Miguel Ángel Granados Chapa
Los abogados de Gregorio Sánchez Martínez y de los partidos que lo postulan a la gubernatura de Quintana Roo deben emprender la doble estrategia, ante la justicia electoral y ante la de amparo, para evitar que al daño jurídico ya infligido –el auto de formal prisión emitido ayer– se agregue el daño político consistente en tener que sustituir a su candidato y, aun más, el de quedar al margen de la contienda.
En la vertiente electoral Sánchez Martínez puede acudir al tribunal federal de la materia, en un juicio para proteger sus derechos político electorales. Aunque la Constitución federal ordena la suspensión de los derechos políticos de quien esté bajo proceso, hace apenas dos semanas la sala superior del tribunal mencionado adoptó una decisión que será invocada por Greg. El candidato panista al gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sobre quien pesa un auto de procesamiento, fue protegido para no perder la candidatura, posición de que se le privó por su situación legal.
El 13 de mayo, en sesión de que estuvo ausente la presidenta de la sala María del Carmen Alanís, y presidió por eso el magistrado Alejandro Luna Ramos, el magistrado Flavio Galván se quedó solo con el proyecto que confirmaba la decisión de las autoridades locales. Los cinco magistrados restantes resolvieron en cambio que en una interpretación garantista era aplicable por encima de la Constitución el Pacto interamericano de los derechos civiles y políticos. El magistrado Luna Ramos llegó a decir "que es inadmisible una interpretación formal y rigorista de la ley que restringe los derechos políticos a un ciudadano por un auto de formal prisión".
Hay una amplia opinión en el sentido de que el artículo 38 de la Constitución federal debe ser reformado a fin de sustituir el auto de formal prisión por la sentencia como fuente de la suspensión de los derechos ciudadanos. Como es claro, al comenzar un juicio apenas está por determinarse si una persona es responsable penalmente. Como puede ser exonerada, ya habría padecido un perjuicio en sus derechos en el periodo en que dure el proceso.
La sentencia relativa a Aguascalientes no necesariamente será idéntica a la que 'Greg', bajo proceso Plaza Pública editorial@reforma.com se emita en el caso de Greg Sánchez. Éste se halla en prisión mientras que Orozco Sandoval estaba libre, protegido por un amparo. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden ensanchar cuanto quieran, según sus convicciones, el espíritu garantista de la ley, pero difícilmente podrían intentar la invalidez de una norma procesal penal si es que cuando emitieran su fallo sigue en prisión el alcalde de Cancún con licencia. Las demandas de amparo que emprenda, contra la orden de aprehensión y el auto de procesamiento, podrían tener efecto y Greg quedará libre. De lo contrario, no se ve cómo la justicia electoral proteja al candidato al que la justicia penal mantiene en prisión.
Si se obturan los caminos jurídicos y Sánchez Martínez pierde libertad y candidatura, los partidos que lo apoyan tendrán que sustituirlo. Disponen para ello de un amplio plazo, no específicamente determinado por la ley electoral quintanarroense. Se establece en la fracción II del artículo 133 que un candidato puede ser sustituido por "fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o por resolución de los órganos directivos estatales del partido político que corresponda". No expresa una fecha límite para el reemplazo, por lo que puede hacerse en cualquier día de junio y hasta en el plazo de veda electoral que antecede a la jornada respectiva.
Políticamente los partidos detrás de Sánchez Martínez (es decir el PRD, pues los otros han sido arrastrados a una aventura que tiene mal fin) pueden sustituirlo cuanto antes, para que el nuevo candidato cuente al menos con un mes de campaña. Pero también pueden hacerlo hasta que se decida la impresión de las boletas electorales. Si el 4 de julio en la papeleta figurara el nombre de Sánchez Martínez, la votación en su favor sería probablemente mayor que la ganada en otras circunstancias. Pero serían sufragios ineficaces porque ni siquiera una victoria electoral abriría a Greg las puertas del penal de San José del Rincón en Nayarit.
Tras el auto de formal prisión de Greg queda en pie y aun se refuerza la dualidad que apuntamos hace exactamente una semana, en que señalamos el uso político que se da a la Procuraduría y la condición de candidato "equívoco" que atribuimos a Sánchez Martínez. Una voz autorizada, especialmente respecto de su entidad adoptiva, Lydia Cacho asegura que desde "2007 (Jesús) Ortega y el CEN del PRD tuvieron en sus manos la documentación sobre las relaciones del entonces alcalde y su familia con la delincuencia organizada de Guatemala y Chiapas". Y contundente añade: "Para quienes desde hace años documentamos la construcción del narcoestado en el sureste, la sorpresa no es el arresto de Sánchez, sino la tardanza en llevarlo a cabo (El Universal, 31 de mayo). A reserva de volver sobre el caso, sería imperdonable no protestar ahora por el ataque sufrido el lunes por el Centro integral de atención a la mujer, dirigido por la propia Lydia Cacho. A la cabeza de la agresión figura un marido desalmado, agente policiaco, cuya más reciente atrocidad consistió en golpear a su esposa que cargaba a su bebé de apenas nueve días de nacido.
Al mismo tiempo se refuerza el sesgo político del enjuiciamiento al candidato perredista. Eso podría ser evidenciado en juicio de amparo respectivo.
Cajón de Sastre
Crece la expectativa sobre el informe relativo a la Guardería ABC que presentará el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar. Conforme al procedimiento que rige a las investigaciones constitucionales que el máximo tribunal puede emprender, no hay términos fijos, no hay plazos fatales. Ya se agotó la primera fase de esta indagación realizada conforme al artículo 97, consistente en la presentación de un informe preliminar realizado por una magistrada y un magistrado de circuito que a una investigación pulcra y muy amplia agregó la claridad de sus apreciaciones sobre la responsabilidad de algunos funcionarios. Es de esperar que el trabajo de Saldívar, uno de los dos ministros recién llegados, corre en la misma dirección apuntada por el reporte preliminar. Además es de esperar también que el documento del ministro sea presentado antes del sábado porque así lo esperan los deudos de las víctimas, sedientos de justicia. Es una ocasión eminente para mostrar la autonomía de la Corte.
Reforma
02/06/2010
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