DE AMALIA GARCÍA MEDINA
Al asumir el gobierno de Zacatecas, el priísta Miguel Alonso Reyes prometió auditar la gestión saliente y dio un plazo perentorio a su contralor. El resultado de la primera parte de esa revisión ya se hizo público y deja muy mal parada a la ex mandataria perredista Amalia García
Domingo, 05 de Diciembre de 2010
VERÓNICA ESPINOSA
ZACATECAS, ZAC.- Con las presiones por el plazo que fijó el gobernador Miguel Alonso Reyes al rendir protesta, el pasado 23 de noviembre se cumplió la primera parte de la revisión de la Contraloría Interna de Zacatecas a los últimos meses de gobierno de la ex mandataria perredista Amalia García Medina.
Las anomalías de su sexenio, que afloraron en las primeras semanas de gestión del priísta Alonso Reyes (Proceso 1772), se hallan en un expediente oficial donde se registran actos indebidos, excesos e incumplimiento de normas y procedimientos en contratos, préstamos, obras y programas por montos que suman más de mil millones de pesos y por los que se han emitido notificaciones a 17 ex funcionarios.
El contralor estatal, Guillermo Huízar Carranza, ya prepara el segundo paquete de auditorías, que será anunciado en enero y con el que pretende ir hasta el fondo en asuntos como la revisión de toda la obra pública del sexenio amalista.
El segundo paquete hurgará cientos de contratos que sugieren posibles favoritismos y beneficios hacia ciertos empresarios, a quienes algunos medios locales llaman "los amigos de las García", en alusión a la ex mandataria, a su hermana --la exsubprocuradora Concepción García-- y a su hija, la senadora Claudia Corichi García.
Uno de estos empresarios es Salvador Galván López, quien en 2005 creó Construcciones y Edificaciones Gals, que obtuvo contratos para varias de las obras más importantes del sexenio, como el Palacio de Convenciones y la Plaza Bicentenario.
Esta última figuró en la auditoría con serias irregularidades: el recibo por la adquisición de las bases de la licitación es posterior a la fecha límite establecida en la convocatoria, y los valores en materiales y acarreos se exceden en por lo menos 40 millones de pesos.
LA VÍCTIMA
En respuesta García Medina se ha asumido --junto con sus ex colaboradores y los empresarios señalados en el informe-- como víctima del uso "de todo el poder del gobierno de Zacatecas" contra personas que hoy son ciudadanos "y que sólo tienen la defensa que otorga el estado de derecho".
Así respondió el 24 de noviembre desde la ciudad de México la ex gobernadora en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, y por el coordinador de los senadores de ese partido, Carlos Navarrete Ruiz.
En los días siguientes García también se asumió como el blanco de una estrategia para desactivarla políticamente, porque "me ven como posible aspirante al gobierno del Distrito Federal".
INMUNIDAD
Aunque el nombre de Amalia García aparece directamente vinculado con algunas de las acciones anómalas detectadas en la revisión, en su calidad de titular del Ejecutivo estatal entre 2004 y septiembre de 2010, contra ella difícilmente se podría ir más allá de fincarle sanciones administrativas gracias a la inmunidad que la Constitución estatal da a sus ex gobernadores.
La presunción de una conducta delictiva o penalmente punible atribuida a la ex gobernadora sólo podría concretarse si ella fuera acusada de un delito grave, para lo cual, según dijo a Proceso un funcionario de alto nivel del actual gobierno, "no se ven elementos hasta ahora".
Uno de los señalamientos directos hacia la ex mandataria en este informe fue la firma del crédito adquirido con Banamex el 14 de junio de este año, en un contrato que suscribieron tanto la titular del Poder Ejecutivo como el secretario de Finanzas por 300 millones de pesos más 4 millones 289 mil 583 pesos de intereses.
"De dicho contrato se desprende que la fecha comprometida para pagarlo fue el 25 de agosto de 2010, circunstancia que no ocurrió, faltando los responsables de suscribirlo a su compromiso y generando toda suerte de consecuencias económicas negativas al estado de Zacatecas; entre otras, la generación de intereses moratorios por 5 millones 595 mil 486.64 pesos, lo que constituye un daño patrimonial derivado de esa omisión", leyó el contralor Huízar al rendir su informe.
Del trabajo de los auditores resultaron --entre otras cosas-- facturas que al ser verificadas por el SAT fueron calificadas como "presumiblemente apócrifas".
– ¿Esas facturas serían canalizadas a una averiguación penal? pregunta Proceso a Huízar.
-- Efectivamente. Tenemos que continuar la investigación.
Parece una oportunidad de oro también para el ajuste de cuentas entre los grupos políticos que durante años han mantenido a Zacatecas en pugna: el de Ricardo Monreal y el que encabeza la propia García Medina, quien durante todo su sexenio no zanjó diferencias con el actual senador del PT y mantuvo vivo el conflicto.(PROCESO)
LOS IMPLICADOS
En la presentación encabezada el 23 de noviembre por Huízar se mencionaron algunos ex funcionarios de García Medina en los señalamientos por irregularidades: el ex secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro; el ex titular del Instituto de la Juventud Zacatecana (Injuzac) y actual presidente municipal de Villanueva, Iván de Santiago, y el ex secretario de Planeación y de Gobierno, Luis Gerardo Romo Fonseca.
Miranda y De Santiago son dos de los funcionarios que dejaron sus cargos a principios de 2010 con la aprobación de la gobernadora para ser candidatos. El ex tesorero se convirtió en candidato a diputado local, mientras el extitular del Injuzac abanderó al PRD por la alcaldía de Villanueva.
Pero la Contraloría encontró que ambos hicieron campaña mientras aún cobraban en el gobierno estatal, al menos durante las cinco quincenas posteriores a sus renuncias. Sólo Iván de Santiago ganó la elección.
Entre otros beneficiarios aparece el ex diputado federal perredista Guillermo Antonio Olmos Capilla, empresario protegido por la ex subprocuradora Concepción García Medina (Proceso 1772) y quien en los dos últimos años del anterior sexenio figuró como proveedor y contratista del estado y recibió recursos discrecionales de la Secretaría de Finanzas mientras era buscado judicialmente por autoridades de varios estados, entre ellos Querétaro, acusado de fraude.
La orden de aprehensión contra Olmos fue encontrada por el procurador Nahle y cumplimentada a principios de octubre, aunque el empresario pagó fianza y quedó en libertad casi de inmediato.
"Infundios", "linchamiento político", "manipulación tendenciosa", "ofensiva sin sustento" y "mala fe" fueron algunos de los calificativos empleados por García en la carta que leyó en la conferencia de prensa en la que la acompañaron Ortega y Navarrete.
El primer reclamo de la ex gobernadora fue que el informe se hiciera público "sin haber notificado a nadie la existencia de un procedimiento en su contra; sin la posibilidad de una defensa… y sin haber iniciado formalmente los emplazamientos", con lo cual, según dijo, "se cometió una violación a los procedimientos formales de auditoría".
En su afán de desmentir a la Contraloría, Amalia García calificó el trabajo de esta dependencia como poco profesional e incapaz de revisar correctamente "la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración".
Y se quejó de que esto se hubiera ventilado antes de que los funcionarios responsables de solventar las observaciones del informe tuvieran la notificación respectiva en sus manos, paso que efectivamente no se había cumplido hasta la semana que concluyó, cuando según la Contraloría se trabajó en notificar a 17 exfuncionarios.
En entrevista con Proceso el 25 de noviembre, Huízar Carranza aseguró que la revisión de 2% del presupuesto en los dos últimos años del sexenio amalista no habrían tenido que revisarse "si se hubiera cumplido puntualmente con la entrega-recepción, lo cual nunca ocurrió".
