SALDOS DEL SEXENIO DE CALDERÓN
La fuerza del gobierno calderonista se dirigió contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, principal promotor de la liberación de la francesa
domingo, 20 de enero de 2013
MÉXICO, DF (Apro).- Ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Felipe Calderón, al extremo de que más de un ministro de la Primera Sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassez saliera de prisión.
La fuerza del gobierno calderonista se dirigió contra el principal promotor de la liberación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero según versiones de la propia Corte alcanzó a otros ministros que no lo han querido confirmar.
Zaldívar sí lo ha hecho en algunas reuniones con la prensa, pero sin entrar en detalles de los ex funcionarios o enviados que lo presionaron ni del tipo de advertencias o amenazas de que fue objeto, aunque Proceso confirmó en el propio Poder Judicial que éstas alcanzaban a su familia.
No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. "Para eso no te pusimos", le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro.
OTRO AMBIENTE
En marzo de 2012, cuando el caso de Florence Cassez se discutió por primera vez en la corte, Zaldívar era el presidente de la Primera Sala. Pero era también el ponente en la revisión del amparo 517/2011, con el que la francesa combate su condena a 60 años de cárcel, acusada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del secuestro de tres personas.
Dos semanas antes de la discusión, cuando Zaldívar decidió hacer pública su propuesta de dar un amparo "liso y llano" –que implicaba la liberación inmediata de la francesa–, el gobierno de Calderón presionó por distintos medios para que modificara su propuesta. Lo mismo hizo con otros ministros para que no apoyaran la excarcelación.
Ahora el ambiente es otro, dice el abogado de Cassez, Agustín Acosta. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha litigado el asunto en el máximo tribunal, ante los ministros de la Sala ni con el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, como lo hizo Calderón.
Pero existe incertidumbre sobre la forma en que la Primera Sala resolverá el amparo, el próximo miércoles 23. En su sesión de marzo pasado, cuatro de los cinco ministros que integran la sala establecieron que García Luna, el secretario favorito de Calderón, cometió violaciones constitucionales en la detención de Cassez, lo que podría tener consecuencias legales para el exfuncionario, como las sugirió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CRITERIOS DEL AMPARO
En la SCJN están a revisión las pruebas que armó García Luna y que en el sexenio de Calderón fueron avaladas por la Procuraduría General de la República, un juez de Distrito, un magistrado unitario y tres magistrados de un tribunal colegiado, quienes desestimaron tanto el montaje televisivo sobre la detención de Cassez como su exculpación hecha por el exnovio y señalado como el jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta.
Lo que ha hecho la ministra Olga Sánchez Cordero, quien el próximo miércoles será la ponente de la resolución del caso, es reconsiderar las pruebas presentadas por García Luna, quien detuvo a Cassez en diciembre de 2005, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, pero la retuvo un día, evitó dar aviso al consulado francés y la declaró sin abogado, en violación no sólo de la Constitución sino de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
En sintonía con la propuesta del ministro José Ramón Cossío, la ministra podría regresar "un cascarón" de pruebas al Primer Tribunal Unitario del Distrito Federal, según allegados a esa ponencia. En la sesión del 21 de marzo de 2012 Cossío propuso revisar la solicitud de amparo pero sin dos de los testimonios clave de García Luna por considerar que carecen de veracidad, los de Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian.
Además de esas dos pruebas propuestas por Cossío para desecharse, que corresponden a las declaraciones de dos de los supuestos secuestrados de Cassez, la ministra debió considerar el parte policial sobre la detención de la ciudadana francesa y el testimonio del tercero de sus presuntos secuestrados, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, quien desde un principio la ha inculpado, pero cuyo plagio, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue planeado por su propia madre para sacarle dinero al papá.
De los cuatro ministros que responsabilizaron a García Luna de violar la Constitución, tres favorecieron darle el amparo a Cassez, pero no se pusieron de acuerdo en para qué. Dos de ellos, el entonces ministro ponente Arturo Zaldívar y la propia Sánchez Cordero, apoyaron un amparo "liso y llano" tanto por las violaciones constitucionales en su detención como en el procedimiento, lo que hubiera implicado su liberación inmediata.
