Campañas en medio de las crisis

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Este domingo 3 de mayo comienzan las campañas electorales, que concluirán 60 días después, el primero de julio. Siempre deslucidas y desatendidas, las elecciones intermedias, las que corresponden a la sola renovación de la Cámara de Diputados, esta vez lo serán en mayor medida, porque ocurren en medio de las varias crisis que agobian a nuestro país: la de inseguridad, la económica, la de los propios partidos y, por si algo faltara, la sanitaria, la de la influenza humana.

Hoy mismo las campañas no comenzarán al modo tradicional. El Código Electoral define como actos de campaña “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos y voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”. La necesidad de contener la expansión del desconocido virus que está poniendo en jaque a México y al mundo ha obligado a conjurar las aglomeraciones, al punto de que el gobierno de la Ciudad de México prohibió la actividad en los restaurantes hasta el martes 5 de mayo inclusive, y el federal dispuso una disminución severa de la actividad económica y la paralización de la administración pública, todo ello con miras a evitar el contacto de la gente con la gente, que es la materia con que se amasan las campañas.

Se había previsto que el Consejo General del IFE tomara el 2 de mayo alguna determinación a este respecto. Hasta se conjeturó en los días precedentes que podría modificarse el calendario electoral. Dado que esto es imposible, porque las fechas están consignadas en legislación que no es dable modificar sobre la marcha, al menos en los términos en que la influenza se presenta al comenzar mayo, lo pertinente será la adopción de acuerdos políticos que establezcan reglas de observancia general para los partidos, aunque no sean jurídicamente vinculatorias. Está en el interés de los propios partidos, cada uno por su lado, actuar en consonancia con los intereses generales y de acuerdo a su propia conveniencia. Si alguno de ellos incurriera en la insensatez de citar a un mitin de arranque de campaña hoy domingo, como hubiera sido normal en otros tiempos, tendría en la ausencia de sus propios militantes la mejor demostración de que ellos no quieren ponerse en riesgo de contagio ni dejar de contribuir al esfuerzo general de contención del virus.

Por lo demás, la emergencia dentro de la emergencia concluirá a media semana. Cuando más, se prolongará hasta el domingo 10 de mayo, y a partir del lunes será más practicable, si no la realización de reuniones públicas, sí la de encuentros con pequeños grupos, en espacios abiertos, en cada uno de los 300 distritos. Si eso ocurre, se hará más cercana la comunicación de los candidatos con sus electores, a los que hay que convencer no sólo para votar en cierta dirección, sino para que acudan a las urnas.

Se ha detectado y medido un creciente desencanto por los procesos electorales y una cada vez mayor desconfianza en las instituciones que los organizan y los protagonizan. Quizá ayudó a ahondar tales sentimientos ciudadanos la deplorable puesta en práctica de la reforma electoral de 2007-2008 que, por un lado, dio al IFE el control de la propaganda electoral por radio y televisión, y que, por otro, pretendió regular las precampañas. Éstas corrieron, durante 40 días, del 31 de enero al 11 de marzo, y en ese período se estrenó la facultad del órgano electoral para manejar el tiempo del Estado en los medios electrónicos. Las maniobras de resistencia de las grandes empresas que dominan ese campo, y la deplorable estrategia desplegada por el IFE, que en vez de espacios suficientes para la discusión de propuestas programó la aturrullante difusión de miles de spots, produjeron un mal resultado en detrimento de la presencia de los partidos en la escena pública. En el período intermedio, del 11 de marzo al día de hoy, el espacio electromagnético se ha llenado con la abusiva publicidad comercial y la propaganda de los órganos electorales, especialmente del IFE, que ha provocado, según distintas percepciones con las que coincido, una saturación en el público, poco inclinado a la política y empujado de ese modo a la abstención y el desinterés por la vida colectiva.

Cuenta así mismo en la génesis del alejamiento de los ciudadanos y los partidos el agudo e inadmisible contraste entre la prosperidad de tales partidos y el empobrecimiento general causado o profundizado por la crisis económica. Mientras todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, los partidos disfrutan de un financiamiento público desfasado de la realidad económica circundante. En este 2009, los partidos están recibiendo más de 3 mil 600 millones de pesos, de los cuales 2 mil 700 corresponden a su gasto ordinario (para solventar su oneroso tren de vida cotidiana) y poco más de 800 para los dos meses de campaña.

De las cifras totales, Acción Nacional recibe este año poco más de mil millones de pesos; el PRI, poco más de 700; el PRD, poco más de 600; el PVEM, poco más de 300; el PT, casi 290; Convergencia, 270; Nueva Alianza, 254, y el PSD, 190. Como además los partidos pueden obtener financiamiento privado, de sus militantes y de actividades propias destinadas a ese fin, están en posibilidad de gastar enormes cifras. La propia autoridad electoral, que aplica normas que deben ser revisadas, fijó un elevado tope de campaña (tope máximo dice pleonásticamente la ley y lo repiten los acuerdos del IFE), de 812 mil 680 pesos: ¡cada candidato, de un total posible de 2 mil 400, puede gastar esa cifra no distante del millón de pesos! La desaprensión con que se fijan estas cantidades permitió a los precandidatos, en la breve precampaña, gastar hasta 214 mil pesos, holgada cifra que es una invitación a poderes fácticos e ilegales a realizar contribuciones a esos momentos del proceso, pues qué ciudadano puede permitirse esa erogación de límite tan dilatado.

Hablar del dinero nos conduce a situar las campañas que hoy comienzan en el marco de otra crisis, la de inseguridad. Aunque se ha hablado profusamente del blindaje para evitar que el narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada penetren a las instituciones por la vía electoral, apoyando candidatos a modo, no hay forma práctica de impedirlo. El 2 de mayo el Consejo General del IFE habría aprobado los registros de candidatos presentados por los partidos. Es altamente probable que se hayan deslizado entre los aspirantes a legislador avalados por los partidos personas que ganaron su postulación a partir de recursos de procedencia ilegal, mismos que podrán alimentar sus campañas, como se ha visto ya en comicios locales.

De ese modo, estamos en la paradoja de que la crisis sanitaria, la económica y la de los partidos desalientan la participación de los ciudadanos en las elecciones intermedias, y en cambio la crisis de inseguridad, que se manifiesta en la prosperidad de las bandas delincuenciales, estimula el interés de estos grupos en modelar la vida pública conforme a sus intereses.

Proceso 03/05/2009