Compendio de pifias judiciales, políticas y diplomáticas, el caso de Florence Cassez llevó al gobierno de Felipe Calderón a un callejón sin salida en la confrontación con su contraparte francesa. Una vez que la Suprema Corte de Justicia le negó el amparo a la mujer sentenciada por secuestro en México, el gobierno galo y la defensa de Cassez recrudecieron su embate: insisten en el teatro mediático que Genaro García Luna dispuso cuando la mujer fue aprehendida por la AFI
Domingo, 20 de Febrero de 2011
Jorge Carrasco Araizaga y Homero Campa
MÉXICO, DF.- El gobierno de Felipe Calderón cabildeó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la negativa del amparo de Florence Cassez. El encargado de la gestión fue el secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth.
De acuerdo con fuentes judiciales y diplomáticas, consultadas por los reporteros cada uno por su lado, las diligencias del Ejecutivo comenzaron cuando el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia aún era presidente de la Corte y a cuyo último informe como cabeza del Poder Judicial, el 15 de diciembre pasado, asistió Calderón en una ceremonia protocolar. Gil Zuarth era entonces subsecretario de Gobernación.
El principal argumento del enviado de Calderón fue que si los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaraban inocente a Florence Marie Louise Cassez Crepin "no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada".
El ahora secretario particular de Calderón pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, originalmente previsto para que sus actividades se realizaran durante los próximos 11 meses, pero que ahora está en suspenso, refieren las fuentes.
Coinciden las fuentes en que el jueves 10, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la Corte con Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado que avalaron la versión de García Luna sobre la alegada participación de la ciudadana francesa en la banda de secuestradores de Los Zodiacos.
Gil Zuarth agradeció el apoyo del Poder Judicial porque se trataba de una "sentencia de Estado". En la reunión, añaden, "Silva Meza no habló".
Oficialmente, tanto la SCJN como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –organismo que encabeza el presidente de la Corte y que se encarga de vigilar y supervisar a los jueces y magistrados– rechazan que tales encuentros hayan existido.
En mayo pasado Calderón sugirió a su homólogo francés Nicolas Sarkozy promover el amparo con la garantía de que se llevaría a cabo un juicio "justo y objetivo" contra Cassez.
La sugerencia de Calderón, planteada personalmente a Sarkozy durante la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe-Unión Europea, fue aceptada por su interlocutor y por la inculpada, de 36 años, quien el próximo 11 de marzo cumple ocho años de haber llegado a México, de los cuales lleva en prisión cinco años y dos meses.
El encargado de elaborar el proyecto para negar el amparo fue el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, el magistrado Carlos Hugo Luna Ramos. Los otros dos magistrados del Tribunal Colegiado que negaron el amparo, identificado con el número 423/2010, fueron Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena Villa-nueva, quienes desestimaron no sólo los argumentos de la defensa de Cassez, sino también de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que como terceros ajenos al caso presentaron a los magistrados "irregularidades de derecho" en el proceso judicial.
LAS NEGACIONES
Durante la entrevista con Proceso en la Suprema Corte, a donde acudió como invitado a la toma de protesta de Jorge Mario Pardo Rebolledo como nuevo ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez asegura que el Tribunal Colegiado tomó como principales testimonios en contra de Cassez el del propio Vallarta y el de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, una de las víctimas.
A pesar de las contradicciones que contienen las diferentes declaraciones ministeriales de las víctimas, a las que justificó con el argumento de que después de un trauma las personas se acuerdan poco a poco de las cosas, el magistrado dijo que para el Tribunal Colegiado lo importante fueron "los hechos que en conjunto la inculpan".
El magistrado asegura también que, además de la declaración de Ezequiel Elizalde, "pesó mucho la declaración ministerial de Vallarta, con quien la ciudadana francesa vivió varios meses", y en la que Israel Vallarta "la señaló como parte de la banda".
