José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 12 de enero (apro).- Apenas iniciado el año, durante la primera semana de 2011 había ya 57 muertos vinculados con el crimen organizado.
En diez años, el país ha sufrido su peor crisis de violencia, con más de mil enfrentamientos (uno diario), cerca de 40 mil muertos (9 mil con Vicente Fox y el resto con Felipe Calderón), 62 periodistas asesinados y 11 desaparecidos.
Ello sin contar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas 5 mil 397 personas desaparecidas en sólo siete estados, más de 8 mil muertos sin identificar, más de 10 mil huérfanos y 3 mil 326 menores que han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado.
La cuota de sangre que el país ha pagado sin deberla ha sido muy alta. De acuerdo con estimaciones de historiadores, en esta última década la guerra contra el narcotráfico ha costado más vidas que en las guerras de Independencia, de la Reforma y la invasión de Estados Unidos en 1847.
Los efectos sociales del desangramiento aún están por verse en el tiempo, porque si aún no cierra la herida social de la matanza de Tlatelolco en 1968, la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal en 1997, la provocada por los miles de inocentes que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico tardará mucho más, dejando secuelas en la sociedad mexicana.
Durante estos años ha habido expresiones de inconformidad social, entre ellas un par de marchas en las que miles de personas exigieron al gobierno federal mayor seguridad. Sin embargo, en ninguna de ellas se expresó el grito de inconformidad y de demanda para detener las matanzas que hoy vivimos, y la violencia cotidiana que se expande imparable por todo el país.
A diferencia de otros países como Italia y Colombia, donde la sociedad no sólo ha demandado parar la violencia, sino que participa en la lucha contra el crimen organizado, en México los ciudadanos hemos sido incapaces de expresar nuestra molestia, nuestro enojo y nuestro rechazo a las políticas oficiales en las calles, en las plazas o en los lugares públicos.
La desmovilización social de los últimos años, quizá desde 1994, cuando miles salieron a la calle a detener la guerra en Chiapas, ha sido un grave problema, porque la política gubernamental se ha instrumentado de manera impune sin que haya una oposición de ningún grupo.
Así hemos visto pasar ante nuestros ojos la aplicación de políticas públicas que lastiman nuestros salarios, decisiones de cierre de empresas sociales que por años prestaron servicios invaluables, acciones que merman nuestra economía y nuestros derechos más sagrados como la justicia, el bienestar y la libertad de expresión. Muchas cosas que nos conciernen han sido impuestas sin que digamos algo.
La sociedad civil mexicana se ha pulverizado y atomizado con el paso de los años, y las organizaciones de derechos humanos que sobreviven son atacadas por autoridades, políticos, gobernantes y ahora por el crimen organizado, situándolas en una situación tan precaria que organismos internacionales como la ONU ha solicitado al gobierno federal medidas de protección.
Frente a tal desamparo es necesario reaccionar, dejar de ver como algo cotidiano que mueran decenas de personas en las múltiples batallas que hay en el país, o que haya bombazos y ejecuciones producto de decapitaciones, mutilaciones o personas quemadas en ácido.
Hay que dejar de tomar como natural la impunidad y la incapacidad de quienes están a cargo de las instituciones de justicia y de seguridad pública. Debemos rechazar como una verdad absoluta lo que nos dicen los conductores de las televisoras que están al servicio de sus propios intereses o de los intereses de unos cuantos.
Y al mismo tiempo actuar porque tal vez hoy, más que nunca, necesitamos expresar nuestro sentir frente a esta guerra que no tiene sentido, ante esta violencia que está generando más violencia y muertes. Exigir, pues, de manera organizada, que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman sus funciones y no las dejen en manos del crimen organizado, que tiene en su poder tres cuartas partes de los municipios de todo el país.
Pero para ello primero hay que vencer el miedo, la apatía y recuperar la capacidad de asombro, además de transformar la inconformidad en acciones sociales organizadas.
La iniciativa de un buen grupo de moneros, cartonistas políticos de diversos medios, en el sentido de convocar a la gente, a otros medios y a las organizaciones sociales a sumarse a la protesta denominada "¡Basta de Sangre!" o "No + sangre" puede ser el primer paso que necesitamos para empezar a caminar el camino de la acción ciudadana, de recuperar los espacios perdidos en esta guerra y de mostrar que es en la sociedad organizada donde puede haber una esperanza de un cambio y un mejor futuro.
