Algo extraño sucedió el lunes 14 en un tramo carretero de San Luis Potosí: se reportó un tiroteo con heridos, pero los policías que acudieron sólo hallaron un auto incendiado… Justo en ese lugar, parte de la Carretera 57, fueron emboscados al día siguiente los agentes estadounidenses Víctor Ávila y Jaime Zapata, presuntamente por una célula de ‘Los Zetas’. Aún más insólito: ahí donde ni las corporaciones federales ni las estatales pueden contener la creciente ola de violencia que ya cobró decenas de muertos, los presuntos asesinos de los agentes fueron detenidos y presentados en menos de una semana
Domingo, 27 de Febrero de 2011
VERÓNICA ESPINOSA
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Ejército Mexicano y la Policía Federal atendieron de inmediato los reclamos del gobierno de Estados Unidos por el ataque a dos agentes de su servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas corporaciones han sido incapaces de parar la ola de violencia que desató la guerra de los cárteles en San Luis Potosí, pero en cinco días dieron con los presuntos responsables de la emboscada del martes 15 en la Carretera 57.
En San Luis Potosí se enfrentan "Los Zetas", que actualmente controlan el territorio, y los cárteles de Sinaloa y del Golfo, aliados bajo la denominación de "cárteles unidos". Las tres organizaciones delictivas multiplican desde fines del año pasado ejecuciones, levantones, secuestros y ataques a policías municipales y federales, desde la Huasteca hasta la capital y los límites con Zacatecas.
En este agitado escenario se suscitó la supuesta confusión por la cual una célula de "Los Zetas", encabezada por Julián Zapata Espinoza, "El Piolín", atacó a los agentes aduanales estadounidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila, matando al primero, según la versión que cinco días después de los hechos ofrecieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) al presentar a los detenidos.
Todo cuadró en la investigación, que duró menos de una semana: al autor del ataque se le vinculó con Jesús Rejón Aguilar, "El Mamito", alto mando de "Los Zetas" que estuvo a punto de ser capturado en un operativo militar en las Suites Tame del bulevar Carranza de la capital potosina, a principios de diciembre pasado, donde cayó preso uno de sus allegados: Javier Robledo Hernández, "El Compu". Rejón Aguilar fue señalado por los "cárteles unidos" como responsable de la emboscada a los agentes del ICE, en un mensaje que llegó a las redacciones de algunos diarios texanos y a páginas electrónicas dedicadas a difundir las actividades del narco.
Cuando fue informado del ataque, el gobernador Fernando Toranzo viajó de urgencia a la Ciudad de México para responsabilizar a las mafias del narcotráfico y protestó débilmente por la alerta de seguridad emitida en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey. Enseguida volvió a su mutismo normal.
ROSTRO CONOCIDO
El lunes 14, unas 24 horas antes del ataque a los agentes estadounidenses, llegó a la Secretaría de Seguridad estatal el reporte de que afuera de un restaurante llamado JL había un tiroteo, heridos y un auto incendiado. El negocio está en la Carretera 57, cerca de la entrada a Santa María del Río, a unos 45 kilómetros de la capital potosina.
Los policías que acudieron ahí encontraron el vehículo, que tenía reporte de robo. Ni cuerpos ni balas.
Al día siguiente, alrededor de las 14:00 horas, en el mismo punto se había consumado ya la emboscada, en un presunto retén de hombres uniformados como policías federales. Ahí quedó la camioneta blindada con numerosos disparos: Adentro estaban heridos los agentes Ávila y Zapata.
Primero se creyó que el objetivo del atentado era el cónsul estadounidense en Monterrey, Nace Crawford, quien días antes visitó la entidad con representantes de la Asociación de Estados Americanos con oficinas en México (Asom) para una reunión de trabajo con empresarios potosinos y con el gobernador Fernando Toranzo.
Reporteros de la fuente y funcionarios estatales pensaron que la víctima era el coordinador de la Policía Federal Preventiva en San Luis Potosí, Manelich Castilla Craviotto, quien utiliza una camioneta idéntica a la que llevaban los agentes estadounidenses.