El Tribunal Colegiado desestimó el principal argumento de la defensa de Cassez, representada en México por Agustín Acosta y en Francia por Frank Berton. De acuerdo con los litigantes, la credibilidad de toda la investigación quedó cuestionada con la escenificación montada por García Luna sobre la detención de Cassez y Vallarta y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
Para Ojeda Bohórquez, el video y las otras pruebas que presentó la defensa para demostrar la escenificación reconocida por el propio García Luna y la Procuraduría General de la República "ni beneficia ni perjudica" a Cassez, puesto que lo más importante "fue la prueba circunstancial". Los integrantes del Tribunal Colegiado tampoco dieron por acreditada la tortura.
Los magistrados difundieron su fallo mediante una nota informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Los términos de la resolución aún no se difundían el viernes 18, por lo que la defensa todavía no define si promoverá la revisión del amparo ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación –pues alega violaciones constitucionales– o si demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de garantías fundamentales previstas en la Constitución Política de México, y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa jurídica de Cassez ha estado marcada por consideraciones políticas. Tanto el gobierno de Calderón como el de Sarkozy han hecho del caso parte de su agenda política al extremo de tensar las relaciones diplomáticas. Por más de dos años, el caso judicial se ha tratado a nivel de los presidentes.
El 6 de febrero de 2009 fue el propio Calderón quien propuso a Sarkozy que una vez que el caso quedara firme –es decir, con una sentencia condenatoria definitiva–, "se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983", del que México y Francia son parte.
EL VIAJE DE SARKOZY
El presidente Sarkozy viajó a México, en plena campaña de las elecciones federales de 2009 y Calderón lo recibió no sólo con una sentencia a Cassez de 60 años de prisión, fijada unos días antes, sino con la negativa de aplicar el Convenio que él mismo había propuesto.
El argumento para negar la aplicación del Convenio fue que en Francia el secuestro tiene una pena de 20 años, apenas una tercera parte de lo que la había condenado el Primer Tribunal Unitario en Materia penal del Primer Circuito, que "redujo" la condena inicial de 96 años a la que Cassez había sido sentenciada, el 25 de abril de 2008, por la juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras.
El desistimiento de Calderón escaló la confrontación entre los dos países. "El caso de Florence Cassez se ha convertido en una espina en las relaciones bilaterales. Hay que arreglarlo lo antes posible", comentó Sarkozy a Calderón. Fue el 18 de mayo de 2010 y ambos sostenían una reunión privada en uno de los salones de la Feria de Madrid, en la capital española.
Sarkozy reiteró su petición: aplicar el Convenio de Estrasburgo para que Cassez cumpliera su condena en Francia. Calderón se mantuvo en su postura. Explicó que "las diferencias sustantivas en los sistemas jurídicos de ambos países impiden garantizar el cumplimiento de la pena en Francia y, como consecuencia, la imposibilidad de México para otorgar su consentimiento" al traslado de Cassez a su país, según informó la Oficina de la Presidencia de México en un comunicado.
Pero, de acuerdo con una fuente diplomática, Calderón ofreció una salida: "Cassez no ha agotado todas las instancias legales en México a las que tiene derecho. Aún le queda el amparo constitucional", expuso a Sarkozy. Y prometió: "Mi gobierno dará seguimiento al proceso y la Constitución le garantiza a la señora Cassez un juicio justo y objetivo".
Después de que las autoridades mexicanas afirmaban que el de Cassez era un "caso juzgado", Calderón ofrecía una salida legal y política. Dio a entender que dejaría trabajar a la justicia sin meter las manos. Al menos así lo interpretó el gobierno francés, que, a partir de ese momento, aconsejó a Agustín Acosta presentar el amparo constitucional.
Pero de nueva cuenta, Calderón salió en defensa de García Luna y gestionó que el Poder Judicial ratificara la sentencia contra Florence Cassez, en lo que no sólo la defensa, sino la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, considera como una "violación a los derechos humanos" de la sentenciada al existir irregularidades en su proceso penal.