El ministro Cossío Díaz también favoreció el amparo, pero "para efectos"; es decir, para regresar el expediente al Primer Tribunal Unitario sin las pruebas que la propia corte considere carentes de valor. Esa división de criterios, que se enmarca en la confrontación que existe entre los ministros Cossío y Zaldívar, tendrá que resolverse en la sesión del miércoles 23, a menos de que se decida que el caso pase al pleno de la Corte o incluso se proponga un nuevo proyecto pero a cargo de un ministro de la Segunda Sala.
EL DISCURSO DE LA IMPUNIDAD
Las presiones del gobierno de Calderón al Poder Judicial se intensificaron cuando los magistrados del Tribunal Colegiado iban a resolver el amparo solicitado por Cassez para reponer el procedimiento judicial en la causa penal por la que fue condenada, acusada de delincuencia organizada, secuestro de tres personas y portación y posesión de arma exclusiva del uso del Ejército.
De acuerdo con fuentes diplomáticas y del propio Poder Judicial, el entonces secretario particular de Calderón y actual senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, se reunió con los magistrados del Tribunal Colegiado antes de que emitieran su fallo. Por separado refirieron un encuentro en diciembre de 2010 entre el enviado de Calderón y los magistrados en la propia SCJN, incluido el entonces presidente del máximo tribunal y ahora ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
El magistrado Ojeda Bohórquez ha negado de manera reiterada ese encuentro, en el que, de acuerdo con las versiones citadas, Gil Zuarth argumentó que si los magistrados amparaban a Cassez "no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada".
Incluso pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, previsto para 2011 pero que fue suspendido por el desencuentro entre Calderón y el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy por el caso.
El fallo de los magistrados del Tribunal Colegiado se dio a conocer el 10 de febrero de ese año. Negaron el amparo con el argumento de que, a pesar de no haber pruebas directas contra Cassez, "la prueba circunstancial" la incriminaba.
En declaraciones a esta publicación el martes 15 de febrero de 2011, cuando asistió a la toma de protesta de Pardo Rebolledo como ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez rechazó que hubiese irregularidades en torno al fallo del colegiado y aseguró que la ratificación de la condena a Cassez se fundó en los testimonios de sus tres supuestas víctimas. Aseguró que "pesaron mucho" las declaraciones de uno de ellos, Ezequiel Elizalde, y de Israel Vallarta, con quien Cassez vivió varios meses y fue procesado como jefe de Los Zodiaco.
"En conjunto, los hechos la inculpan", aseguró el magistrado. Cassez y sus abogados en México y Francia alegan que el proceso penal en su contra quedó viciado no sólo con el montaje televisivo que García Luna hizo de la detención de la francesa y Vallarta, y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, sino por las contradicciones e inconsistencias de los testimonios de los liberados.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La fuerza del gobierno calderonista se dirigió contra el principal promotor de la liberación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero según versiones de la propia Corte alcanzó a otros ministros que no lo han querido confirmar.
Zaldívar sí lo ha hecho en algunas reuniones con la prensa, pero sin entrar en detalles de los ex funcionarios o enviados que lo presionaron ni del tipo de advertencias o amenazas de que fue objeto, aunque Proceso confirmó en el propio Poder Judicial que éstas alcanzaban a su familia.
No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. "Para eso no te pusimos", le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro.
OTRO AMBIENTE
En marzo de 2012, cuando el caso de Florence Cassez se discutió por primera vez en la corte, Zaldívar era el presidente de la Primera Sala. Pero era también el ponente en la revisión del amparo 517/2011, con el que la francesa combate su condena a 60 años de cárcel, acusada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del secuestro de tres personas.
Dos semanas antes de la discusión, cuando Zaldívar decidió hacer pública su propuesta de dar un amparo "liso y llano" –que implicaba la liberación inmediata de la francesa–, el gobierno de Calderón presionó por distintos medios para que modificara su propuesta. Lo mismo hizo con otros ministros para que no apoyaran la excarcelación.