Al asumir el gobierno de Zacatecas, el priísta Miguel Alonso Reyes prometió auditar la gestión saliente y dio un plazo perentorio a su contralor. El resultado de la primera parte de esa revisión ya se hizo público y deja muy mal parada a la ex mandataria perredista Amalia García
Domingo, 05 de Diciembre de 2010
VERÓNICA ESPINOSA
ZACATECAS, ZAC.- Con las presiones por el plazo que fijó el gobernador Miguel Alonso Reyes al rendir protesta, el pasado 23 de noviembre se cumplió la primera parte de la revisión de la Contraloría Interna de Zacatecas a los últimos meses de gobierno de la ex mandataria perredista Amalia García Medina.
Las anomalías de su sexenio, que afloraron en las primeras semanas de gestión del priísta Alonso Reyes (Proceso 1772), se hallan en un expediente oficial donde se registran actos indebidos, excesos e incumplimiento de normas y procedimientos en contratos, préstamos, obras y programas por montos que suman más de mil millones de pesos y por los que se han emitido notificaciones a 17 ex funcionarios.
El contralor estatal, Guillermo Huízar Carranza, ya prepara el segundo paquete de auditorías, que será anunciado en enero y con el que pretende ir hasta el fondo en asuntos como la revisión de toda la obra pública del sexenio amalista.
El segundo paquete hurgará cientos de contratos que sugieren posibles favoritismos y beneficios hacia ciertos empresarios, a quienes algunos medios locales llaman "los amigos de las García", en alusión a la ex mandataria, a su hermana --la exsubprocuradora Concepción García-- y a su hija, la senadora Claudia Corichi García.
Uno de estos empresarios es Salvador Galván López, quien en 2005 creó Construcciones y Edificaciones Gals, que obtuvo contratos para varias de las obras más importantes del sexenio, como el Palacio de Convenciones y la Plaza Bicentenario.
Esta última figuró en la auditoría con serias irregularidades: el recibo por la adquisición de las bases de la licitación es posterior a la fecha límite establecida en la convocatoria, y los valores en materiales y acarreos se exceden en por lo menos 40 millones de pesos.
LA VÍCTIMA
En respuesta García Medina se ha asumido --junto con sus ex colaboradores y los empresarios señalados en el informe-- como víctima del uso "de todo el poder del gobierno de Zacatecas" contra personas que hoy son ciudadanos "y que sólo tienen la defensa que otorga el estado de derecho".
Así respondió el 24 de noviembre desde la ciudad de México la ex gobernadora en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, y por el coordinador de los senadores de ese partido, Carlos Navarrete Ruiz.
En los días siguientes García también se asumió como el blanco de una estrategia para desactivarla políticamente, porque "me ven como posible aspirante al gobierno del Distrito Federal".
INMUNIDAD
Aunque el nombre de Amalia García aparece directamente vinculado con algunas de las acciones anómalas detectadas en la revisión, en su calidad de titular del Ejecutivo estatal entre 2004 y septiembre de 2010, contra ella difícilmente se podría ir más allá de fincarle sanciones administrativas gracias a la inmunidad que la Constitución estatal da a sus ex gobernadores.
La presunción de una conducta delictiva o penalmente punible atribuida a la ex gobernadora sólo podría concretarse si ella fuera acusada de un delito grave, para lo cual, según dijo a Proceso un funcionario de alto nivel del actual gobierno, "no se ven elementos hasta ahora".
Uno de los señalamientos directos hacia la ex mandataria en este informe fue la firma del crédito adquirido con Banamex el 14 de junio de este año, en un contrato que suscribieron tanto la titular del Poder Ejecutivo como el secretario de Finanzas por 300 millones de pesos más 4 millones 289 mil 583 pesos de intereses.
