El arraigo es una orden de un juez para que una persona no pueda dejar un lugar, puede ser su casa o un centro de arraigo (Reuters)
|
Un grupo de expertos hizo 70 preguntas relacionadas con la tortura a la delegación mexicana durante una sesión de trabajo celebrada este miércoles en Ginebra.
La delegación, compuesta por más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y otros estados, deberá responderlas este jueves, después el Comité contra la Tortura hará observaciones y recomendaciones preliminares al gobierno mexicano.
Uno de los temas que causó más dudas fue el arraigo, orden dada por un juez para que una persona permanezca recluida en un mismo lugar (desde su casa hasta un centro de arraigo) mientras las autoridades recaban pruebas en su contra.
Los expertos dijeron que el arraigo “plantea muchos problemas” y se mostraron preocupados por las condiciones en que se mantiene a los arraigados, el respeto de sus derechos y garantías, así como las confesiones obtenidas bajo esta condición.
Los expertos preguntaron a la delegación mexicana si esta figura está en la Constitución y si su uso será permanente.
El arraigo “permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales”, dijeron los expertos en Ginebra, según un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH).
“¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”, preguntó la experta Essadia Belmir.
El arraigo de detenidos por delitos relacionados con delitos contra la salud es una práctica frecuente en México.
Los expertos también pidieron cifras sobre los juicios declarados nulos por confesiones obtenidas bajo tortura y si hay una base de datos de desaparecidos.
El CAT señaló que hay falta de diligencia para investigar las denuncias por tortura así como un “patrón sistemático” de impunidad.
Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales, según el comunicado de la (CMPDH).
Los expertos hicieron notar que la reforma penal que pretende eliminar la tortura mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo este miércoles en rueda de prensa que la tortura no es un fenómeno generalizado en México, y que el gobierno da seguimiento “puntual” a las acusaciones contra las fuerzas armadas, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sólo 2 % de las denuncias por tortura presentadas ante la CNDH han terminado en recomendaciones al gobierno, dijo.
Varios expertos debatieron sobre la pertinencia de que exista un Protocolo Federal sobre el Feminicidio.
En cuanto al sistema carcelario, cuestionaron el hacinamiento en las prisiones, las malas condiciones en que viven los presos y la falta de gobernabilidad en algunas cárceles.
También cuestionaron la eficacia de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ante los recientes asesinatos de activistas y periodistas.
Los expertos pidieron a la delegación detalles sobre cómo se recabaron evidencias y en qué punto se encuentran las investigaciones relacionadas con el caso Atenco, un conflicto social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México que derivó en la intervención policial. Dos personas murieron y más de 200 activistas fueron detenidos. Al menos 26 mujeres denunciaron abusos sexuales en su contra.
También pidieron detalles sobre el caso Ayotzinapa, un municipio de Guerrero, donde murieron dos estudiantes normalistas durante un desalojo realizado por policías ministeriales y federales, así como el caso de Israel Arzate Meléndez, quien supuestamente fue obligado a declararse culpable de una matanza ocurrida en Ciudad Juárez, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El gobierno de México aceptó que recibirá las observaciones que hagan al país los expertos del CAT.
“Manifestamos la plena apertura y disposición del gobierno mexicano a recibir las observaciones y recomendaciones de este Comité", dijo la subprocuradora de mexicana de Derechos Humanos, Ruth Villanueva, al presentar su quinto y sexto informe ante los miembros del CAT.
Amnistía Internacional (AI) sostiene que los casos de tortura aumentaron en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), como consecuencia de la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada para combatir a los cárteles de la droga.
Entre el 2007 y el 2011, AI recibió 110 denuncias por tortura, y 4,732 casos de maltrato.
Notimex
01/11/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario