jueves, 21 de marzo de 2013

La lucha contra la corrupción


Napoleón Gómez Urrutia

Entramos en México, después de los simbólicos primeros 100 días del gobierno actual, a la etapa de la realización de propósitos, aunque éstos al parecer no se hayan agotado. Diversas reformas están a la vista y no es preciso abundar en ellas, ya que son de amplio conocimiento público. Los asuntos energéticos y los educativos, así como los de la política fiscal y hacendaria, han tenido relevancia. No parecen temas ligeros, sino cada uno de ellos muy cargado de importancia para el futuro inmediato del país.
Uno de los asuntos básicos, que en mi artículo anterior comenté, es el de la nueva estrategia de lucha frente a la corrupción. Contra lo que en algunos círculos se dice equivocadamente, México no es un país de corruptos, ni en él predominan las transas. De no ser así la nación se hubiera ya ido por el despeñadero. En nuestro país, pese a lo extendidos que están los malos hábitos sociales, existe un tronco muy firme de honestidad y entereza. Las comunidades pequeñas o medianas del país así lo demuestran permanentemente, y en ellas prevalecen la marginación y el abandono en sus más variados niveles. Lo cual indica que en la pobreza no predomina la falta de honestidad, sino más bien la explotación y la discriminación. El pueblo mexicano habitante de esas comunidades, que son la mayoría de las que existen, es honrado y está bien dispuesto a luchar contra la corrupción cuando sus líderes y sus gobernantes van en ese camino de manera firme y creíble, con demostraciones eficientes, ejemplares.
Una falta importante en los propósitos del Pacto por México es sin duda esta, la lucha contra los malos manejos. No se trata de aplicar recetas cosméticas a la situación, de meras palabras o de únicamente intenciones, como en anteriores inicios de sexenio se planteó, sino de establecer una verdadera estrategia para que el país reduzca en la medida de lo posible esas pésimas costumbres, en paralelo a cambios profundos en el sistema de educación. Muchos esfuerzos honestos en el gobierno, que siempre los ha habido, se hunden en la incredulidad hacia su existencia, particularmente cuando no son parejos, sino selectivos o cargados de una clara persecución política obsesiva y enfermiza, que no se aplica a empresarios o políticos.
Los sindicatos democráticos y autónomos, entre los cuales se encuentra el de los mineros, han sido obstaculizados en parte por esta imagen negativa que les proyectan otras organizaciones donde no se practican ni la honestidad ni la dignidad. Hemos sido víctimas de una suerte de complejo maligno y perverso que tiende a etiquetar con el mismo marbete a unos y a otros, dentro de un feroz ataque contra los sindicatos y la clase trabajadora en general, sin detenerse en estudiar cada caso en particular, con la verdad y con datos en la mano.
Recientemente se inició una campaña contra los mineros en la que se pretende inventar una supuesta colaboración con la defensa jurídica y legal de una dirigente magisterial de las acusaciones penales de que es objeto. Y debemos decir que no es la organización minera ni su líder quienes han asumido esta colaboración, sino simplemente el abogado, que nos defiende eficazmente; es quien ha tomado ese caso por así convenir a sus intereses profesionales. No se contamine, pues, la lucha de los mineros con otras situaciones.
Los esfuerzos contra la corrupción a todos los niveles y en todos los sectores deben tener un apartado especial en el programa del actual gobierno. No es posible que los mineros hayan sido perseguidos políticamente durante más de siete años, y a la fecha no haya visos de cambio en esa agresión demencial, promovida por algunos inescrupulosos enriquecidos de la minería que exactamente pretenden conjurar las acusaciones contra su propia corrupción atribuyéndosela a otros como los mineros. Y menos aún cuando esa minoría absoluta de empresarios no representa el sentir ni la política de la inmensa mayoría de las compañías que operan en este estratégico sector de la economía del país.
Urge que el actual gobierno se desprenda de posturas escapistas y afronte directamente la problemática del sector minero, metalúrgico y siderúrgico. Sobre todo cuando advertimos que algunos personajes de este sector no cejan en su persecución, de nuevo judicial y siempre vergonzosa, contra el sindicato minero y sus dirigentes, y cuando un juez de consigna se presta a revivir artificialmente una orden de aprehensión que ya decenas de juzgadores y tribunales han declarado infundada en más de cuatro ocasiones por ser inconstitucional.
El hecho de que a pesar de la persecución política el sindicato minero ha obtenido continuamente los mayores éxitos en sus revisiones de salarios y prestaciones con las empresas con las que sostiene relaciones laborales debería ser una prueba de la honestidad y transparencia del organismo sindical, así como del reconocimiento que a su líder nacional le otorgan los trabajadores y la inmensa mayoría de las compañías del sector. En lo que ha transcurrido de 2013 ha habido 10 revisiones salariales o contractuales, y en todas ellas, en promedio, la organización minera ha obtenido incrementos globales de 14 por ciento, muy por encima del índice de inflación y muy superior a los aumentos que obtienen los otros gremios sindicales, tal como durante los últimos siete años lo ha logrado.
La nueva acusación de ese juez, seguramente motivada por intereses no jurídicos ni profesionales, tiene el significado de que la corrupción de los barones de la minería, enriquecidos con base en la explotación desmedida, están tratando cínica y retadoramente de amedrentar al gobierno actual para que éste no tenga la intención de poner orden legal en la situación del sector y le haga justicia a los mineros y a su organización sindical. Esta es una nueva presión ilegítima que los gobernantes de hoy deben resistir y no ceder a ella. Con esto se demostrará que es un propósito firme la estrategia de lucha contra la corrupción.