220 CASOS EN DURANGO
Se promueven leyes para declararlos desaparecidos
domingo, 13 de abril de 2014
DURANGO, DGO., (El Universal).- Manuela Vizcarra Moreno tiene un hijo minero, una pequeña casa adquirida con crédito Infonavit y un marido desaparecido que ante la ley de Durango aún no está muerto, sino "presuntamente muerto".
Su esposo, don Manuel, forma parte de los 220 casos de presunción de muerte tramitados en Durango desde 2010 a la fecha.
Aunque la familia radica en la capital, Manuel es un minero que por temporadas se iba a trabajar a Parral, Chihuahua. Así fue hasta ese 3 de diciembre de 2010, cuando salió de su vivienda, prendió el motor de su Ford Lobo 1998 y se dirigió a un salón de reuniones en la ciudad de Durango.
En el momento en que Manuel fue levantado —contaron testigos a la Procuraduría local—, ya había terminado su estancia en el salón de reuniones y abordó su camioneta. Cuando se dispuso a abandonar el estacionamiento un vehículo le cerró el paso, de él descendieron unos hombres armados, lo sometieron con violencia y lo cambiaron de camioneta.
ASÍ FUE, INTEMPESTIVO
Esa noche, Manuela dormiría sola. Su esposo no había llegado a casa e ideó mil motivos, jamás un secuestro sin rescate.Pasaron uno, dos días, y la esperanza del regreso continuaba. Al tercer día se convenció de que algo estaba mal y decidió interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Corrieron las horas, las semanas, los meses, los años… Manuel no ha aparecido.
Una de las veces en que Manuela fue a la Fiscalía a preguntar sobre los avances de las investigaciones, comentó que estaba en medio de una crisis económica nunca antes vivida: los burós de cobranza del Infonavit no la dejaban en paz, los bancos le mandaban estados de cuenta con deudas cada vez más abultadas por los intereses y no tenía Seguro Social. No sabía qué hacer. Ella nunca había trabajado.
No podía cubrir el pasivo y la banca consideraba que su marido estaba vivo y activo, por lo tanto debía de saldar su adeudo.
En la Fiscalía le dijeron que aguantara unos meses más y que cuando su esposo cumpliera un año de desaparición fuera a la Comisión de Atención a Familiares de Víctimas de la Violencia a tramitar un acta de presunción de muerte, porque el certificado de defunción no podía entregarse hasta tener la certeza de que había fallecido.
El acta de presunción de muerte es un documento que sirve como sustituto del acta de defunción. Así, el familiar puede saldar las deudas de la persona desaparecida y agilizar trámites oficiales.
A Manuela el acta de presunción de muerte le sirvió para librarse de una deuda de 300 mil pesos con el Infonavit, pudo cobrar una pensión de 3 mil pesos al mes de su marido y obtuvo seguridad social.
Los bancos aún le siguen cobrando un monto que supera los 50 mil pesos, no han querido hacer valer el acta a pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya los exhortó.
ACORTAN TIEMPOS DE TRÁMITE
Desde que inició el combate al crimen organizado emprendido por el ex presidente Felipe Calderón, al menos 13 estados han modificado sus leyes, particularmente sus códigos civiles y familiares, para acortar los tiempos de la declaratoria de presunción de muerte y tratar de garantizar que la familia del desaparecido obtenga los beneficios por los derechos y bienes del ausente. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tras un cotejo con leyes estatales, se constató que los lapsos para la declaratoria de presunción de muerte van desde los tres meses hasta los dos años. Antes el trámite duraba de tres a ocho años.
Los estados que modificaron sus legislaciones son: Durango en 2010; Michoacán y Sonora en 2011; Chiapas, Estado de México y Puebla en 2012; Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Colima en 2013; Nuevo León y Chihuahua en 2014.
Morelos y Jalisco también acortaron los tiempos para la presunción de muerte, pero la primera entidad lo hizo a finales del sexenio de Vicente Fox —6 de septiembre de 2006— y la segunda al principio del periodo de Calderón —11 de enero de 2007—, cuando la violencia del narcotráfico aún no sumaba tantas víctimas.
LA LEY DE COAHUILA
El estado de Coahuila se encuentra en proceso de legislación sobre desaparecidos, aunque aquí se trabaja en la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, que garantiza el patrimonio para el desaparecido y para la familia, además de que obliga a la búsqueda del ausente. Con esto se reciben más beneficios que con la presunción de muerte. "La familia puede beneficiarse de los efectos de la figura jurídica de la presunción de muerte. No estamos decretando que ya murió (la persona). Se toman prestados los beneficios de la figura jurídica sin decretar muerte alguna. Es un mensaje muy importante para las familias", explica Juan López, asesor jurídico de Fundec y Fundem.