Casi de inmediato la Policía Federal cercó la escena del crimen hasta entrada la noche, e impidió acercarse a fotógrafos y camarógrafos, con los cuales hubo altercados.
CALA HONDO
Jaime Zapata murió en el Hospital de la Salud, adonde llegó con un paro cardiorrespiratorio. Llevaba cinco disparos en el abdomen y extremidades inferiores, según dijo el doctor Félix Hernández, director del nosocomio. Ávila sufrió heridas de bala en la pierna derecha y la parte baja del abdomen.
La captura de los zetas se produjo con gran rapidez, luego de que la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijera que los responsables del ataque "enfrentarían la justicia" y que las autoridades mexicanas tendrían el apoyo del FBI.
El ataque a los agentes caló hondo; tanto, que agencias estadounidenses como la DEA, la ATF, el ICE y el FBI llevaron a cabo una serie de redadas en varias ciudades de Estados Unidos entre el miércoles 23 y el viernes 25, que culminó con la detención de cientos de "operadores de cárteles mexicanos". En el primer golpe se habló de 500 capturados, cifra que fue aumentando en días siguientes. La DEA aclaró que esta gran operación era una "respuesta al asesinato en México del agente Jaime Zapata" y el ICE denominó a su operativo Héroe Caído.
En contraste, los mandos de las corporaciones estatales fueron los últimos en enterarse de lo ocurrido y después se quedaron al margen del traslado de los agentes al sanatorio local y al Hospital de la Salud, para luego ser trasladados en un pequeño helicóptero policiaco federal a la Ciudad de México.
Nada supieron tampoco sobre el arribo del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para hacerse cargo de las primeras pesquisas y de recibir a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, y mucho menos de la vertiginosa investigación y los supuestos operativos que culminaron con la detención de los presuntos responsables.
Incluso enmudecieron las redes sociales, cuyos usuarios suelen detallar cualquier movilización policiaca. Una vez que se anunció la detención de los inculpados, aparecieron las normales expresiones de incredulidad y de burla.
Únicamente los vecinos de colonias de la capital potosina como Sarabia y Bulevar Río Españita se percataron de los cateos que efectuaron militares el martes 22 y miércoles 23 en por lo menos cinco domicilios, durante los cuales las autoridades dicen haber detenido a "El Piolín" y sus cómplices, incluyendo a su esposa, quienes fueron presentados con evidentes huellas de una golpiza.
DESCONFIANZA
A fines del año pasado, el comandante de la XII Zona Militar, el general Arturo Gutiérrez, se reunió con un grupo de líderes empresariales para exponerles sin rodeos el panorama de inseguridad en el estado, ya que no podía pasar inadvertida la feroz lucha de cárteles.
"Quién sabe cómo terminará esto", dijo el general, y ofreció una lista de recomendaciones para que sus oyentes las aplicaran en su rutina diaria, como cambiar de vehículos y bajar su perfil público. Otro consejo llamó la atención de los empresarios: "No confíen en nadie que no sea de las corporaciones federales". Recientemente, personal de la Zona Militar había comenzado a impartir entrenamiento táctico a un reducido grupo de la Secretaría de Seguridad del estado a fin de crear un cuerpo especial denominado Grupo Confianza, cualidad que hace falta en esa dependencia, según los datos de la Zona Militar.
Después se supo que algunos de esos policías con entrenamiento especial estaban entre los 14 que fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejército el martes 22, en la capital potosina, acusados de ejercicio indebido de la función pública y deslealtad, este último delito tipificado como grave en una reforma recientemente aprobada por el Congreso del estado.
Para el jueves 24 sólo seis de esos 14 agentes estatales permanecían detenidos. El procurador del estado, Cándido Ochoa, detalló que esos policías interceptaron un vehículo con reporte de robo y, después de hacer una llamada telefónica (a alguien cuyo nombre no reveló), dejaron ir a los tripulantes en el auto. Esto quedó registrado en cámaras de vigilancia. "Los que se quedan detenidos (es porque) son informantes; nosotros ya terminamos la investigación, ahora son procesados por deslealtad", dijo el procurador.
