CADHAC documenta 500 incidentes en el norte del país, pero estima más de 1,500.
Reynaldo Ochoa
Monterrey.- Aquella noche, al encontrarse comiendo en un restaurante de la zona de San Jerónimo, en el municipio de Monterrey, una pareja de novios fue interceptado por dos presuntos elementos de la Policía Regía que les pidieron acompañarlos, justificándose en una supuesta anomalía con su vehículo.
La pareja aceptó pensando en que no había nada que temer, pues se trataba de autoridades y que no habían cometido ningún delito.
Sin embargo, aquel proceso se convirtió en una pesadilla.
El tono amable de los agentes se tornó grosero, la pareja fue subida a una unidas de la policía y, contrario al proceso normal, no fueron trasladados a alguna subestación o demarcación, sino que fueron llevados hasta el entronque de la avenida Leones en Cumbres, donde fueron desnudados, despojados de su vehículo y llevados a una casa de seguridad donde se encontraban otras decenas de personas que corrieron la misma suerte.
A diferencia de la mayoría de los casos, la pareja pudo salir libre gracia a que la mujer logró comunicarse con un familiar y, ante la posibilidad de ser descubiertos, los presuntos elementos de la Regia optaron por dejarlos en libertad.
Este es sólo uno de los cerca de 500 casos documentados de este delito en todo el norte del país, que han recibido la indiferencia de las autoridades investigadoras.
Para la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, este número podría ser muy superior, pues en este 2010, cifras que les aportó el Ejercito Mexicano indican que tan solo en Nuevo León y Tamaulipas se puede superar los mil 700 casos.
"La desaparición forzada de personas, violación que involucra a múltiples derechos humanos, se ha convertido en el sótano de la impunidad… esta violación a los derechos humanos no se investiga, ni se sanciona, pero además someten a las víctimas a un proceso de revictimización", dijo Consuelo Morales, presidenta del organismo.
A la fecha, no existe una cifra confiable respecto al número de casos de este tipo, pues la mayoría no son denunciadas.
Una muestra es que ante el Ministerio Público de Nuevo León sólo existen 12 denuncias de este tipo.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las "desapariciones forzadas" se entienden como secuestro, detención o privación de la libertad donde participan agentes del estado, ya sean policías municipales, estatales, federales e incluso del Ejército
Es por ello que con la intensificación en los últimos años de la inseguridad y las actividades del crimen organizado en el norte del país, estos delitos se han incrementado, ante la anuencia de los gobiernos y la desviación de la atención mediática hacia la denominada "guerra contra el narco" del Gobierno Federal.
"Bajo la forma de daños colaterales, fuegos cruzados, muertos por confusión y criminalización de las víctimas en general, se ha vuelto una socorrida justificación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto permanezcan invisibles y sin investigación alguna", señaló Morales.
A fin de combatir este delito, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos con sede en los estados del norte del país, han decidido unir esfuerzos y desde este viernes 10 de diciembre arrancaron una campaña nacional denominada "No pararemos hasta encontrarlos y encontrarlas".
La campaña es para apoyar legalmente a las familias de estas personas que se encuentren actualmente haciendo investigaciones por su cuenta para dar con el paradero de sus familiares.
Además de Cadhac, otros organismos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, entre otros, participarán en esta jornada nacional.
La jornada concluirá el próximo mes de marzo, cuando se lleve acabo una caravana al Distrito Federal ante la Suprema Corte de Justicia con toda la información que se recabe de los cientos de casos de "desapariciones forzadas".
Milenio
11/12/2010
Reynaldo Ochoa
Monterrey.- Aquella noche, al encontrarse comiendo en un restaurante de la zona de San Jerónimo, en el municipio de Monterrey, una pareja de novios fue interceptado por dos presuntos elementos de la Policía Regía que les pidieron acompañarlos, justificándose en una supuesta anomalía con su vehículo.
La pareja aceptó pensando en que no había nada que temer, pues se trataba de autoridades y que no habían cometido ningún delito.
Sin embargo, aquel proceso se convirtió en una pesadilla.
El tono amable de los agentes se tornó grosero, la pareja fue subida a una unidas de la policía y, contrario al proceso normal, no fueron trasladados a alguna subestación o demarcación, sino que fueron llevados hasta el entronque de la avenida Leones en Cumbres, donde fueron desnudados, despojados de su vehículo y llevados a una casa de seguridad donde se encontraban otras decenas de personas que corrieron la misma suerte.
A diferencia de la mayoría de los casos, la pareja pudo salir libre gracia a que la mujer logró comunicarse con un familiar y, ante la posibilidad de ser descubiertos, los presuntos elementos de la Regia optaron por dejarlos en libertad.
Este es sólo uno de los cerca de 500 casos documentados de este delito en todo el norte del país, que han recibido la indiferencia de las autoridades investigadoras.
Para la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, este número podría ser muy superior, pues en este 2010, cifras que les aportó el Ejercito Mexicano indican que tan solo en Nuevo León y Tamaulipas se puede superar los mil 700 casos.
"La desaparición forzada de personas, violación que involucra a múltiples derechos humanos, se ha convertido en el sótano de la impunidad… esta violación a los derechos humanos no se investiga, ni se sanciona, pero además someten a las víctimas a un proceso de revictimización", dijo Consuelo Morales, presidenta del organismo.
A la fecha, no existe una cifra confiable respecto al número de casos de este tipo, pues la mayoría no son denunciadas.
Una muestra es que ante el Ministerio Público de Nuevo León sólo existen 12 denuncias de este tipo.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las "desapariciones forzadas" se entienden como secuestro, detención o privación de la libertad donde participan agentes del estado, ya sean policías municipales, estatales, federales e incluso del Ejército
Es por ello que con la intensificación en los últimos años de la inseguridad y las actividades del crimen organizado en el norte del país, estos delitos se han incrementado, ante la anuencia de los gobiernos y la desviación de la atención mediática hacia la denominada "guerra contra el narco" del Gobierno Federal.
"Bajo la forma de daños colaterales, fuegos cruzados, muertos por confusión y criminalización de las víctimas en general, se ha vuelto una socorrida justificación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto permanezcan invisibles y sin investigación alguna", señaló Morales.
A fin de combatir este delito, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos con sede en los estados del norte del país, han decidido unir esfuerzos y desde este viernes 10 de diciembre arrancaron una campaña nacional denominada "No pararemos hasta encontrarlos y encontrarlas".
La campaña es para apoyar legalmente a las familias de estas personas que se encuentren actualmente haciendo investigaciones por su cuenta para dar con el paradero de sus familiares.
Además de Cadhac, otros organismos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, entre otros, participarán en esta jornada nacional.
La jornada concluirá el próximo mes de marzo, cuando se lleve acabo una caravana al Distrito Federal ante la Suprema Corte de Justicia con toda la información que se recabe de los cientos de casos de "desapariciones forzadas".
Milenio
11/12/2010
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