martes, 5 de abril de 2011

Desaparecidos y muertos sin nombre

Miguel Ángel Granados Chapa Con justificada razón, el hallazgo de cadáveres con signos de tortura, hacinados en un vehículo, conmueve así sea por unas horas, unos días, a los miembros de una comunidad. Igualmente debería estrujarnos la noticia de desapariciones forzadas, o la noticia de que se multiplican los muertos sin nombre. Entre las muchas deficiencias de la política mexicana sobre desapariciones forzadas, si es que hay algo que merezca la denominación de política al respecto, está la falta de coordinación entre autoridades sobre esa materia. La consecuencia inmediata es la carencia de información precisa, que debería ser la base para el combate de esa peste social que se intensifica entre nosotros. El irrespeto a la vida, la banalidad con que se nos educa respecto del valor de las libertades y los derechos humanos en general, hace que la desaparición de personas, forzada o involuntaria, no le importe a nadie.
Obligado al lenguaje diplomático, esta última afirmación ha sido expresada por el Grupo de trabajo sobre ese fenómeno lacerante (GTDFI), perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que al concluir su visita a México la semana pasada presentó sus observaciones preliminares, antecedente del reporte que deberá hacer conocer al comienzo del año próximo en Ginebra:

"El GTDFI observa que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical u horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel de gobierno".

Un motivo obvio explica esa descoordinación: el Estado rehúsa incriminarse, se niega a admitir que, descontrolados o bajo su control, agentes suyos capturan a personas a las que no remiten al Ministerio Público, sino que las hacen desaparecer, como una forma de combate a la insurrección armada o como bárbaro método de investigación. Tampoco hay capacidades o voluntad para indagar el destino de quienes son hechos desaparecer por francos delincuentes, que se benefician de la complicidad práctica resultante de la omisión o la negligencia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha empezado a reunir información sobre formas diversas de desprecio a la vida. Ha hallado cifras que espeluznan: nueve mil personas (8,898) a partir de 2006, que murieron por violencia, accidentes o enfermedades, no han sido identificadas por ninguna autoridad, y suponemos que tampoco han sido reclamadas por nadie. En cambio, han sido reportadas como extraviadas o ausentes, en ese mismo periodo, más de 5,000 personas (5,392).

Es preciso que la CNDH afine este plausible esfuerzo de información precisando los casos en que se produce la ausencia. Del nombre del sistema que concentra los datos (Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas) se desprende que no incluye los casos de desapariciones forzadas. Es una deficiencia que urge remediar, porque ese tipo de privación ilegal de la libertad va en aumento, y crecerá sin freno a partir de que se ignore su dimensión precisa.

El grupo de trabajo de la ONU aporta algunas cifras. Una, de carácter histórico, se refiere a una realidad que probablemente fue rebasada ya. Contando a partir de la primera visita que el Grupo hizo a México, en el ya remoto 1982, hace 29 años, se han abordado 412 casos. De ellos, 134 se aclararon por actividad gubernamental, 24 por información aportada por los denunciantes (lo cual quiere decir, suponemos, que los desaparecidos fueron hallados y restituidos a su entorno, o estaban sujetos a proceso). En 16 casos se interrumpió el abordamiento. Y no se han resuelto 238. Aunque esa cifra es mucho menor de la denunciada por agrupaciones buscadoras de justicia, que luchan por hacer que los desaparecidos sean presentados vivos (señaladamente el grupo Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra), es reveladora de la frecuencia y la facilidad con que el Estado se deshace de quienes supone son sus enemigos.

Ya sobre los hechos actuales, el grupo de trabajo "recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas. Mientras que las organizaciones civiles de derechos humanos reportaron que -de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el año 2006, la CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de 4 quejas en el año 2006 a 77 en el año 2010".

El documento del GTDFI aporta información importante que le fue provista por autoridades, militares y civiles, habitualmente renuentes ante instancias civiles mexicanas a reconocer casos de desaparición forzada. Por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó de un caso de ese género "en el que el personal responsable había sido sentenciado por la jurisdicción militar". Por otra parte, al Grupo "se le informó acerca de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, en contra de funcionarios públicos, que se encuentran actualmente en proceso de apelación".

Aun en el supuesto de que las estimaciones de organismos civiles son demasiado altas, y que el dato duro del que debamos partir sean las 77 quejas presentadas el año pasado en la CNDH, la cifra es demasiado abultada. No estamos en guerra contra un país extranjero, ni nos arremete un tsunami para que la gente desaparezca así nada más, sin que haya consecuencias.

Cajón de Sastre

Roberto Borge toma hoy posesión del gobierno de Quintana Roo y con él su singular (esperemos que lo sea) secretario de Seguridad Pública, el general Villa. No se sabe si por consulta de quien era gobernador electo, o por decisión del mando castrense que simplemente le fue transmitida, la Sedena trasladó a Villa de Torreón, donde era el jefe de la policía municipal, a Chetumal, con motivo del relevo en la gubernatura. Con él no sólo aumenta el número de militares en retiro que dirigen las acciones de seguridad pública en estados y municipios, sino que se genera una situación más cercana al conflicto que a la solución del problema de violencia. En declaraciones a la reportera Sanjuana Martínez, Villa se ufanó de su puntería para cazar a delincuentes a los que ejecuta sumariamente, aunque no sepa que se trata realmente de bandoleros. Reforma 05/04/2011