domingo, 26 de enero de 2014

Denuncian que en Coahuila hay más de 100 menores víctimas de abuso por sacerdotes

 

Cuando la gente acusa, nosotros no defendemos para nada a los agresores, dice el obispo Raúl Vera. Construyen en esa entidad una clínica para la rehabilitación de curas pederastas
domingo, 26 de enero de 2014
Carlos Llamas Gómez aún recuerda con miedo e indignación el momento en que subía al altar cuando servía como monaguillo en una iglesia de Saltillo, Coahuila, a la edad de 14 años: Lo ayudaba a ponerse la sotana. Se me acercaba, y veía su pene erecto. Eso significaba que después de la misa iba a tocarme, a manosearme. Es un trauma que me ha atormentado todo este tiempo.
Ha esperado 15 años para romper el silencio. El domingo pasado escuchó al obispo Raúl Vera decir que en los 14 años que lleva al frente de su diócesis, solamente ha habido dos casos de sacerdotes que cometieron abusos sexuales contra menores: Es mentira. No son dos, yo conozco a cinco, otros hablan de nueve sacerdotes aún en funciones. Son más de 100 casos en los que se abusó de menores, dice en entrevista, luego de prestar declaración ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
¿Por qué hasta ahora? Porque cada quien tiene su momento, dice, y porque su decisión coincide también con la construcción de Casa Emaús, una clínica para la rehabilitación de sacerdotes pederastas ubicada entre los ejidos San Juan y El Tunal de Arteaga, Coahuila, según reconoció el propio vicario general de la diócesis de Saltillo, Gerardo Escareño.
Después de sufrir durante varios años las agresiones y ser testigo de abusos contra otros compañeros, Carlos decidió alejarse de la Iglesia y concretamente de la pastoral homosexual dirigida por el sacerdote Roberto Coogan, responsable actualmente de la Pastoral Penitenciaria: En ese entonces, pude ver muchos sacerdotes que entraban en relaciones con menores de edad, sacerdotes que se aprovechaban de la situación, que utilizaban su posición para abusar de los chicos.
Fue cuando decidió hablar: Se lo dije al padre Coogan, le reporté cinco sacerdotes. Después ya no hice nada, porque confié en que él haría lo indicado. La diócesis entonces se dividió en cinco, y me di cuenta que a los sacerdotes pederastas los movieron a otros municipios. Sólo a uno lo dieron de baja porque era el más descarado. Luego supimos que daba clases a adolescentes en un colegio privado. Después ya no supe nada.
Cuenta que intentó olvidarse del asunto, pero siempre le atormentó recordar los abusos que sufrió y los que padecieron sus compañeros. En aquel grupo católico fue testigo de cómo los sacerdotes que conocían por nombre y apellido iban, sin esconderse, a la Alameda de Saltillo a buscar menores de edad y se los llevaban en sus coches: “Yo fui acólito y sufrí abusos, tocamientos. Entré en shock durante años. Otro chico me contó que el sacerdote lo obligaba a sexo oral en el confesionario. En todos los casos, los sacerdotes amenazaron a sus víctimas, había una gran presión sicológica y miedo. Confié en el padre Coogan, pero él nunca hizo nada”.
Los sacerdotes identificados como pederastas fueron removidos a otras parroquias, pero dice que hace dos años el padre Robert Coogan decidió traerse a dos de ellos para coordinar proyectos nuevos, relacionados nuevamente con jóvenes: Y después se fueron trayendo a los otros. Los cinco que yo identifiqué están activos. Tengo los nombres. Y no se les ha hecho absolutamente nada.
Los nombres de los sacerdotes se mantienen bajo reserva, debido a las investigaciones en curso. La procuraduría estatal abrió una averiguación previa por el delito de pederastia y violación calificada, y ha anunciado que llamará a declarar al obispo Raúl Vera: Lo que yo pido es justicia. Quiero que el Estado castigue a los sacerdotes pederastas, sin importar su sotana ni la religión. Que los juzguen y los condenen por sus delitos, y también a sus encubridores, por no dar parte a las autoridades.
Uno de los sacerdotes denunciados por el obispo Raúl Vera pertenece a la diócesis de Saltillo, que incluye a las iglesias de las ciudades de Arteaga, Parras, General Cepeda, Monclova, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Castaños, Frontera y San Buenaventura, y el otro en diferente diócesis, pero se lo regresaron por este tipo de crímenes probados.
