domingo, 17 de noviembre de 2013
MÉXICO, DF (Apro).- El 10 de abril de 1964, William T. Coleman Jr. y David Slawson —los dos abogados de la Comisión Warren encargados de investigar si había una conspiración interna o externa en el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy— realizaron un recorrido por la Ciudad de México. Vieron las fachadas de las embajadas y los consulados de Cuba y de la Unión Soviética, la terminal de autobuses por la que presuntamente entró y salió de la ciudad Lee Harvey Oswald en septiembre de 1963, así como el modesto Hotel del Comercio, donde se hospedó y el restaurante adyacente, donde comió.
Después, ambos abogados fueron conducidos a las oficinas de Luis Echeverría, "un poderoso funcionario mexicano que estaba a punto de ser nombrado secretario de Gobernación" y que a la postre sería presidente del país.
Echeverría, quien durante años estuvo cerca de Winston Scott, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en México, inició la conversación con Slawson y Coleman compartiendo su "fuerte convicción de que no existió una conspiración extranjera (en el asesinato de Kennedy), por lo menos no una ligada a México".
Coleman y Slawson insistieron. Le pidieron permiso a su interlocutor para entrevistar a testigos mexicanos, en especial a Silvia Durán, una mujer de izquierda que trabajaba en el consulado cubano y al parecer tuvo relación con Oswald después de que acudió a tramitar una visa.
Echeverría habló de la posibilidad de que platicaran con Durán —a quien ya había interrogado la Dirección Federal de Seguridad— sólo unos minutos; pero les advirtió que el encuentro sería informal y lejos de la embajada de Estados Unidos. La razón: El gobierno de México "no podía permitir que los investigadores de la comisión dieran la impresión de que el gobierno estadunidense realizaba una investigación oficial en territorio mexicano".
Coleman bromeó: "Nos gustaría salir a comer con Silvia Durán." Echeverría hizo un comentario de mal gusto. Dijo que "no nos divertiríamos tanto como creíamos, debido a que Durán no era una guapa cubana, sino una mexicana como cualquiera". El encuentro nunca se produjo.
El relato sobre ese episodio se incluye en el libro JFK: Caso abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy, aparecido el 27 de octubre simultáneamente con su versión original en inglés (A Cruel and Shocking Act. The Secret History of the Kennedy Assassination), escrito por el periodista de The New York Times Philip Shenon, por la editorial Random House Mondadori en su sello Debate.
Se trata de una de las muchas publicaciones surgidas con motivo del 50 aniversario del asesinato del mandatario estadounidense el 22 de noviembre de 1963.
UNA COMISIÓN ACOTADA
Todo partió de una llamada telefónica a la redacción del diario neoyorquino en la primavera de 2008. Quien lo buscaba era un prominente hombre de leyes, que había comenzado su carrera casi 50 años atrás como uno de los jóvenes abogados de la Comisión Warren, que se creó para investigar el asesinato de Kennedy.
"Ya no somos jóvenes, pero muchos de los que formamos parte de la comisión todavía estamos aquí y ésta podría ser nuestra última oportunidad de explicar lo que en realidad ocurrió", lo apremió el abogado, dice.
Así empezó un trabajo, que se prolongó cinco años. Culminó en un volumen de 743 páginas. Incluidas las profusas notas y una extensa bibliografía, no muy lejos de las 888 del informe de la propia Comisión Warren, que fue calificado como "insuficiente" y declaradamente "encubridor".
Según Shenon, él tampoco descubrió la verdad ni encontró todas las respuestas, pero está convencido de que su libro aporta nuevas evidencias sobre el asesinato de Kennedy, y que una línea clave —nunca agotada— fue la estancia de Oswald en la Ciudad de México dos meses antes del crimen.
Ninguna de las pistas y versiones conspiratorias que surgieron casi de inmediato se agotaron. En buena parte porque, como lo demostraron confesiones posteriores y documentos gradualmente desclasificados, tanto la CIA como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) escamotearon información a la comisión; evidencias y documentos probatorios fueron destruidos por decisiones colectivas o individuales; testigos rindieron falso testimonio aun bajo juramento; políticos, grupos de interés y medios de comunicación ejercieron presión para que se privilegiaran ciertas líneas y, al final, simplemente porque faltó tiempo.
La Comisión Presidencial sobre el Asesinato del Presidente Kennedy (nombre oficial) fue creada una semana después del crimen por el nuevo ocupante de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson, precisamente para contrarrestar las versiones de conspiración que circulaban por todo el país y que incluso lo involucraban. Después de todo, Kennedy había sido abatido en las calles de Dallas y Johnson era texano.
¿Querrían acaso los poderosos petroleros de Texas que el vicepresidente llegara a la presidencia para afianzar sus intereses? O, como varios otros estados segregacionistas del sur, ¿estaban los texanos igualmente furiosos por la política de derechos civiles de la administración Kennedy?
Tal vez sólo era una venganza de la mafia o de sindicalistas corruptos a los que Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general en funciones, había perseguido sin clemencia. Como fuera, Johnson tenía que enfrentar las sospechas internas si quería permanecer en la Oficina Oval y ganar las elecciones presidenciales del año siguiente.
