Por: Emma Martínez / 11 junio, 2015
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(11 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El más reciente informe de la organización Periodistas en Riesgo incluye un análisis de los casos documentados de agresiones contra periodistas: 209 agresiones reportadas ante las autoridades; 143 agresiones físicas; 43 golpizas por parte de policías; 27 detenciones arbitrarias; 17 golpizas por parte de manifestantes; 13 homicidios; 13 secuestros; 46 agresiones psicológicas y 6 agresiones legales. El informe destaca que las agresiones son perpetradas tanto por miembros del crimen organizado, como por policías y autoridades locales, asegurando que no sólo realizan los ataques, sino que su reacción ante las denuncias de agresiones suelen ser tardías y omisas.
Verónica Basurto, periodista independiente. Durante ocho meses, junto a su colega francesa Laurence Cuvillier, del canal France 24, filmó un documental sobre las irregularidades que marcaban investigaciones de casos de secuestro, procesos indebidos en los que estaban inmiscuidos funcionarios de alto nivel. Las periodistas empezaron a dar a conocer las torturas y presiones que padecían los acusados y ciertos testigos en esos casos.
Pocos meses después, Basurto fue víctima de repetidas amenazas de muerte y de persecuciones. Ella fue de las pocas periodistas a quienes se les admitió la denuncia en el Mecanismo de Protección para Periodistas en México, pero se percató que el dispositivo de seguridad que se le había ofrecido no le garantizaba una protección real.
“Renuncié a mi trabajo de investigación. No retomaré nunca más mi investigación por falta de protección del Estado mexicano, que tiene que garantizar la seguridad íntegra de mi familia y mi libertad de expresión. Por desgracia muchos periodistas ejercemos nuestro trabajo con miedo”, ha sentenciado en reiteradas ocasiones Verónica.
La periodista define el Mecanismo como “de reacción tardía, lentitud burocrática, dispositivo demasiado laxo (no es confiable, ni tiene credibilidad)”. Asegurando que el modelo de ‘supuesta’ protección es un fracaso en lo que concierne a disminuir los riesgos ligados a la actividad profesional.
En la última década, México pasó de ser un país riesgoso para ejercer el periodismo, a ser uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas. “Lo que pasa en ese territorio de ninguna manera son casos aislados, ya que tan sólo en los primeros nueve meses de 2014, se documentaron 222 agresiones contra miembros de la prensa, sin que aún hoy el gobierno tomé el tema como uno de los principales en su agenda, ni siquiera porque su país padece, en gran parte de los casos, peores masacres que en las mimas zonas de guerra de Medio Oriente”, asegura para Revolución TRESPUNTOCERO Hannah Smith, colaboradora de la Washington Office on Latin America (WOLA).
En 2012 el gobierno creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, promovido “a la luz de las agresiones y amenazas continuas hacía periodistas, y en respuesta a la presión de organizaciones de la sociedad civil. El cual responderá de forma integral, rápida y eficaz a las peticiones de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, siendo esto un logro encomiable”, versa el documento dictado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Sin embargo, a dos años y medio de su creación, testimonios y señalamientos de diversas organizaciones de Defensa de Derechos Humanos y libertad de expresión coinciden en que “el Mecanismo mantiene múltiples obstáculos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de los derechos humanos vulnerables”.
Dentro de los cuestionamientos de WOLA a dicho Mecanismo, se encuentra la pérdida de una tercera parte del personal que lo integraba, incluido el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), que supervisa el Mecanismo.
A esto se le sumó la ausencia de los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, que no participaron en la Junta de Gobierno. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró, a mediados de 2014 ante los medios de comunicación, que el proyecto había fracasado, no sin antes comprometerse a reestructurarlo y a incluir a la sociedad civil en el proceso de reestructuración, lo cual no significaba que ‘abandonarían’ a los periodistas que solicitaran protección.
“El abandonó empezó con la falta de personal, difícil de creer ya que serían los defensores de las vidas de los periodistas, se profundizó dicho problema con la falta de fondos que inhibieron la capacidad del Mecanismo, el gobierno no invirtió y aún en 2015 no lo ha hecho, sino todo lo contrario, el gobierno federal se ha esforzado en estos últimos meses en implementar otra clase de mecanismo, el de la desacreditación y criminalización de los periodistas, dando a entender que el gobierno no respeta, ni reconoce, ni le importa el trabajo de estos profesionistas, y como resultado no dará protección”, comenta Smith.
Más de una veintena de organizaciones expresaron recientemente su preocupación “ante la crisis que está frenando la implementación del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en los últimos meses”, pues aunque Roberto Campa Cifraín fue nombrado Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el 23 de abril del 2015, aún persiste la ausencia de dirección, provocando que a los periodistas se les niegue la atención a sus demandas, poniéndolos bajo riesgo.
