eso no puede revelar su nombre.

Meses después, el contenido de la misiva fue confirmado por la Siedo en una investigación que terminó envuelta en el misterio después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y Eduardo Medina Mora fue designado titular de la PGR, pues nadie fue detenido aunque había órdenes de aprehensión contra los denunciados.

La carta llegó a la Siedo como un documento ordinario, pero un agente del Ministerio Público federal se sorprendió al leerla y decidió informar a su jefe sobre ella.

--Ahí le dejo eso --dijo el funcionario que recibió la carta--, y la puso sobre el escritorio del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.

En el primer párrafo el denunciante dice: "Temeroso y a la vez preocupado por la situación que vivo de manera indirecta es que acudo ante usted (el subprocurador) para ver si por su conducto se termina toda la problemática y delitos que mediante este escrito denuncio de manera anónima por temor a que me suceda alguna tragedia a mí o a mi familia."

LAS FACHADAS

Enseguida expone que Héctor Sotero Mata Álvarez utiliza dos empresas --Trígono, S.A de C.V. y Secotrébol, S.A de C.V.-- "como fachadas" para lavar dinero.

Señala, además, "que Mata Álvarez realiza dichas actividades coludido con Carlos Magaña Valladares, Jorge Muñoz Arvizu y otros, todos ellos designados por el propio Héctor Mata como apoderados legales, pero la verdad es que solamente prestan servicios para poder llevar a cabo el lavado de dinero que realizan desde hace varios años, aproximadamente desde 1999".

Entra a los detalles finos: "La forma en que lavan dinero, por citar un ejemplo, es (comprando) terrenos y construyendo (fraccionamientos) con dinero ilícito" y finalmente obtienen una presencia de personas decentes ante la sociedad.

"Un caso que es muy sonado en el fraccionamiento Fincas de Sayavedra, en Atizapán, Estado de México, es que a título personal Héctor (Sotero Mata Álvarez) compró en el año 2002 tres terrenos que suman aproximadamente 30,000 metros cuadrados y después simuló una venta porque no se encuentra reportado ante Hacienda y eso lo sé perfectamente porque tuve conocimiento directo de ello."

EL CLUB HÍPICO

"Dicha venta se realizó a Trígono en 2004, pero con la salvedad de que después de haber comprado los tres terrenos, Héctor junto con el señor Carlos Magaña construyeron un club hípico, mismo que terminaron a finales de 2003 con una supuesta inversión de Trígono, razón por la cual, dos años después de haber sido comprados los predios, se vendieron casi al mismo precio, pero sin reportar a Hacienda dicha transacción, que incluye no nada más la compra de los terrenos, sino también la construcción.

"Debo hacer énfasis en que dicho club nunca ha sido abierto al público, de ahí que es otra forma en la que lavan el dinero, porque en la actualidad aunque sigue siendo el dueño Héctor (Sotero Mata Álvarez); ahora lo tiene a nombre de una persona moral, de la que también es dueño".

De acuerdo con el denunciante, la tríada empresarial encabezada por Mata Álvarez se confrontó con los vecinos durante la construcción del Club Hípico. Antonio Martínez, dueño de varios lotes, denunció a Mata Álvarez por la fusión de varios predios y porque entre dos lotes suyos, denominados Los Álamos y La Luz, pasaba una calle denominada Paseo de las Brisas, pero Héctor Sotero "les colocó unos portones (a sus lotes) para privatizar todo el club".

ORDENAN APREHENSIÓN

Según la carta enviada a la Siedo, este pleito derivó en que un juez librara sendas órdenes de aprehensión contra Mata Álvarez y Carlos Magaña por derribar árboles sin autorización y cerrar la calle. En su carta, el denunciante explicó cómo los empresarios se zafaron de este lío:

"...Tuvieron acercamiento, porque así lo dijeron frente a mí, con un juez que les concedió un amparo y con los dos jueces que tenían los juicios en su contra, a quienes les dieron dinero para obtener su libertad, la cual finalmente obtuvieron.

"Recuerdo que declararon ante un Ministerio Público que la PGR en Naucalpan, y el abogado en una ocasión que estábamos juntos les dijo tanto a Héctor como al señor Carlos (Magaña) que dijeran ante (el MP) que ganaban 20,000 dólares mensuales cada quien porque no tenían cómo justificar todo el dinero que manejaban."

"Tengo entendido que también le dijeron a los jueces que ganaban la misma cantidad, aunque esto no es verdad, lo cual se puede comprobar fácilmente nada más viendo el valor del Club Hípico, que es mayor a los 40 millones de pesos, lo que significa que ganando 20,000 dólares mensuales, de ninguna manera podrían construirlo."