Después de analizar el expediente del caso, Pedro H. Arellano Aguilar, secretario adjunto y abogado de la Pastoral, cuestiona la "prueba circunstancial" construida para sentenciar a Cassez. "El único argumento que ha dado el Tribunal Colegiado es que los testigos la inculpan. Pero no tomó en cuenta que se prestaron al montaje, por lo que sus acusaciones no son creíbles y mucho menos constitucionales".
Los magistrados pasaron por alto el "desaseo jurídico" que hubo en la actuación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) –entonces a cargo de García Luna– cuando detuvieron a Cassez y a Vallarta el 8 de diciembre de 2005, dice Arellano, quien además cuestiona que no haya operado el principio de duda razonable que habría beneficiado a la ciudadana francesa.
No sólo esa instancia de la Iglesia católica ha advertido violaciones al proceso judicial. También lo han hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
UN PROCESO DESASEADO
La defensa de Cassez presentó 17 argumentos de violación en la solicitud de amparo, referidos a la violación al artículo 14 de la Constitución sobre el debido proceso; el 20, de defensa adecuada; el 21, sobre los principios de la actuación de las instituciones policiales; el 22, sobre la prohibición de tormentos; y el 133, alusivo a la vulneración de derechos sustantivos y garantías procesales establecidas en convenciones y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Además, alegó violaciones al Código Procesal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los magistrados desestimaron los agravios por "infundados" e "inoperantes", pues aseguraron que "fue detenida en flagrancia", "declaró con entera libertad" y que no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público "por causas de fuerzas mayor" porque se trataba de "preservar la vida e integridad física de los secuestrados".
Añadieron que a pesar de que las víctimas "nunca le vieron el rostro", dieron características físicas que coinciden con las de ella y que si al Ministerio Público "no (le) fue posible" comunicarse con el consulado francés, la autoridad ministerial no estaba obligada a esperar a que la embajada francesa o el consulado la asesoraran.
De los videos que demostraron el montaje, aseguraron que no fueron tomados en consideración "ni en (su) perjuicio ni en (su) beneficio" porque "fueron editados".
En respuesta a los magistrados, Agustín Acosta reitera que dos de las víctimas –Cristina Ríos Valladares y su hijo menor, Christian Hilario Ramírez Ríos– no mencionaron en sus primeras declaraciones ministeriales a Florence Cassez, pero cambiaron sus testimonios justo después de conocerse el montaje. (APRO)
Domingo, 20 de Febrero de 2011
Jorge Carrasco Araizaga y Homero Campa
MÉXICO, DF.- El gobierno de Felipe Calderón cabildeó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la negativa del amparo de Florence Cassez. El encargado de la gestión fue el secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth.
De acuerdo con fuentes judiciales y diplomáticas, consultadas por los reporteros cada uno por su lado, las diligencias del Ejecutivo comenzaron cuando el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia aún era presidente de la Corte y a cuyo último informe como cabeza del Poder Judicial, el 15 de diciembre pasado, asistió Calderón en una ceremonia protocolar. Gil Zuarth era entonces subsecretario de Gobernación.
El principal argumento del enviado de Calderón fue que si los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaraban inocente a Florence Marie Louise Cassez Crepin "no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada".
El ahora secretario particular de Calderón pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, originalmente previsto para que sus actividades se realizaran durante los próximos 11 meses, pero que ahora está en suspenso, refieren las fuentes.
Coinciden las fuentes en que el jueves 10, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la Corte con Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado que avalaron la versión de García Luna sobre la alegada participación de la ciudadana francesa en la banda de secuestradores de Los Zodiacos.
Gil Zuarth agradeció el apoyo del Poder Judicial porque se trataba de una "sentencia de Estado". En la reunión, añaden, "Silva Meza no habló".
Oficialmente, tanto la SCJN como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –organismo que encabeza el presidente de la Corte y que se encarga de vigilar y supervisar a los jueces y magistrados– rechazan que tales encuentros hayan existido.
En mayo pasado Calderón sugirió a su homólogo francés Nicolas Sarkozy promover el amparo con la garantía de que se llevaría a cabo un juicio "justo y objetivo" contra Cassez.
