Alejandro Saldívar
MÉXICO, DF, 29 de abril (apro).- Un informe elaborado por el Woodrow Wilson Center, un think tank (tanque pensante) con sede en Washington, revela que "Estados Unidos y México todavía no tienen una estrategia clara y coherente que logre degradar la capacidad financiera de las organizaciones criminales, así como las redes de contrabando de armas".
Más aún, señala que podrían pasar hasta 20 años "para que la disminución en el consumo de drogas en Estados Unidos tenga un impacto significativo en la violencia que sufre México".
Publicado en el marco de la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida en Washington –que se llevó a cabo el viernes 28--, el documento hace un análisis sobre los cuatro ejes de discusión entre los funcionarios: la construcción de comunidades fuertes, acciones para desmantelar las organizaciones criminales, refuerzo del estado de derecho y el fortalecimiento de la frontera (Frontera siglo XXI).
El informe titulado Avances constantes, resultados lentos: cooperación de seguridad entre EU-México, a dos años de la administración de Obama, señala que las acciones orientadas a interrumpir el tráfico de armas son ineficaces y condena la "permisividad" de las leyes estadunidenses que facilitan la venta de armas a los cárteles mexicanos; igualmente deplora la "sumisión" del Congreso de Estados Unidos ante el cabildeo de la industria armamentista.
El documento, firmado por Andrew Selee y Eric L. Olson, resalta la poca voluntad del Congreso de Estados Unidos y del presidente Barack Obama para reformar las leyes que permiten a los traficantes burlar las restricciones existentes, así como para dedicar suficientes recursos y personal que tengan como objetivo claro disminuir "el río de armas que fluye hacía México".
Y pone como ejemplo el caso Rápido y furioso, una operación diseñada para introducir armas a México —con el propósito de rastrear su punto final de destino— y aprobada por funcionarios del más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según Darren Gil, un exagente de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
"Este escándalo ha complicado los esfuerzos en el combate", dice el informe.
Ya el 16 de diciembre pasado, el diario neoyorquino New York Times criticaba la pasividad del gobierno de Estados Unidos en la venta de armas.
En su editorial, titulado "Pistoleros de los cárteles compran en Estados Unidos", el rotativo criticaba que en los últimos cuatro años los distribuidores estadunidenses han vendido más de 60 mil armas de alto poder a los pistoleros de los cárteles mexicanos de las drogas.
El informe revela que hay nuevas formas de lavado de dinero vía las tarjetas de prepago cargadas en Estados Unidos y cobradas en México.
"Nadie sabe la cantidad de dinero ilícito que se introduce de contrabando desde Estados Unidos hacía México cada año; sin embargo el Departamento de Estado estima que es una cantidad entre 19 mil y 29 mil millones de dólares cada año."
También aconseja que "combatir el lavado de dinero podría ser una de las más importantes herramientas para socavar la influencia de los grupos del crimen organizado".
El documento destaca los más de 15 mil asesinatos relacionados con el tráfico de drogas en el último año y el hallazgo de narcofosas en Tamaulipas. Asimismo, señala a los consumidores en Estados Unidos como copartícipes en el problema del narcotráfico.
"La responsabilidad de la narcoviolencia que priva en México y de los asesinatos de migrantes, como la masacre de San Fernando, recae también en Estados Unidos. Los consumidores de narcóticos son cómplices de este negocio, que genera hasta 29 mil millones de dólares que fluyen desde el sur de Estados Unidos cada año para financiar armas que alimentan la violencia".
A pesar de la violencia generada por la disputa entre los grupos delincuenciales, el informe destaca como avances la presencia de funcionarios policiales en ambos países, "integrados en grupos de fusión"; el uso de aviones no tripulados para localizar fugitivos, y el intercambio de información de inteligencia en "tiempo real" sobre los movimientos de aviones y barcos que participan en actividades ilícitas.
El informe indica que los arrestos, las extradiciones y la muerte de los líderes de los cárteles no causan cambios en el comportamiento de los cárteles. "Estos éxitos generan un liderazgo aún más violento entre los jefes menores de la delincuencia organizada. En algunos casos, los líderes son reemplazados rápidamente", dice.
El documento visualiza a las instituciones encargadas de procurar justicia como ineficaces y como parte del mismo problema.
Y atiza: "No es sorprendente que las encuestas sugieran la poca confianza pública en la policía o en el sistema judicial, y que aproximadamente cuatro de cada cinco delitos no son reportados. Peor aún, se estima que menos de 2% de los delincuentes tienen una condena.
"Las futuras solicitudes de fondos de la Iniciativa Mérida harán hincapié en estos esfuerzos".
El informe acota que los fondos de la Iniciativa Mérida han sido beneficiosos para la Policía Federal (PF), fundada en junio de 2009. Según el análisis, la PF se benefició con la Plataforma México, una base de datos centralizada que une información policiaca a lo largo y ancho de todo el país.
"Estos avances fueron bien vistos por Estados Unidos y la PF ha recibido cuantiosos recursos en forma de equipo y capacitación para modernizar el proceso."
A pesar de los elogios, destaca que la corrupción es uno de los principales enemigos de la Policía Federal en algunas zonas y no se han desarrollado los mecanismos adecuados para combatirla desde adentro.
"Las reformas a escala federal no se han filtrado hacia el estatal y local, niveles donde se cometen la gran mayoría de los crímenes, y donde la corrupción de la delincuencia organizada es más frecuente."
Durante una gira de trabajo en 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: "Estoy convencida de que Estados Unidos tiene una corresponsabilidad, nuestra demanda insaciable de drogas ilegales". La Unión Americana es el mayor consumidor de drogas ilegales en el mundo.
En una carta publicada el 4 de marzo en el diario The Wall Street Journal, el director de la DEA, Gil Kerlikowske, sostuvo: "A pesar de algunos aumentos en el consumo de drogas durante el último año, es un hecho de que la demanda global de drogas en Estados Unidos se ha reducido drásticamente en los últimas tres décadas.
"El número de estadunidenses que usan drogas ilícitas hoy es más o menos la mitad de la tasa que fue en la década de 1970. Más recientemente, hemos sido testigos de una caída de 46% por consumo de cocaína entre los adultos jóvenes en los últimos cinco años y una caída de 65% en la tasa de personas que dieron positivo por cocaína en el lugar de trabajo desde 2006."
El reporte destaca que "es totalmente posible que el número de personas que utilizan drogas está bajando, pero el volumen total de las drogas que se consumen se ha mantenido igual o ha aumentado."
Precisa que Peter Reuter, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos y del Departamento de Criminología de la Universidad de Maryland y experto en investigaciones sobre crimen organizado y mercados ilegales, elaboró un documento para el Instituto México del Centro Woodrow Wilson, en el que estima que las estrategias para reducir la demanda de drogas tomarían entre 5 y 10 años para tener un impacto en el volumen del consumo de estupefacientes en Estados Unidos.
Eso, "en el mejor de los casos", pero "podría tomar hasta 20 años para que la disminución en el consumo de drogas tenga un impacto significativo en la violencia que sufre México", apunta el documento.
Y concluye: "Eso significa que las estrategias para reducir la demanda de drogas no es una panacea para detener la violencia actual, pero es esencial para reducir a largo plazo las ganancias que genera el consumo a favor de los grupos del crimen organizado".
Proceso
30/04/2011
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