Luis Hernández Navarro
Quienes desde la izquierda rechazan el voto nulo insisten en que favorece a la derecha. Aunque algunos reconocen que los partidos de izquierda registrados y sus candidatos tienen grandes limitaciones, señalan que hay que votar por lo menos malo.
El problema es que desde hace muchos años los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y también del Partido del Trabajo (PT), se comportan ante temas centrales de la misma manera en que lo hacen el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). No ha sucedido así siempre ni en todos los asuntos, pero sí en varios temas medulares.
Lo han hecho no por descuido o ignorancia, sino como resultado de un cálculo político. Han aprobado leyes nefastas, a pesar de reiteradas advertencias de ciudadanos, grupos sociales y especialistas. Como no tienen que rendir cuentas a nadie, salvo a sus propios partidos o a sus patrocinadores, ignoran la opinión de sus votantes. Actúan con absoluta autonomía. Son incapaces de escuchar a la sociedad. Dan por descontada la fidelidad de sus simpatizantes a la hora de ir a las urnas.
Doy tres ejemplos, entre otros muchos, de este comportamiento: la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas; la ley Monsanto, y la reciente modificación al artículo tercero constitucional. No incluyo su aval a otras normas, como la famosa ley Televisa o el Seguro Popular.
La lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, protagonizada entre enero de 1994 y mayo de 2001, fue una de las más importantes movilizaciones populares conducidas por la izquierda en muchos años. Centenares de miles de personas tomaron las calles exigiendo la solución de las reivindicaciones de los pueblos indios. Esas jornadas de lucha modificaron la correlación de fuerzas en el país y permitieron obtener un triunfo cultural de primera magnitud: la reivindicación del mundo indio de inclusión en la sociedad nacional con respeto a su diferencia se convirtió en exigencia de un lugar para todos los excluidos.
Ajenos a esta movilización social, incapaces de capitalizarla en su favor, los senadores del PRD entablaron con Acción Nacional y el Revolucionario Institucional una negociación “en frío”, subordinada a las reglas de las fracciones mayoritarias en la Cámara. Pusieron por delante el futuro de su grupo a los intereses de los pueblos indios. Al frente de ellos se encontraba Jesús Ortega.
Los senadores del PRD aprobaron una reforma que reconoce derechos que no se pueden ejercer. Su posición tuvo graves consecuencias. Los pueblos indios se quedaron sin sus derechos reconocidos. El proceso de paz en Chiapas se descarriló definitivamente. Entre una importante franja del movimiento social y la izquierda partidaria se abrió un foso insalvable.
El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), mejor conocida como ley Monsanto, con el voto a favor de muchos legisladores del PRD. La ley expresa los intereses de los monopolios de la industria biotecnológica. En lugar de cuidar las necesidades de los campesinos, de proteger el medio ambiente y de ver por la salud de los mexicanos, la norma permite la distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos con probables y severos riesgos para la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad.
Muchas y muy autorizadas voces se levantaron en contra. Investigadores, académicos, campesinos, ecologistas alertaron sobre las negativas consecuencias de la reforma. Pero a los legisladores no parecieron importarles mucho las advertencias. En vez de escuchar esas voces, se plegaron a los intereses de las grandes compañías. A favor de esa ley votaron 319 legisladores, 105 lo hicieron en contra y 17 se abstuvieron; 31 diputados del PRD se sumaron a la reforma legal y cuatro se abstuvieron.
El 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos la apoyaron. Votaron en favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron.
Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), los diputados de todos los partidos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislan para que ésta camine más rápidamente.
La reforma otorga respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
En todos estos casos, los legisladores que se reivindican de izquierda se sumaron a la derecha. ¿Por qué olvidarlo? Probablemente los tenga sin cuidado, pero, si saben contar, no cuenten con mi voto. Si no se les dice ahora que su conducta es inadmisible, ¿cuándo?
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