El proceso de desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano se ha vuelto una compleja maraña política y judicial en la que hay filtraciones de documentos y grabaciones. Pero hay un elemento que enrarece todavía más el caso: los historiales de dos integrantes de la Sección Instructora muestran probables relaciones con el crimen organizado
Domingo, 24 de Octubre de 2010
MÉXICO, DF.- Filtraciones a los medios y controvertidas revelaciones de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados han vuelto el proceso de desafuero del diputado federal Julio César Godoy Toscano un asunto complicado para el Poder Legislativo.
Al caso se suman los de dos integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –quienes analizan los argumentos y pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR)– cuyos historiales indican probables nexos con el crimen organizado: los diputados Arturo Zamora Jiménez (priísta por Zapopan) y César Octavio Madrigal Díaz (panista por Guadalajara).
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) mencionó a Zamora en un documento en el que asienta sus presuntas ligas con narcotraficantes y la supuesta protección que les dio. Madrigal Díaz padece la relación de su hermano Marco Antonio con los Valencia Cornelio, líderes del desaparecido cártel del Milenio.
El perredista Julio César Godoy Toscano ganó en las urnas una diputación federal el 4 de julio de 2009; pero luego de que la Secretaría de Seguridad Pública divulgó que había una orden de aprehensión en su contra por los delitos de "delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos ilícitos" no se volvió a saber de él sino hasta el 23 de septiembre pasado, cuando ingresó a San Lázaro pese al cerco instalado por la Policía Federal… y tomó protesta.
Él aseguró que había entrado ese mismo día; pero el 24 de septiembre, en su noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió un video que mostraba que Godoy había ingresado el 21 de septiembre auxiliado por los diputados Thelma Guajardo y José Narro y que había dormido en la oficina del coordinador parlamentario del PRD, Alejandro Encinas.
El video fue solicitado al área de resguardo de la Cámara de Diputados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la panista Josefina Vázquez Mota, y entregado a Televisa. Además, el miércoles 20 Vázquez Mota reveló al noticiero de W Radio que había participado en reuniones con legisladores perredistas a fin de discutir la estrategia para que Godoy entrara a San Lázaro y obtuviera el fuero constitucional que impide su detención.
"Yo estuve varias veces para disuadir, sobre todo a la luz de lo que yo advertía que podía ser un grave daño a la vida institucional", dijo.
La declaración sorprendió al presidente de la Sección Instructora, el priísta chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez, quien junto con Arturo Zamora (PRI), César Madrigal (PAN) y Mary Thelma Guajardo Villarreal (PRD) forman esa instancia. El viernes 22 César Augusto Santiago declaró a El Universal: "Pensaba que el caso Godoy no tenía una carga política, pero puede existir con las revelaciones de Vázquez Mota".
Una semana antes de las revelaciones de la panista, en algunos medios se publicaron extractos del expediente que la PGR envió a la Cámara de Diputados; además, en W Radio se difundió la supuesta conversación entre Godoy y el líder de "La Familia Michoacana", Servando Martínez, La Tuta.
EL DOCUMENTO DE LA DEA
Como parte de la Sección Instructora el diputado priísta Arturo Zamora Jiménez es uno de los encargados de valorar las pruebas de la PGR contra Godoy Toscano; pero en un documento fechado el 25 de octubre de 2004 la DEA señaló a Zamora como protector de narcotraficantes, según consta en el libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez, corresponsal de este semanario en Madrid.
En entrevista con Proceso Zamora afirma: "Estoy poniendo de mi parte la objetividad, la imparcialidad y mis conocimientos; nada tiene que ver con ningún prejuicio. Reitero: de manera indebida e injusta se publicaron cosas que no fueron ciertas y en función de eso presenté demandas en todos los tribunales (electorales), obtuve sentencias favorables y se condenó a todas las autoridades que en su momento plantearon cosas difamatorias en mi contra".
El documento de la DEA –según el libro de Gutiérrez– establece "información sólida sobre protección de Zamora y su administración municipal (en Zapopan) a diversos narcotraficantes o sus relaciones con ellos".
El libro da cuenta del atentado que sufrió Zamora el 8 de septiembre de 1994 cuando era subsecretario de Seguridad Pública en Jalisco, del que salió ileso. También narra un episodio de 1995 cuando Zamora era director de Prevención Social de Jalisco:
"Un año antes había sido asesinado el reo José Méndez Torres, gatillero del cártel de Tijuana implicado en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ese año, meses después del atentado contra Zamora, otros gatilleros de la organización detenidos por el homicidio del ex procurador estatal (…) declararon (…) que el atentado contra Zamora se debía a que ‘ordenó’ la muerte de Méndez Torres".
Zamora también tiene una notaría en Jalisco. Quien fuera su socio en ésta, Mario Sánchez Paniagua, fue ejecutado el 13 de septiembre de 2004.
Al respecto el documento de la DEA establece: "Hasta antes de su muerte Sánchez Paniagua era el principal administrador de los activos de Zamora, fue su mano derecha y su confidente en el manejo de la notaría pública localizada en Zapopan, que de acuerdo con una fuente ha sido utilizada por importantes narcotraficantes para realizar transacciones comerciales y de bienes raíces residenciales".
NINGUNA INVESTIGACIÓN
Todavía más: según la DEA el asesinato del socio del diputado representaba "una advertencia a Arturo Zamora por sus presuntos vínculos narcopolíticos y el incumplimiento de favores políticos. Específicamente se mencionan licencias de construcción que beneficiaban al traficante Pedro Mireles Félix".
Según el documento, el legislador conoció a Mireles Félix en 2003 cuando éste aportó fuertes sumas de dinero a su precampaña por la alcaldía de Zapopan; a cambio demandaba licencias de construcción.
Según la DEA a Zamora se le "ha conocido una estrecha relación con familias del tráfico de drogas asociadas con Rafael Caro Quintero y Juan José Quintero Payán". Según el libro de Alejandro Gutiérrez "las operaciones inmobiliarias de los Caro Quintero, Quintero Payán y de Eduardo González Quirarte –representante de los Carillo Fuentes– se hacían en la notaría de Arturo Zamora".
Proceso pregunta al ahora legislador si el documento de la DEA es falso. Responde: "En su momento pedimos formalmente y por escrito (que nos dijeran) si había una investigación y se contestó que no. Y en su momento la PGR (que supuestamente había filtrado parte del expediente) publicó en un boletín que no existía ninguna investigación".
–¿En ese momento fue un ataque político, como pudiera serlo ahora contra Godoy Toscano?
–Fue una difamación, un ataque injusto, pero no tiene nada que ver con esto. (…) Yo estoy ahora trabajando con toda imparcialidad (…) me ha correspondido (…) cuidar muy bien las formalidades del procedimiento, el levantamiento de actas para que las partes que están en el proceso –el Ministerio Público y Godoy– tengan los mismos derechos.
–¿Por lo que usted vivió por aquellos señalamientos es que lo puso el PRI en la Sección?
–¡No! Le doy la garantía de que eso no tiene ni tuvo nada que ver y doy la garantía a todos los mexicanos de que es un asunto que resolveremos con objetividad e imparcialidad.
‘EL TONY’ MADRIGAL
Otro diputado que analizará las pruebas contra Godoy es César Madrigal Díaz, hermano de Marco Antonio Madrigal Díaz, "El Tony" o "El Licenciado", ejecutado en Guadalajara junto con el ex presidente municipal de Aquila, Michoacán, Manés Eusebio Velázquez Mora, el 24 de diciembre de 2002.
En el libro Los capos, las narco-rutas de México, el reportero de Proceso Ricardo Ravelo cuenta la historia del rancho La Tupitina, en la costa de Michoacán entre Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Revela que después de tener varios dueños el predio terminó en manos de Velázquez Mora.
"Un día Manés Velázquez recibió en el rancho a un personaje a quien entre sus amigos presentó como ‘El Licenciado’. Nadie conocía su nombre aunque sabían que se trataba de un próspero ganadero de Guadalajara que iba a la región a comprar ganado", escribe Ravelo.
Al concluir su gestión Manés Velázquez dijo en el pueblo que "El Licenciado" iba a construir un emporio turístico en el lugar.
Documentos con los que cuenta Proceso muestran que entre diciembre de 1999 y 2002 "El Licenciado" compró partes del rancho La Tupitina a diversos propietarios, entre ellos al ex alcalde Manés Velázquez. Luego de que ambos fueron ejecutados el Banco Internacional se quedó con los terrenos. Más tarde los adquirió Luis Valencia Cornelio y al final fueron incautados por las autoridades federales. Ahora son parte de la sede de la XV Región Naval.
Según el libro de Ravelo un día ejecutaron a nueve empleados de La Tupitina. Alguien robó una tonelada de cocaína y los propietarios de la droga interrogaron a los trabajadores del rancho; al no obtener respuesta, los asesinaron. Al parecer "El Licenciado" conocía detalles de la matanza y dio muchos datos a las autoridades: por ejemplo, que los asesinos llegaron en un helicóptero Puma, referencias sobre el lugar donde había sido rentado el aparato y pormenores acerca de cómo bajaban droga a la zona.
"En realidad ‘El Licenciado’ (…) sabía que la droga extraviada era de los hermanos Valencia, puesto que él trabajaba para ellos. Este personaje lavaba dinero y operaba el trasiego de droga en la zona. Tenía buenas conexiones hacia Guadalajara y el norte del país", se relata en el libro.
El 20 de diciembre de 2002 el presidente Vicente Fox visitó la comunidad de Colola, en Aquila. Cuando el mandatario vio a "El Licenciado", lo saludó: "Quihubo Marco, ¿cómo estas?" y "El Licenciado" respondió: "Bien, señor presidente". Cuatro días después Madrigal y Manés Velázquez fueron ejecutados presumiblemente porque el primero traicionó a los Valencia: les robó la cocaína para dársela al cártel del Golfo.
Proceso publicó parte de esta historia. En respuesta, el diputado César Madrigal, hoy integrante de la Sección Instructora, envió una carta en la que dijo: "Afirmo que las aseveraciones que realizan respecto de mi hermano (…) son totalmente falsas e infundadas ya que él nunca tuvo un solo problema con autoridad alguna; es decir nunca estuvo vinculado con ningún expediente judicial en los términos que su semanario publica".
En esta ocasión Proceso no pudo ubicar al legislador; sin embargo, el día de la ejecución de "El Licenciado" la propia PGR admitió que se trató de "un ajuste de cuentas" entre bandas del crimen organizado.
Sobre la historia de ambos personajes y el hecho de que son ellos quienes valorarán las pruebas contra Godoy, Thelma Guajardo aclaró: "Debemos partir del principio de presunción de inocencia y no me atrevería a decir algo de ellos porque podría causar un daño moral. Parto del mismo hecho con el diputado Godoy: no puedo decir a partir de una grabación que (…) es culpable, sobre todo porque él dice que ya tres juzgados lo han declarado inocente". (APRO)
JESUSA CERVANTES Y FRANCISCO CASTELLANOS
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