Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Abril 21 del 2015
La diáspora de migrantes crece, el éxodo se expande mundialmente; la muerte de 700 emigrantes en el mar Mediterráneo fue una más de las tragedias cotidianas que provocan la pobreza, la esclavitud moderna y las guerras; según las autoridades italianas, en los últimos días han recogido del mar a casi 10.000 personas.
En México estas catástrofes humanitarias de creciente violencia que acorralan a los migrantes van unidos al trabajo valiosísimo que realizan las y los defensores de los derechos humanos de los migrantes, labor que ha sido reconocida y protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instituciones internacionales, ante las agresiones que afectan la vida, la integridad y el trabajo de los y las defensoras; así lo expresa el informe presentado por parte de la Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM) en la Posada Belén.
El Informe de IFNM describe con exactitud el contexto de violencia creciente que el gobierno federal se niega a reconocer y la crisis de los DH por la que el país atraviesa con masacres como la de Tlatlaya, los 43 de Axotzinapa y la de Apatzingán que dan cuenta del crac de la justicia.
Esto explica la preocupación de las y los defensores de DH por desarrollar y sistematizar mecanismos de protección para su seguridad, de exigir al Estado que asuma su responsabilidad de ofrecerles apoyo y atención, ya que estas organizaciones que ayudan, hospedan, alimentan, orientan, promueven y defienden los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro del flujo migratorio en México en sus diversos momentos, laboran en un clima de creciente hostigamiento y persecución.
Durante los últimos 4 años se han realizado grandes esfuerzos de las y los defensores de DH para crear estrategias que visibilicen y difundan su situación de riesgo, articulando sus acciones en redes.
Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2013 la CNDH recibió 8,150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército en toda la República y la Red, Todos los Derechos para Todas y Todos denunció de 2011 a 2013, 409 agresiones en contra de las y los defensores de DH entre ellas 27 asesinatos, la mayoría cometidos contra mujeres y personas defensoras de DH de migrantes.
En 2012 se aprobó la, “Ley para Proteger a Defensores de Derechos humanos y Periodistas”, pero no ha funcionado porque no incluye medidas para una adecuada investigación y sanción de responsables. La CIDH afirma que las amenazas, hostigamientos y agresiones de las que son víctimas las y los defensores de los DH de migrantes se encuentran en la impunidad, no hay investigación, procesos ni sanción, y evidencian en parte la situación de desprotección de estas personas por parte de las autoridades.
Se tienen registradas 168 agresiones a los y las defensoras de DH de migrantes; la Posada Belén de Saltillo y la de Nuevo Laredo registran los índices más altos de agresiones que en su mayoría son por parte del crimen organizado; en Saltillo el delegado del INM, José Guadalupe Martínez Valero, negó las denuncias públicas que fueron documentadas por la CNDH y descalificó públicamente el trabajo de Frontera con Justicia, lanzando el mensaje de que mentía en sus declaraciones.
Los albergues de migrantes de Coahuila están entre las de mayor inseguridad y criminalización tanto de migrantes como de las y los defensores de los DH, la estrategia de deslegitimación y estigmatización de la labor de albergues pareciera ser una táctica organizada por funcionarios políticos y medios de comunicación, ya que desde diferentes autores se apunta al mismo objetivo: criminalizar y deslegitimar a los migrantes y a las y sus defensores.
El informe presentado por Iniciativa Frontera Norte de México debiera ser tomado en cuenta por Rubén Moreira que dice ser el paladín de los derechos humanos de la Conago, pero sólo es un cargo más.
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