Saltillo.- Además del descalabro financiero en las pensiones de los trabajadores de la educación, la Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó irregularidades por más de 700 millones de pesos en un año de fiscalización de la Dirección de Pensiones (Dipetre).

La revisión de la Cuenta Pública 2011, la más reciente disponible en la página web de la ASE, refleja variaciones entre el presupuesto ejercido y el autorizado, por lo que a la Dipetre se le notificaron 68 presuntas irregularidades por 700 millones 340 mil 944.87 pesos, de los cuales solventó la mayoría, quedando sin comprobar 53.6 mdp.

Esto en egresos que no se comprobaron, sueldos, salarios y prestaciones no documentados debidamente, incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal, registros contables sin clasificación del gasto, inconsistencias en el control de insumos destinados a vehículos y deficiencias en cuentas de cheques que en su conciliación contra saldos contables.

Vida financiera

Estudios actuariales realizados en 1986 a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), indicaban que este tendría una vida financiera para el pago de las pensiones hasta el año 2015; sin embargo los fondos quebraron mucho antes en razón del alargamiento de la expectativa de vida que hacen que con la misma reserva financiera se aporten pensiones durante 12 años o más; sin embargo, también la opacidad de sus cuentas podría ser responsable del descalabro financiero.

Ya en 1997 la dirigencia sindical expuso la situación financiera que les aguardaba resumiendo un déficit entre los ingresos y egresos de la nómina de pensionados, proponiendo una mayor aportación por parte de los trabajadores en activo, mismo que resultó equivalente al 1.3% de la nómina de activos. Para ese entonces, el Gobierno ya tenía una aportación equivalente al 20% del salario de los trabajadores.

En adelante, a través de la Secretaría de Finanzas aportaría el 8.1% de la nómina corriente, más 2.5 puntos porcentuales acumulables al año 2018, lo que finalmente sumaría 35 puntos porcentuales.