miércoles, 31 de agosto de 2011

El torpedo 2012

Apro/Álvaro Delgado / México
29/8/2011

Un trámite de rutina en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a principios de año, condujo a una trama para avalar con documentación federal falsa un crédito de mil millones de pesos contratado por el gobernador con licencia de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un caso de implicaciones políticas que ya indaga penalmente la Procuraduría General de la República (PGR).

Con licencia de Gobernador a partir del 4 de enero de este año, Moreira ya no ostentaba ese cargo cuando, en febrero, se falsificó la document1ación, pero sí lo tenía el 16 de diciembre, fecha en que se contrató el crédito con el Banco del Bajío, parte de los 32 mil millones que dejó en su gestión y que lo tienen en medio del escándalo.

De hecho, según información del sector bancario, hay por lo menos otros dos créditos con irregularidades que perfilan, también, denuncias penales ante la PGR: Corresponden a Bancomer y Santander, que prestaron al Gobierno de Coahuila 2 mil millones de pesos cada uno y, en el caso del segundo, Moreira estaba al frente del Gobierno cuando se cometió el delito.

Proceso obtuvo copia de la denuncia de hechos presentada por la SHCP a la PGR, el vienes 1 de julio –dos días antes de las elecciones en Coahuila–, que involucra en conductas presuntamente delictivas a Héctor Javier Villarreal Hernández, el principal operador financiero de Moreira en el Gobierno de Coahuila, y Jaime René Jiménez Flores, funcionario de la SHCP identificado como priísta.

Se trata de la falsificación del “Registro de obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios” que deben hacer éstos ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y que se descubrió cuando, el 15 de febrero, la Tesorería de Coahuila pidió a la Tesorería de la Federación depositar 23 millones de pesos mensuales de participaciones federales, equivalente al 3.80% de éstas, para pagar el crédito contratado por Moreira.

Pero el 11 de marzo, día en que se le envió un oficio al titular de la Tesorería de Coahuila para solicitarle el número del registro que otorga la SHCP para los créditos, requisito para transferir los recursos de las participaciones federales, sólo hubo silencio, “sin que a la fecha en que se hicieron del conocimiento los hechos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Gobierno del Estado de Coahuila haya dado respuesta”.

Según la denuncia que investiga la PGR, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, los documentos apócrifos indican que el Gobierno de Coahuila ostentó registros que en realidad corresponden al Gobierno estatal de Zacatecas y al municipal de Jiutepec, Morelos.

Esta adulteración de documentos oficiales de la SHCP es semejante a la falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para contraer también deuda pública para el Gobierno de Moreira, según fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) el 28 de junio, que se investiga en el ámbito local.

De acuerdo con las pruebas presentadas por funcionarios del Gobierno panista, presuntamente se falsificaron dos decretos del Diario Oficial de Coahuila para justificar la autorización otorgada por el Congreso para la contratación de deuda, pero los originales se referían al relevo en una regiduría y a la designación del contralor interno del Instituto Electoral.

En el caso de la falsificación de documentos de la SHCP, la trama se fue develando con mayor claridad luego de que el Banco del Bajío proporcionó los datos del crédito contratado por Moreira, quien el jueves 25 se pronunció por una investigación, luego de que el titular de la SHCP, Ernesto Cordero, reveló ese día la denuncia.

Aunque Moreira aseguró, en la entrevista con la locutora Adela Micha, que él ya no era gobernador cuando ocurrieron los hechos que se investigan, él es el responsable de contratar el crédito mediante el decreto que emitió el 6 de julio de 2010 y se publicó en el Diario Oficial de Coahuila el 12 de ese mes y año.

El contubernio

A finales de marzo, Rafael Romo Aguiñaga, quien dijo ser director jurídico de Negocios de la Dirección de Riesgos del Banco del Bajío, S.A., solicitó vía telefónica a Raúl Sergio González Treviño, director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, información sobre la petición del Gobierno de Coahuila para el depósito del dinero y que se frustró por el silencio de las propias autoridades estatales.

Los funcionarios de esa dependencia hurgaron en los archivos, pero no encontraron ningún expediente sobre el caso, por lo que González Treviño pidió al directivo datos más específicos. El 4 de abril le envió, vía correo electrónico, un documento escaneado que fue clave.

Era un escrito sin número fechado el 14 de marzo de 2011 y firmado por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo de 2011 de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, mediante el cual el Gobierno estatal instruía a la SHCP a “dar trámite a efecto de que a partir de esta fecha la Tesorería de la Federación entregue los montos que corresponden al 3.80% de los ingresos derivados de las participaciones…”.

Con esos datos, una vez más se procedió a buscar en los archivos de la SHCP, “y no se detectó evidencia documental del ingreso del oficio mencionado”, tal como quedó asentado en el acta anexada a la denuncia que investiga la PGR.

