LA ONU, IMPLACABLE
Hay resistencia de funcionarios federales a cumplir sentencias sobre derechos humanos
domingo, 27 de abril de 2014
MÉXICO, DF (Apro).- La impunidad que origina violencia y violaciones al derecho a la vida, la militarización de la seguridad pública, la manipulación de pruebas y la utilización de chivos expiatorios que convierten "a la justicia en una farsa" son algunos de los males que diagnostica a México el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En su informe final como resultado de la visita que realizó al país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, el cual esentará en el 26º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, del 10 al 27 de junio próximo, Heyns "observa con preocupación que México sigue sufriendo niveles alarmantes de violencia. Se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable".
En el documento, del cual este semanario tiene copia, el relator señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto modificó la retórica oficial respecto de la manejada por su predecesor, Felipe Calderón, quien lanzó en 2007 la "guerra contra el narcotráfico".
Y aunque desde su toma de posesión y la firma del Pacto por México Peña Nieto se comprometió a "recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia", el experto originario de Sudáfrica advierte: "Lo que todavía hace falta son estrategias sobre la forma en que se han de alcanzar esos objetivos".
El año pasado, cuando visitó México, el relator especial de la ONU dijo a Proceso que llegaba "en un momento muy oportuno, en un momento de transición, pues hay tantos cambios institucionales, tantos cambios jurídicos bajo el nuevo gobierno; incluso ha cambiado la retórica, lo que es importante".
EL VENENO DE LA IMPUNIDAD
Ahora, en su informe final, pide pasar del dicho a los hechos: "Se exhorta al gobierno de México, en los niveles federal y estatal, a que vele por que se proteja el derecho a la vida, tanto en lo que respecta a cada uno de los incidentes como en las declaraciones públicas y las reformas legislativas y de política. También se hace hincapié en que un componente central de la protección del derecho a la vida es exigir que se rindan cuentas de todos los casos en que se haya vulnerado ese derecho".
Heyns recuerda que antes de su visita solicitó al Estado mexicano información sobre 31 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2012. Sólo recibió datos de 26 de ellos, y se dice preocupado de que "en muchos de esos casos de homicidio al parecer no se hayan formulado cargos y/o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas, con la consiguiente impunidad aparente".
Como hizo en su visita, en el documento Heyns reitera su reconocimiento a las reformas constitucionales en materia penal de 2008 y a las de derechos humanos de 2011, pero alerta sobre el avance de contrarreformas como la de Chihuahua, donde se ha instituido el nuevo sistema penal, y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para "que cuando hubiera una restricción al ejercicio de los derechos humanos, se aplicaría tal restricción no obstante las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales".
RESISTENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS
Catedrático en derecho de las universidades de Washington y Oxford, Heyns destaca que si bien Peña Nieto ha declarado que mantendrá a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública "hasta la aplicación de una nueva estrategia en materia de seguridad y justicia", para después retornarlas a sus cuarteles, mientras el experto redactaba su informe "todavía era escasa la información sobre la forma en que (la desmilitarización) se iba a llevar a la práctica".
Al respecto, el informe del relator cita números de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): de 52 recomendaciones emitidas entre 2006 y abril de 2013 relacionadas con violaciones del derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de la Marina (Semar). Esto "pone de manifiesto los riesgos que conlleva la asignación de tareas de protección de la seguridad pública a cuerpos militares", comenta el funcionario de la ONU.
Asimismo, cuestiona la labor de la CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, ya que de las 52 recomendaciones mencionadas, 18 se consideraron cumplidas pero "ello no se tradujo necesariamente en el enjuiciamiento efectivo de los responsables de violaciones del derecho a la vida, como en el caso de los dos estudiantes muertos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (marzo 2010)".
También considera indeseable la prevalencia del fuero castrense para juzgar a personal militar que incurre en violaciones a derechos humanos contra civiles, entre ellas el homicidio, a pesar de la existencia de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan reformas legislativas para cambiar esa situación.
En cuanto a la reforma al Código de Justicia Militar, lamenta que la versión a la que tuvo acceso antes de finalizar la redacción de su informe, el 4 de diciembre pasado, haya "sido suavizada y no tratara el problema de la reducción de la competencia de la jurisdicción militar de forma inequívoca".
Por eso el relator recomienda a México ir más allá y "que considere la posibilidad de establecer la jurisdicción civil para todas las cusas relativas a homicidios cometidos por militares, incluso cuando la víctima no sea civil".
En el mismo texto dice que no se explica por qué si el gobierno de Peña Nieto difundió que en el sexenio de Calderón se registraron 102 mil 696 asesinatos –unos 70 mil relacionados con el tráfico de drogas–, "el homicidio no figura entre los delitos enumerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada".
Peor aún sería, en opinión del funcionario de la ONU, que "las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que ‘el problema se resolvería solo’ cuando el miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa forma de pensar menoscaba el valor mismo de la vida".
Igual de alarmante es para Heyns que las autoridades no hayan preservado pruebas de muchos casos, y que ahí donde se involucraron integrantes de las Fuerzas Armadas se haya manipulado la escena del crimen, como ocurrió en el ITESM, en marzo de 2010. "Incluso las versiones oficiales reconocen que no se ha avanzado en la investigación para dar con los responsables de las muertes o la manipulación de las pruebas" en dicho caso.
Resalta la implicación de inocentes, "por lo general vulnerables, en crímenes, muchas veces tras la obtención de confesiones obtenidas bajo tortura –como presuntamente ocurrió en el caso de Israel Arzate, acusado de la masacre de estudiantes en Ciudad Juárez en enero de 2010– o bien en virtud del testimonio de supuestos testigos que no estaban presentes en el lugar del delito". Dicha "utilización de chivos expiatorios convierte a la justicia en una farsa. Si bien de esa forma se crea una ilusión de rendición de cuentas, en realidad se está cometiendo una doble injusticia".
EL VENENO DE LA IMPUNIDAD
Entre las prácticas que profundizan la impunidad, la cual según la CNDH cubre entre 98% y 99% de los crímenes cometidos en México, Heynz incluye la falta de independencia de las instituciones de administración de justicia, cuya expresión más grave son los "temores ante actos de intimidación, las amenazas y las agresiones de que son objeto los fiscales u otras autoridades judiciales", escenario compartido por los servicios forenses estatales.
Otro espacio importante en el texto del experto sudafricano se destina al "legado de la guerra sucia", es decir, a los crímenes cometidos durante las masacres de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971; al caso del guerrillero Diego Lucero, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, detenido, interrogado, torturado y "ejecutado por agentes de las fuerzas del orden en el estado de Chihuahua", así como a los obstáculos que enfrenta la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época.
En cuanto a los periodistas, "según la CNDH, 83 han sido asesinados desde el año 2000". Corren más riesgo los "que informan de la delincuencia y los funcionarios públicos", en tanto que, con datos de la propia comisión, "desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte".
GLORIA LETICIA DÍAZ
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