jueves, 26 de marzo de 2009

Acusan al Ejército de operar cárcel ilegal en Nuevo Laredo

Crimen organizado, pretexto para abusos de policías y militares en Morelos: ombudsman

*La esposa de uno de los detenidos asegura que soldados usan el automóvil de su marido


Carlos Figueroa
Corresponsal/La Jornada

Nuevo Laredo, Tams., 25 de marzo. Personal del Ejército Mexicano utiliza como cárcel clandestina una bodega confiscada por la Procuraduría General de la República (PGR) en esta ciudad, denunció Raymundo Ramos Vázquez, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Grupo 5 de Febrero.

El almacén, ubicado en la cuadra 75 de la calle Canales, en el poniente de Nuevo Laredo, fue asegurada hace más de un año, luego que agentes de la PGR encontraron productos de contrabando, explosivos y armas.

Ramos Vázquez dijo que la cárcel clandestina quedó al descubierto luego que el 17 de marzo fueron detenidos Miguel Alejandro Gama Halaif, de 25 años de edad, y su acompañante, Israel Ayala Ramírez, de 20. Allí han sido llevadas por lo menos tres personas, afirmó.

Dulce María López Duarte, esposa de Gama Halaif, mencionó que varias personas vieron cuando los soldados capturaron a los dos jóvenes.

Su propio cónyuge le informó, vía telefónica, que había sido detenido por militares a las 21 horas del 17 de marzo en la entrada a la colonia Palmares, que se localiza en el kilómetro 13 de la carretera nacional.

El carro que traía mi esposo, un Chrysler 300, lo están usando los militares. Tenemos fotografías y un video tomado el día siguiente de su arresto, aseveró la mujer.

Agregó que su esposo está en tratamiento médico, pero desde que se lo llevaron, estoy segura, no ha tomado sus medicamentos. Ya fuimos al cuartel y nos dicen que ellos no tienen a nadie. Ya estoy desesperada. Quiero saber dónde lo tienen.

La esposa y hermana de los desaparecidos, así como otros familiares y amigos, se manifestaron en el cruce de las calles Canales y Berlín, donde se ubica la supuesta cárcel, para exigir a los soldados que entreguen los detenidos a las autoridades civiles.

Pedirán intervención de la CNDH

López Duarte y María del Carmen Ayala Ramírez, hermana de Israel, interpusieron una denuncia ante la agencia primera del Ministerio Público de la Federación, y el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero anunció que dará vista del caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autoridades estatales y municipales dejan impunes 75% de abusos denunciados, señala

Rubicela Morelos Cruz Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 25 de marzo. Elementos del Ejército Mexicano y agentes de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno violan las garantías individuales con el pretexto de que combaten al crimen organizado, sostuvo el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Fausto Gutiérrez Aragón.

El ombudsman, quien presentó su informe anual ante el Congreso local, dijo que las autoridades estatales y municipales se niegan a aceptar 50 por ciento de las recomendaciones del organismo y sólo atienden 25 por ciento.

Entrevistado luego del informe, Fausto Gutiérrez recordó que el Ejército no está facultado para detener a personas, como lo hicieron soldados de la 24 Zona Militar al irrumpir con tanquetas la madrugada del 23 de marzo en el poblado de Ocotepec para liberar a dos efectivos detenidos por autoridades locales y arrestar a dos comandantes de la policía comunitaria, a quienes entregaron a la procuraduría estatal, acusados de agresiones y robo.

Recordó que los elementos del Ejército estaban francos cuando los detuvieron por estar ebrios y escandalizar. Por eso no se justifica lo que hicieron los militares. Esto puede provocar que el Ejército rescate a cualquier soldado que cometa una falta y sea detenido, advirtió.

Antes, en el Congreso de Morelos, exigió a los diputados llamar a cuentas al gobernador Marco Antonio Adame Castillo, a los 33 presidentes municipales, secretarios y directores de corporaciones policiacas para que respondan las recomendaciones de la CDHM.

La ley anterior (de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) estipulaba que cuando las autoridades no aceptaban las recomendaciones nosotros debíamos informar al Congreso local para que interviniera. La nueva ley nos quitó esa facultad. Por eso demandamos que nos la repongan, para forzar a la autoridad a cumplir las recomendaciones, dijo Gutiérrez Aragón.

En 2008 la CDHM emitió 89 resoluciones. El municipio que más abusos cometió fue Cuernavaca, cuyas autoridades recibieron dos recomendaciones.

Fausto Gutiérrez comentó que el ayuntamiento capitalino y el de Temixco han sido los más reticentes a aceptar las recomendaciones de la institución.