Gustavo Leal F.*
Esta iniciativa preferente no puede ser aprobada sin un ajuste de raíz. Regular el mundo del trabajo en la globalización es urgente, pero no con esos elementos ni de la manera como se la tramita. Su alma, visión de lo laboral, materia de trabajo, bilateralidad, productividad, salario infinitesimal, polivalencia, bonos y despido, entre otros, postula un abaratamiento inadmisible de la mano de obra que afecta a muchos y beneficia a pocos.
Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados. No puede ser aprobada porque su contenido anima una propuesta de salida única que renuncia a ubicarse en la realidad laboral del siglo XXI.
Sus impactos sobre la salud y la seguridad social son directos y negativos:
1) El cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud no podrán ser financiadas adecuadamente. El nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la iniciativa, potenciará el efecto de insuficiencia para cubrirlas, que ya se aprecia en las tendencias en curso del IMSS-Issste después de las “reformas” Zedillo (1995)-Calderón (2007).
Ello seguirá desbrozando el terreno para imponer también un sistema de seguridad social “universal” a la Peña Nieto, compuesto exclusivamente de cuatro prestaciones mínimas: seguro de salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez, financiado con IVA incrementado a todos los consumos “sin excepción”.
Simultáneamente, se aguarda implantar nichos privados con afán de lucro en el “mercado” de la salud “fomentando la competencia para ganar calidad”. Ya privatizadas, las pensiones no garantizarán más que 37 por ciento del último salario devengado.
2) Al legalizar el contratismo de terceristas se promueve que los patrones eludan sus compromisos laborales y lo hagan por ellos los contratistas. Se materializan “fraudes legales” contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se reduce el costo de la fuerza de trabajo y se permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones pero con salarios y prestaciones diferentes. El impacto recae en el nivel de cotización: la elusión y evasión sobre la cuota obrero-patronal seguirá presionando sobre las finanzas del IMSS-Issste.
Se estima que la evasión al IMSS por outsourcing suma 40 millones de pesos diarios. Y cada vez son más Pymes las que recurren a él. Hasta 86 por ciento de los trabajadores contratados pertenecen a firmas que incumplen leyes fiscales y laborales. La Cámara de Diputados ubicó en 525 mil millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por la tercerización (outsourcing) durante 2005-primer trimestre de 2010.
Tanto el Inegi como la Secretaría del Trabajo ubican a México en el lugar 19 mundial en recurrencia al outsourcing, sumando 2.4 millones de trabajadores. Si estos millones dispusieran de contratos tradicionales, hubieran generado obligaciones por casi 302 mil millones de pesos. Pero, por la subcontratación sólo generaron 23 mil millones de pesos. La facturación empresarial ha generado un IVA por 140 mil millones de pesos, no necesariamente enterado.
Y al perjuicio inmediato para los trabajadores se agrega la afectación directa de su pensión, al reducirse la contribución al fondo a una base de 1.5 salarios mínimos. Sólo en los recientes cinco años, uno de cada siete trabajadores ha sido contratado vía outsourcing. Más de la mitad de ellos se ubican en el DF. Su presencia se duplicó, minando los derechos laborales y reduciendo las aportaciones a la seguridad social y al fisco.
Para decirlo con las palabras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH): “Hoy no existe regulación y se carece de datos para atacar el problema. No existen estadísticas de cómo está el sector de terciarización en México. Fuera de la AMECH no sabemos cómo están los demás. No lo sabemos porque no hay datos y no hay datos porque no hay regulación”.
Sobra reiterar que la calidad de los empleos es completamente precaria, en el mejor de los casos.
Pero la iniciativa, en vez de restringirlo y fiscalizarlo a través de la inspección del trabajo, tal y como hoy se hace en Argentina y Chile, opta por la subcontratación como un sector “dinámico, generador de empleos y de ingresos adecuadamente regulados por la ley”.
Una vez divulgada la iniciativa, hasta el sindicalismo corporativo manifestó que la reforma “está corta, porque hay que definir la figura patronal, que es donde se da la evasión. Es decir: qué tipo de patrón, cuántos patrones hay y qué se requiere para que otro sea solidario del que contrata”.
Mientras, la propia AMECH ha debido reconocer que “es insuficiente para detener a las empresas ilegales que hoy evaden sus obligaciones obrero patronales”.
Un gran tema pendiente es el de los otros impactos de la iniciativa sobre las leyes del Seguro Social, Issste, contrato colectivo de trabajo del IMSS y las condiciones generales de trabajo del Issste. Por ejemplo: el articulado de la iniciativa podría traducirse en pérdida de derecho a las prestaciones en especie: seguro de enfermedades y maternidad, y a las en dinero: incapacidades, de la Ley del Seguro Social.
La iniciativa no construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX, pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
No hay comentarios:
Publicar un comentario