Para Amnistía Internacional la figura de presunción de muerte es benéfica, pero si ésta no va acompañada por una verdadera investigación y búsqueda de parte de las autoridades, como es el caso mexicano, siempre será un paliativo.
"¿Esa medida soluciona el problema de las desapariciones? No, porque no se está investigando de fondo", cuestiona Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
LOS DESAPARECIDOS
De acuerdo con cifras emitidas en 2013 por la CNDH en materia de desaparecidos, la tragedia llega a las 24 mil 800 personas, mientras que el Cenapi, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), reporta 26 mil 121. Sin embargo, al hacer el cruce de nombres entre ambas listas, menciona en entrevista el primer visitador de la Comisión, Luis García López-Guerrero, sólo coinciden los nombres en cerca de 3 mil 500 personas, el resto son diferentes. Esto indica que el número de desaparecidos puede ser mayor.
"Que si hacemos una compulsa, una primera compulsa, los números del Cenapi, por ejemplo, no coinciden con los que tiene la Comisión Nacional (de los Derechos Humanos), entonces ya no son 24 mil nada más, sino 24 mil más los 20 y tantos mil de ellos, y la coincidencia es muy pequeña", advierte.
El problema más grande que se tiene en la búsqueda y localización de los desaparecidos, cuenta García, es la poca coordinación institucional. Ni siquiera se tiene un registro nacional confiable y depurado.
"Lo que hay que resolver primero es un registro eficaz, determinar uno a uno qué pasó con cada uno de los casos, y en aquellos en los que haya intervención de agentes del Estado o del crimen organizado, que se investigue y se llegue a los culpables", dice.
DURANGO,EL PIONERO DEL NORTE
De 2008 a 2011 Durango sufrió uno de sus peores momentos de violencia. La batalla del gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles y la pugna entre estas organizaciones criminales incrementó el número de homicidios: de 174 en 2007 a mil 63 en 2011, según cifras del Inegi.
También aumentaron las personas desaparecidas y se empezaron a hallar cientos de restos humanos en fosas clandestinas. Los familiares demandaron solución a dos problemas básicos: la búsqueda efectiva de sus desaparecidos y el problema económico-legal en el que los dejaba la ausencia de la persona, que en la mayoría de los casos era el jefe de familia.
Esto obligó al Congreso del estado de Durango a actualizar —en junio de 2010— la antigua figura legal llamada presunción de muerte y acortarla en sus tiempos. Para ello se modificó el artículo 699 del Código Civil.
Su esposo, don Manuel, forma parte de los 220 casos de presunción de muerte tramitados en Durango desde 2010 a la fecha.
Aunque la familia radica en la capital, Manuel es un minero que por temporadas se iba a trabajar a Parral, Chihuahua. Así fue hasta ese 3 de diciembre de 2010, cuando salió de su vivienda, prendió el motor de su Ford Lobo 1998 y se dirigió a un salón de reuniones en la ciudad de Durango.
En el momento en que Manuel fue levantado —contaron testigos a la Procuraduría local—, ya había terminado su estancia en el salón de reuniones y abordó su camioneta. Cuando se dispuso a abandonar el estacionamiento un vehículo le cerró el paso, de él descendieron unos hombres armados, lo sometieron con violencia y lo cambiaron de camioneta.
ASÍ FUE, INTEMPESTIVO
Esa noche, Manuela dormiría sola. Su esposo no había llegado a casa e ideó mil motivos, jamás un secuestro sin rescate.Pasaron uno, dos días, y la esperanza del regreso continuaba. Al tercer día se convenció de que algo estaba mal y decidió interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Corrieron las horas, las semanas, los meses, los años… Manuel no ha aparecido.
Una de las veces en que Manuela fue a la Fiscalía a preguntar sobre los avances de las investigaciones, comentó que estaba en medio de una crisis económica nunca antes vivida: los burós de cobranza del Infonavit no la dejaban en paz, los bancos le mandaban estados de cuenta con deudas cada vez más abultadas por los intereses y no tenía Seguro Social. No sabía qué hacer. Ella nunca había trabajado.
No podía cubrir el pasivo y la banca consideraba que su marido estaba vivo y activo, por lo tanto debía de saldar su adeudo.
En la Fiscalía le dijeron que aguantara unos meses más y que cuando su esposo cumpliera un año de desaparición fuera a la Comisión de Atención a Familiares de Víctimas de la Violencia a tramitar un acta de presunción de muerte, porque el certificado de defunción no podía entregarse hasta tener la certeza de que había fallecido.
El acta de presunción de muerte es un documento que sirve como sustituto del acta de defunción. Así, el familiar puede saldar las deudas de la persona desaparecida y agilizar trámites oficiales.