"De dicho contrato se desprende que la fecha comprometida para pagarlo fue el 25 de agosto de 2010, circunstancia que no ocurrió, faltando los responsables de suscribirlo a su compromiso y generando toda suerte de consecuencias económicas negativas al estado de Zacatecas; entre otras, la generación de intereses moratorios por 5 millones 595 mil 486.64 pesos, lo que constituye un daño patrimonial derivado de esa omisión", leyó el contralor Huízar al rendir su informe.
Del trabajo de los auditores resultaron --entre otras cosas-- facturas que al ser verificadas por el SAT fueron calificadas como "presumiblemente apócrifas".
– ¿Esas facturas serían canalizadas a una averiguación penal? pregunta Proceso a Huízar.
-- Efectivamente. Tenemos que continuar la investigación.
Parece una oportunidad de oro también para el ajuste de cuentas entre los grupos políticos que durante años han mantenido a Zacatecas en pugna: el de Ricardo Monreal y el que encabeza la propia García Medina, quien durante todo su sexenio no zanjó diferencias con el actual senador del PT y mantuvo vivo el conflicto.(PROCESO)
LOS IMPLICADOS
En la presentación encabezada el 23 de noviembre por Huízar se mencionaron algunos ex funcionarios de García Medina en los señalamientos por irregularidades: el ex secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro; el ex titular del Instituto de la Juventud Zacatecana (Injuzac) y actual presidente municipal de Villanueva, Iván de Santiago, y el ex secretario de Planeación y de Gobierno, Luis Gerardo Romo Fonseca.
Miranda y De Santiago son dos de los funcionarios que dejaron sus cargos a principios de 2010 con la aprobación de la gobernadora para ser candidatos. El ex tesorero se convirtió en candidato a diputado local, mientras el extitular del Injuzac abanderó al PRD por la alcaldía de Villanueva.
Pero la Contraloría encontró que ambos hicieron campaña mientras aún cobraban en el gobierno estatal, al menos durante las cinco quincenas posteriores a sus renuncias. Sólo Iván de Santiago ganó la elección.
Entre otros beneficiarios aparece el ex diputado federal perredista Guillermo Antonio Olmos Capilla, empresario protegido por la ex subprocuradora Concepción García Medina (Proceso 1772) y quien en los dos últimos años del anterior sexenio figuró como proveedor y contratista del estado y recibió recursos discrecionales de la Secretaría de Finanzas mientras era buscado judicialmente por autoridades de varios estados, entre ellos Querétaro, acusado de fraude.
La orden de aprehensión contra Olmos fue encontrada por el procurador Nahle y cumplimentada a principios de octubre, aunque el empresario pagó fianza y quedó en libertad casi de inmediato.
"Infundios", "linchamiento político", "manipulación tendenciosa", "ofensiva sin sustento" y "mala fe" fueron algunos de los calificativos empleados por García en la carta que leyó en la conferencia de prensa en la que la acompañaron Ortega y Navarrete.
El primer reclamo de la ex gobernadora fue que el informe se hiciera público "sin haber notificado a nadie la existencia de un procedimiento en su contra; sin la posibilidad de una defensa… y sin haber iniciado formalmente los emplazamientos", con lo cual, según dijo, "se cometió una violación a los procedimientos formales de auditoría".
En su afán de desmentir a la Contraloría, Amalia García calificó el trabajo de esta dependencia como poco profesional e incapaz de revisar correctamente "la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración".
Y se quejó de que esto se hubiera ventilado antes de que los funcionarios responsables de solventar las observaciones del informe tuvieran la notificación respectiva en sus manos, paso que efectivamente no se había cumplido hasta la semana que concluyó, cuando según la Contraloría se trabajó en notificar a 17 exfuncionarios.
En entrevista con Proceso el 25 de noviembre, Huízar Carranza aseguró que la revisión de 2% del presupuesto en los dos últimos años del sexenio amalista no habrían tenido que revisarse "si se hubiera cumplido puntualmente con la entrega-recepción, lo cual nunca ocurrió".
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