La simulación

REGRESA EL PRI A LOS PINOS

Los magistrados establecieron la ‘verdad histórica’: Peña Nieto ganó con 19 millones 158 mil 592 votos, contra 15 millones 848 mil 827 de López Obrador

domingo, 02 de septiembre de 2012


MÉXICO, DF (Apro).- El PRI regresará a Los Pinos de la mano del Tribunal Electoral. Los magistrados electorales renunciaron a sus facultades constitucionales y reducidos a sí mismos a la condición de jueces de legalidad validaron el triunfo de Enrique Peña Nieto en medio de las acusaciones de financiamiento irregular, rebase de topes de campaña y construcción mediática de su candidatura.

Con su aval a un proceso electoral que repitió la inconformidad de 2006, los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedaron aún más en entredicho que sus antecesores, los que le dieron el triunfo a Felipe Calderón.

De nueva cuenta los principios constitucionales de elecciones libres y auténticas fueron desestimados por el árbitro electoral y tras negar el juicio de invalidez de la elección promovido por el Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, los magistrados hicieron de la calificación de la elección un mero trámite.

Fue una simulación la que hicieron los magistrados de la Sala Superior. Pero esta vez la falta fue mayor, pues renunciaron a la facultad constitucional que les dio la reforma de 2007 para investigar e invalidar normas que atentan contra los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y equitativas, aseguran expertos en derecho constitucional y electoral.

El presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, levantó la sesión del viernes 31 de agosto a las dos de la tarde tras despachar en apenas hora y media la resolución de cómputo final, validez de la elección y declaración de Peña Nieto como presidente electo. Los magistrados establecieron la "verdad histórica": Peña Nieto ganó con 19 millones 158 mil 592 votos, contra 15 millones 848 mil 827 de López Obrador.

Horas antes, la tarde del jueves 30, habían sido implacables con los argumentos de la coalición que pidió invalidar la elección. Le dijeron no a todo. Ni una coma le admitieron. La gracia fue para el PRI y su candidato, a los que limpiaron de toda responsabilidad electoral en las irregularidades denunciadas por López Obrador y los partidos que lo postularon, por segunda vez, a la Presidencia de la República: PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Televisa puso el guión hasta el último momento. Todavía no había información oficial sobre el día en que el TEPJF resolvería el juicio de inconformidad 359/2012 promovido por el Movimiento Progresista, cuando el conductor del noticiero estelar de esa empresa, Joaquín López Dóriga, informó el lunes 27 de agosto que la entrega de constancia de mayoría a Peña Nieto se esperaba para el viernes 31. Y así fue. La televisora también adelantó que el priísta daría un discurso, tal y como ocurrió.

Fue el mismo día del juicio, el 30 de agosto, cuando el tribunal anunció que resolvería la impugnación. Durante más de cinco horas los magistrados se dedicaron a desechar las acusaciones contra el PRI y su candidato porque los argumentos de la coalición opositora fueron "vagos, imprecisos y genéricos". Y peor aun, porque fue "incapaz de aportar pruebas fehacientes".

En su resolución, adoptada por unanimidad, los magistrados establecieron que a pesar de que los casos de las tarjetas del banco Monex y de la tienda departamental Soriana fueron "emblemáticos" de la impugnación, "no se pudo demostrar que hayan sido utilizados para la compra y coacción del voto".

‘PRECIPITACIÓN TORPE’

Para el TEPJF el uso propagandístico de las encuestas no se demostró, lo que hubo fue ejercicio de la libertad de expresión. El rebase en el gasto de campaña tampoco, pues hasta enero de 2013 los partidos políticos darán a conocer sus gastos totales. No hubo desvíos de recursos públicos, sólo contratos firmados por gobiernos priístas con Soriana o con el partido para beneficiar a sus militantes. Y las más de cinco mil tarjetas adicionadas en la demanda sólo demuestran la existencia de las mismas, pero no la compra del voto.

Con ese tipo de argumentaciones, aderezadas por la declaración anticipada de presidente electo de Peña Nieto por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, cada uno de los magistrados fue desechando las pretensiones de la demanda. La coalición no demostró nada, concluyeron.

En menos de 24 horas, sin hacer una evaluación de todo el proceso electoral, declararon presidente electo a Peña Nieto, le entregaron la constancia de mayoría y se sentaron a escuchar el discurso que el priísta dio ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto anticipado de jefe de Estado. Sólo faltó el himno nacional.

