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| La vivienda destruida del capo Héctor Moreno |
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila ya citó a exfuncionarios públicos por la masacre de Allende, informó el gobernador Rubén Moreira.
“No puedo adelantar, pero ya fueron citados funcionarios públicos de ese tiempo para seguir con las indagatorias”, mencionó el mandatario sin ahondar al respecto.
Rubén Moreira comentó que la Procuraduría de Justicia estatal emprende una serie de indagatorias que arrojan que los hechos de Allende sucedieron entre abril y agosto del año 2011.
Se le cuestionó por qué las autoridades de esa época no informaron sobre la masacre, a los que respondió: “Todo eso se investigará”.
“Vamos a investigar todos los crímenes y todas las denuncias por la desaparición de personas. Estamos trabajando con todas las evidencias recogidas; las trabajamos con el gobierno federal y la policía científica”, agregó.
El gobernador de Coahuila destacó que desde el inicio de su administración interpuso una denuncia por los crímenes que se cometieron en el norte de Coahuila.
Rechazó precisar una cifra oficial sobre las personas que fueron masacradas: “El número de personas que han denunciado no corresponde a la cantidad de víctimas que se maneja”.
Informó que las más de 40 residencias que fueron dañadas por el grupo criminal “Los Zetas” no serán demolidas por la administración estatal.
La masacre de Allende y el Norte de Coahuila se derivó de una venganza de Miguel Ángel Treviño, uno de los principales líderes de la organización, contra dos de sus socios que denunciaron ante las autoridades estadunidenses el tráfico de narcóticos que realizaban “Los Zetas” por la frontera de Piedras Negras.
Uno de los socios que lo traicionó fue identificado como Héctor Moreno Villanueva, junto con su allegado José Luis Garza Gaytán, quienes huyeron a Estados Unidos cuando fueron descubiertos.
La tarde del 18 de marzo de 2011 arribaron al poblado de Allende alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados que habían viajado desde Tamaulipas, buscando a las familias de Moreno y Garza Gaytán.
La barbarie ocurrió entre marzo y agosto, ya que los sicarios estuvieron “levantado” a decenas de personas que tuviera alguno de esos apellidos, además de sus amigos e incluso a sus empleados, a quienes se llevaron para desaparecer sus cuerpos en “narco cocinas”.
También destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado por sus socios a Treviño y también un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba a quien fuera su socio.
Las víctimas de la masacre de Allende rondan las 300 personas, según cifras brindadas por Luis Reynaldo Tapia, actual alcalde de ese municipio.
A esa cantidad se suman unas 100 víctimas más , debido a que Treviño también ordenó una limpia de su organización en todo el norte del estado, y la mayoría de esos cadáveres fueron incinerados en una “narco cocina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.
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