A Manuela el acta de presunción de muerte le sirvió para librarse de una deuda de 300 mil pesos con el Infonavit, pudo cobrar una pensión de 3 mil pesos al mes de su marido y obtuvo seguridad social.
Los bancos aún le siguen cobrando un monto que supera los 50 mil pesos, no han querido hacer valer el acta a pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya los exhortó.
ACORTAN TIEMPOS DE TRÁMITE
Desde que inició el combate al crimen organizado emprendido por el ex presidente Felipe Calderón, al menos 13 estados han modificado sus leyes, particularmente sus códigos civiles y familiares, para acortar los tiempos de la declaratoria de presunción de muerte y tratar de garantizar que la familia del desaparecido obtenga los beneficios por los derechos y bienes del ausente. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tras un cotejo con leyes estatales, se constató que los lapsos para la declaratoria de presunción de muerte van desde los tres meses hasta los dos años. Antes el trámite duraba de tres a ocho años.
Los estados que modificaron sus legislaciones son: Durango en 2010; Michoacán y Sonora en 2011; Chiapas, Estado de México y Puebla en 2012; Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Colima en 2013; Nuevo León y Chihuahua en 2014.
Morelos y Jalisco también acortaron los tiempos para la presunción de muerte, pero la primera entidad lo hizo a finales del sexenio de Vicente Fox —6 de septiembre de 2006— y la segunda al principio del periodo de Calderón —11 de enero de 2007—, cuando la violencia del narcotráfico aún no sumaba tantas víctimas.
LA LEY DE COAHUILA
El estado de Coahuila se encuentra en proceso de legislación sobre desaparecidos, aunque aquí se trabaja en la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, que garantiza el patrimonio para el desaparecido y para la familia, además de que obliga a la búsqueda del ausente. Con esto se reciben más beneficios que con la presunción de muerte. "La familia puede beneficiarse de los efectos de la figura jurídica de la presunción de muerte. No estamos decretando que ya murió (la persona). Se toman prestados los beneficios de la figura jurídica sin decretar muerte alguna. Es un mensaje muy importante para las familias", explica Juan López, asesor jurídico de Fundec y Fundem.
Para Amnistía Internacional la figura de presunción de muerte es benéfica, pero si ésta no va acompañada por una verdadera investigación y búsqueda de parte de las autoridades, como es el caso mexicano, siempre será un paliativo.
"¿Esa medida soluciona el problema de las desapariciones? No, porque no se está investigando de fondo", cuestiona Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
LOS DESAPARECIDOS
De acuerdo con cifras emitidas en 2013 por la CNDH en materia de desaparecidos, la tragedia llega a las 24 mil 800 personas, mientras que el Cenapi, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), reporta 26 mil 121. Sin embargo, al hacer el cruce de nombres entre ambas listas, menciona en entrevista el primer visitador de la Comisión, Luis García López-Guerrero, sólo coinciden los nombres en cerca de 3 mil 500 personas, el resto son diferentes. Esto indica que el número de desaparecidos puede ser mayor.
"Que si hacemos una compulsa, una primera compulsa, los números del Cenapi, por ejemplo, no coinciden con los que tiene la Comisión Nacional (de los Derechos Humanos), entonces ya no son 24 mil nada más, sino 24 mil más los 20 y tantos mil de ellos, y la coincidencia es muy pequeña", advierte.
El problema más grande que se tiene en la búsqueda y localización de los desaparecidos, cuenta García, es la poca coordinación institucional. Ni siquiera se tiene un registro nacional confiable y depurado.
"Lo que hay que resolver primero es un registro eficaz, determinar uno a uno qué pasó con cada uno de los casos, y en aquellos en los que haya intervención de agentes del Estado o del crimen organizado, que se investigue y se llegue a los culpables", dice.
DURANGO,EL PIONERO DEL NORTE
De 2008 a 2011 Durango sufrió uno de sus peores momentos de violencia. La batalla del gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles y la pugna entre estas organizaciones criminales incrementó el número de homicidios: de 174 en 2007 a mil 63 en 2011, según cifras del Inegi.
También aumentaron las personas desaparecidas y se empezaron a hallar cientos de restos humanos en fosas clandestinas. Los familiares demandaron solución a dos problemas básicos: la búsqueda efectiva de sus desaparecidos y el problema económico-legal en el que los dejaba la ausencia de la persona, que en la mayoría de los casos era el jefe de familia.
Esto obligó al Congreso del estado de Durango a actualizar —en junio de 2010— la antigua figura legal llamada presunción de muerte y acortarla en sus tiempos. Para ello se modificó el artículo 699 del Código Civil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario