Aduanas: una élite corrupta

RICARDO RAVELO

La toma de las 49 aduanas del país por el Ejército se realizó con violencia y en flagrante violación de los derechos de los inspectores fiscales despedidos, advierte la abogada de éstos. Pero hay otro riesgo mayor: aunque se acusa a esos empleados de facilitar el contrabando de drogas y de armas para los cárteles del narco, no se les fincan responsabilidades. La causa, dicen los inspectores afectados, es que los verdaderos responsables del ingreso de los cargamentos ilegales son los administradores de las aduanas, quienes permanecen a salvo de cualquier investigación.
Controladas en su mayoría por las bandas del narcotráfico y del contrabando, las 49 aduanas del país pasaron al control militar al ser despedidos 730 inspectores fiscales y aduaneros hasta con 15 años de antigüedad, quienes, según la Administración General de Aduanas (AGA), ya no cubrían el perfil necesario.
Desde marzo pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), del que depende la AGA, comunicó a los miembros de la Inspección Fiscal y Aduanera (IFA), antes conocida como Policía Fiscal, que en los siguientes meses se llevaría a cabo un saneamiento del cuerpo de seguridad responsable de revisar a los tractocamiones y a los turistas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
Varios trabajadores de confianza –régimen bajo el que fueron contratados por el SAT los inspectores– aseguran que no tuvieron acceso a la capacitación que se les ofreció para mejorar su desempeño, lo que –reconocen– en muchos casos alentó la corrupción. Sin embargo, señalan que la protección al contrabando y al tráfico de armas proviene de la propia dependencia, es decir, de la AGA.
El sábado 15, el SAT y la AGA comunicaron a los inspectores que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasaría revista al armamento, para lo cual les ordenaron concentrarse en sus centros de trabajo. Así lo hicieron los empleados de las 49 aduanas.
Ninguno pensó que serían despedidos. Por ejemplo, esto decía el oficio 800-06-00-00-00-2009-2204, girado por el SAT el 13 de agosto a Eusebio Román Rosas, jefe de la IFA en la aduana de Acapulco, Guerrero, a través de su administrador central, Gustavo Rubio:
...Comunico a usted que en relación al numeral No. 4 de la Licencia Oficial Colectiva No. SL/1055 de fecha 11 de febrero de 2009, con vigencia del 25 de febrero del 2009 al 24 de febrero (de) 2011, otorgada a la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera, el próximo 15 de agosto del año en curso a las 20:00 hrs., personal de la SEDENA llevará a cabo la inspección del armamento asignado a esa jefatura a su cargo, motivo por el cual deberá concentrar el armamento del Centro Táctico Aeropuerto Internacional Juan Álvarez, a la Aduana de Acapulco de Juárez, jefatura de la IFA. Así mismo, todo el personal que integra la Jefatura de la IFA, así como los manejadores y caninos acompañados de sus jaulas de viaje y vehículos, deberán estar presentes en las instalaciones para la revista.Oficios como ese se enviaron a todas las aduanas del país. El sábado 15 el personal se concentró, pero en vez de llevar a cabo la anunciada revista, efectivos del Ejército les quitaron las armas a los inspectores fiscales, les exigieron que entregaran sus placas y licencias, y los retuvieron durante más de 10 horas.

