Ricardo Mendoza / Carlos Orta
Saltillo.- El Congreso Federal fue “chamaqueado” en una de sus más importantes tareas, la Reforma Laboral, pues luego de aprobado, el dictamen fue alterado por “alguien” al pasar al Senado de la República… dando así protección a una actividad que presuntamente financia a los principales cárteles del crimen.
Y aunque los Diputados federales y Senadores intentaron fallidamente una Fe de Erratas al documento que aún sigue en discusión, porque regresó a San Lázaro, hasta el momento nadie sabe responder si se presentó una denuncia por la alteración del escrito, uno de los más importantes de las últimas décadas y que habrá de regir la actividad económica en el País.
La reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados cuando, sin razón aparente, fue borrada, según manifestó el mismo presidente de la Comisión especial, Carlos Aceves del Olmo, en días pasados a medios de comunicación nacionales.
“Propiamente el artículo 343 encierra la prohibición de los pozos verticales fue la que sufrió cambios”, comentó también el diputado panista coahuilense Marcelo Torres Cofiño. “El segundo párrafo que prohibía este trabajo, se eliminó de manera ‘misteriosa’ en la Cámara de Diputados”.
En el Senado, ante los intentos de que se corrija el error, ninguna de las bancadas ofrece una explicación y evaden aprobar la prohibición, de acuerdo a lo dicho por la legisladora perredista Dolores Padierna a la revista Proceso hace unos días.
Aunque no se habría tratado de un error técnico, si no de una irregularidad deliberada, nada impidió que, aparentemente, una “mano negra” protegiera a los pocitos de carbón en Coahuila, pese a los 145 muertos registrados en seis años en la zona minera coahuilense, y a que desde el 2011 la CNDH y la Secretaría Federal del Trabajo hayan advertido, al igual que el obispo Raúl Vera López y los últimos tres Gobernadores, que el narco infiltró a la minería.
“Nos dimos cuenta y metimos la Fe de Erratas y no se hizo ningún cambio desafortunadamente”, dijo la diputada federal panista Esther Quintana.
De su lado, la legisladora perredista por Nuevo León, Socorro Ceseñas, también señaló la irregularidad, “una de muchas”, dijo, del proceso de aprobación de la Reforma Laboral.
La prohibición de los pocitos estaba fundamentada en que esta forma artesanal de extraer carbón se realiza en condiciones infrahumanas para los mineros, con un bajo salario y muchos de ellos sin prestación social alguna.
Aunque los “narcoempresarios” fueron destapados en VANGUARDIA hace una semana por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, ayer mismo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dejó en claro que desde hace meses se realizan averiguaciones previas contra empresas mineras por su presunto involucramiento con el crimen organizado.
145 mineros han muerto en Coahuila entre 2006 y 2012
Borrón… y ni en cuenta
El artículo 343-A, que fue eliminado establecía las restricciones a la minería del carbón:
“Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas o pozos carboneros, entendiéndose por esto los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores”.
Condiciones adversas
Los mineros de pocitos trabajan con desventajas.
Frecuentemente no están registrados en el IMSS.
El sueldo siempre es bajo en relación al riesgo.
La salud de los mineros veteranos es precaria por la inhalación de polvo y gases.
Mineras investigadas pugnan por contrato multimillonario
Al menos dos de las tres mineras presuntamente investigadas por relación con grupos criminales estarían pugnando por un contrato directo con la Comisión Federal de Electricidad por más de 6 mil millones de pesos, aseguraron fuentes cercanas a las empresas.
Incluso, alguna de las compañías mineras habría advertido a las instancias correspondientes que se investigue si las acusaciones están relacionadas con la licitación, que representa casi el doble de lo que la Prodemi provee a la paraestatal.
Un informante señaló que hasta antes de ayer que el Grupo Reforma difundió la información, la empresa con la que está relacionado no tenía conocimiento alguno de que hubiera indagatorias en su contra.
Por otra parte, la PGJE coadyuva con la PGR desde hace tiempo en las investigaciones sobre la presunta participación del crimen organizado en la explotación de minas de carbón en Coahuila, admitió el procurador Homero Ramos.
Reforma publicó ayer que Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión, son tres empresas que operan en Coahuila y son investigadas por presuntos nexos con el crimen organizado.
De esas tres, admitió Ramos, una de ellas sí aparece en el padrón de proveedores de Prodemi para vender carbón a la CFE.
