La violencia en Tierra Caliente, por «alianza» del gobierno con el hampa para explotar minas

Los desplazamientos, prueba clara del control del crimen en la zona, dice activista

La administración estatal espera informe de Gobernación para actuar en la Costa Grande

Desplazados por la violencia en las comunidades El Cubo y El Guayabo llegan a San Miguel Totolapan, GuerreroFoto Víctor Camacho

Sergio Ocampo y Héctor Briseño

Corresponsales

Periódico La Jornada
Domingo 21 de julio de 2013, p. 10

Tlapa, Gro. 20 de julio.

 

Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los casos de personas desplazadas por la violencia en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán son por culpa del gobierno, que se alió con los grupos de la delincuencia organizada para explotar los yacimientos de oro y uranio descubiertos en esa zona de la Tierra Caliente.
Olivares dijo lo anterior durante su participación en el foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia, realizado en el municipio de Tlapa con motivo del 19 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Desde el martes pasado, al menos mil 300 personas –entre ellos 217 niños– abandonaron sus viviendas en siete poblados de los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, luego de que –aseguraron– recibieron amenazas de muerte de miembros del crimen organizado.
Al respecto, Olivares expuso: Para nosotros, lo que pasa en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán es prueba clara de que el crimen organizado está controlando un territorio más amplio aquí en Guerrero.
Aseguró que al gobierno “ya no lo toman en cuenta en las comunidades; no solo está perdiendo autoridad como gobierno, sino también capacidad para resolver las necesidades, como hacer justicia.

Sabemos que en otros municipios, como Petatlán, en la Costa Grande, e incluso en Chilpancingo, la capital, las autoridades han reconocido que hay personas desplazadas, recalcó.
Las autoridades son inoperantes en estos momentos; estamos hablando de los tres niveles de gobierno, porque no sólo a la administración federal le compete atender esta situación; el Estado mexicano como tal debe garantizar la seguridad física de los ciudadanos, concluyó.
En tanto, en Acapulco, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, explicó que la administración guerrerense se encuentra en espera de un informe detallado de autoridades de Gobernación sobre la situación de violencia que priva en la región de Costa Grande, para determinar un plan de acción a seguir en cuanto a las estrategias de seguridad que se tomarán en la zona.
La noche del viernes surgieron versiones de que que hombres armados balearon viviendas en poblaciones de la sierra del municipio de Tecpan de Galeana, El Porvenir Viejo, La Sombra, Bajos de Balsamar y La Sierrita.
En los hechos violentos habría resultado herido el ciudadano Ignacio Salto Villa, y el defensor ecologista José Armando Arreola habría sido secuestrado. Sin embargo, hasta ahora no ha sido confirmado, indicó Martínez Garnelo.