Jade Ramírez, periodista y consejera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha sido víctima de amenazas desde 2010, la más reciente fue la del 15 de marzo pasado, cuando enviaron a su casa un sobre con una fotografía de su rostro cortada en pedazos.
Dos días alguien intentó forzar la cerradura de su domicilio. Según su abogado César Pérez, estas acciones son parte de una larga lista de agresiones contra Jade Ramírez, como uso indebido de su correo electrónico, llamadas telefónicas, y personas preguntando por ella en su domicilio particular. De acuerdo con la organización Artículo 19, tales actos de hostigamiento son producto de las decisiones que ha tomado como consejera del Mecanismo, en donde se ha desempeñado de manera crítica, señalando deficiencias como la impunidad constante con la que se mantienen las agresiones contra las y los comunicadores, porque incluso ella aún no cuenta con la protección.
“En el supuesto que el Mecanismo logre poner a trabajar a todo el equipo de protección, no garantiza que los periodistas vayan a lograr protección, porque ante lo miles de casos de periodistas muertos y hostigados física y psicológicamente, el gobierno nunca se ha pronunciado, sin dejar de lado que Peña Nieto y el conjunto de gobernadores que están al mando del país, además de las fuerzas armadas, en más de una ocasión han sido culpables directos de dichas agresiones”, afirma el periodista Rodolfo Hernández.
Al ritmo lento de la implementación se le debe agregar la falta de claridad en los criterios de admisión de casos, en donde las quejas se aceptan de forma parcial o contradictoria, lo que provoca que los periodistas corran el riesgo de ser excluidos del Mecanismo de Protección Federal; falta de medidas de prevención, las cuales raramente son puestas en marcha porque el análisis necesario para dictarlas no se lleva a cabo; la impunidad se suscita con frecuencia, debido a que la investigación generalmente no tiene avances, con líneas de averiguación poco convincentes; falta de responsabilidad compartida, los miembros del Consejo Consultivo han expresado compromiso hacia el Mecanismo de Protección, sin embargo, dado que el gobierno federal decidió que los puestos sean voluntarios y no remunerados, el tiempo que le pueden dedicar al Mecanismo es limitado por otros compromisos.
“Cuando un periodista logra obtener atención y que se tome en cuenta su caso, rara vez sucede, ya que la mayor parte del tiempo no te hacen caso, aún teniendo un revólver en la cabeza. Las medidas de protección consisten en enviar patrullas policiales a hacer rondas regulares a la casa del periodista, lo que provoque que los vecinos te relacionen con peligro, ya sea por supuestos nexos con el narco o porque publicaste algo que provocará que incendien la colonia, causando pánico o tensión entre los habitantes”, comenta Hernández.
También asegura que se les ha otorgado botones de pánico a los periodistas, además de teléfonos satelitales para que los activen en situaciones de emergencia, sin embargo, los dispositivos han fallado en la mayor parte de las ocasiones, y sobre las cámaras y sistemas de alarma en casas y medios de los periodistas, pese a que las alarmas han sonado, las autoridades o no han llegado o lo han hecho horas más tarde, porque “en México la justicia para un periodista (si es que llega), es lenta, selectiva y sin protección a víctimas, antes de cumplir amenazas”, asegura Hernández.
Según la organización Artículo 19, el Mecanismo ha recibido aproximadamente 197 peticiones de protección en poco más de año, y en la mayoría de éstas, los periodistas que las realizaron han tenido que esperar muchos meses, y en ocasiones más de un año, sin obtener respuesta del Mecanismo. “Quienes se enfrentan a serias amenazas a su integridad personal no se pueden permitir esperar una respuesta durante meses o un año. Este tipo de demoras debilitan seriamente la credibilidad del Mecanismo”, comenta Smith.
Y puntualiza, “el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México es una ley que se promulgó, pero que no existe”.
El hostigamiento al activista y comunicador Octavio Atilano Román Tirado se había denunciado sin que las autoridades lo hubieran tomado en cuenta. Fue asesinado el 11 de octubre del 2014 mientras conducía el programa Así es mi tierra, en Mazatlán, Sinaloa.
Por medio de su programa, Atilano Román denunció diversas acciones del gobierno estatal, entre ellas, el otorgamiento irregular de permisos de pesca a personas ajenas a las comunidades y cooperativas, además se pronunció en contra de la reubicación de más de mil familias desplazadas luego de que sus hogares fueran inundados por la presa Picachos. Atilano Román era el dirigente de los comuneros y fue uno de las personas que más criticó su construcción.
Hasta ahora las autoridades se han mostrado herméticas y no han podido dar con los responsables del asesinato. Al cuestionar cómo van las indagatorias, tanto la Subprocuraduría de Mazatlán como la Procuraduría de Justicia de Culiacán no aportan datos relevantes y la poca información que se logra obtener sobre su muerte es contradictoria, a decir por sus colegas.
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