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lun, 31 mar 2014 16:22
México, DF. Debido a la negligencia de las empresas mineras y de las autoridades federales, dos mineros fallecieron en la región carbonífera de Coahuila el pasado 27 de marzo, al caer al fondo de un pocito cuando “el desgastado cable del malacate” por el que descendían a una profundidad de 85 metros se rompió.
La Organización Familia Pasta de Conchos denunció lo anterior y agregó que las víctimas fueron Leonardo Francisco Vargas García y Misael Amaya Ibarra, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, ambos trabajadores sin experiencia ni capacitación, quienes fallecieron al caer en el fondo del pocito ubicado en camino a Aura, pasando el mineral La Florida. La Organización aseveró que debido a la negligencia patronal, no se puede considerar que se trató de un “accidente de trabajo”, sino que fueron víctimas de un riesgo que no fue atendido a tiempo por la empresa.
Durante el último año y lo que va de este, señala el texto, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) “los inspeccionó diez veces a cada uno de los centros de trabajo para que, operaran en las mejores condiciones posibles, sabiendo que, una vez que termina cada inspección, vuelven otra vez a abandonar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene”. Incluso, sostuvieron, la STPS prohibió el ingreso de trabajadores a través de un “cañón ciego”, como finalmente ocurrió.
“Lo más grave”, agregaron, es que ambas empresas continuaron extrayendo carbón de un lote minero suspendido, “debido a que, Refacciones y Materiales de Sabinas S.A. de C.V., violando las normas de seguridad e higiene, de acuerdo con el oficio SE/421/08969/2012, del cinco de octubre de 2012”.
Esto significa, denunció la Organización, “que durante casi un año y medio, estuvieron extrayendo carbón de forma ilegal atentando contra la vida de los trabajadores y contra el patrimonio de la Nación”.
Asimismo, indica el comunicado, “además de las empresas señaladas y del concesionario, la Secretaria de Economía falto a su mandato desde entonces, debido a que, en el citado oficio le dio al concesionario 50 días de prórroga para subsanar las medidas de seguridad e higiene, y de no cumplir con esta obligación, la concesión sería cancelada. Pero la Secretaria de Economía, no lo hizo”.
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