martes, 25 de septiembre de 2012

Persiste esclavitud en Coahuila, consideran analistas

 Brenda Alcalá, Raúl Coronado (Milenio)
  • 25 septiembre 2012

  • El Congreso del Estado está por votar una Ley contra la Trata de Personas cuyo dictamen se emitió desde 2010. Actualmente la entidad no tiene aún un registro formal de la cantidad de casos.
     
    Torreón.- En la Entidad, con la fuga de reos en Piedras Negras las autoridades policíacas documentaron a través de testimonios que algunos internos del fuero federal reclutaban a otros internos para pertenecer a su grupo criminal.

    En el mes de julio cerca de 500 Jornaleros Agrícolas narraron las condiciones en las que laboraban en el municipio de San Pedro de las colonias en la pizca de chile y tomate.

    No les pagaban, no les daban de comer y la única agua que bebían era la expuesta en tanques a 40 grados centígrados.

    En México existe el decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos de Trata de Personas, en Coahuila está por votarse una Ley contra la Trata de Personas cuyo dictamen se emitió desde 2010.

    Actualmente, la entidad no tiene aún un registro formal de la cantidad de casos de Trata de Personas sin embargo el propio gobernador del estado Rubén Moreira Valdez asegura que existen prácticas de esclavitud y de delitos en la materia en la Región carbonífera y en la Laguna.

    El documento establece penalidad en la utilización de menores en actividades delictivas.

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van desde el rapto liso y llano a la compra de la persona de manos de su propia familia.

    Sin embargo, en la mayoría de los casos, la víctima potencial de la trata ya está buscando una oportunidad de emigrar cuando se le acerca un conocido o es atraída por un anuncio.

    A algunas se les hace creer que son reclutadas para trabajar legalmente o casarse en el extranjero.

    Otras saben que se les recluta para la industria del sexo, e incluso que serán obligadas a trabajar para devolver lo mucho que ha costado su reclutamiento y transporte, pero son engañadas acerca de sus condiciones de trabajo.

    Se teje así una compleja red de dependencia en la cual los tratantes generalmente intentan adueñarse de la identidad jurídica de la víctima, confiscando su pasaporte o sus documentos.

    El pasado 17 de septiembre en Coahuila, el gobierno del Estado, la Asociación Unidos Contra la Trata y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron una Iniciativa de Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

    El dictamen se presenta en diciembre de 2010 y no fue sino hasta este año que se retoma el tema.

    Finalmente, La Iniciativa de Ley para la Prevención, Protección, Atención, Asistencia de las Víctimas y Ofendidos en los Delitos en Materia de Trata de Personas, del Estado de Coahuila, que ya entregó este lunes al Congreso Local el Gobernador Rubén Moreira Valdez, pretende la creación de la Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de Personas.

    El documento tiene entre otros objetivos, la instrumentación de un programa estatal para prevenir y erradicar estos delitos, crear un Fondo Estatal para la Protección, Reparación de Daño y Asistencia a las Víctimas, contempla la capacitación a personal de hoteles, servicios de transporte públicos, restaurantes, bares, y centros nocturnos, a fin de impedir la comisión de dichos delitos.

    El Ejecutivo Estatal asegura que el documento armoniza con la Legislación Federal.

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su portal establece que es consciente de que en México cada año miles de personas son víctimas de una nueva forma de esclavitud: la trata de personas, flagelo que además de presentar un desafió a los gobiernos, significa una grave amenaza a la convivencia armónica de los pueblos y, constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos; por lo que es un problema de orden público mundial, por su vinculación a los flujos migratorios, a la situación de pobreza y a la peligrosa actuación de la delincuencia organizada transacional, agrava la tensión política y social, al interior de los países y afecta las relaciones multilaterales de los estados de la región.

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