Ahora el ambiente es otro, dice el abogado de Cassez, Agustín Acosta. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha litigado el asunto en el máximo tribunal, ante los ministros de la Sala ni con el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, como lo hizo Calderón.
Pero existe incertidumbre sobre la forma en que la Primera Sala resolverá el amparo, el próximo miércoles 23. En su sesión de marzo pasado, cuatro de los cinco ministros que integran la sala establecieron que García Luna, el secretario favorito de Calderón, cometió violaciones constitucionales en la detención de Cassez, lo que podría tener consecuencias legales para el exfuncionario, como las sugirió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CRITERIOS DEL AMPARO
En la SCJN están a revisión las pruebas que armó García Luna y que en el sexenio de Calderón fueron avaladas por la Procuraduría General de la República, un juez de Distrito, un magistrado unitario y tres magistrados de un tribunal colegiado, quienes desestimaron tanto el montaje televisivo sobre la detención de Cassez como su exculpación hecha por el exnovio y señalado como el jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta.
Lo que ha hecho la ministra Olga Sánchez Cordero, quien el próximo miércoles será la ponente de la resolución del caso, es reconsiderar las pruebas presentadas por García Luna, quien detuvo a Cassez en diciembre de 2005, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, pero la retuvo un día, evitó dar aviso al consulado francés y la declaró sin abogado, en violación no sólo de la Constitución sino de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
En sintonía con la propuesta del ministro José Ramón Cossío, la ministra podría regresar "un cascarón" de pruebas al Primer Tribunal Unitario del Distrito Federal, según allegados a esa ponencia. En la sesión del 21 de marzo de 2012 Cossío propuso revisar la solicitud de amparo pero sin dos de los testimonios clave de García Luna por considerar que carecen de veracidad, los de Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian.
Además de esas dos pruebas propuestas por Cossío para desecharse, que corresponden a las declaraciones de dos de los supuestos secuestrados de Cassez, la ministra debió considerar el parte policial sobre la detención de la ciudadana francesa y el testimonio del tercero de sus presuntos secuestrados, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, quien desde un principio la ha inculpado, pero cuyo plagio, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue planeado por su propia madre para sacarle dinero al papá.
De los cuatro ministros que responsabilizaron a García Luna de violar la Constitución, tres favorecieron darle el amparo a Cassez, pero no se pusieron de acuerdo en para qué. Dos de ellos, el entonces ministro ponente Arturo Zaldívar y la propia Sánchez Cordero, apoyaron un amparo "liso y llano" tanto por las violaciones constitucionales en su detención como en el procedimiento, lo que hubiera implicado su liberación inmediata.
El ministro Cossío Díaz también favoreció el amparo, pero "para efectos"; es decir, para regresar el expediente al Primer Tribunal Unitario sin las pruebas que la propia corte considere carentes de valor. Esa división de criterios, que se enmarca en la confrontación que existe entre los ministros Cossío y Zaldívar, tendrá que resolverse en la sesión del miércoles 23, a menos de que se decida que el caso pase al pleno de la Corte o incluso se proponga un nuevo proyecto pero a cargo de un ministro de la Segunda Sala.
EL DISCURSO DE LA IMPUNIDAD
Las presiones del gobierno de Calderón al Poder Judicial se intensificaron cuando los magistrados del Tribunal Colegiado iban a resolver el amparo solicitado por Cassez para reponer el procedimiento judicial en la causa penal por la que fue condenada, acusada de delincuencia organizada, secuestro de tres personas y portación y posesión de arma exclusiva del uso del Ejército.
De acuerdo con fuentes diplomáticas y del propio Poder Judicial, el entonces secretario particular de Calderón y actual senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, se reunió con los magistrados del Tribunal Colegiado antes de que emitieran su fallo. Por separado refirieron un encuentro en diciembre de 2010 entre el enviado de Calderón y los magistrados en la propia SCJN, incluido el entonces presidente del máximo tribunal y ahora ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
El magistrado Ojeda Bohórquez ha negado de manera reiterada ese encuentro, en el que, de acuerdo con las versiones citadas, Gil Zuarth argumentó que si los magistrados amparaban a Cassez "no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada".
Incluso pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, previsto para 2011 pero que fue suspendido por el desencuentro entre Calderón y el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy por el caso.
El fallo de los magistrados del Tribunal Colegiado se dio a conocer el 10 de febrero de ese año. Negaron el amparo con el argumento de que, a pesar de no haber pruebas directas contra Cassez, "la prueba circunstancial" la incriminaba.
En declaraciones a esta publicación el martes 15 de febrero de 2011, cuando asistió a la toma de protesta de Pardo Rebolledo como ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez rechazó que hubiese irregularidades en torno al fallo del colegiado y aseguró que la ratificación de la condena a Cassez se fundó en los testimonios de sus tres supuestas víctimas. Aseguró que "pesaron mucho" las declaraciones de uno de ellos, Ezequiel Elizalde, y de Israel Vallarta, con quien Cassez vivió varios meses y fue procesado como jefe de Los Zodiaco.
"En conjunto, los hechos la inculpan", aseguró el magistrado. Cassez y sus abogados en México y Francia alegan que el proceso penal en su contra quedó viciado no sólo con el montaje televisivo que García Luna hizo de la detención de la francesa y Vallarta, y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, sino por las contradicciones e inconsistencias de los testimonios de los liberados.
‘NI BENEFICIAN NI PERJUDICAN’
El magistrado Ojeda Bohórquez respondió que el telemontaje de la detención y otras pruebas presentadas por la defensa para demostrar la escenificación "ni benefician ni perjudican" a Cassez. Lo determinante para inculparla y negarle el amparo fue "la prueba circunstancial", insistió. Los magistrados tampoco tomaron en cuenta la tortura a la que fue sometido Vallarta.
A unas semanas de que la Primera Sala retomara el caso, el magistrado Ojeda se dirigió a este semanario para negar la versión del encuentro con Gil Zuarth al considerarla "una infamia y una falacia". Consultado, el senador panista ratificó su negativa del encuentro.
En la revisión del amparo por parte de la Primera Sala, que implica enmendar la actuación del Tribunal Colegiado, los ministros perfilaron en marzo pasado que el expediente regrese al Tribunal Unitario que redujo la condena de 90 a 60 años de prisión, pero sin varias de las pruebas que el propio colegiado dio como válidas.
La discusión en la SCJN estuvo precedida de abiertas presiones de Calderón al Poder Judicial. Un día antes que sesionara la sala, Calderón se presentó en Puebla con su secretario favorito. Ahí pronunció un discurso en el que aludió a los ministros de la Corte: dijo que no sólo debían considerar las violaciones al debido proceso, sino los derechos de las víctimas. Y con el discurso de la impunidad, responsabilizó al Poder Judicial de lo que sucediera en la seguridad pública.
Un día después, durante la ceremonia conmemorativa del 206 natalicio de Benito Juárez y a dos horas de que sesionara la Primera Sala, Silva Meza le respondió: "Jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad, no abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad; y no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho".
Sin mencionarlo directamente, la referencia del presidente de la SCJN al gobierno de Calderón y a García Luna siguió al reclamar para México "un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos de nadie".
No fue la única forma de presión de Calderón. En las dos semanas que mediaron entre la difusión del proyecto de Zaldívar y la discusión en la Primera Sala, el cabildeo de los funcionarios del pasado gobierno en las oficinas de la Corte fue intenso. Al frente de esa tarea estuvo el entonces consejero jurídico de la presidencia, Miguel Alessio Robles.
En su pretensión de echar abajo el proyecto de Zaldívar y mantener en la cárcel a Cassez, Calderón también utilizó a la activista y excandidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace. En los días previos a la sesión, la señora arremetió contra el proyecto del ministro ante la prensa y en las propias oficinas de los integrantes de la Primera Sala, hasta donde llevó a los alegados secuestrados de Florence Cassez, incluida Cristina Ríos Valladares, cuyo testimonio puede ser declarado inválido por la corte.JORGE CARRASCO ARAIZAGA
No hay comentarios:
Publicar un comentario