En realidad, como buen texano, en un principio Johnson no había previsto crear una comisión federal; confiaba más en las autoridades de su estado natal que en los "entrometidos" de Washington. Además, el Departamento de Justicia descubrió con sorpresa que –en ese tiempo– el asesinato de un presidente no era un delito del orden federal. Por lo tanto, si Oswald hubiese sobrevivido, habría sido juzgado conforme a la ley de homicidios de Texas, como lo fue su asesino: Jack Ruby.
Sin embargo, la atmósfera estaba cada vez más viciada y las presiones políticas aumentaban, por lo que decidió crear una comisión bipartidista y plural, encabezada por un presidente "cuyas aptitudes judiciales y ecuanimidad sean irrefutables".
Aunque apenas lo conocía, eligió como tal a Earl Warren, el presidente de la Suprema Corte. Era un republicano apreciado tanto por sus correligionarios como por la mayoría de los demócratas, la prensa y el mundo de las leyes en general.
En un principio Warren no aceptó porque, argumentó, cada vez que un ministro aceptaba una asignación gubernamental externa, su reputación quedaba dañada; como lo fue en su caso. Pero Johnson lo puso ante hechos consumados. Ya habían sido notificados los otros comisionados, entre ellos dos senadores: el demócrata Richard Russell, de Georgia, y el republicano John Sherman Cooper, de Kentucky; dos miembros de la Cámara de Representantes: el demócrata Hale Boggs, de Louisiana, y el republicano Gerald Ford, de Michigan, y dos figuras de alto nivel —propuestas por Robert Kennedy—: el entonces director de la CIA, Allen Dulles, y el presidente del Banco Mundial en esa época, John J. McCloy.
Los demás integrantes de la comisión eran: J. Lee Rankin, consejero general; Norman Redlich, jefe de asistentes; un equipo de abogados con miembros de los bufetes legales más prestigiados del país, a los que se denominaba senior, y jóvenes egresados de las mejores escuelas de leyes, a los que se llamaba junior.
Ellos formaban pares por líneas de investigación. Sobra decir en quiénes recayó la mayor carga de trabajo. Uno de ellos, quien pidió permanecer en el anonimato, fue quien se comunicó con Shenon para que contara la historia.
Más allá del cúmulo de nombres, cargos, instituciones, números y fechas, el libro detalla los trabajos de la Comisión Warren –como se le conoció–, incluidos un sinnúmero de prejuicios, torpezas, antipatías, envidias, miedos, ambiciones políticas e intereses personales; es decir, un conjunto de mezquindades humanas muy ajeno a una gran conspiración, que al final desembocó en una investigación fallida.
Shenon opina que el de Kennedy es "un caso abierto". Más, sostiene que la clave de su asesinato está en la Ciudad de México.
LUCÍA LUNA
Después, ambos abogados fueron conducidos a las oficinas de Luis Echeverría, "un poderoso funcionario mexicano que estaba a punto de ser nombrado secretario de Gobernación" y que a la postre sería presidente del país.
Echeverría, quien durante años estuvo cerca de Winston Scott, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en México, inició la conversación con Slawson y Coleman compartiendo su "fuerte convicción de que no existió una conspiración extranjera (en el asesinato de Kennedy), por lo menos no una ligada a México".
Coleman y Slawson insistieron. Le pidieron permiso a su interlocutor para entrevistar a testigos mexicanos, en especial a Silvia Durán, una mujer de izquierda que trabajaba en el consulado cubano y al parecer tuvo relación con Oswald después de que acudió a tramitar una visa.
Echeverría habló de la posibilidad de que platicaran con Durán —a quien ya había interrogado la Dirección Federal de Seguridad— sólo unos minutos; pero les advirtió que el encuentro sería informal y lejos de la embajada de Estados Unidos. La razón: El gobierno de México "no podía permitir que los investigadores de la comisión dieran la impresión de que el gobierno estadunidense realizaba una investigación oficial en territorio mexicano".
Coleman bromeó: "Nos gustaría salir a comer con Silvia Durán." Echeverría hizo un comentario de mal gusto. Dijo que "no nos divertiríamos tanto como creíamos, debido a que Durán no era una guapa cubana, sino una mexicana como cualquiera". El encuentro nunca se produjo.
El relato sobre ese episodio se incluye en el libro JFK: Caso abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy, aparecido el 27 de octubre simultáneamente con su versión original en inglés (A Cruel and Shocking Act. The Secret History of the Kennedy Assassination), escrito por el periodista de The New York Times Philip Shenon, por la editorial Random House Mondadori en su sello Debate.
Se trata de una de las muchas publicaciones surgidas con motivo del 50 aniversario del asesinato del mandatario estadounidense el 22 de noviembre de 1963.
UNA COMISIÓN ACOTADA
Todo partió de una llamada telefónica a la redacción del diario neoyorquino en la primavera de 2008. Quien lo buscaba era un prominente hombre de leyes, que había comenzado su carrera casi 50 años atrás como uno de los jóvenes abogados de la Comisión Warren, que se creó para investigar el asesinato de Kennedy.
