Astillero

Narcoelecciones

Sufragio en efectivo

Escupir al cielo

Patriotas de nómina

Julio Hernández López

La narcopolítica es una realidad en México. A la ampliamente sabida debilidad institucional ha correspondido supletoriamente el poder económico y social de los cárteles, que no buscan cambios ni promueven planes más allá de su necesidad mercantil de contar con protección y movilidad suficientes para sus tareas sustancialmente relacionadas con la exportación.

El priísmo mantuvo una convivencia discreta pero eficaz con capos y organizaciones criminales, procurando una delimitación tajante de campos de acción: los políticos casi nunca manejaban directamente los negocios de la droga ni los jefes de estos bandos se metían abiertamente en asuntos políticos; aquéllos daban impunidad y viabilidad y éstos daban fondos para campañas y para cuentas personales de los funcionarios. Fox desplegó una política de entendimiento tramposo: muy al principio sobrellevó ciertas relaciones de conveniencia mínima con la mayoría de los grupos del narcotráfico pero luego se cargó en la ayuda al tradicional capo favorito de cada sexenio, que en este caso fue El Chapo Guzmán, liberado a principios del régimen “del cambio” para que se convirtiera en el jefe institucional de ese negocio consentido. Tal desequilibrio extremo abrió las puertas de la confrontación creciente, cruenta, pues de manera insólita el aparato foxista de conducción del gran negocio se convirtió en perseguidor de los contrincantes comerciales de El Chapo, mediante funcionarios de alto nivel que tomaron abierto partido por uno de los bandos, generando las reacciones desesperadas y exacerbadas de los desfavorecidos.

Calderón tomó el tema de las drogas como pretexto para militarizar el país y para establecer nuevos términos comerciales. Pero, en su andar fallido, el felipismo ha debido ceder terreno político a muchos factores reales de poder, entre ellos los gobernadores, principalmente los priístas, y éstos han hecho pactos regionales de entendimiento que pasaron espectacularmente por la aportación de fondos para el financiamiento de las apabullantes campañas electorales que desembocaron en julio pasado con el “sorprendente” triunfo del PRI en gubernaturas y en San Lázaro (Sufragio en efectivo, como preámbulo de la Sí relección).

Sin embargo, el tema de esa infiltración criminal fue abordado ayer en un congreso internacional por Leonardo Valdés Zurita y Felipe Calderón (consejero presidente del IFE, el primero; consejero de Los Pinos, el segundo), dúo dinámico que alertó sobre los riesgos de que suceda lo que, se dice en esta columna, ya ha sucedido. Los párrafos de alerta arrojaron luces hacia el futuro, sin conceder que la fuerza económica y social del narco es, ya, un ingrediente de definiciones políticas y de operación cotidiana, instalado en diferentes nichos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, no sólo en los ámbitos visibles de lo policiaco y lo judicial.

Ese factor sombrío ha sido poco analizado en función de los difíciles comicios de 2012. Contra las previsiones que suponían que las regiones dominadas por el narcotráfico sufrirían obstrucciones en el proceso electoral de 2009, los incidentes fueron prácticamente inexistentes, como si los propios cárteles estuvieran de acuerdo en el flujo natural de esos comicios que finalmente ganó el PRI. Pero, hacia 2012, esa fuerza paramilitar “sin control” podría decidir vetos, cotos, amenazas e incluso acciones directas en función de intereses, pactos y órdenes. A la mafia que suele denunciar el lopezobradorismo habría de sumarse el riesgo de que mafiosos explícitos, no vergonzantes, pretendan frenar, desviar o definir el curso electoral venidero. Para impedir esa distorsión extrema no hay instancias eficaces ni voluntad real: la narcopolítica es una realidad palpitante y sus efectos pueden causar secuestros y destazamientos políticos y electorales sobre pedido.

Astillas

No está la cúpula vaticana en las mejores circunstancias para lanzar anatemas en materia de conductas sexuales. Personajes de todos los niveles de la estructura clerical (algunos tan relevantes como el fundador y jefe de los Legionarios de Cristo, ya difunto) han sido acusados de pederastia, homosexualidad y otros comportamientos polémicos. La misma crema cardenalicia mexicana a la que pertenece Javier Lozano Barragán ha estado involucrada en acusaciones judiciales por presunta protección a pederastas, como en el caso del primado Norberto Rivera. Pero, aun así, el homónimo del secretario federal del Trabajo ha creído oportuno advertir que los homosexuales no entrarán al cielo, cerrando declarativamente esas puertas no sólo a una comunidad cada vez más visible y menos perseguida sino, irónicamente, a una franja importante de oficiantes del catolicismo que pretenden ayudar a los mortales a encaminarse a aquellos terrenos celestes aun cuando practican lo mismo que supuestamente los inhabilitaría para sus tareas de tutela espiritual. Curas necios que acusáis... ¡Caray, mueve a llanto el patriotismo de algunos personajes heroicamente decididos a sacrificarse pooor Mexicoooooo! El secretario de catarritos, Agustín Carstens, dice que con gusto ocuparía el mando del Banco de México si su patrón, Felipe, se lo indicara; el actual ocupante de ese asiento, el transexenal Guillermo Ortiz, que lleva 12 años como gobernador de ese banco central, conmovió ayer a la nación al decir que no le haría el feo a otros seis años de extremo confort presupuestal pues... (contengan las lágrimas y pongan el Himno Nacional, por favor) “Nunca le diré que no a México”; otro ente mártir, de menor talla pero más estridencia, se aferra también a la posibilidad de servir al pueblo desde la silla delegacional de Iztapalapa. Patriotas no nos faltan... Y, mientras siguen matando y secuestrando a universitarios en Ciudad Juárez, donde el rector ha encabezado protestas públicas por ello, y donde este domingo habrá una marcha plural denominada Una solución para Juárez, ¡hasta mañana, recordando: ni un tostón al Teletón, ni una peseta a la teleta!

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