Miguel Ángel Granados Chapa
La revista Proceso es ingrata en los círculos gubernamentales. En julio de 2009, al presentar un arsenal de La Familia michoacana, quedaron incluidos entre las armas y el parque algunos ejemplares de esa revista
Durante mucho tiempo, pero en especial en el decenio panista que se cumplió el miércoles pasado, la Procuraduría General de la República ha sido utilizada como ariete político. Suele ser ineficaz al perseguir a delincuentes y formular contra ellos acusaciones sólidas, lo que se expresa en la elevadísima tasa de impunidad que nos aqueja. Ése no es, con todo, el principal déficit de su funcionamiento. Es peor todavía que se le emplee para, en grosera inversión de sus propósitos, procurar injusticia, misión que cumple de diversas maneras: la fabricación de culpables mediante señalamientos inducidos; su presentación ante los medios como responsables, asumiendo para ello el papel de juez; y/o practicando filtraciones a consorcios de comunicación para denostar a personas malquistas con el gobierno.
Sobran ejemplos de esas funestas acciones. Para sólo echar mano de sucesos recientes, recordemos el escándalo urdido en torno de Julio César Godoy Toscano, diputado en trance de desafuero: la filtración de una conversación suya con el líder de La familia michoacana consiguió que la opinión pública lo tuviera como perpetrador de los delitos por los que la PGR lo persigue. Su propio partido lo puso en la picota y se desarrolla en su contra un procedimiento para privarlo de su inmunidad. Y sin embargo, un juez federal -puesto a su vez en entredicho por la PGR pero mantenido en su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal- ha reconocido que la orden de aprehensión por la que se inició el procedimiento legislativo en su contra carece de fundamento.
Semejante es la situación de Sandra Ávila, bautizada por la PGR con el fin de atraer los reflectores como La Reina del Pacífico. Detenida el 28 de septiembre de 2007, anteayer fue exonerada por el juez decimoctavo de distrito, quien "concluyó que la Procuraduría General de la República no ofreció evidencias suficientes para acreditarles (a ella y a Juan Diego Espinosa Ramírez) los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita" (Reforma, 4 de diciembre). En su momento, sin embargo, el propio presidente Calderón, en su conocido apresuramiento por condenar a quien después resulta inocente, la consideró responsable de esos delitos. Esa ofensiva sin base duele a Sandra Ávila, quien dijo a Julio Scherer: "El día de mi captura, Felipe Calderón se lanzó en mi contra. Olvidó que es Presidente y me acusó sin pruebas. Dijo que soy enlace con los cárteles de Colombia. Se creyó la ley". Y con motivo de la metáfora empleada por Calderón ("es un gol", dijo de la detención de La Reina), ella la califica como expresión "frívola en la dolorosa realidad cotidiana. La tragedia, la lista de muertos que crece todos los días, no es asunto de futbol". Y también, en anticipo a lo que ahora un juez federal ha resuelto: "El gobierno no podrá probar que soy delincuente porque no lo soy. Entonces enfrentará su propia disyuntiva: la cárcel, la infamia que no podrá ocultar, o mi libertad" (La Reina del Pacífico. Es la hora de contar, 2008).
Sandra Ávila no salió del penal de Santa Martha como podría ser por efecto de esa exoneración, según se lee en la nota de Abel Barajas, "debido a que está en proceso su juicio de extradición.
"Durante el último año, dos jueces federales han opinado que no debe ser entregada, ya que no es en realidad la persona reclamada por las autoridades de EU y la petición no cumple con los requisitos del tratado de extradición.
"No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó en octubre a favor de extraditarla, por lo que Ávila presentó una demanda de amparo que mantendrá suspendida su entrega a EU en tanto se resuelve en última instancia su juicio de garantías" (Reforma, 4 de diciembre).
En todo juicio penal, y sobre todo en los concernientes a la delincuencia organizada cabe la posibilidad de que la exoneración se deba al hecho puro y simple de que la persona afectada no cometió el delito que se le imputa, o a que habiéndolo perpetrado no sea posible condenarla ya sea por ineficacia o corrupción de quien acusa (el Ministerio Público, en este caso la PGR) o de quien procesa. Como es obvio, los jueces descargan la responsabilidad en los acusadores, y viceversa. Quizá ocurra que ambas partes tengan razón.