"Ya no somos jóvenes, pero muchos de los que formamos parte de la comisión todavía estamos aquí y ésta podría ser nuestra última oportunidad de explicar lo que en realidad ocurrió", lo apremió el abogado, dice.
Así empezó un trabajo, que se prolongó cinco años. Culminó en un volumen de 743 páginas. Incluidas las profusas notas y una extensa bibliografía, no muy lejos de las 888 del informe de la propia Comisión Warren, que fue calificado como "insuficiente" y declaradamente "encubridor".
Según Shenon, él tampoco descubrió la verdad ni encontró todas las respuestas, pero está convencido de que su libro aporta nuevas evidencias sobre el asesinato de Kennedy, y que una línea clave —nunca agotada— fue la estancia de Oswald en la Ciudad de México dos meses antes del crimen.
Ninguna de las pistas y versiones conspiratorias que surgieron casi de inmediato se agotaron. En buena parte porque, como lo demostraron confesiones posteriores y documentos gradualmente desclasificados, tanto la CIA como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) escamotearon información a la comisión; evidencias y documentos probatorios fueron destruidos por decisiones colectivas o individuales; testigos rindieron falso testimonio aun bajo juramento; políticos, grupos de interés y medios de comunicación ejercieron presión para que se privilegiaran ciertas líneas y, al final, simplemente porque faltó tiempo.
La Comisión Presidencial sobre el Asesinato del Presidente Kennedy (nombre oficial) fue creada una semana después del crimen por el nuevo ocupante de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson, precisamente para contrarrestar las versiones de conspiración que circulaban por todo el país y que incluso lo involucraban. Después de todo, Kennedy había sido abatido en las calles de Dallas y Johnson era texano.
¿Querrían acaso los poderosos petroleros de Texas que el vicepresidente llegara a la presidencia para afianzar sus intereses? O, como varios otros estados segregacionistas del sur, ¿estaban los texanos igualmente furiosos por la política de derechos civiles de la administración Kennedy?
Tal vez sólo era una venganza de la mafia o de sindicalistas corruptos a los que Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general en funciones, había perseguido sin clemencia. Como fuera, Johnson tenía que enfrentar las sospechas internas si quería permanecer en la Oficina Oval y ganar las elecciones presidenciales del año siguiente.
En realidad, como buen texano, en un principio Johnson no había previsto crear una comisión federal; confiaba más en las autoridades de su estado natal que en los "entrometidos" de Washington. Además, el Departamento de Justicia descubrió con sorpresa que –en ese tiempo– el asesinato de un presidente no era un delito del orden federal. Por lo tanto, si Oswald hubiese sobrevivido, habría sido juzgado conforme a la ley de homicidios de Texas, como lo fue su asesino: Jack Ruby.
Sin embargo, la atmósfera estaba cada vez más viciada y las presiones políticas aumentaban, por lo que decidió crear una comisión bipartidista y plural, encabezada por un presidente "cuyas aptitudes judiciales y ecuanimidad sean irrefutables".
Aunque apenas lo conocía, eligió como tal a Earl Warren, el presidente de la Suprema Corte. Era un republicano apreciado tanto por sus correligionarios como por la mayoría de los demócratas, la prensa y el mundo de las leyes en general.
En un principio Warren no aceptó porque, argumentó, cada vez que un ministro aceptaba una asignación gubernamental externa, su reputación quedaba dañada; como lo fue en su caso. Pero Johnson lo puso ante hechos consumados. Ya habían sido notificados los otros comisionados, entre ellos dos senadores: el demócrata Richard Russell, de Georgia, y el republicano John Sherman Cooper, de Kentucky; dos miembros de la Cámara de Representantes: el demócrata Hale Boggs, de Louisiana, y el republicano Gerald Ford, de Michigan, y dos figuras de alto nivel —propuestas por Robert Kennedy—: el entonces director de la CIA, Allen Dulles, y el presidente del Banco Mundial en esa época, John J. McCloy.
Los demás integrantes de la comisión eran: J. Lee Rankin, consejero general; Norman Redlich, jefe de asistentes; un equipo de abogados con miembros de los bufetes legales más prestigiados del país, a los que se denominaba senior, y jóvenes egresados de las mejores escuelas de leyes, a los que se llamaba junior.
Ellos formaban pares por líneas de investigación. Sobra decir en quiénes recayó la mayor carga de trabajo. Uno de ellos, quien pidió permanecer en el anonimato, fue quien se comunicó con Shenon para que contara la historia.
Más allá del cúmulo de nombres, cargos, instituciones, números y fechas, el libro detalla los trabajos de la Comisión Warren –como se le conoció–, incluidos un sinnúmero de prejuicios, torpezas, antipatías, envidias, miedos, ambiciones políticas e intereses personales; es decir, un conjunto de mezquindades humanas muy ajeno a una gran conspiración, que al final desembocó en una investigación fallida.
Shenon opina que el de Kennedy es "un caso abierto". Más, sostiene que la clave de su asesinato está en la Ciudad de México.
LUCÍA LUNA
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