n Chiapas se vive un incremento de violencia paramilitar en municipios claves como Aldama, Tila y Chenalhó. Ahora se escala de manera directa contra comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como ha sido denunciado, el pasado 22 de agosto, integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron bodegas de maíz y café ubicadas en el crucero de Cuxuljá, del municipio de Ocosingo, Chiapas. A la fecha en la gama de agresiones incluida esta última, el Estado aparece como el gran ausente. En los hechos, sus propias fuerzas policiales o militares resultan sometidas al nada casual imperio paramilitar, protegido y auspiciado por actores políticos del entramado del gobierno del estado y ahora también con presencia destacada en el Congreso de la Unión (véase el esclarecedor análisis de Luis Hernández Navarro en La Jornada, 26/8/20).
A escala federal, para el caso de Aldama, el único funcionario que se ha hecho presente en Chiapas ha sido el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien hace una semana reiteró que se debe terminar la impunidad y lamentó que los acuerdos previos de no agresión hayan fracasado. Justo también en la última semana de agosto se difundieron en algunos medios versiones absurdas, muy graves y altamente provocadoras en torno al EZLN con planteamientos que implicarían su absoluta desnaturalización y abandono del proyecto que ha construido las dos últimas décadas (reproducidas y analizadas en Rompeviento televisión, 27/8/20).
En su ya largo historial, cabe destacar que el EZLN ha respetado el cese al fuego decretado a escala presidencial el 12 de enero de 1994 y aceptado desde entonces por esta fuerza política, porque no es otro el carácter que adoptó al concentrarse en la organización de los municipios autónomos y las comunidades zapatistas para formar las juntas de buen gobierno y caracoles zapatistas, experiencia autonómica inédita dentro y fuera del país. Apenas hace un año, anunciaron que rompieron el cerco con siete nuevos caracoles adicionales a los cinco existentes. Los municipios oficiales de Chiapas con nuevas zonas zapatistas son Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo. El desarrollo de todo el proyecto autonómico, pacífico, se ha dado en un entorno problemático, como la falta de recursos, la militarización y la paramilitarización de su entorno, las campañas de contrainsurgencia, de las cuales hacen parte la continuidad de los apoyos oficiales en dinero, los acosos de delincuentes y del narcotráfico entre otros factores que enmarcan su desafío al Estado mexicano para construir la autonomía en los hechos y recrear su derecho al derecho propio al margen de su reconocimiento constitucional. En los recientes encuentros internacionales de mujeres que luchan, organizados y promovidos por el EZLN, una de las evidencias que han sorprendido es que en tierras zapatistas no se vive la violencia contra las mujeres ni los feminicidios y ello es producto de su lucha y defensa tenaz.
Ya se ha desplegado una campaña de solidaridad nacional e internacional en torno a los hechos de Cuxuljá en Ocosingo, con la exigencia de justicia. El Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena denunció las agresiones y el incendio de las bodegas de las bases de apoyo zapatistas y señaló que los paramilitares operan junto al partido Morena y el gobierno, en todos sus órdenes, como parte de la guerra que desde arriba se está desplegando contra la organización de las comunidades zapatistas.
Debemos preguntarnos si en la llamada Cuarta Transformación, a sus más altos niveles, se dan cuenta de la descomposición que se vive en Chiapas y que hoy se pretende escalar la agresión al zapatismo, y si serán capaces de separar los enconos personales, ante la abierta oposición del zapatismo al actual gobierno, en especial a sus megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico y con una visión de Estado intervenir y contener al considerar que el EZLN es una fuerza con trascendencia nacional e internacional, y que ahí están involucrados pueblos indígenas con sus demandas históricas.
Ciertamente no hay motivos de esperanza en torno a tal dimensión, si nos atenemos al espectáculo del 28 de agosto, cuando en demérito de la investidura presidencial, su titular, en la conferencia mañanera, ordenó a su subalterno de comunicación que expusiera los montos que fundaciones extranjeras han aportado los últimos 14 años a organizaciones sociales para financiar la oposición al Tren Maya, que es ciertamente más reciente. De un plumazo habló y descalificó a los que llamó supuestos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ya le darán respuesta. ¿Qué puede esperar el EZLN?
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