Reforma
13/01/2011
MÉXICO, D.F., 12 de enero (apro).- Apenas iniciado el año, durante la primera semana de 2011 había ya 57 muertos vinculados con el crimen organizado.
En diez años, el país ha sufrido su peor crisis de violencia, con más de mil enfrentamientos (uno diario), cerca de 40 mil muertos (9 mil con Vicente Fox y el resto con Felipe Calderón), 62 periodistas asesinados y 11 desaparecidos.
Ello sin contar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas 5 mil 397 personas desaparecidas en sólo siete estados, más de 8 mil muertos sin identificar, más de 10 mil huérfanos y 3 mil 326 menores que han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado.
La cuota de sangre que el país ha pagado sin deberla ha sido muy alta. De acuerdo con estimaciones de historiadores, en esta última década la guerra contra el narcotráfico ha costado más vidas que en las guerras de Independencia, de la Reforma y la invasión de Estados Unidos en 1847.
Los efectos sociales del desangramiento aún están por verse en el tiempo, porque si aún no cierra la herida social de la matanza de Tlatelolco en 1968, la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal en 1997, la provocada por los miles de inocentes que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico tardará mucho más, dejando secuelas en la sociedad mexicana.
Durante estos años ha habido expresiones de inconformidad social, entre ellas un par de marchas en las que miles de personas exigieron al gobierno federal mayor seguridad. Sin embargo, en ninguna de ellas se expresó el grito de inconformidad y de demanda para detener las matanzas que hoy vivimos, y la violencia cotidiana que se expande imparable por todo el país.
A diferencia de otros países como Italia y Colombia, donde la sociedad no sólo ha demandado parar la violencia, sino que participa en la lucha contra el crimen organizado, en México los ciudadanos hemos sido incapaces de expresar nuestra molestia, nuestro enojo y nuestro rechazo a las políticas oficiales en las calles, en las plazas o en los lugares públicos.
La desmovilización social de los últimos años, quizá desde 1994, cuando miles salieron a la calle a detener la guerra en Chiapas, ha sido un grave problema, porque la política gubernamental se ha instrumentado de manera impune sin que haya una oposición de ningún grupo.
Así hemos visto pasar ante nuestros ojos la aplicación de políticas públicas que lastiman nuestros salarios, decisiones de cierre de empresas sociales que por años prestaron servicios invaluables, acciones que merman nuestra economía y nuestros derechos más sagrados como la justicia, el bienestar y la libertad de expresión. Muchas cosas que nos conciernen han sido impuestas sin que digamos algo.
La sociedad civil mexicana se ha pulverizado y atomizado con el paso de los años, y las organizaciones de derechos humanos que sobreviven son atacadas por autoridades, políticos, gobernantes y ahora por el crimen organizado, situándolas en una situación tan precaria que organismos internacionales como la ONU ha solicitado al gobierno federal medidas de protección.
Frente a tal desamparo es necesario reaccionar, dejar de ver como algo cotidiano que mueran decenas de personas en las múltiples batallas que hay en el país, o que haya bombazos y ejecuciones producto de decapitaciones, mutilaciones o personas quemadas en ácido.
Hay que dejar de tomar como natural la impunidad y la incapacidad de quienes están a cargo de las instituciones de justicia y de seguridad pública. Debemos rechazar como una verdad absoluta lo que nos dicen los conductores de las televisoras que están al servicio de sus propios intereses o de los intereses de unos cuantos.
Y al mismo tiempo actuar porque tal vez hoy, más que nunca, necesitamos expresar nuestro sentir frente a esta guerra que no tiene sentido, ante esta violencia que está generando más violencia y muertes. Exigir, pues, de manera organizada, que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman sus funciones y no las dejen en manos del crimen organizado, que tiene en su poder tres cuartas partes de los municipios de todo el país.
Pero para ello primero hay que vencer el miedo, la apatía y recuperar la capacidad de asombro, además de transformar la inconformidad en acciones sociales organizadas.
La iniciativa de un buen grupo de moneros, cartonistas políticos de diversos medios, en el sentido de convocar a la gente, a otros medios y a las organizaciones sociales a sumarse a la protesta denominada "¡Basta de Sangre!" o "No + sangre" puede ser el primer paso que necesitamos para empezar a caminar el camino de la acción ciudadana, de recuperar los espacios perdidos en esta guerra y de mostrar que es en la sociedad organizada donde puede haber una esperanza de un cambio y un mejor futuro.
Reforma
13/01/2011
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