Lorenzo Meyer
Crimen verdaderamente organizado
Si se quiere un ejemplo de crimen realmente organizado, hay que examinar el lavado de dinero que hacen en Estados Unidos bancos como Wachovia (fundado en 1879), cuyos ejecutivos, sin correr mayores riesgos, blanquearon millones de dólares para los narcos mexicanos. Es ahí, mejor que en ciudades, carreteras o brechas al sur del Bravo, donde los gobiernos de México y Estados Unidos podrían, si realmente quisieran, librar una guerra con poca sangre y mucha efectividad contra los traficantes de drogas (véase http://bloom.bg/bqGMmf).
Reflexión obligada
Javier Sicilia ha transformado una tragedia personal -el asesinato de su hijo Juan Francisco a manos del crimen organizado- en una movilización social con al menos tres objetivos: el diagnóstico de la situación de violencia y crueldad extrema que se vive en el país -el corazón podrido de México, en palabras de Sicilia-, reconsiderar el sentido de la guerra del gobierno contra los grandes cárteles y que ha cobrado 35 mil vidas en el sexenio. Y, al final, como resultado de combinar reflexión y movilización, demandar un cambio de política.
Evaluar el conflicto gobierno-narcotraficantes requiere examinar los métodos, los logros, el precio que se ha pagado y lo que se calcula que aún habrá que pagar: siete años más de gran violencia, según lo dicho por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Para una parte de la sociedad mexicana, el llamado de Sicilia tiene todo el sentido del mundo, pues hace tiempo que las campanas que acaban de doblar por el joven Juan Francisco, y que antes ya lo han hecho por decenas de miles más, también están y seguirán doblando por todos y cada uno de los mexicanos que viven bajo asedio sin saber exactamente el porqué.
La guerra la declararon hace mucho y fueron otros
Fue el gobierno norteamericano quien, a principios del siglo XX, propuso y definió la ya centenaria guerra global contra las drogas. Ese punto de partida condicionó su desarrollo posterior. Y el inicio consistió en definir como ilícita la producción y consumo de ciertas substancias -de entrada, el opio, narcótico con el que hasta entonces habían traficado en Asia, y en grande, ingleses, franceses y norteamericanos- y proponer como objetivo fundamental acabar con el cultivo de "las flores del mal", dejando como secundario el tema de su consumo, de manera que el gran teatro de las operaciones antidrogas se tenía que localizar en tierras lejanas, fuera de Estados Unidos. Ese origen de la política mundial hacia las drogas ha marcado la esencia de ésta.
Para México, la decisión norteamericana de criminalizar el opio, la cocaína, la marihuana o las metanfetaminas, y montar todo un régimen internacional en su contra, tuvo consecuencias muy negativas, aunque no de inmediato. Hasta 1969 el tema de las drogas fue un asunto secundario para México, pero adquirió relevancia a partir de la sorpresiva Operación Intercepción decretada ese año por Washington y que por unos días paralizó la frontera mexicana y humilló a su gobierno. Esa presión desembocó en la Operación Cóndor, cuyo objetivo central fue destruir los plantíos de amapola y marihuana que habían proliferado en México a consecuencia de un aumento de la demanda en Estados Unidos. La Cóndor fue un éxito pero finalmente temporal. Hechos como la disminución de la producción de drogas en Turquía o el cierre de la ruta de Florida para la cocaína colombiana hicieron de México lo que hasta entonces no había sido: un gran productor y ruta importante para el paso de drogas a Estados Unidos.
Fue así, por razones fundamentalmente externas, que México se convirtió en la zona de guerra y en el desastre en materia de seguridad y justicia que es hoy. No es ésta la primera vez que México se ve envuelto en una guerra internacional que no es estrictamente suya -ya lo había hecho durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la Guerra Fría-, pero nunca como actor central. Es verdad que Estados Unidos tiene a 2 millones de sus ciudadanos en prisión y 5 millones más están en libertad condicional y que la mitad de estos 7 millones se encuentran en esa situación como resultado de las drogas, pero eso no se compara con lo que sucede en México donde, como señala Sicilia, se vive un estado de emergencia nacional porque aquí las instituciones estatales son muy débiles y los siete cárteles de la droga cuentan con recursos externos extraordinarios que les han permitido infiltrar y corromper a las estructuras de autoridad y dar forma a auténticos ejércitos que han hecho jirones el supuesto monopolio estatal de los medios de la violencia.
La última gran guerra interna mexicana anterior a la actual fue la cristera -tan brutal como la de hoy y con un número mayor de víctimas pero geográficamente más localizada y más corta-, que concluyó con una negociación. La "guerra sucia" de los 1970 también fue brutal aunque la violencia la sufrió básicamente el México rural de Guerrero y una izquierda revolucionaria pequeña y sin recursos. En contraste, la actual contienda abarca a casi todo el país, su violencia perversa toca a inocentes, su intensidad no amaina y no se le ve fin (en lo que apenas va de este año, las muertes atribuidas a la lucha entre y contra los narcotraficantes superan ya los 3 mil 400, Reforma, 13 de abril).
Un frente de guerra equivocado
La lógica histórica de la guerra contra el narcotráfico la han determinado los norteamericanos. Sin embargo, aquí y en su etapa actual aparece como una decisión del gobierno de Felipe Calderón. La llamada Iniciativa Mérida -un esquema que introduce directamente a los norteamericanos en la conducción interna de la guerra con el argumento de la corresponsabilidad y de una ridícula contribución de mil 500 millones de dólares- es una propuesta política que formalmente surgió del gobierno actual.
Así que, en principio, y si efectivamente el diseño de esta lucha es mexicano y si la soberanía aún tiene algún valor, entonces México pudiera decidir empezar a cambiar la naturaleza del conflicto. Eso pretende y demanda la movilización encabezada por Javier Sicilia. Si bien ya no se puede detener de manera inmediata la acción armada contra los cárteles de la droga, sí se puede empezar a cambiar el énfasis redefiniendo la prioridad de los frentes del combate. En función del interés nacional mexicano, no del norteamericano, se puede dar prioridad no a la lucha armada en ciudades, caminos y brechas sino a la lucha legal en contra de los bancos, las casas de cambio, los casinos y el resto de los negocios que sirven para transformar el dinero ilícito recolectado por los dealers en dinero limpio.
El gobierno y la opinión pública de México deben exigir que en tanto Washington no actúe de manera efectiva en contra del lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos por instituciones financieras norteamericanas, nuestros soldados, marinos o policías no pondrán en riesgo sus vidas ni las de la población civil -los llamados "daños colaterales"- en acciones armadas contra los narcotraficantes. De aquí en adelante nuestro "frente de guerra" preferente debería ser no el que cause bajas a los narcotraficantes -que al final sólo pareciera esparcir la violencia- sino el que se meta en la cárcel a los responsables de los negocios que blanquean dinero. Se trata de un frente con poco olor a pólvora pero quizá más efectivo que los retenes, patrullajes, "operativos" y demás acciones de las Fuerzas Armadas.
Y lo anterior viene al caso por el asunto del banco Wachovia citado al inicio. Entre 2004 y 2007, antes de ser adquirido por Wells Fargo & Co., Wachovia manejó ¡378.4 mil millones de dólares! (billions) que le enviaron casas de cambio mexicanas sin que esa institución hiciera nada para asegurarse que la procedencia de esa enorme suma tenía origen legítimo. Cuando finalmente las autoridades bancarias norteamericanas confrontaron al Wachovia con la enormidad de su falta, lo único que hicieron fue ¡aplicarle a la influyente institución multas por 160 millones de dólares! Es decir, menos del 2% de las ganancias que tuvo en 2009. Objetivamente, ese "castigo" no fue más que un aliciente para continuar con el blanqueo de dinero criminal.
Lo dicho, una política mexicana digna y práctica sería anunciar desde las más altas esferas que no se llevará a cabo ni una operación ofensiva más contra el narcotráfico y que implique arriesgar la vida de militares o policías, en tanto no se demuestre que se ha impedido y castigado en Estados Unidos prácticas como las de los bancos lavadores de dinero y de los vendedores de las armas que terminan en manos de los cárteles de la droga.
Reforma
14/03/2011
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