Peña Nieto rechaza el pago por hora: Navarrete Prida

Quiere una reforma laboral que no vulnere derechos, sostiene

Desea una ley que fomente el desarrollo y genere empleos formales

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 28 de septiembre de 2012, p. 7

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, está de acuerdo en una reforma laboral que no vulnere el artículo 123 ni los derechos laborales, ni tampoco en que se realice un pago por horas. Desea una reforma que fomente el crecimiento económico, generadora de empleos formales y de equilibrio entre los factores de la producción, es decir, de respeto absoluto al artículo 123 constitucional, afirmó Alfonso Navarrete Prida, integrante del equipo de transición en materia de trabajo.

En entrevista con La Jornada, aseguró que si la reforma laboral cumple estos objetivos, el presidente electo y el PRI apoyarán las propuestas del presidente Felipe Calderón, mas no en aquellos temas que vulneren la autonomía sindical o los principios constitucionales, claramente definidos en el artículo 123.
El ex diputado federal aseguró que Peña Nieto no negoció el envío de la iniciativa de reforma laboral al Congreso y sostuvo que el presidente Calderón hizo uso de la facultad que tiene para una iniciativa preferente.
–La iniciativa que se discute en el Congreso ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y por especialistas y dirigentes sindicales mexicanos, entre otras cosas, por la propuesta del pago por horas y la desaparición de los contratos colectivos a futuro –se le planteó.
–El presidente electo está de acuerdo con el pago por trabajo determinado, no con el pago por horas, ya que esto último significa abrir espacio a los abusos, a que se rompan los derechos de antigüedad, de prestaciones sociales, de horas de descanso. Se está de acuerdo con el respeto a las garantías y derechos de los trabajadores.
“Se está de acuerdo en los contratos de capacitación, ya que muchos jóvenes son explotados bajo el esquema de servicio social o de aprendizaje; se busca que exista un contrato para estos casos, que sea evaluable y que tenga que pasar por una junta con los trabajadores, es decir, por una comisión mixta. Estamos muy lejos de querer vulnerar los derechos laborales.

Buscamos crear nuevos derechos y si, lejos de tener una contradicción de lucha y encono, tenemos un equilibrio entre los factores de la producción, creo que estamos caminando en el sentido correcto.
–Especialistas en derecho laboral aseguran que las reformas convertirán a México en un país de empleados temporales…
–Por supuesto que no. Se está buscando abrir el empleo y que haya espacios temporales por obra determinada, que son cosas que en este momento no están protegidas ni tuteladas, y existen países que han tenido éxito con estas figuras.
–¿Cómo observa la oposición que ha surgido contra esa reforma legislativa?
–Estamos abiertos a escuchar propuestas y argumentos. Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de reunirme con el maestro Néstor de Buen, con los líderes de las confederaciones de Trabajadores de México y Revolucionaria de Obreros y Campesinos, del sindicato de trabajadores petroleros, con la lideresa moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Elba Esther Gordillo), con empresarios de Coparmex, Concamin y Concanaco. Como en cualquier ley, hay intereses y posiciones, lo que hay que buscar son equilibrios. Lo importante es que las objeciones se hagan valer por la vía institucional contra el outsourcing, el arbitraje en la huelga y los derechos de la autonomía sindical, y si son reales deben ser atendidas; hay toda la sensibilidad para que esto ocurra.
–¿Fue una trampa del presidente Calderón a la próxima administración haber enviado una iniciativa preferente en materia laboral en el momento de la transición?
–El presidente saliente tiene la prerrogativa de enviar iniciativas preferentes. Desde luego, hay que verla en su contexto; no es lo mismo una iniciativa a cuatro meses de concluir, con la idea de dejar constancia de una serie de principios ideológicos, que tener la responsabilidad de recibir un gobierno y construir a partir de lo que la Constitución permite.