CUENTO DE NUNCA ACABAR
En diciembre pasado el presidente municipal de Cerritos, Erasmo Galván Prieto, admitió en una conversación telefónica con la reportera de Proceso que varios de sus policías "seguramente están en las nóminas de ellos" (los narcos). "Hemos cambiado a varios policías; algunos por extorsión… pero no es mucho lo que podemos hacer. Llegan nuevos elementos y de inmediato les dirán que le entran o le entran. Es el cuento de nunca acabar, yo creo que no hay municipio que se escape".
Este mes se desencadenó en la Huasteca potosina –la "mini Tamaulipas", como la calificó un reportero local– una arremetida contra los policías municipales, en lo que se interpreta como una represalia del cártel del Golfo por los compromisos de estas corporaciones con "Los Zetas".
En Ciudad del Maíz, municipio de la Huasteca colindante con Tamaulipas, el 17 de diciembre pasado un comando recorrió las calles de la cabecera municipal disparando contra varios negocios y acabó acribillando las instalaciones de la Cruz Roja para impedir cualquier posibilidad de atención a los heridos que dejaba a su paso.
Posteriormente, varias comandancias de la zona fueron atacadas, unas con cientos de disparos y otras a granadazos. Fueron los casos de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancualayab, en la frontera con Tamaulipas y Veracruz, así como el de Tamasopo, en el sureste del estado. Al menos en dos ocasiones los atacantes arrojaron cadáveres de personas a las que habían levantado en la misma zona.
A partir de estos acontecimientos se confirmó que varios alcaldes de la Huasteca ya no despachan en las oficinas y eliminaron su agenda pública: no aparecen en inauguraciones o ceremonias de ningún tipo. Otros despachan sólo unos días de la semana o lo hacen en domicilios particulares. Algunos de plano dejaron de residir en el municipio que gobiernan.
Por esos días Manuel Alvear, presidente municipal de Ébano, dijo a los reporteros que se mudó a la capital del estado y que sus policías no utilizan armas porque no tienen el necesario permiso federal, situación que prevalece desde hace dos trienios. (APRO)
Domingo, 27 de Febrero de 2011
VERÓNICA ESPINOSA
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Ejército Mexicano y la Policía Federal atendieron de inmediato los reclamos del gobierno de Estados Unidos por el ataque a dos agentes de su servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas corporaciones han sido incapaces de parar la ola de violencia que desató la guerra de los cárteles en San Luis Potosí, pero en cinco días dieron con los presuntos responsables de la emboscada del martes 15 en la Carretera 57.
En San Luis Potosí se enfrentan "Los Zetas", que actualmente controlan el territorio, y los cárteles de Sinaloa y del Golfo, aliados bajo la denominación de "cárteles unidos". Las tres organizaciones delictivas multiplican desde fines del año pasado ejecuciones, levantones, secuestros y ataques a policías municipales y federales, desde la Huasteca hasta la capital y los límites con Zacatecas.
En este agitado escenario se suscitó la supuesta confusión por la cual una célula de "Los Zetas", encabezada por Julián Zapata Espinoza, "El Piolín", atacó a los agentes aduanales estadounidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila, matando al primero, según la versión que cinco días después de los hechos ofrecieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) al presentar a los detenidos.
Todo cuadró en la investigación, que duró menos de una semana: al autor del ataque se le vinculó con Jesús Rejón Aguilar, "El Mamito", alto mando de "Los Zetas" que estuvo a punto de ser capturado en un operativo militar en las Suites Tame del bulevar Carranza de la capital potosina, a principios de diciembre pasado, donde cayó preso uno de sus allegados: Javier Robledo Hernández, "El Compu". Rejón Aguilar fue señalado por los "cárteles unidos" como responsable de la emboscada a los agentes del ICE, en un mensaje que llegó a las redacciones de algunos diarios texanos y a páginas electrónicas dedicadas a difundir las actividades del narco.