Arrollada e infiltrada por la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República ha sido dotada de nuevos instrumentos, a cual más impugnable, para reforzar sus actividades. Uno de ellos es el arraigo y otro la figura de testigo colaborador, llamado protegido por la denominación norteamericana (que de allí vino la práctica de atender sus dichos). Sergio Villarreal, apodado El Grande, protagoniza ambas situaciones. Se encuentra no en el centro nacional de arraigo sino en el cuartel de la Policía Federal, lo que implica una irregularidad sobre la irregularidad de que exista aquella cárcel que no osa decir su nombre, e indica la calidad de testigo "estelar" que le dio el semanario Proceso, que obtuvo la declaración ministerial rendida por ese presunto delincuente inmediatamente después de su detención el 12 de septiembre.
Villarreal era conocido por sus vínculos con el narcotráfico y se le tenía como posible sucesor de Arturo Beltrán Leyva, tal como en diciembre del 2009 informó el propio semanario, en nota firmada por Ricardo Ravelo, un escrupuloso reportero que ha publicado varias obras sobre el narcotráfico, a partir de sus investigaciones aparecidas originalmente en esa revista. A pesar de su fama pública (o por ella misma), Villarreal hacía vida social en círculos de personas acomodadas, como el senador Guillermo Anaya, quien por razones familiares lo convidó a la fiesta de bautizo de su hija, en septiembre de 2006, en la que el legislador, ex alcalde de Torreón, hizo compadre al entonces presidente electo Felipe Calderón. De esa presencia en ese festejo dio cuenta Proceso en fecha cercana al convivio, lo que motivó que meses después Anaya demandara civilmente, por daño moral, al reportero Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Nuevo León. En las instancias civiles locales no prosperó la causa del senador, pero sí en las federales. En octubre pasado, en definitiva, un tribunal colegiado condenó al periodista al pago de una indemnización cuyo monto está por fijarse (y que el demandante solicitó que ascendiera a 3 millones de pesos).
La detención de Villarreal y su declaración ministerial permitieron corroborar aquella información. El Grande narró haber sido presentado por Anaya a Calderón, con quien intercambió las cortesías del caso. Quedaron recíprocamente "a sus órdenes" y ya. Ni Villarreal añadió nada más, ni Proceso lo hizo. Para subrayar la importancia del detenido, en la portada del número del 21 de noviembre, junto con la foto del presunto delincuente y su calificación de testigo estelar, la revista incluyó una "cabeza" secundaria que dijo: "Hasta con Calderón convivió".
La revista es ingrata en los círculos gubernamentales. En julio de 2009, al presentar un arsenal de La Familia michoacana, quedaron incluidos entre las armas y el parque algunos ejemplares de Proceso. Pero la alusión del 21 de noviembre parece haber colmado la paciencia de alguien. Se resolvió por lo tanto asestar a Proceso una sopa de su propio chocolate. Se tenía preparada, o se preparó ex profeso, una declaración adicional de Villarreal en que acusa al reportero Ravelo de haberle pedido 50 mil dólares, que El Grande le entregó a cambio de su silencio. La declaración fue videograbada y transcrita en actas. Y, en una obvia y grosera filtración, fue difundida por el noticiario principal de Televisa, el miércoles pasado a las 22:30, durante 5 minutos. En la insidiosa presentación la acusación de Villarreal parece involucrar a la revista y no sólo al reportero. Tanto Ravelo como el semanario han rechazado la acusación.
Dos agravios se habían unido para, en mancuerna ilegal por donde se la vea, atacar a una publicación que exaspera a los dos poderes principales de la República, Televisa y el Ejecutivo. Gozosamente el personal del consorcio televisivo practicó ahora contra Proceso su conocido abuso de defender intereses particulares mediante su concesión de servicio público. Pero no se trata sólo de intimidar y denostar. Es quizá el amago de la "solución final" contra Proceso.
