EN COLOMBIA
Carlos Slim ha repetido en Colombia la fórmula que aplica en México: amparado en un cuasimonopolio ofrece una telefonía celular cara y mala. Pero la nación sudamericana está decidida a ponerle un alto. Faltan pocos meses para que llegue a término la concesión del segundo hombre más rico del mundo. Cuando eso ocurra, el gobierno colombiano se apropiará de la infraestructura de su empresa presuntamente para ponerla a disposición de más competidores, con el afán de mejorar el servicio
domingo, 24 de noviembre de 2013
BOGOTÁ, COL. (Apro).- El próximo marzo el empresario mexicano Carlos Slim deberá entregarle a Colombia toda la infraestructura de Claro, su compañía de telefonía celular, en cumplimiento de una cláusula contractual de la concesión que obtuvo en 1994 para operar el servicio en este país.
El gobierno de Juan Manuel Santos refuerza la fiscalización y los controles sobre el consorcio de las telecomunicaciones del segundo hombre más rico del mundo para evitar que abuse de su "posición de dominio".
Según estimaciones de la Comisión Sexta del Senado, los activos que deberá revertir Claro en favor de la nación oscilan entre mil 947 millones, su valor en libros, y tres mil 790 millones de dólares, su precio de mercado.
Claro y la española Movistar —su principal competidor en Colombia— han desplegado un intenso cabildeo para tratar de frenar la entrega al Estado de la infraestructura de telefonía celular, pero la Comisión Sexta del Senado y la Contraloría General de la República levantaron un dique a esas gestiones y la Corte Constitucional determinó que cualquier activo implicado en la prestación del servicio de telefonía celular debe pasar a manos de la nación.
"El lobby de Claro ha sido brutal, pero vamos a estar muy pendientes de que este mandato legal se cumpla", dice a Proceso el senador del Partido Liberal e integrante de la Comisión Sexta Eugenio Prieto.
PAPA CALIENTE
Según fuentes del gobierno colombiano, nunca se ha pensado en negar a Claro la renovación de la concesión. De hecho el proceso respectivo empezó el pasado septiembre con la expedición de un decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en el cual esa institución convoca a los actuales operadores de telefonía celular a iniciar el trámite para renovar sus concesiones, aunque advierte que los futuros contratos establecerán "nuevas condiciones u obligaciones razonables".
El proceso de tramitación de las concesiones está marcado por el tema de la reversión de activos, que para el gobierno de Santos constituye "una papa caliente porque es algo que no esperaba", sostiene Prieto.
Hace varios meses se debate si la cláusula de reversión de activos que contenían los contratos de concesión firmados en 1994 por Claro y Movistar está o no vigente, pues en 1998 y 2009 se modificó el articulado y se estableció que en lo sucesivo los concesionarios de telefonía celular sólo debían entregar al Estado, al vencerse su licencia, "las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido" y no su infraestructura.
Un grupo de legisladores encabezados por Prieto, López Maya, Laserna y Jorge Enrique Robledo (del PDA) pidió al gobierno exigir la reversión de activos a las dos compañías, mientras cabilderos de esas empresas alegaron que tal medida es improcedente pues según la nueva legislación sólo debían entregar la frecuencia al vencerse las concesiones, las cuales tiene una vigencia de 10 años a partir de 1994, aunque en 2004 fueron prorrogadas por un periodo igual.
La Contraloría General consideró que Claro y Movistar debían cumplir la cláusula de reversión de los contratos de 1994 y presentó una demanda ante la Corte Constitucional en la cual solicitó declarar válido lo estipulado en esos primeros convenios de concesión de telefonía celular.
El máximo tribunal constitucional del país ya emitió una sentencia cuyo texto completo no ha sido divulgado, pero, según adelantó, declaró exequible o válida la cláusula de reversión, pues "la interpretación" de los operadores "desconoce la protección al patrimonio público, al permitir que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio que, de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato, podían ser amortizados por el concesionario durante ejecución".
"Esto quiere decir que las empresas han venido amortizando en sus balances y estados financieros esa infraestructura a sabiendas de que debían entregarla al Estado", asegura López Maya.
Para la Corte Constitucional, la cual divulgará la sentencia en los próximos días, quienes celebraron contratos de concesión antes de las reformas a las cláusulas de reversión de activos —Claro y Movistar— "no pueden alegar ahora que obligarlos a entregar los bienes supondría un detrimento injusto de sus intereses, porque en su momento, cuando los suscribieron, tuvieron oportunidad de incluir en sus estudios financieros la amortización de los bienes usados en la concesión".