La sugerencia de Calderón, planteada personalmente a Sarkozy durante la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe-Unión Europea, fue aceptada por su interlocutor y por la inculpada, de 36 años, quien el próximo 11 de marzo cumple ocho años de haber llegado a México, de los cuales lleva en prisión cinco años y dos meses.
El encargado de elaborar el proyecto para negar el amparo fue el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, el magistrado Carlos Hugo Luna Ramos. Los otros dos magistrados del Tribunal Colegiado que negaron el amparo, identificado con el número 423/2010, fueron Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena Villa-nueva, quienes desestimaron no sólo los argumentos de la defensa de Cassez, sino también de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que como terceros ajenos al caso presentaron a los magistrados "irregularidades de derecho" en el proceso judicial.
LAS NEGACIONES
Durante la entrevista con Proceso en la Suprema Corte, a donde acudió como invitado a la toma de protesta de Jorge Mario Pardo Rebolledo como nuevo ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez asegura que el Tribunal Colegiado tomó como principales testimonios en contra de Cassez el del propio Vallarta y el de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, una de las víctimas.
A pesar de las contradicciones que contienen las diferentes declaraciones ministeriales de las víctimas, a las que justificó con el argumento de que después de un trauma las personas se acuerdan poco a poco de las cosas, el magistrado dijo que para el Tribunal Colegiado lo importante fueron "los hechos que en conjunto la inculpan".
El magistrado asegura también que, además de la declaración de Ezequiel Elizalde, "pesó mucho la declaración ministerial de Vallarta, con quien la ciudadana francesa vivió varios meses", y en la que Israel Vallarta "la señaló como parte de la banda".
El Tribunal Colegiado desestimó el principal argumento de la defensa de Cassez, representada en México por Agustín Acosta y en Francia por Frank Berton. De acuerdo con los litigantes, la credibilidad de toda la investigación quedó cuestionada con la escenificación montada por García Luna sobre la detención de Cassez y Vallarta y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
Para Ojeda Bohórquez, el video y las otras pruebas que presentó la defensa para demostrar la escenificación reconocida por el propio García Luna y la Procuraduría General de la República "ni beneficia ni perjudica" a Cassez, puesto que lo más importante "fue la prueba circunstancial". Los integrantes del Tribunal Colegiado tampoco dieron por acreditada la tortura.
Los magistrados difundieron su fallo mediante una nota informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Los términos de la resolución aún no se difundían el viernes 18, por lo que la defensa todavía no define si promoverá la revisión del amparo ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación –pues alega violaciones constitucionales– o si demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de garantías fundamentales previstas en la Constitución Política de México, y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa jurídica de Cassez ha estado marcada por consideraciones políticas. Tanto el gobierno de Calderón como el de Sarkozy han hecho del caso parte de su agenda política al extremo de tensar las relaciones diplomáticas. Por más de dos años, el caso judicial se ha tratado a nivel de los presidentes.
El 6 de febrero de 2009 fue el propio Calderón quien propuso a Sarkozy que una vez que el caso quedara firme –es decir, con una sentencia condenatoria definitiva–, "se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983", del que México y Francia son parte.
EL VIAJE DE SARKOZY
El presidente Sarkozy viajó a México, en plena campaña de las elecciones federales de 2009 y Calderón lo recibió no sólo con una sentencia a Cassez de 60 años de prisión, fijada unos días antes, sino con la negativa de aplicar el Convenio que él mismo había propuesto.
El argumento para negar la aplicación del Convenio fue que en Francia el secuestro tiene una pena de 20 años, apenas una tercera parte de lo que la había condenado el Primer Tribunal Unitario en Materia penal del Primer Circuito, que "redujo" la condena inicial de 96 años a la que Cassez había sido sentenciada, el 25 de abril de 2008, por la juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras.
El desistimiento de Calderón escaló la confrontación entre los dos países. "El caso de Florence Cassez se ha convertido en una espina en las relaciones bilaterales. Hay que arreglarlo lo antes posible", comentó Sarkozy a Calderón. Fue el 18 de mayo de 2010 y ambos sostenían una reunión privada en uno de los salones de la Feria de Madrid, en la capital española.