Reforma
05/12/2010
La revista Proceso es ingrata en los círculos gubernamentales. En julio de 2009, al presentar un arsenal de La Familia michoacana, quedaron incluidos entre las armas y el parque algunos ejemplares de esa revista
Durante mucho tiempo, pero en especial en el decenio panista que se cumplió el miércoles pasado, la Procuraduría General de la República ha sido utilizada como ariete político. Suele ser ineficaz al perseguir a delincuentes y formular contra ellos acusaciones sólidas, lo que se expresa en la elevadísima tasa de impunidad que nos aqueja. Ése no es, con todo, el principal déficit de su funcionamiento. Es peor todavía que se le emplee para, en grosera inversión de sus propósitos, procurar injusticia, misión que cumple de diversas maneras: la fabricación de culpables mediante señalamientos inducidos; su presentación ante los medios como responsables, asumiendo para ello el papel de juez; y/o practicando filtraciones a consorcios de comunicación para denostar a personas malquistas con el gobierno.
Sobran ejemplos de esas funestas acciones. Para sólo echar mano de sucesos recientes, recordemos el escándalo urdido en torno de Julio César Godoy Toscano, diputado en trance de desafuero: la filtración de una conversación suya con el líder de La familia michoacana consiguió que la opinión pública lo tuviera como perpetrador de los delitos por los que la PGR lo persigue. Su propio partido lo puso en la picota y se desarrolla en su contra un procedimiento para privarlo de su inmunidad. Y sin embargo, un juez federal -puesto a su vez en entredicho por la PGR pero mantenido en su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal- ha reconocido que la orden de aprehensión por la que se inició el procedimiento legislativo en su contra carece de fundamento.
Semejante es la situación de Sandra Ávila, bautizada por la PGR con el fin de atraer los reflectores como La Reina del Pacífico. Detenida el 28 de septiembre de 2007, anteayer fue exonerada por el juez decimoctavo de distrito, quien "concluyó que la Procuraduría General de la República no ofreció evidencias suficientes para acreditarles (a ella y a Juan Diego Espinosa Ramírez) los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita" (Reforma, 4 de diciembre). En su momento, sin embargo, el propio presidente Calderón, en su conocido apresuramiento por condenar a quien después resulta inocente, la consideró responsable de esos delitos. Esa ofensiva sin base duele a Sandra Ávila, quien dijo a Julio Scherer: "El día de mi captura, Felipe Calderón se lanzó en mi contra. Olvidó que es Presidente y me acusó sin pruebas. Dijo que soy enlace con los cárteles de Colombia. Se creyó la ley". Y con motivo de la metáfora empleada por Calderón ("es un gol", dijo de la detención de La Reina), ella la califica como expresión "frívola en la dolorosa realidad cotidiana. La tragedia, la lista de muertos que crece todos los días, no es asunto de futbol". Y también, en anticipo a lo que ahora un juez federal ha resuelto: "El gobierno no podrá probar que soy delincuente porque no lo soy. Entonces enfrentará su propia disyuntiva: la cárcel, la infamia que no podrá ocultar, o mi libertad" (La Reina del Pacífico. Es la hora de contar, 2008).
Sandra Ávila no salió del penal de Santa Martha como podría ser por efecto de esa exoneración, según se lee en la nota de Abel Barajas, "debido a que está en proceso su juicio de extradición.
"Durante el último año, dos jueces federales han opinado que no debe ser entregada, ya que no es en realidad la persona reclamada por las autoridades de EU y la petición no cumple con los requisitos del tratado de extradición.
"No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó en octubre a favor de extraditarla, por lo que Ávila presentó una demanda de amparo que mantendrá suspendida su entrega a EU en tanto se resuelve en última instancia su juicio de garantías" (Reforma, 4 de diciembre).
En todo juicio penal, y sobre todo en los concernientes a la delincuencia organizada cabe la posibilidad de que la exoneración se deba al hecho puro y simple de que la persona afectada no cometió el delito que se le imputa, o a que habiéndolo perpetrado no sea posible condenarla ya sea por ineficacia o corrupción de quien acusa (el Ministerio Público, en este caso la PGR) o de quien procesa. Como es obvio, los jueces descargan la responsabilidad en los acusadores, y viceversa. Quizá ocurra que ambas partes tengan razón.
