La semana pasada visitaron la ciudad de México dos rarámuris de
Choreachi, el siríame (gobernador) Ángel Manchado Ramos y su ayudante traductor
Prudencio Ramos Ramos, apoyados por la organización Alianza Sierra Madre.
Vinieron a solicitar personalmente firmas para un amicus curiae que el
día de hoy presentarán al quinto distrito del Tribunal Unitario Agrario, con
sede en la ciudad de Chihuahua. Pocos imaginamos el esfuerzo que significa salir
de su comunidad, cruzar la barranca la Sinforosa a pie durante ocho horas para
llegar al municipio de Guachóchi y conseguir cómo trasladarse a la capital del
estado, otras ocho horas por carretera y de ahí afortunadamente les consiguieron
pasaje en avión.
Tras visitar a quienes firmamos el amicus, convocaron a una
conferencia de prensa donde constataron que no son noticia para la mayoría de
los medios, salvo La Jornada y el Diario de Juárez. En
realidad los rarámuris sólo recibieron atención cuando se habló de la
hambrunael año pasado y los funcionarios de Sedeso argumentaban que les quedaban muy lejos para llevarles víveres y a muchos los habían borrado del programa Oportunidades porque no bajaban a firmar, porque así son las reglas de operación. La gran noticia que vinieron a mostrarnos es que están en pie de lucha ante los tribunales en defensa de su territorio ancestral, que los últimos 30 años se han empeñado en impedir que los mestizos, chabochis, amparados en resoluciones agrarias que han mutilado su territorio sigan destruyendo el bosque. El síriame en rarámuri nos dijo:
Vengo a pedir apoyo de acá de México para presentar a autoridades; venimos porque tenemos gran problema de las comunidades; que respeten nuestro territorio de Choreachi, porque nosotros no vivimos con mestizos; ellos acaban nuestros bosques y por eso estamos tristes, los bosques también están tristes, pobrecitos, porque no hablan; cualquiera viene, los corta y se los lleva; porque no va a haber lluvia, nuestras familias no tendrán maíz; que nos respeten, por favor; ahí vivimos, ahí vivían mis tatarabuelos, mis padres.
En Choreachi se concentra el centro ceremonial de más de cincuenta rancherías dispersas. La autonomía es ancestral, aun cuando su discurso no la mencione como tal. Además habría que señalar que estamos ante un pueblo que se autoidentifica como gentil, es decir, no bautizado, lo cual es parte de su cosmovisión frente a lo que se considera ajeno. Su ritualidad está ligada también al onorúame (dios) pero no es el mismo que el de los cristianos.
Para los rarámuris la tierra es donde tienen la casa, donde siembran, y el
territorio es el bosque, la flora, la fauna es el lugar donde se reproduce el
ciclo de vida, su cosmovisión es integral en el vínculo de su supervivencia y la
de la naturaleza, En cambio, los mestizos que explotan el bosque por décadas han
contado con respaldos políticos del PRI y el PAN para lograr resoluciones en su
favor y permisos forestales de explotación.
Los habitantes de Choreachi han realizado marchas y plantones en la ciudad de Chihuahua, práctica no muy común entre los rarámuris. Han llegado con todas las familias en busca de justicia. Su demanda central es ni más ni menos que el reconocimiento como pueblo indígena con territorio propio, más allá de la dimensión agraria ejidal. Su caso es representativo de lo que significó la política agraria de superponer tierras y mutilar su territorio, parte del mismo se lo asignaron a la comunidad mestiza Coloradas de Chávez, que es la que está saqueando el bosque. Por ello demandan que se les restituya.
Precisamente Choreachi ha logrado la suspensión de uno de esos permisos, aun cuando demanda la nulidad absoluta de la autorización a la modificación del aprovechamiento de los recursos forestales y del programa de manejo forestal avanzado otorgado a la comunidad de Coloradas de los Chávez, municipio de Guadalupe y Calvo. En Chihuahua los rarámuris han logrado algunos triunfos en materia agraria en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, así como Mogotabo, Huetosachi y Bajajipare del municipio de Urique. La cuestión de fondo que se plantea ampliamente en el amicus curiae es colocar ante los juzgadores las razones del derecho en favor de los pueblos indígenas. Se trata de impulsar la aplicación de los tratados internacionales y relacionarlos con las normas constitucionales nacionales; ampliar la visión agraria, para hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional. Esperamos que la resolución próxima del Tribunal Unitario Agrario, quinto distrito, fije un precedente jurídico histórico que permita la recuperación del territorio de Choreachi. Este caso nos muestra la complejidad de procesos que viven los pueblos indígenas en todo el país y las condiciones de algunos les impiden una mayor movilidad y articulación. Una nueva etapa del Congreso Nacional Indígena debería mirar más hacia el norte.
Los habitantes de Choreachi han realizado marchas y plantones en la ciudad de Chihuahua, práctica no muy común entre los rarámuris. Han llegado con todas las familias en busca de justicia. Su demanda central es ni más ni menos que el reconocimiento como pueblo indígena con territorio propio, más allá de la dimensión agraria ejidal. Su caso es representativo de lo que significó la política agraria de superponer tierras y mutilar su territorio, parte del mismo se lo asignaron a la comunidad mestiza Coloradas de Chávez, que es la que está saqueando el bosque. Por ello demandan que se les restituya.
Precisamente Choreachi ha logrado la suspensión de uno de esos permisos, aun cuando demanda la nulidad absoluta de la autorización a la modificación del aprovechamiento de los recursos forestales y del programa de manejo forestal avanzado otorgado a la comunidad de Coloradas de los Chávez, municipio de Guadalupe y Calvo. En Chihuahua los rarámuris han logrado algunos triunfos en materia agraria en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, así como Mogotabo, Huetosachi y Bajajipare del municipio de Urique. La cuestión de fondo que se plantea ampliamente en el amicus curiae es colocar ante los juzgadores las razones del derecho en favor de los pueblos indígenas. Se trata de impulsar la aplicación de los tratados internacionales y relacionarlos con las normas constitucionales nacionales; ampliar la visión agraria, para hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional. Esperamos que la resolución próxima del Tribunal Unitario Agrario, quinto distrito, fije un precedente jurídico histórico que permita la recuperación del territorio de Choreachi. Este caso nos muestra la complejidad de procesos que viven los pueblos indígenas en todo el país y las condiciones de algunos les impiden una mayor movilidad y articulación. Una nueva etapa del Congreso Nacional Indígena debería mirar más hacia el norte.
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