CLÁUSULA DE REVERSIÓN
Según el titular del Mintic, Diego Molano, Claro y Movistar deberán entregar sus activos al Estado al vencerse sus concesiones, pues se trata de una decisión judicial "técnicamente imposible de revertir". Pero la semana pasada, al comparecer ante el Senado, el funcionario dijo que se debe esperar a conocer en todos sus términos la sentencia de la Corte Constitucional para evaluar sus alcances y deslizó una nueva opción: en vez de revertir los bienes de las telefónicas "estamos por que mejor se compense al Estado por estos activos".
Las palabras de Molano fueron criticadas por senadores, y la contralora general, Sandra Morelli, expresó su "preocupación por el planteamiento del ministro". La cláusula de reversión, dijo, se debe respetar y, sin mencionar a Claro, sostuvo: "Más que lo que puede costar esta infraestructura nos importa que no haya monopolios".
El gobierno de Santos, decidido promotor de la apertura económica y la inversión extranjera, está en un predicamento. Movistar, principal competencia de Slim en Latinoamérica y avasallada por Claro en el mercado colombiano —donde sólo opera 20% del tráfico de llamadas celulares— insiste en que la reversión desalentaría la inversión.
En tanto, un vocero de Claro señala a este semanario que "la compañía no se pronunciará sobre el tema de reversión hasta en tanto no se conozca (en todos sus términos) el fallo final de la Corte (Constitucional) y pueda estudiarlo a profundidad".
Felipe Castro, investigador del centro de estudios Fedesarrollo, sostiene que "desde el punto de vista legal el Estado está en todo su derecho de practicar esa reversión porque hay un fallo que así lo establece". Además esas inversiones ya fueron amortizadas por los operadores, quienes han usado esa red 20 años. "Ya la usufructuaron, la amortizaron y su reversión no necesariamente los llevará a una parálisis o una quiebra", afirma.
"El punto es", agrega, "¿para qué quiere el gobierno esa infraestructura? El gobierno no es un operador de telefonía. Lo que debe interesarle es que los operadores tengan buena infraestructura, que haya competencia y mejor servicio a mejores precios".
De acuerdo con Castro lo que debe hacer el gobierno es aprovechar el vencimiento de las concesiones para renegociar las condiciones con Claro y Movistar y establecer "nuevos compromisos en términos de cobertura y calidad en el servicio, que hoy es tan malo. Es la oportunidad perfecta para entrar a discutir estos temas y propiciar mayor competencia".
RAFAEL CRODA
BOGOTÁ, COL. (Apro).- El próximo marzo el empresario mexicano Carlos Slim deberá entregarle a Colombia toda la infraestructura de Claro, su compañía de telefonía celular, en cumplimiento de una cláusula contractual de la concesión que obtuvo en 1994 para operar el servicio en este país.
El gobierno de Juan Manuel Santos refuerza la fiscalización y los controles sobre el consorcio de las telecomunicaciones del segundo hombre más rico del mundo para evitar que abuse de su "posición de dominio".
Según estimaciones de la Comisión Sexta del Senado, los activos que deberá revertir Claro en favor de la nación oscilan entre mil 947 millones, su valor en libros, y tres mil 790 millones de dólares, su precio de mercado.
Claro y la española Movistar —su principal competidor en Colombia— han desplegado un intenso cabildeo para tratar de frenar la entrega al Estado de la infraestructura de telefonía celular, pero la Comisión Sexta del Senado y la Contraloría General de la República levantaron un dique a esas gestiones y la Corte Constitucional determinó que cualquier activo implicado en la prestación del servicio de telefonía celular debe pasar a manos de la nación.
"El lobby de Claro ha sido brutal, pero vamos a estar muy pendientes de que este mandato legal se cumpla", dice a Proceso el senador del Partido Liberal e integrante de la Comisión Sexta Eugenio Prieto.
PAPA CALIENTE
Según fuentes del gobierno colombiano, nunca se ha pensado en negar a Claro la renovación de la concesión. De hecho el proceso respectivo empezó el pasado septiembre con la expedición de un decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en el cual esa institución convoca a los actuales operadores de telefonía celular a iniciar el trámite para renovar sus concesiones, aunque advierte que los futuros contratos establecerán "nuevas condiciones u obligaciones razonables".
El proceso de tramitación de las concesiones está marcado por el tema de la reversión de activos, que para el gobierno de Santos constituye "una papa caliente porque es algo que no esperaba", sostiene Prieto.