Arrollada e infiltrada por la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República ha sido dotada de nuevos instrumentos, a cual más impugnable, para reforzar sus actividades. Uno de ellos es el arraigo y otro la figura de testigo colaborador, llamado protegido por la denominación norteamericana (que de allí vino la práctica de atender sus dichos). Sergio Villarreal, apodado El Grande, protagoniza ambas situaciones. Se encuentra no en el centro nacional de arraigo sino en el cuartel de la Policía Federal, lo que implica una irregularidad sobre la irregularidad de que exista aquella cárcel que no osa decir su nombre, e indica la calidad de testigo "estelar" que le dio el semanario Proceso, que obtuvo la declaración ministerial rendida por ese presunto delincuente inmediatamente después de su detención el 12 de septiembre.
Villarreal era conocido por sus vínculos con el narcotráfico y se le tenía como posible sucesor de Arturo Beltrán Leyva, tal como en diciembre del 2009 informó el propio semanario, en nota firmada por Ricardo Ravelo, un escrupuloso reportero que ha publicado varias obras sobre el narcotráfico, a partir de sus investigaciones aparecidas originalmente en esa revista. A pesar de su fama pública (o por ella misma), Villarreal hacía vida social en círculos de personas acomodadas, como el senador Guillermo Anaya, quien por razones familiares lo convidó a la fiesta de bautizo de su hija, en septiembre de 2006, en la que el legislador, ex alcalde de Torreón, hizo compadre al entonces presidente electo Felipe Calderón. De esa presencia en ese festejo dio cuenta Proceso en fecha cercana al convivio, lo que motivó que meses después Anaya demandara civilmente, por daño moral, al reportero Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Nuevo León. En las instancias civiles locales no prosperó la causa del senador, pero sí en las federales. En octubre pasado, en definitiva, un tribunal colegiado condenó al periodista al pago de una indemnización cuyo monto está por fijarse (y que el demandante solicitó que ascendiera a 3 millones de pesos).
La detención de Villarreal y su declaración ministerial permitieron corroborar aquella información. El Grande narró haber sido presentado por Anaya a Calderón, con quien intercambió las cortesías del caso. Quedaron recíprocamente "a sus órdenes" y ya. Ni Villarreal añadió nada más, ni Proceso lo hizo. Para subrayar la importancia del detenido, en la portada del número del 21 de noviembre, junto con la foto del presunto delincuente y su calificación de testigo estelar, la revista incluyó una "cabeza" secundaria que dijo: "Hasta con Calderón convivió".
La revista es ingrata en los círculos gubernamentales. En julio de 2009, al presentar un arsenal de La Familia michoacana, quedaron incluidos entre las armas y el parque algunos ejemplares de Proceso. Pero la alusión del 21 de noviembre parece haber colmado la paciencia de alguien. Se resolvió por lo tanto asestar a Proceso una sopa de su propio chocolate. Se tenía preparada, o se preparó ex profeso, una declaración adicional de Villarreal en que acusa al reportero Ravelo de haberle pedido 50 mil dólares, que El Grande le entregó a cambio de su silencio. La declaración fue videograbada y transcrita en actas. Y, en una obvia y grosera filtración, fue difundida por el noticiario principal de Televisa, el miércoles pasado a las 22:30, durante 5 minutos. En la insidiosa presentación la acusación de Villarreal parece involucrar a la revista y no sólo al reportero. Tanto Ravelo como el semanario han rechazado la acusación.
Dos agravios se habían unido para, en mancuerna ilegal por donde se la vea, atacar a una publicación que exaspera a los dos poderes principales de la República, Televisa y el Ejecutivo. Gozosamente el personal del consorcio televisivo practicó ahora contra Proceso su conocido abuso de defender intereses particulares mediante su concesión de servicio público. Pero no se trata sólo de intimidar y denostar. Es quizá el amago de la "solución final" contra Proceso.
Reforma
05/12/2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario