Hace más de 30 años, las organizaciones mexicanas que trafican cocaína decidieron enviar representantes a los países productores de esa droga para que tejieran relaciones con quienes podrían garantizarles impunidad. Su primeAa opción fue Colombia, pero la situación se complicó en esta nación, por lo que decidieron mudarse a Perú, donde la producción de cocaína aumentó en los últimos años. Y en este país andino los narcos mexicanos se han asociado con criminales locales que, a su vez, parecen tener debilidad por financiar los procesos electorales...
Domingo, 10 de Abril de 2011 ÁNGEL PÁEZ
LIMA, PERÚ.- Los brazos de los cárteles mexicanos de la droga son tan largos que están metidos hasta en las campañas políticas de Perú: Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y con posibilidades de ganar los comicios de este domingo 10, tuvo que retirar de la lista de candidatos de su partido al Congreso al cantante Pepe Vásquez, acusado de tener nexos con el narcotráfico. La prensa local reveló que la policía investiga a Vásquez, uno de los militantes más populares del partido fujimorista Fuerza 2011, por su presunta relación con narcos mexicanos. En enero, al presentar a sus 36 candidatos al Congreso, Keiko Fujimori dijo que los habían seleccionado con rigor y que encarnaban la transparencia y la rectitud. Pero la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú no comparte esa opinión respecto a Pepe Vásquez. El 2 de diciembre de 2010 la fuerza antinarcóticos peruana desbarató una célula criminal que intentaba llevar a Guatemala 75 kilos de cocaína. Uno de los detenidos, el mexicano José Rosas Salazar, conducía un vehículo rentado por un socio de Pepe Vásquez. El cantante negó cualquier implicación en el negocio ilícito y Keiko Fujimori, en principio, lo respaldó; pero las autoridades peruanas mostraron evidencias tan contundentes que la candidata presidencial dio de baja al cantante afroperuano.
DESDE LOS OCHENTA
No es la primera vez que el narco mexicano tiene una mano metida en la política peruana. El 18 de mayo de 1980, tras caer la dictadura militar, hubo elecciones presidenciales; uno de los candidatos era Armando Villanueva, del Partido Aprista Peruano (PAP, socialdemócrata). Pero los electores no sabían algo: el narcotraficante peruano Carlos Langberg, amigo de varios líderes apristas, financiaba la campaña de Villanueva.
Tampoco sabían que el 29 de septiembre de 1980 la Policía Judicial de México —advertida por la policía de Perú— sorprendió a Langberg en un yate de su propiedad en Acapulco. Langberg estaba en compañía de Jorge Idiáquez, brazo derecho del fundador del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre.
Villanueva no ganó las elecciones pero su partido se convirtió en la principal oposición al gobierno. En 1982 la revista peruana Caretas publicó una investigación sobre el patrocinador del periódico P.M., que se dedicaba a desprestigiar con ferocidad al presidente Belaúnde Terry: se trataba de Carlos Langberg. El narcotraficante, socio entonces del cártel de Guadalajara y que había invertido en la campaña de Villanueva, fue condenado a 14 años de cárcel por tráfico de estupefacientes.
ENVIADOS DEL NARCO
La presencia del narco mexicano en Perú se ha intensificado en la última década, lo que se refleja en el número de detenidos. El motivo: la cocaína de alta pureza que se produce en este país, cada vez en mayor cantidad.
Según el Instituto Nacional Penitenciario de Perú entre 2001 y 2005 ingresaron a cárceles peruanas 19 mexicanos acusados de narcotráfico. Entre 2006, y lo que va de 2011, el número subió a 73. Sólo en 2010 hubo un récord: 31 fueron encarcelados aquí bajo los mismos cargos. La mayoría de los detenidos pertenecían a los cárteles de Juárez, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa, las organizaciones que han dejado su rastro en el país sudamericano; se encargaban de financiar la producción de cocaína y de asegurarse de que los cargamentos llegaran a México. "A menudo los mexicanos se asocian con colombianos porque son los que tienen contacto con los productores de cocaína", explica a Proceso el director de la Dirandro, el general Carlos Morán Soto. "Aquí no vienen los capos del narcotráfico mexicano. Ellos no arriesgan el pellejo. Envían a sus empleados y a sus sicarios".
En el último lustro, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína aumentó sustantivamente en Perú, algo que también representa un aliciente para el narco mexicano. En 2004 se estimó una producción de 270 toneladas, y en 2009, de alrededor de 304. Y de ese total se decomisa menos de 10%.
Para Morán no es una novedad la presencia de narcos mexicanos en Perú, si bien aclara que cada vez es más fuerte y decisivo su papel en el negocio a gran escala de exportación de cocaína. "Entre los años setenta y los noventa los narcos mexicanos no venían a Perú a comprar droga sino que se asociaban con traficantes peruanos que les vendían la pasta básica o la cocaína y la entregaban en México. Ahora las mafias mexicanas envían a sus ‘embajadores’ para comprar directamente la droga. Les resulta más barato y les permite tener mayores ganancias", afirma el jefe antinarcóticos peruano.
Hay otro factor que explica la preferencia del narco mexicano por Perú. "En Colombia, la represión se ha sofisticado y es más difícil sacar la droga, a diferencia de Perú, donde la policía tiene dificultades para contrarrestar el flujo de cocaína hacia el exterior", afirma a Proceso el exministro del Interior y experto en temas de seguridad Fernando Rospigliosi:
"En los últimos cinco años Perú se ha convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, con lo que desplazó a Colombia. Este último país produce mucho más que Perú, pero los niveles de incautación son elevadísimos allá. Por ejemplo, en 2009 en Perú se incautaron 10 toneladas de cocaína, mientras que en Colombia se decomisaron 203. Hay más represión en Colombia que en Perú. Para los narcotraficantes mexicanos es menos peligroso comprar droga en Perú que en Colombia."
FORTUNAS FAMILIARES
Javier Reátegui —uno de los líderes del partido del ex presidente Alejandro Toledo, quien contiende por un segundo mandato— fue acusado de tener relaciones con la familia Sánchez Paredes, investigada por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
El 10 de diciembre de 1987, en un rancho de la ciudad mexicana de Pachuca, en el estado de Hidalgo, un sicario peruano ejecutó a tres paisanos suyos, entre ellos a Simón Sánchez Paredes. En la finca había un laboratorio de procesamiento de cocaína. Las investigaciones determinaron que Simón recibía con frecuencia las visitas de su hermano Perciles Sánchez Paredes, acusado de acopiar pasta básica en Perú y despacharla a México.
La policía de Hidalgo capturó al autor del homicidio de Simón Sánchez Paredes, Walter Saavedra, quien confesó que Simón y Perciles traficaban en sociedad con el narco mexicano desde los ochenta. Para la policía antinarcóticos peruana la fortuna de la familia Sánchez Paredes proviene del negocio de la droga con las organizaciones mexicanas.
En 2007 el presidente Alan García anunció una investigación al capital de los Sánchez Paredes, propietarios de un lucrativo negocio de explotación y exportación de oro que hasta la fecha mantienen.
En respuesta a la acusación de presuntas vinculaciones con los Sánchez Paredes, la dirigencia de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, sacó a la luz los vínculos del presidente y gente de su entorno con dicho clan. Incluso un miembro de esa familia, Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, dijo que donó 5 mil dólares a la campaña presidencial de Alan García en 2006.
García reaccionó de inmediato y devolvió el dinero. Luego la prensa reveló que un hijo del secretario particular del mandatario, Luis Nava, tenía negocios con los Sánchez Paredes. Una vez más el narco mexicano, por intermedio de presuntos socios peruanos, se metía a las elecciones presidenciales. El caso de los Sánchez Paredes recordó lo sucedido con Carlos Langberg.
"Langberg fue el primer narcotraficante de importancia vinculado con el narco mexicano que se infiltró en las altas esferas de la política y del poder en Perú. Tuvo relación estrecha con figuras del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y con buena parte de la dirigencia del PAP, favorito para ganar las elecciones de 1980.
"Langberg aportó dinero e infraestructura para la campaña presidencial de Armando Villanueva ese año", dice a Proceso el periodista Gustavo Gorriti, quien sacó a la luz el caso Langberg en Caretas:
"No se repite en las actuales elecciones un caso como el de Langberg pero hay que investigar casos que se le aproximan. Un ejemplo es la familia Sánchez Paredes, cuya fortuna se originaría en el narcotráfico en sociedad con mafias mexicanas, según la acusación de la policía especializada. La prensa ha documentado relaciones de los Sánchez Paredes con militantes apristas, así que tenemos que seguir investigando."
MANOS EN EL GOBIERNO
La última semana, la candidatura de Keiko Fujimori —hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien permanece en la cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad— quedó salpicada otra vez por el escándalo del narco. Keiko admitió que en 2006, en su campaña para el Congreso, una familia, los Martínez, le donó 10 mil dólares. En 1993 —cuando Alberto Fujimori era presidente— la policía encontró 353 kilos de droga en un barco que se disponía a llevar harina de pescado a Colombia. El propietario de la embarcación, Eudocio Martínez, y sus hijas Ana y Mariana, fueron enviados a prisión.
En 2000, luego de visitar a esas dos mujeres en la cárcel, Keiko logró que su padre las indultara y liberara. Ana Martínez había sido la encargada de donar los 10 mil dólares en nombre de su familia.
Además WikiLeaks filtró un cable de la embajada de Estados Unidos en Lima, fechado el 28 de noviembre de 2006, en el que evalúa la vinculación de los candidatos de entonces con la narcopolítica.
Menciona al empresario Rofilio Neyra, actual candidato al Congreso por Fuerza 2011. El cable revelado por WikiLeaks indica que Neyra, quien aspira a representar la región de Ayacucho —donde están los valles de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), el principal centro de producción de cocaína— "recibiría financiamiento del narcotráfico para su campaña". De hecho, los principales compradores de droga en el VRAE son los narcos mexicanos.
"Como nunca antes los narcotraficantes buscan representación en el gobierno y en el Congreso mediante el financiamiento de candidatos. Hay por lo menos 18 aspirantes vinculados con grupos de narcotraficantes y no necesariamente tienen antecedentes penales por tráfico de drogas", explica a Proceso el analista e investigador Jaime Antezana.
"Los financiadores de la mayor parte de esas personas son proveedores de las organizaciones de narcos mexicanos. En Perú se ha constituido una narcoburguesía exportadora y sus principales clientes son los cárteles mexicanos", añade.
La percepción del general Morán es contundente: "Mientras más crezca el negocio de la droga, mayor será su interés en influir sobre la política. En el pasado lo hizo. No podemos descartar que no lo esté intentando ahora". (APRO)
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