Es claro que el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila, Edmundo Gómez Garza, ha iniciado una implacable campaña personal dentro de lo que él mismo ha dado en llamar “las mentiras de Rubén” Moreira Valdez.
A través de Facebook (https://www.facebook.com/edmundo.gomezgarza?fref=ts), el representante popular señala presuntas deficiencias en el desempeño del mandatario estatal, de ahí que este miente, según afirma, cuando habla maravillas de su administración al tratar sobre transparencia, ejercicio presupuestal, obra pública, promoción cultural y publicidad oficial, entre otros temas neurálgicos.
Más allá de si el congresista sólo se limita a responder, en este año electoral, una consigna partidista, llama la atención el hecho de que hace días presentó evidencias contundentes respecto de la realidad que la entidad adolece en el renglón de servicios de protección ciudadana.
En efecto, basándose en un reporte oficial del Secretariado Ejecuti9vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diputado sustenta su tesis de que el gobernador Rubén Moreira engaña a los coahuilenses cuando asegura que la actividad delictiva ha venido a menos en este sexenio.
Si atendemos a las inquietantes cifras, hallamos que la delincuencia en todas sus variantes parece haber sentado sus reales en Coahuila, ya que el índice de delitos se elevó, de enero a marzo de este año, en un inadmisible ¡22.10 por ciento!, según mis cálculos.
En palabras de Gómez Garza, “la delincuencia va en aumento, proporcionalmente igual a las declaraciones del ejecutivo que dice que el índice de criminalidad va a la baja”... ¿Quién miente? ¿Los números o el góber? Hay dos formas de combatir al crimen, una es de dientes para afuera y la otra es realmente atacando la delincuencia. En Coahuila sucede lo primero”.
Rememora que el presidente Enrique Peña confesó en Davos, Suiza, ante 1 mil 500 líderes políticos, empresariales y estudiantes, de diversos países, que México vive un clima de inseguridad, destacando la situación que prevalece en Michoacán. Ante ello, los presidentes urgieron Peña Nieto a implementar políticas que garanticen certidumbre de protección.
En este contexto, el legislador observa que “todos los gobernadores del país juran y perjuran que los índices de delincuencia han bajado, gracias al enorme esfuerzo que en conjunto realizan las fuerzas de seguridad pública federal, estatal y municipal”. Pero… “¿Y cuál es la situación real?”.
Concluimos, pues, que en esto lo más importante no es saber “quién miente” en cuestiones de seguridad pública u otros aspectos del quehacer público, sino descubrir quién dice la verdad, lo cual es menos complicado y, además, se antoja más útil. Aquí habrá que ajustarse a la milenaria sentencia “la voz del pueblo es la voz de Dios”, es decir, en este intercambio de percepciones el ciudadano es el único que tiene la verdad. Al violentado o despojado, lo menos que le interesa es saber que pasó a formar parte de una estadística de lo fatídico. Es un ser humano, cuya vida y bienes valen tanto como los de cualquier político y/o acaudalado.
En la danza de las cifras, oficiales o no, nos estamos acostumbrando a que cada víctima sea sólo un número en los informes oficiales. Por más pequeña que sea la suma de desgracias, ello denigra, es peor que si contásemos lentejas... Por mucho tiempo me he preguntado dónde está el carácter humanitario del sector público. Me resisto a creer que sólo esté en la retórica.
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