El denunciante dice que, "con el dinero que ha obtenido del lavado", Héctor ayuda a mucha gente "para tenerlos de amigos", y menciona como ejemplo a Salvador Vázquez Herrera, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza; Roberto Aguilar Salazar, director de Desarrollo Urbano, así como María del Carmen González Pérez, responsable del área jurídica del mismo ayuntamiento. A ellos, agrega, "mensualmente les proporciona dinero" para que no se cumplan las órdenes de los jueces que emiten fallos en su contra y de esa forma no afecten sus propiedades.

EL SEGUIMIENTO

Con base en los datos de la carta anónima, el 22 de agosto de 2006 José Martínez Pérez, agente del Ministerio Público federal, integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/114/2006, la cual fue turnada a la Unidad Especializada con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.

El agente también giró el oficio CGADE/2298/2006, que fue turnado a Miguel Colorado González, coordinador técnico de la Siedo --el mismo que ahora está en el penal de Puente Grande acusado de recibir dinero por brindar protección a la célula de los hermanos Beltrán Leyva-- para que "con el carácter de urgente y confidencial" se investigara a los empresarios.

Los agentes de la AFI que realizaron la indagatoria son Luis Manuel Aguilar Flores y Francisco Jiménez Sánchez.

INICIAN RASTREO

En noviembre de 2006 los citados agentes iniciaron el rastreo de personas y empresas presuntamente ligadas al lavado de dinero. A la Asociación de Colonos del Club de Golf Valle Escondido de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, le solicitaron informes sobre terrenos y casas registradas a nombre de Héctor Sotero Mata, María Lorena Aspiazu de Mata o María Elena Aspiazu Ordiales.

También pidieron datos sobre las propiedades y actividades de Juan Pablo Mata Aspiazu, Mariana Mata Aspiazu, Carlos Magaña Valladares, Jorge Muñoz Arvizu, Hugo Duan Carmona Barrera y Daniel Sierra, así como de las empresas Trígono, Secotrébol y Club Hípico La Cima, A.C. La misma información se le solicitó a la Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra, A.C.

La primera solicitud no arrojó datos relevantes, la segunda reveló a los agentes que Héctor Mata es dueño de las fincas Los Álamos, La Luz y Valeria, en el condado de Sayavedra; que la empresa Trígono se localiza en el bulevar de Sayavedra manzana 99, lote 77 y que sobre el Club Hípico La Cima "no se encontraron datos", como dijo en su respuesta Eva Díaz Medina, gerente de la mencionada Asociación de Colonos.

Provistos de esa información, los agentes vigilaron a los empresarios y el 15 de noviembre de 2006 entregaron el parte informativo de su investigación.

EL PESO DEL PODER

Al concluir el sexenio de Vicente Fox, el caso dio un giro drástico. Meses después de que Felipe Calderón asumió el poder presidencial y Eduardo Medina Mora fue nombrado procurador general de la República, el asunto fue tratado de manera especial tras la aparición de Felipe Gómez Mont Landerreche --primo del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont-- como defensor de Jorge Muñoz Arvizu, uno de los presuntos lavadores de dinero y quien fue arraigado por orden del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal.

Gómez Mont Landerreche forma parte del despacho encabezado por José Luis Nassar Daw, hijo de Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad. Este equipo de abogados, entre quienes además figuran Diego Fernández de Cevallos, Xavier Olea Peláez y Alonso Aguilar Zinser, ha colitigado asuntos con el despacho que encabezaba hasta hace poco más de un mes el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y se han caracterizado por su influyentismo.

DENUNCIA DE HECHOS

El 22 de diciembre de 2006, en pleno estreno de la nueva administración federal, Gómez Mont Landerreche (como coadyuvante del MPF aparece José Luis Nassar Daw) presentó una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.

En dicho documento, el litigante dijo que en el parte policiaco entregado a la Siedo por los agentes Francisco Javier Jiménez Sánchez y Luis Manuel Aguilar Flores hay "falsedades dentro del contenido de algunas de las constancias que obran relacionadas dentro del apartado de considerandos de la resolución de arraigo".

Añadió que lo asentado en ese documento "es imposible y falso, pues los señores Héctor Sotero Mata Álvarez y Carlos Magaña Valladares no se encontraban el día 15 de noviembre del 2006 en el país, por haber salido desde el día 10 de noviembre del 2006 con destino a China, situación fácilmente acreditable con los pasaportes, visas y boletos de avión de los inculpados".

Con lo anterior Gómez Mont no sólo puso en entredicho el reporte, sino la ratificación del mismo que hicieron los agentes.

El 15 de noviembre de 2006 la agente del Ministerio Público federal Elena Cecilia Luengas Ávila le solicitó a Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, la localización y presentación con carácter de "urgente y confidencial" de Héctor Sotero Mata Álvarez y Carlos Magaña Valladares.
Sin embargo, de los tres empresarios señalados sólo Muñoz Arvizu fue presentado ante la Siedo y arraigado. El resto no volvió a ser molestado