Cuando fue informado del ataque, el gobernador Fernando Toranzo viajó de urgencia a la Ciudad de México para responsabilizar a las mafias del narcotráfico y protestó débilmente por la alerta de seguridad emitida en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey. Enseguida volvió a su mutismo normal.
ROSTRO CONOCIDO
El lunes 14, unas 24 horas antes del ataque a los agentes estadounidenses, llegó a la Secretaría de Seguridad estatal el reporte de que afuera de un restaurante llamado JL había un tiroteo, heridos y un auto incendiado. El negocio está en la Carretera 57, cerca de la entrada a Santa María del Río, a unos 45 kilómetros de la capital potosina.
Los policías que acudieron ahí encontraron el vehículo, que tenía reporte de robo. Ni cuerpos ni balas.
Al día siguiente, alrededor de las 14:00 horas, en el mismo punto se había consumado ya la emboscada, en un presunto retén de hombres uniformados como policías federales. Ahí quedó la camioneta blindada con numerosos disparos: Adentro estaban heridos los agentes Ávila y Zapata.
Primero se creyó que el objetivo del atentado era el cónsul estadounidense en Monterrey, Nace Crawford, quien días antes visitó la entidad con representantes de la Asociación de Estados Americanos con oficinas en México (Asom) para una reunión de trabajo con empresarios potosinos y con el gobernador Fernando Toranzo.
Reporteros de la fuente y funcionarios estatales pensaron que la víctima era el coordinador de la Policía Federal Preventiva en San Luis Potosí, Manelich Castilla Craviotto, quien utiliza una camioneta idéntica a la que llevaban los agentes estadounidenses.
Casi de inmediato la Policía Federal cercó la escena del crimen hasta entrada la noche, e impidió acercarse a fotógrafos y camarógrafos, con los cuales hubo altercados.
CALA HONDO
Jaime Zapata murió en el Hospital de la Salud, adonde llegó con un paro cardiorrespiratorio. Llevaba cinco disparos en el abdomen y extremidades inferiores, según dijo el doctor Félix Hernández, director del nosocomio. Ávila sufrió heridas de bala en la pierna derecha y la parte baja del abdomen.
La captura de los zetas se produjo con gran rapidez, luego de que la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijera que los responsables del ataque "enfrentarían la justicia" y que las autoridades mexicanas tendrían el apoyo del FBI.
El ataque a los agentes caló hondo; tanto, que agencias estadounidenses como la DEA, la ATF, el ICE y el FBI llevaron a cabo una serie de redadas en varias ciudades de Estados Unidos entre el miércoles 23 y el viernes 25, que culminó con la detención de cientos de "operadores de cárteles mexicanos". En el primer golpe se habló de 500 capturados, cifra que fue aumentando en días siguientes. La DEA aclaró que esta gran operación era una "respuesta al asesinato en México del agente Jaime Zapata" y el ICE denominó a su operativo Héroe Caído.
En contraste, los mandos de las corporaciones estatales fueron los últimos en enterarse de lo ocurrido y después se quedaron al margen del traslado de los agentes al sanatorio local y al Hospital de la Salud, para luego ser trasladados en un pequeño helicóptero policiaco federal a la Ciudad de México.
Nada supieron tampoco sobre el arribo del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para hacerse cargo de las primeras pesquisas y de recibir a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, y mucho menos de la vertiginosa investigación y los supuestos operativos que culminaron con la detención de los presuntos responsables.
Incluso enmudecieron las redes sociales, cuyos usuarios suelen detallar cualquier movilización policiaca. Una vez que se anunció la detención de los inculpados, aparecieron las normales expresiones de incredulidad y de burla.
