martes, 26 de abril de 2011

Por asesinato de Ignacio Valdés; IP lagunera intenta romper su mezquindad

EL CLIP amenaza con boicotear pago de impuestos

Juan Monrreal López
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Abril 26 del 2011

Torreón, Coahuila.- Más de 450 ejecutados en Torreón, desde que el priista Eduardo Olmos Castro asumiera la presidencia municipal, el pasado 1 de enero del 2010, no habían sido suficientes para que la iniciativa privada lagunera aglutinada en el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) emitiera un ya basta a los asesinatos en la región, a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, hasta que este domingo un grupo de sicarios asesinó en la colonia San Isidro al empresario Carlos Ignacio Valdés Berlanga, ex dirigente de la Unión ganadera regional de La Laguna y socio importante de la empresa LALA.

Según la primera versión que circuló el domingo, Carlos Ignacio Valdés Berlanga, fue asesinado cuando se percató que un par de desconocidos se habían allanado su residencia, misma que abandonó por la puerta principal desde donde fue perseguido hasta ser ultimado por 3 diferentes armas de fuego.

En el lugar de la ejecución, aparecieron 24 cartuchos percutidos de los que al menos 15 pegaron en la humanidad del empresario.

Ahora, en rueda de prensa, la Fiscalía General de Coahuila, dio a conocer que ha abierto una nueva línea de investigación.

IP lagunera pone ultimátum a gobiernos

Un plazo de 72 horas lanzó la IP lagunera para que los gobernadores de Coahuila Y Durango, que encabezan Jorge Torres López y Jorge Herrera Caldera, respectivamente, resuelvan el homicidio del ganadero Ignacio Valdés Berlanga.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Roberto Rodríguez Cruz, fustigó a los gobernadores de ambos estados diciendo que tal parece que sólo les interesan los procesos electorales y no la seguridad de sus gobernados.

“Hay miedo entre los empresarios” aseveró.

Por su parte el presidente del CLIP, Ernesto Llamas Sotomayor, lanzó un ya basta a la inseguridad, exigiendo a las autoridades que asuman su responsabilidad, o, que renuncien.

De acuerdo a Llamas Sotomayor, el caso de la ejecución debe resolverse en 72 horas y los gobernadores deben de recibirlos en menos de una semana.

Autoridades mudas

Hasta hoy, los gobernadores de Coahuila y Durango, Jorge Torres López y Jorge Herrera Caldera, permanecen callados.

Eduardo Olmos Castro, corrupto alcalde de la ciudad, sólo ha esgrimido la antigua cantaleta de que Felipe Calderón Hinojosa es el responsable de la violencia; como si en su grito de campaña “Rescatemos Torreón”, no se hubiera comprometido a regresar la seguridad a la ciudad.

Ahora sólo falta que los empresarios no quiten el dedo del renglón en la exigencia de seguridad para todos, no sólo ellos.

La inseguridad es para todos en Torreón.

jmonrreall@yahoo.com