Caro error

De acuerdo con Susana Flores Gazca, abogada de los despedidos, en la aduana de Miguel Alemán, Tamaulipas, los militares obligaron al personal a firmar su renuncia por la fuerza y, en muchos casos, apuntaron a los inspectores con sus armas para que signaran los documentos que ya traían preparados y los cuales daban por terminada la relación laboral.
En Ciudad Juárez el personal de inspección aduanera prácticamente fue secuestrado por los miembros de la Sedena. Muchos empleados del SAT no traían sus placas en ese momento y pidieron que se les permitiera ir por ellas a sus casas, pero los militares se negaron.
Uno de los inspectores que el sábado 15 vivió momentos de gran tensión en esa aduana, quien pidió el anonimato por temor a represalias, dijo que el forcejeo entre los inspectores y el Ejército fue tal que los soldados tuvieron que cortar cartucho y los amagaron con sus armas para que firmaran las renuncias:
“Llegamos los 48 comisionados a la aduana de Ciudad Juárez y nos concentraron en el polvorín. Luego arribó al lugar el teniente coronel Othón Domínguez Bernabé, quien está a cargo del 20 Regimiento de Caballería. Lo acompañaba Arturo Everardo Mejía Zepeda, un funcionario de la Administración General de Aduanas.
“Nos pidieron la placas, pero muchos de nosotros no las traíamos porque nos habían dicho que sólo se trataba de una revisión del armamento. Pedimos salir para traer la placas y fue cuando los solados nos encañonaron y cortaron cartucho. Todo esto empezó como a las ocho de la noche y durante varias horas no nos dejaron salir. Nos sentíamos secuestrados por el Ejército.”
En una comunicación enviada a Proceso la noche del viernes 21, el SAT aseguró que “el inicio de las operaciones de los nuevos elementos en las Aduanas se llevó a cabo sin contratiempo alguno”, luego de que “a ninguno de estos elementos (sustituidos) se les hizo firmar una renuncia, simplemente su contrato terminó el 15 de agosto”. El personal responsable de la revisión de las mercancías que entran y salen por las aduanas ha sufrido modificaciones y rotaciones en los últimos 10 años.
El llamado Resguardo Aduanero, por ejemplo, fue creado mediante un decreto presidencial en 1991, luego desapareció y el personal fue liquidado mediante el retiro voluntario. Tiempo después se creó la Policía Fiscal, y en 1999, cuando nació la Policía Federal Preventiva, se le volvió a cambiar el nombre por el de Inspección Fiscal y Aduanera, cuyas operaciones terminaron el sábado 15.
En su lugar el SAT habilitó a mil 400 “oficiales de comercio exterior”, la mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, capacitados “al vapor” por la Sedena y que en sus cursos sólo tuvieron una práctica de tiro, dicen los inspectores fiscales despedidos. Afirman además que, en medio de tantos cambios, “nos fueron relegando de las operaciones importantes, como la revisión de tractocamiones, responsabilidad que asumió el Ejército”.
La abogada Flores Gazca enfatiza que el SAT despidió a más de 700 inspectores fiscales sin entregarles ni un solo peso como liquidación, pues el organismo fiscal sostiene que por tratarse de personal de confianza no tienen derecho a esa prestación. Incluso algunos empleados que antes de la desaparición de la IFA habían ganado laudos laborales, también fueron despedidos, lo que constituye una violación flagrante a la ley.
En efecto, mientras los militares presionaban a los inspectores fiscales para que firmaran sus renuncias, en el SAT se elaboraba, con fecha 14 de agosto, el oficio 300-04-2009, en el que se comunica a los inspectores la cancelación de su contrato.
A Taurino Ortiz López, uno de los 730 despedidos, se le informó así:
...En su carácter de trabajador de confianza del Servicio de Administración Tributaria, adscrito a la ADUANA DE AEROPUERTO, CD. MEXICO, dependiente de la Administración General de Aduanas, en atención al oficio del Administrador General de Aduanas por el que se solicita se le informe que en términos de los artículos 123, apartado “B”... (se) establece que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, (por lo que) se le notifica que el nombramiento que actualmente ostenta y cuya vigencia concluye el 15 de agosto de 2009, no le será renovado.La abogada Flores Gazca, quien actualmente defiende a más de mil trabajadores al servicio del Estado –entre ellos a unos 680 inspectores fiscales y aduaneros– sostiene que la Administración Pública Federal está involucrada en un grave problema:
“No sólo tendrá que pagar, en muchos casos, salarios caídos y prestaciones, sino que deberá reinstalar a los inspectores despedidos injustificadamente. Hubo flagrantes violaciones a la ley, por ejemplo, en los casos de Pedro García (con antigüedad de 19 años), Alejandro Muñoz (10 años de servicio) y Julio Vargas (14 años); tenemos los laudos ganados y aún así los despidieron”.
–El SAT afirma que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en su empleo. ¿Cómo explica usted que los 730 despedidos estén en el desamparo laboral?
–El contrato de prestación de servicio bajo el régimen de honorarios tiene validez y derechos. Si estoy subordinado, cuando tengo un horario, me otorgan un salario, tengo prestaciones laborales, como capacitación, vacaciones, licencias, y me retienes como trabajador, pues soy un trabajador. Pero la tontería más grande es que los están obligando, con esta decisión arbitraria, a ir ante las autoridades para hacer valer este derecho.
–¿Qué lectura tiene usted de esta acción del SAT?
–Todo esto es muy peligroso para el gobierno. Si mi negocio fuera la administración pública yo les fincaría responsabilidad administrativa a los servidores públicos, porque están involucrando al gobierno en procedimientos judiciales con altos costos, al generarle gastos innecesarios en tiempos tan críticos.
“Nada más calcule usted: si a cada inspector fiscal le dan 20 mil pesos y en total son más de 600 (del primer recorte), y 730 los afectados por la desaparición de la IFA, ¿cuánto dinero tendrá que pagar el gobierno? Porque estoy segura de que ganaremos el juicio laboral. Es un dineral. Ahora, ¿dónde los van a reinstalar? Me parece la aberración más grave de un gobierno que ahora se enfunda en una política de austeridad. Por un lado la declaran y por otro generan problemas que derivarán en pagos multimillonarios en liquidaciones, por tomar decisiones arbitrarias.”