Dos días después, el 6 de abril, a solicitud de González Treviño, Romo Aguiñaga remitió copia del contrato del crédito otorgado a Coahuila, en el que aparece el supuesto registro de la deuda ante la SHCP, junto a una firma presuntamente del director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, y entonces emergió la falsedad:

Al analizar el oficio número 351-A-PFV-4096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechado el 14 de febrero de 2011, con número de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, se hacen las siguientes precisiones, a fin de evidenciar la irregularidad detectada:

a.- En la copia del oficio del supuesto registro del Gobierno de Coahuila, proporcionada por el Banco del Bajío, (se) señala que le corresponde el número 044/2011, sin embargo, en los registros de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas ese número de registro corresponde al estado de Zacatecas.

b.- En la copia del supuesto oficio del registro del Gobierno de Coahuila, proporcionado por el Banco del Bajío, tiene como número de oficio 351-A-PFV-4-096. Al respecto, la numeración de los oficios firmados por el funcionario público Jaime René Jiménez Flores sigue la siguiente numeración 351-A-PFV-2, es decir, en lugar del número 4 se utiliza 2 en el penúltimo código; asimismo, el oficio que se tiene registrado como 096/351-A-PFV-2-096, que aparentemente correspondería a un registro del Gobierno de Coahuila, en realidad pertenece a una cancelación de garantía de crédito del Gobierno de Jiutepec, Morelos.

c.- En la copia del supuesto oficio de registro del Gobierno de Coahuila no obra la leyenda “2011, Año del turismo en México”, vigente para los documentos oficiales del Gobierno federal.

d.- El servidor público que supuestamente suscribe el citado documento, el C. Jaime René Jiménez Flores, afirma haberse encontrado de incapacidad médica en la fecha de la suscripción, además señala que dicho expediente no existe en los archivos de la Dirección a su cargo.

Yo no fui

Así, con base en la lista de irregularidades detectadas, la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la SHCP informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación que “se presume que se reúnen los elementos para acreditar el delito de falsificación de documentos, sin desestimar cualquier otro delito que se llegare a tipificar derivado de las investigaciones (que realice la PGR)”.

Y es que, según la SHCP, los probables responsables pusieron y usaron una firma presuntamente falsa en el oficio fechado el 14 de febrero y en el sello del registro en el contrato del crédito otorgado por el Banco del Bajío al Gobierno de Coahuila, “ya que el funcionario público Jaime René Jiménez Flores afirma haberse encontrado de incapacidad médica en la fecha de suscripción del citado oficio y del sello del registro, además señala que en los archivos de dirección a su cargo el expediente en cuestión no existe”.

Añade la denuncia: “Asimismo, los hechos que se denuncian, se presume, tuvieron el propósito de sacar provecho para sí o para otro, ya que el contenido del documento falsificado y el sello estampado en el contrato de crédito multicitado tienen como finalidad obtener el registro de un crédito ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila hasta por un mil millones de pesos, haciendo hincapié en que el registro del crédito tenía como efecto la afectación del 3.80% (tres punto ochenta por ciento) de la participación estatal para el pago del crédito, registro apócrifo que fue presentado ante la institución bancaria para el trámite correspondiente”.

En la denuncia, la SHCP pide a la PGR obtener del Banco del Bajío original del contrato de crédito otorgado al Gobierno de Coahuila el 10 de diciembre –cuando Moreira era aún gobernador en funciones–, “con el sello de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, aparentemente signado por el servidor público Jaime René Jiménez Flores con sello y firma presuntamente falsos, como base de cotejo con la firma original del servidor público”.

Le solicita, también, practicar las diligencias ante el Gobierno de Coahuila para obtener los siguientes documentos:

Original del oficio número 351-A-PFV-4-096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechada el 14 de febrero de 2011, con números de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores.

Original del escrito sin número, (fechado el) 4 de marzo de 2011, suscrito por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo del presente (año) por parte de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas.

Se requiere, además, a la titular de la Tesorería de la Federación: “Original del oficio TGE/107D/2011, del 8 de febrero de 2011, con sello recibido 15 de febrero de 2011, emitido por el titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila de Zaragoza dirigido a la Tesorería de la Federación, por el cual se solicita la afectación presupuestal y el cual dio origen a la investigación.

“Una vez recabados los documentos originales que se tildan de falsos, se solicite la comparecencia del director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, a efecto de que se realicen las periciales correspondientes para determinar si las firmas que aparecen en los documentos en cuestión fueron o no estampadas por el citado funcionario”.

Y concluye: “En razón de los hechos descritos (…), esta Dirección de Delitos Diversos de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos hace de su conocimiento hechos que salvo error de apreciación pudieran ser constitutivos de delito, a efecto de que esa Representación Social de la Federación en ejercicio de sus atribuciones proceda a lo que por derecho corresponda y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de quien o quienee resulten responsables”.