México y EU, grandes desafíos

 

Napoleón Gómez Urrutia

El domingo 20 de enero, Barack H. Obama prestó juramento co- mo el presidente constitucional número 44 de los Estados Unidos de América. En este su segundo mandato, probablemente reforzará su estrategia y política para impulsar la actividad económica, la apertura de nuevas oportunidades, la generación de empleos y el equilibrio social entre los que más ganan y los que menos tienen. Las relaciones internacionales y su política de migración serán temas fundamentales, particularmente en su relación con sus países vecinos: México y Canadá.

México y el gobierno de Enrique Peña Nieto deberán mantener una sana distancia de colaboración en algunos asuntos y de fortalecimiento de la soberanía nacional en otros, que puedan resguardar las riquezas naturales, la justicia, el respeto y la dignidad de los mexicanos. Peña Nieto tiene que estar a la altura de lo que México necesita y espera de él. No se puede improvisar o cometer errores graves que pongan en juego el destino de la nación. Suficientes problemas acumulados existen como producto de haber descuidado durante más de una década la política exterior, el prestigio y la imagen nacional e internacional. La violación a la democracia que cometió Felipe Calderón para llegar al poder, con su lema haiga sido como haiga sido, no se puede proyectar más en el mundo si queremos recuperar lo más valioso de los mexicanos, su prestigio, su cultura, su historia, sus tradiciones y su inserción inevitable con ese legado en la modernidad. Los mexicanos tenemos dignidad y necesitamos un gobierno a la altura.
En el asunto migratorio, tanto Obama como Peña Nieto deben marchar hacia un verdadero acuerdo que respete la dignidad y los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Esta debe ser una de las grandes reformas, ya anunciada por Obama, que el presidente de Estados Unidos debe impulsar para regularizar la situación legal de más de 11 millones de personas que todavía se encuentran en condiciones indefinidas. Pero también es una muy grave responsabilidad para el gobierno de México la necesidad de crear los empleos dignos para evitar la salida y el flujo de mexicanos hacia los países vecinos de Norteamérica. De hecho, ya existen voces, sobre todo en el sector sindical de EU, que han demandado a su gobierno encontrar solución a este fenómeno, como ha manifestado Richard L. Trumka, dirigente de la AFL-CIO, la más importante federación sindical estadunidense.
No podemos ignorar que México se ha vuelto más vulnerable. Una catástrofe de la naturaleza o cualquier conflicto político o social pondrían en grave riesgo la permanencia de un sistema de paz, seguridad y tranquilidad que sólo es aparente. No se debe exagerar el optimismo, los riesgos están presentes y se derivan de un descuido y abandono total durante 12 años de las administraciones pasadas que hundieron más a México en una crisis potencial de alto riesgo. La inseguridad, el desempleo, la crisis financiera mundial, la pobreza y la marginación, al lado de cambios climáticos y de fenómenos meteorológicos inesperados, continúan latentes y el tiempo no permite la improvisación o la aplica- ción de políticas equivocadas que sólo conducen a agravar más la situación.

México ya no puede esperar, ni tampoco la angustia e incertidumbre de los mexicanos. Por eso, el gobierno de México, como signatario junto con Estados Unidos y Canadá, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe dejar a un lado el abandono con que ha manejado el tema laboral, dando cumplimiento al Acuerdo Complementario de Colaboración Laboral inscrito dentro del TLCAN. Este debe dejar de ser solamente un convenio comercial y convertirse en un tratado integral para la cooperación y el desarrollo económico y social entre los tres países. Tienen Estados Unidos y Canadá la suficiente presencia como para revisar el TLCAN en estos aspectos y lograr que el gobierno de México cese la represión y la violación constante de los derechos laborales y humanos de la clase trabajadora y se respete la libertad sindical.
En estas circunstancias, Peña Nieto tiene ante sí la responsabilidad de procurar la reconciliación nacional y encontrar las nuevas oportunidades que la población está deseando y esperando. El actual modelo de desarrollo no puede seguir operando para beneficio sólo de unos cuantos.
Esta es la realidad de un país como México, que tiene uno de los más altos grados de concentración de la riqueza en pocas manos. Debe haber una conciencia social que cambie los elevados niveles de explotación e injusticia a los cuales está sometida la enorme mayoría de la población. Esta es la terrible realidad en que vive más de la mitad de la población mexicana.
Obama lo dijo muy claro: Un país con extrema desigualdad no tiene futuro. Podría agregarse que una nación sin libertad y sin justicia tampoco puede avanzar a mayores niveles de desarrollo. Si no existe un verdadero estado de derecho y éste sólo se utiliza en beneficio de una reducida minoría, entonces México estará en riesgo permanente. Esto, el gobierno de México lo debe tener muy presente y actuar en consecuencia. La historia estará de testigo.