Sarkozy reiteró su petición: aplicar el Convenio de Estrasburgo para que Cassez cumpliera su condena en Francia. Calderón se mantuvo en su postura. Explicó que "las diferencias sustantivas en los sistemas jurídicos de ambos países impiden garantizar el cumplimiento de la pena en Francia y, como consecuencia, la imposibilidad de México para otorgar su consentimiento" al traslado de Cassez a su país, según informó la Oficina de la Presidencia de México en un comunicado.
Pero, de acuerdo con una fuente diplomática, Calderón ofreció una salida: "Cassez no ha agotado todas las instancias legales en México a las que tiene derecho. Aún le queda el amparo constitucional", expuso a Sarkozy. Y prometió: "Mi gobierno dará seguimiento al proceso y la Constitución le garantiza a la señora Cassez un juicio justo y objetivo".
Después de que las autoridades mexicanas afirmaban que el de Cassez era un "caso juzgado", Calderón ofrecía una salida legal y política. Dio a entender que dejaría trabajar a la justicia sin meter las manos. Al menos así lo interpretó el gobierno francés, que, a partir de ese momento, aconsejó a Agustín Acosta presentar el amparo constitucional.
Pero de nueva cuenta, Calderón salió en defensa de García Luna y gestionó que el Poder Judicial ratificara la sentencia contra Florence Cassez, en lo que no sólo la defensa, sino la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, considera como una "violación a los derechos humanos" de la sentenciada al existir irregularidades en su proceso penal.
Después de analizar el expediente del caso, Pedro H. Arellano Aguilar, secretario adjunto y abogado de la Pastoral, cuestiona la "prueba circunstancial" construida para sentenciar a Cassez. "El único argumento que ha dado el Tribunal Colegiado es que los testigos la inculpan. Pero no tomó en cuenta que se prestaron al montaje, por lo que sus acusaciones no son creíbles y mucho menos constitucionales".
Los magistrados pasaron por alto el "desaseo jurídico" que hubo en la actuación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) –entonces a cargo de García Luna– cuando detuvieron a Cassez y a Vallarta el 8 de diciembre de 2005, dice Arellano, quien además cuestiona que no haya operado el principio de duda razonable que habría beneficiado a la ciudadana francesa.
No sólo esa instancia de la Iglesia católica ha advertido violaciones al proceso judicial. También lo han hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
UN PROCESO DESASEADO
La defensa de Cassez presentó 17 argumentos de violación en la solicitud de amparo, referidos a la violación al artículo 14 de la Constitución sobre el debido proceso; el 20, de defensa adecuada; el 21, sobre los principios de la actuación de las instituciones policiales; el 22, sobre la prohibición de tormentos; y el 133, alusivo a la vulneración de derechos sustantivos y garantías procesales establecidas en convenciones y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Además, alegó violaciones al Código Procesal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los magistrados desestimaron los agravios por "infundados" e "inoperantes", pues aseguraron que "fue detenida en flagrancia", "declaró con entera libertad" y que no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público "por causas de fuerzas mayor" porque se trataba de "preservar la vida e integridad física de los secuestrados".
Añadieron que a pesar de que las víctimas "nunca le vieron el rostro", dieron características físicas que coinciden con las de ella y que si al Ministerio Público "no (le) fue posible" comunicarse con el consulado francés, la autoridad ministerial no estaba obligada a esperar a que la embajada francesa o el consulado la asesoraran.
De los videos que demostraron el montaje, aseguraron que no fueron tomados en consideración "ni en (su) perjuicio ni en (su) beneficio" porque "fueron editados".
En respuesta a los magistrados, Agustín Acosta reitera que dos de las víctimas –Cristina Ríos Valladares y su hijo menor, Christian Hilario Ramírez Ríos– no mencionaron en sus primeras declaraciones ministeriales a Florence Cassez, pero cambiaron sus testimonios justo después de conocerse el montaje. (APRO)
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