"Todo esto es una precipitación torpe. Ni siquiera se guardaron los tiempos. Después de resolver el juicio de impugnación los magistrados tenían que hacer el cómputo de la elección corrigiendo las actas, luego la calificación de la elección, independientemente de las pruebas aportadas por las partes", afirma en entrevista el litigante y doctor en derecho Javier Quijano Baz.

Quien fue el abogado de López Obrador en el juicio de desafuero de 2005 añade:

"Aun cuando la diferencia de votos sea más dilatada que la de hace seis años, de más tres millones, la institución tiene que actuar como tal. En 2006 tampoco se hizo y dieron por bueno un resultado contable hecho por el IFE. Como hace seis años una vez más habrá legalidad pero no legitimación. Los magistrados impusieron un juego en el que todos pierden", aseguró.

Los antecesores de los magistrados en la elección de 2006 llegaron al extremo de decir que las intromisiones del entonces presidente Vicente Fox pusieron en grave riesgo la elección, pero la dieron por buena.

"Acá más o menos incurren en la misma conducta al negarle valor probatorio al hecho notorio. En todo el mundo, desde el derecho romano, el hecho notorio no ha requerido de prueba. Todos vimos, especialmente ellos, cómo durante cinco o seis años constantemente las televisoras vendieron espacios en radio y televisión —en violación expresa a la ley constitucional— a un candidato y a su partido, y los compraron con dinero no registrado a través de empresas que fundaron para dar la vuelta a las investigaciones", dice Quijano.

Asegura que el tribunal se abstuvo de su función de análisis porque descansaron la carga de la prueba en quien impugnó. "Tú me haces llegar pruebas y yo no me muevo. Se comportó como un juez estático que está en su escritorio y no sale a asomarse a la puerta para ver si lo dicho en el recurso es verdad. Es su obligación esencial constitucional, no sólo electoral. Lo que hizo fue una burla".

‘REMEDOS DE JUECES’

Contundente, Miguel Eraña Sánchez, doctor en derecho electoral y profesor de la Universidad Iberoamericana, señala: "El tribunal electoral devaluó la función de la calificación. Cerraron antes la etapa procesal jurisdiccional con cinco horas de simulación deliberativa. Unánimes, sin construir criterios jurisdiccionales, acabaron siendo remedos de jueces". Con más de 16 mil millones de pesos de presupuesto entre 2001 y 2012 los magistrados, dice, "son jueces exponencialmente caros para la pobreza de sus sentencias".

Luna Ramos, cuya hermana Margarita es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebró en su discurso ante Peña Nieto en la entrega de la constancia de presidente electo, que el TEPJF ha calificado tres elecciones presidenciales. Pero dos de ellas han dejado insatisfecha a una de las partes y a millones de electores.

"Los fallos tienen que ser integradores, asumidos por las partes aunque no los favorezcan. Ya van dos de tres elecciones calificadas por este TEPJF en los que sus fallos no son aceptados por una de las partes. De nuevo el tribunal no usó sus sentencias para aquietar a las partes con argumentación constitucional. Si hoy vemos a una de ellas inquieta es responsabilidad única y exclusiva de un tribunal por la manera en que está sentenciando", dice el también profesor de posgrado en la UNAM.

La gran crítica al tribunal es que no asumió su función de plena jurisdicción, como está definido en el artículo 99 de la Constitución y en todo el sistema electoral. "Ser tribunal de plena jurisdicción implica que para asumir su función de arbitraje lo orientan los indicios que le presenten las partes, pero de ninguna manera la carga de la prueba se le da a los contendientes, que no están obligados a ofrecer las pruebas sino sólo los indicios".

Según el experto, "lo que hubo fue una simulación de calificación porque el núcleo de la impugnación quedó pendiente de resolución. El tribunal no pudo haber declarado ni siquiera el cómputo final, la validez, ni mucho menos dar la constancia de mayoría. Esta elección fue descalificada por un órgano que no sólo se descalifica a sí mismo como máximo órgano jurisdiccional en elecciones, sino que a quien dice calificar como presidente electo le hace un flaco favor".

Agrega que los magistrados renunciaron a ejercer la facultad estelar que hace seis años no estaba, la de declarar la no aplicación de las leyes contrarias a los principios rectores y los principios democráticos. "Se autolimitaron y sólo dieron argumentos farragosos. Se lavaron las manos echándole la culpa a la incapacidad de los jugadores para hacer lo que ellos debieron hacer, que es auspiciar la generación de pruebas".
JORGE CARRASCO ARAIZAGA