En entrevista con La Jornada, el obispo Vera insiste en que a él solo le han llegado esos dos casos y que finalmente no los denunció ante las autoridades porque los padres de los afectados solicitaron que todo quedara en el ámbito eclesiástico, con el fin de proteger a las víctimas: Son los dos casos que yo envié al Vaticano. El sacerdote Pedro Pantoja habla de cuatro, pero él lleva 41 años en la diócesis, y yo 14. Yo hice las investigaciones de ambos casos.
Uno de los sacerdotes fue retirado del ministerio, y el otro aún continúa en Coahuila, aunque sin ejercer, porque todavía no concluye el juicio eclesiástico: Hablamos, y él voluntariamente renunció y se fue. Así se resolvió. En el segundo caso, se retiró al sacerdote del ministerio. Di instrucciones a un abogado para atender el caso, pero los papás de la niña me dijeron, mediante notario, que ellos colaboraban en el asunto eclesiástico, siempre y cuando yo me comprometiera a no llevar este caso ante las autoridades, porque no querían que su hijita sufriera ningún trauma. Yo me comprometí ante notario.
El obispo Vera asegura que sólo ha recibido esos dos casos debidamente probados, y dice desconocer los otros: En los dos casos ningún sacerdote está en la cárcel porque los papás así lo pidieron, para no ventilar los asuntos públicamente. Desde el primer momento en que hay un crimen de este tipo, el Vaticano asume los casos, para evitarnos a los obispos que hagamos tonterías de traerlos de diócesis en diócesis.
Sobre los casos denunciados por Carlos Llamas, señala que los desconoce, pero según le han informado se trata de otra cosa: Lo que este muchacho está denunciando no son casos de menores de edad; son sacerdotes homosexuales, no pederastas. A mí nadie me ha denunciado nada. Los otros dos casos fueron denunciados por los padres de las víctimas. Si esos abusos ocurrieron hace 11 o 15 años, ahora esos muchachos son mayores de edad y pueden interponer su denuncia.
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila ha anunciado que citará a declarar al obispo Vera por este asunto, algo que el prelado rechazará: ¿Por qué me van a mandar llamar a declarar, si el que está denunciando es Carlos Llamas? Yo no tengo por que meterme allí; que este muchacho acuse y pruebe. Yo tengo que responder ante la entidad federal, no estatal, y además tengo una encomienda por parte de los papás de que estos dos asuntos no se hagan públicos. Y por eso tampoco digo los nombres de los sacerdotes, porque ya los hice públicos ante la Santa Sede.
Sobre la construcción de la Casa Emaús, afirma que no se trata de una clínica para atender a sacerdotes pederastas, como la Casa Alberione, en Jalisco, o la Fundación Rougier, en el estado de México, y Casa Damasco, en el Distrito Federal: No es un refugio de pederastas; no vamos a admitirlos. Por ley, no lo podemos hacer. Quedaríamos como cómplices y protectores. Lo que sí quiero hacer es un proceso para darles a los sacerdotes un tratamiento preventivo y que tengan una vida sana, porque después acaban enfermos de la cabeza.
Desde hace años, Vera es el único obispo en México que ha condenado la pederastia clerical públicamente: “El comportamiento correcto de todos nosotros es algo indispensable. Y tenemos que tener una dimensión ética. El día de hoy lo que se pide de un líder religioso es su perfil profético y ético; ya no nos ven como personas sagradas e intocables. Es una gracia que nosotros ahora estemos supervisados también por la sociedad.
Cuando la gente acusa, nosotros no los defendemos (a los agresores) para nada. El crimen de pederastia no es exclusivo de sacerdotes, hay maestros, padres de familia. Desde que trabajé en la sierra de Guerrero, ese era el pan de cada día.
Aída Badillo, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y activista de Eux Arte y Sida, lleva 15 años trabajando con grupos vulnerables en Coahuila, y asegura que ha documentado 60 casos de menores víctimas de abuso por sacerdotes en la década reciente.
Empecé a atender a muchos chicos gay que de niños se habían movido dentro de la Iglesia. Al tomarles declaración, me doy cuenta de esos abusos, pero ellos no se percibían como abusados y cuentan cómo los sacerdotes, a cambio del silencio, les hacían regalitos. Esos nueve sacerdotes siguen activos. Es un secreto a voces. Llegó la hora de meterlos a la cárcel.
La Jornada

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