Funcionarios, la clave

De acuerdo con fuentes de la AGA, hace poco más de un año se tomó la decisión de dar de baja a todos los miembros de la llamada Policía Fiscal. La razón: en la mayoría de las investigaciones sobre contrabando y delincuencia organizada estaban implicados decenas de inspectores fiscales y aduaneros.
Pero los inspectores niegan estar relacionados con el contrabando y con el narcotráfico, pues desde hace varios años, aducen, “nosotros ya no participamos en la revisión de mercancías. Es personal militar el que está a cargo de esas tareas, y si el narco ha controlado las aduanas, entonces habrá que preguntarle al Ejército qué está pasando”.Y es que para transportar mercancías ilegales y recibir armas provenientes de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico han recurrido a altos funcionarios, particularmente a los administradores que operan en las aduanas fronterizas.
Por ejemplo, el 21 de julio de 2007 Beatriz Bautista Morgan, identificada como cercana al exadministrador central de Aduanas José Guzmán Montalvo y quien fue administradora de la aduana de Coatzacolacos, Veracruz, y la de Reynosa, Tamaulipas, fue detenida por agentes de la PFP y militares.
Se le vinculó con un presunto “contrabando documentado”, cuando fue confiscado un tráiler “cargado con un enorme contrabando que salió de los patios fiscales” y cuya liberación fue autorizada, según la investigación del caso, por una colaboradora de confianza de Bautista Morgan.
En esta historia se cita a Cony, entonces encargada del módulo del primer reconocimiento en la aduana, una empleada de confianza de Bautista que hacía el “trabajo sucio”, y se menciona a Ivette Lozano como cómplice. Ambas estuvieron sometidas a investigación por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
A Guzmán Montalvo se le relacionó con el fomento al contrabando y se le acusó de beneficiar con ese negocio a los hermanos Bribiesca Sahagún (Proceso 1520). Otro funcionario cercano a él es Francisco Serrano Aramori, quien desapareció en junio pasado, cuando se desempeñaba como administrador de la aduana del puerto de Veracruz. Antes, Serrano Aramori fue administrador en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente se ligó al contrabando y a Los Zetas.
El control que ejerce el narcotráfico en las 49 aduanas del país no es un problema nuevo. El 30 de mayo de 2007, durante el foro denominado “Construyendo consensos y promoviendo el crecimiento”, organizado por la revista británica The Economist, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que las drogas entran y salen por las aduanas:
“Una parte muy importante de la seguridad en México es que sale y entra droga, y es un problema muy importante que implica la modernización de las aduanas.”
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006, que implicó a funcionarios de la aduana de Manzanillo, Colima, en la protección de los cargamentos de efedrina de Zhenli Ye Gon, el crimen organizado penetró paulatinamente la estructura del sistema aduanero.
Los reportes de inteligencia oficiales indican que los cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden movilizar sus mercancías ilícitas con toda libertad, además de que tienen acceso a información privilegiada sobre las acciones de sus contrincantes en el negocio de las drogas (Proceso 1596).
Esta infiltración en las aduanas, según los datos consultados, se hizo al estilo de la mafia: colocando a funcionarios y empleados en áreas estratégicas y sobornando a trabajadores con montos superiores a sus sueldos quincenales.Un inspector despedido el sábado 15 –que al ser consultado también pidió que se omitiera su nombre– sostiene que el tráfico de armas y el contrabando operado por altos funcionarios “es descomunal”.
En un escrito entregado a este semanario dice que el señalamiento de que los inspectores fiscales se ligaron con el crimen organizado “es una acusación falsa y muy grave”, pues a ninguno de los 730 despedidos le fincaron responsabilidades por delito alguno. Y detalla el modus operandi de la mafia de cuello blanco y el narcotráfico organizado:
...Este tipo de operaciones está en manos de personal administrativo, verificadores aduanales, el administrador de la aduana y dictaminadores aduanales del segundo reconocimiento, siendo éstos últimos empleados de una empresa privada.
Todos ellos son los que se encargan de la revisión física-documental de todas las operaciones en materia de importación, por lo tanto son los responsables de todo tipo de contrabando, incluyendo armas de fuego, municiones y dinero ilícito que ingresa al país, obviamente amparados por la red de funcionarios hacendarios.
En la frontera norte, sur y en algunos puertos, esta actividad es muy conocida por las personas que están involucradas en el despacho de mercancías en materia de comercio exterior. Por citar un ejemplo, sólo basta acudir a una de tantas bodegas (de armas) que se encuentran en las ciudades del sur de los Estados Unidos, como Laredo, McAllen o El Paso, Texas, y los mismos dependientes preguntan si la mercancía va para México, quién es tu “pasador” y en 48 horas transportan cualquier mercancía ilegal a México.
…Las mercancías que transportan hacia México son amparadas con documentos apócrifos difíciles de detectar, aunque en la mayoría de los casos cuentan con pedimentos de importación que cumplen con todos los requisitos de la ley. Además, aseguran los camiones con candados fiscales oficiales y todo esto se encuentra bajo control y supervisión de las aduanas, por lo tanto son mercancías amparadas con documentación oficial.
La fuente remata:
Ahora se crea al vapor una nueva corporación (los “oficiales de comercio exterior”) que tendrá el mismo futuro, más aún si los encargados de dirigirla son de extracción militar, ya que estos últimos están al servicio de los funcionarios del gobierno federal de forma incondicional y obedecen sus caprichos, aun cuando contravienen las leyes y reglamentos. Además, ya es notable su incapacidad para dirigir una Unidad Administrativa del SAT y su nulo conocimiento en materia de comercio exterior.
Proceso 23/08/2009