Hace varios meses se debate si la cláusula de reversión de activos que contenían los contratos de concesión firmados en 1994 por Claro y Movistar está o no vigente, pues en 1998 y 2009 se modificó el articulado y se estableció que en lo sucesivo los concesionarios de telefonía celular sólo debían entregar al Estado, al vencerse su licencia, "las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido" y no su infraestructura.
Un grupo de legisladores encabezados por Prieto, López Maya, Laserna y Jorge Enrique Robledo (del PDA) pidió al gobierno exigir la reversión de activos a las dos compañías, mientras cabilderos de esas empresas alegaron que tal medida es improcedente pues según la nueva legislación sólo debían entregar la frecuencia al vencerse las concesiones, las cuales tiene una vigencia de 10 años a partir de 1994, aunque en 2004 fueron prorrogadas por un periodo igual.
La Contraloría General consideró que Claro y Movistar debían cumplir la cláusula de reversión de los contratos de 1994 y presentó una demanda ante la Corte Constitucional en la cual solicitó declarar válido lo estipulado en esos primeros convenios de concesión de telefonía celular.
El máximo tribunal constitucional del país ya emitió una sentencia cuyo texto completo no ha sido divulgado, pero, según adelantó, declaró exequible o válida la cláusula de reversión, pues "la interpretación" de los operadores "desconoce la protección al patrimonio público, al permitir que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio que, de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato, podían ser amortizados por el concesionario durante ejecución".
"Esto quiere decir que las empresas han venido amortizando en sus balances y estados financieros esa infraestructura a sabiendas de que debían entregarla al Estado", asegura López Maya.
Para la Corte Constitucional, la cual divulgará la sentencia en los próximos días, quienes celebraron contratos de concesión antes de las reformas a las cláusulas de reversión de activos —Claro y Movistar— "no pueden alegar ahora que obligarlos a entregar los bienes supondría un detrimento injusto de sus intereses, porque en su momento, cuando los suscribieron, tuvieron oportunidad de incluir en sus estudios financieros la amortización de los bienes usados en la concesión".
CLÁUSULA DE REVERSIÓN
Según el titular del Mintic, Diego Molano, Claro y Movistar deberán entregar sus activos al Estado al vencerse sus concesiones, pues se trata de una decisión judicial "técnicamente imposible de revertir". Pero la semana pasada, al comparecer ante el Senado, el funcionario dijo que se debe esperar a conocer en todos sus términos la sentencia de la Corte Constitucional para evaluar sus alcances y deslizó una nueva opción: en vez de revertir los bienes de las telefónicas "estamos por que mejor se compense al Estado por estos activos".
Las palabras de Molano fueron criticadas por senadores, y la contralora general, Sandra Morelli, expresó su "preocupación por el planteamiento del ministro". La cláusula de reversión, dijo, se debe respetar y, sin mencionar a Claro, sostuvo: "Más que lo que puede costar esta infraestructura nos importa que no haya monopolios".
El gobierno de Santos, decidido promotor de la apertura económica y la inversión extranjera, está en un predicamento. Movistar, principal competencia de Slim en Latinoamérica y avasallada por Claro en el mercado colombiano —donde sólo opera 20% del tráfico de llamadas celulares— insiste en que la reversión desalentaría la inversión.
En tanto, un vocero de Claro señala a este semanario que "la compañía no se pronunciará sobre el tema de reversión hasta en tanto no se conozca (en todos sus términos) el fallo final de la Corte (Constitucional) y pueda estudiarlo a profundidad".
Felipe Castro, investigador del centro de estudios Fedesarrollo, sostiene que "desde el punto de vista legal el Estado está en todo su derecho de practicar esa reversión porque hay un fallo que así lo establece". Además esas inversiones ya fueron amortizadas por los operadores, quienes han usado esa red 20 años. "Ya la usufructuaron, la amortizaron y su reversión no necesariamente los llevará a una parálisis o una quiebra", afirma.
"El punto es", agrega, "¿para qué quiere el gobierno esa infraestructura? El gobierno no es un operador de telefonía. Lo que debe interesarle es que los operadores tengan buena infraestructura, que haya competencia y mejor servicio a mejores precios".
De acuerdo con Castro lo que debe hacer el gobierno es aprovechar el vencimiento de las concesiones para renegociar las condiciones con Claro y Movistar y establecer "nuevos compromisos en términos de cobertura y calidad en el servicio, que hoy es tan malo. Es la oportunidad perfecta para entrar a discutir estos temas y propiciar mayor competencia".
RAFAEL CRODA
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