Únicamente los vecinos de colonias de la capital potosina como Sarabia y Bulevar Río Españita se percataron de los cateos que efectuaron militares el martes 22 y miércoles 23 en por lo menos cinco domicilios, durante los cuales las autoridades dicen haber detenido a "El Piolín" y sus cómplices, incluyendo a su esposa, quienes fueron presentados con evidentes huellas de una golpiza.
DESCONFIANZA
A fines del año pasado, el comandante de la XII Zona Militar, el general Arturo Gutiérrez, se reunió con un grupo de líderes empresariales para exponerles sin rodeos el panorama de inseguridad en el estado, ya que no podía pasar inadvertida la feroz lucha de cárteles.
"Quién sabe cómo terminará esto", dijo el general, y ofreció una lista de recomendaciones para que sus oyentes las aplicaran en su rutina diaria, como cambiar de vehículos y bajar su perfil público. Otro consejo llamó la atención de los empresarios: "No confíen en nadie que no sea de las corporaciones federales". Recientemente, personal de la Zona Militar había comenzado a impartir entrenamiento táctico a un reducido grupo de la Secretaría de Seguridad del estado a fin de crear un cuerpo especial denominado Grupo Confianza, cualidad que hace falta en esa dependencia, según los datos de la Zona Militar.
Después se supo que algunos de esos policías con entrenamiento especial estaban entre los 14 que fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejército el martes 22, en la capital potosina, acusados de ejercicio indebido de la función pública y deslealtad, este último delito tipificado como grave en una reforma recientemente aprobada por el Congreso del estado.
Para el jueves 24 sólo seis de esos 14 agentes estatales permanecían detenidos. El procurador del estado, Cándido Ochoa, detalló que esos policías interceptaron un vehículo con reporte de robo y, después de hacer una llamada telefónica (a alguien cuyo nombre no reveló), dejaron ir a los tripulantes en el auto. Esto quedó registrado en cámaras de vigilancia. "Los que se quedan detenidos (es porque) son informantes; nosotros ya terminamos la investigación, ahora son procesados por deslealtad", dijo el procurador.
CUENTO DE NUNCA ACABAR
En diciembre pasado el presidente municipal de Cerritos, Erasmo Galván Prieto, admitió en una conversación telefónica con la reportera de Proceso que varios de sus policías "seguramente están en las nóminas de ellos" (los narcos). "Hemos cambiado a varios policías; algunos por extorsión… pero no es mucho lo que podemos hacer. Llegan nuevos elementos y de inmediato les dirán que le entran o le entran. Es el cuento de nunca acabar, yo creo que no hay municipio que se escape".
Este mes se desencadenó en la Huasteca potosina –la "mini Tamaulipas", como la calificó un reportero local– una arremetida contra los policías municipales, en lo que se interpreta como una represalia del cártel del Golfo por los compromisos de estas corporaciones con "Los Zetas".
En Ciudad del Maíz, municipio de la Huasteca colindante con Tamaulipas, el 17 de diciembre pasado un comando recorrió las calles de la cabecera municipal disparando contra varios negocios y acabó acribillando las instalaciones de la Cruz Roja para impedir cualquier posibilidad de atención a los heridos que dejaba a su paso.
Posteriormente, varias comandancias de la zona fueron atacadas, unas con cientos de disparos y otras a granadazos. Fueron los casos de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancualayab, en la frontera con Tamaulipas y Veracruz, así como el de Tamasopo, en el sureste del estado. Al menos en dos ocasiones los atacantes arrojaron cadáveres de personas a las que habían levantado en la misma zona.
A partir de estos acontecimientos se confirmó que varios alcaldes de la Huasteca ya no despachan en las oficinas y eliminaron su agenda pública: no aparecen en inauguraciones o ceremonias de ningún tipo. Otros despachan sólo unos días de la semana o lo hacen en domicilios particulares. Algunos de plano dejaron de residir en el municipio que gobiernan.
Por esos días Manuel Alvear, presidente municipal de Ébano, dijo a los reporteros que se mudó a la capital del estado y que sus policías no utilizan armas porque no tienen el necesario permiso federal, situación que prevalece desde hace dos trienios. (APRO)
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