Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Defensores ante acoso y hostigamiento

El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, de Torreón, tiene una trayectoria de 15 años defendiendo los Derechos Humanos de los laguneros y en ese tiempo ha sido objeto de persecución y represión, situación que se repitió el fin de semana pasado cuando sus oficinas fueron allanadas de nuevo para robar información confidencial relacionada con los casos de defensa de los derechos humanos que ellos realizan para personas o grupos vulnerables.

Lo deplorable es que las autoridades, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Homero Ramos Gloria, minimiza los delitos, encasillándolos anticipadamente como robos comunes, cuando realmente son presuntas o evidentes casos de hostigamiento o persecución, o bien amedrentamiento. Apenas el año pasado un militar y un policía federal ingresaron a las oficinas del Centro Juan Gerardi, presuntamente en busca de droga, alegaron.

Hace tres meses, la ONU emitió su Informe de Actualización sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos (DH) en México, en el cual se denuncia “el clima de hostilidad” en contra de las y los defensores de los DH, y el 12 de julio Javier Hernández Valencia, representante en México de la ONU-DH lo leyó en Saltillo, pero parece que el Procurador es sordo.

Coahuila aparece con Chihuahua entre las entidades con altos niveles de violencia e inseguridad, que concuerdan con la exacerbación de las agresiones a las y los defensores de DH y las más comunes son las injerencias arbitrarias mediante allanamientos a oficinas y robo de información, así como las amenazas.

Cabe enfatizar que, de Coahuila, se citan en el Informe a la Casa del Migrante de Saltillo, describiendo cuatro casos de despojos, agresiones y amenazas graves a sus colaboradores; del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi se incluye el allanamiento padecido el año pasado por una llamada anónima que denunciaba la supuesta existencia de drogas; también se denuncia que el Albergue “Frontera Digna”, de Piedras Negras, fue objeto de vigilancia, amenazas, intimidación y, además, un colaborador fue detenido y agredido por sujetos civiles.

Nuestra editorialista y defensora de los derechos de las mujeres, Lydia Cacho, es mencionada en el citado Informe en varias ocasiones por sufrir amenazas y acoso judicial, lo que la obligó a ausentarse temporalmente del País.

Cabe anotar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México, en el Informe emitido en 2009, recomienda a las autoridades federales y estatales articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores de DH y difundir la Declaración sobre ellos emitida por esa Oficina, entre los funcionarios de todos los niveles de gobierno y la población en general, lo cual no se ha concretado.

En el Pacto por México se menciona que, “el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos”, y se establece el compromiso de “defender los derechos humanos como política de Estado”. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se menciona como una de sus estrategias, “instrumentar una política de Estado en derechos humanos”, pronunciamientos que podrían favorecer las condiciones en las que los y las defensoras de DH realizan su trabajo, así como ofrecer mayor legitimidad a éste. Aunque parece que son retórica pura.

El informe concluye señalando que los y las defensoras de DH trabajan en una situación de adversidad en la que predomina la impunidad que, a su vez, favorece el incremento de las agresiones. Se agrega que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque es un logro, aún se encuentra en una etapa de inicio, y la realidad muestra que cada día son más frecuentes los operativos realizados por fuerzas conjuntas de grupos paramilitares y policías o soldados, y parece que la única función que las autoridades quieren asumir es la de mediatizar, controlar y reprimir las manifestaciones de descontento social, tomando como pretexto la llamada guerra contra el crimen organizado y el terrorismo.

Procurador Homero Ramos Gloria, es hora de aplicar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, es su responsabilidad.

Posdata

Banamex fue multado con más de 9 millones de pesos por el IFAI por infringir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Yo estoy bajo acoso por este banco, hay que seguir denunciando porque estos depredadores no escarmientan.