“Lo que me dijeron fue que dos de ellas no tienen ningún vínculo con Prodemi y que una de ellas sí aparece en el listado que está vigente con el contrato actual”, destacó.
Y aunque los Diputados federales y Senadores intentaron fallidamente una Fe de Erratas al documento que aún sigue en discusión, porque regresó a San Lázaro, hasta el momento nadie sabe responder si se presentó una denuncia por la alteración del escrito, uno de los más importantes de las últimas décadas y que habrá de regir la actividad económica en el País.
La reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados cuando, sin razón aparente, fue borrada, según manifestó el mismo presidente de la Comisión especial, Carlos Aceves del Olmo, en días pasados a medios de comunicación nacionales.
“Propiamente el artículo 343 encierra la prohibición de los pozos verticales fue la que sufrió cambios”, comentó también el diputado panista coahuilense Marcelo Torres Cofiño. “El segundo párrafo que prohibía este trabajo, se eliminó de manera ‘misteriosa’ en la Cámara de Diputados”.
En el Senado, ante los intentos de que se corrija el error, ninguna de las bancadas ofrece una explicación y evaden aprobar la prohibición, de acuerdo a lo dicho por la legisladora perredista Dolores Padierna a la revista Proceso hace unos días.
Aunque no se habría tratado de un error técnico, si no de una irregularidad deliberada, nada impidió que, aparentemente, una “mano negra” protegiera a los pocitos de carbón en Coahuila, pese a los 145 muertos registrados en seis años en la zona minera coahuilense, y a que desde el 2011 la CNDH y la Secretaría Federal del Trabajo hayan advertido, al igual que el obispo Raúl Vera López y los últimos tres Gobernadores, que el narco infiltró a la minería.
“Nos dimos cuenta y metimos la Fe de Erratas y no se hizo ningún cambio desafortunadamente”, dijo la diputada federal panista Esther Quintana.
De su lado, la legisladora perredista por Nuevo León, Socorro Ceseñas, también señaló la irregularidad, “una de muchas”, dijo, del proceso de aprobación de la Reforma Laboral.
La prohibición de los pocitos estaba fundamentada en que esta forma artesanal de extraer carbón se realiza en condiciones infrahumanas para los mineros, con un bajo salario y muchos de ellos sin prestación social alguna.
Aunque los “narcoempresarios” fueron destapados en VANGUARDIA hace una semana por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, ayer mismo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dejó en claro que desde hace meses se realizan averiguaciones previas contra empresas mineras por su presunto involucramiento con el crimen organizado.
145 mineros han muerto en Coahuila entre 2006 y 2012
Borrón… y ni en cuenta
El artículo 343-A, que fue eliminado establecía las restricciones a la minería del carbón:
“Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas o pozos carboneros, entendiéndose por esto los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores”.
Condiciones adversas
Los mineros de pocitos trabajan con desventajas.
Frecuentemente no están registrados en el IMSS.
El sueldo siempre es bajo en relación al riesgo.
La salud de los mineros veteranos es precaria por la inhalación de polvo y gases.
Mineras investigadas pugnan por contrato multimillonario
Al menos dos de las tres mineras presuntamente investigadas por relación con grupos criminales estarían pugnando por un contrato directo con la Comisión Federal de Electricidad por más de 6 mil millones de pesos, aseguraron fuentes cercanas a las empresas.
Incluso, alguna de las compañías mineras habría advertido a las instancias correspondientes que se investigue si las acusaciones están relacionadas con la licitación, que representa casi el doble de lo que la Prodemi provee a la paraestatal.
Un informante señaló que hasta antes de ayer que el Grupo Reforma difundió la información, la empresa con la que está relacionado no tenía conocimiento alguno de que hubiera indagatorias en su contra.
Por otra parte, la PGJE coadyuva con la PGR desde hace tiempo en las investigaciones sobre la presunta participación del crimen organizado en la explotación de minas de carbón en Coahuila, admitió el procurador Homero Ramos.
Reforma publicó ayer que Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión, son tres empresas que operan en Coahuila y son investigadas por presuntos nexos con el crimen organizado.
De esas tres, admitió Ramos, una de ellas sí aparece en el padrón de proveedores de Prodemi para vender carbón a la CFE.
“Lo que me dijeron fue que dos de ellas no tienen ningún vínculo con Prodemi y que una de ellas sí aparece en el listado que está vigente con el contrato actual”, destacó.
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