DISPUTAS TERRITORIALES DE LA MAFIA
Al crimen organizado no le conviene que el Congreso autorice medidas de combate al narcotráfico: no quiere que el ejército salga de los cuarteles, se opone a la legalización de los estupefacientes y a cualquier acción que entorpezca el lavado de dinero. No desea que se aplique la extinción de dominio ni que se altere el estatus de las notarías
Domingo, 13 de Junio de 2010
MÉXICO, DF.- La representación del crimen organizado en el Congreso de la Unión, y fenómenos como la reciente renuncia de candidatos a puestos de elección popular en el norte del país, arrastran a México a los linderos de una "ecuación fatal" en que las contiendas electorales ya son una vertiente de las disputas territoriales de la mafia.
A la luz de la investigación de Proceso efectuada en torno a las expresiones documentadas de la narcopolítica, Alfredo Echegollen Guzmán, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Política Comparada y especialista en gobernabilidad, concluye:
"La bancada del crimen ya no es una metáfora. La presencia del crimen organizado en el Poder Legislativo mexicano ha dejado de ser especulación. Su incrustación casi orgánica en los cuerpos legislativos es un hecho. Podemos detectar la presencia de personeros, testaferros, representantes de los distintos cárteles o bandas que están gestionando los intereses del crimen organizado dentro de los órganos legislativos".
Acceder a información privilegiada de seguridad a través de la investidura legislativa, incidir en la regulación de sanciones a las actividades delictivas, establecer vínculos con "redes con capital social proveedoras de servicios legales e ilegales", así como gozar de impunidad y protección oficiales, son algunos de los beneficios que obtiene la mafia de una representación propia en los espacios parlamentarios del Estado.
OBSTRUIR INICIATIVAS
Su acceso a las instancias de representación, según Echegollen Guzmán, no parce fortuito: "Reclutan capital humano calificado, con experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública local y federal, capaz de moverse con suficiente know how en el ámbito legislativo, que sabe cuáles palancas jalar y qué botones apretar, y mientras dan la cara de representantes populares que velan por el bien común, desde dentro minan la capacidad del Estado para perseguir, castigar y frenar los efectos más nocivos del narcotráfico, de modo que sus intereses queden adecuadamente protegidos".
Marco Vinicio Martínez Villicaña, consultor en prevención de lavado de dinero, fundador de los primeros equipos antiblanqueo de Citibank México y de la Asociación de Bancos de México (ABM), detalla una agenda legislativa muy precisa de la bancada del crimen: obstruir iniciativas que regulen integralmente el blanqueo de capitales; proteger el secreto bancario; bloquear la aprobación, a escala federal, de la extinción de dominio; mantener el régimen legal de notarías; promover ordenamientos que impidan al ejército salir de los cuarteles; sostener la intocabilidad del fuero parlamentario y, por supuesto, trabar una eventual legalización de la droga, que acabaría con el negocio.
De hecho, tal vez la mafia ya se ha anotado logros legislativos significativos, como la creación de la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que entrará en vigor en 2011: una especie de cheque en blanco para lavadores de dinero, a decir de Martínez Villicaña.
LA AGENDA
El desempeño político de la bancada del crimen sería más reactivo que proactivo, dice Martínez Villicaña. "Más que proponer iniciativas, su papel sería bloquearlas" y en ese sentido habría tenido, hasta ahora, éxito. Alude, como ejemplo, a la legislación que sanciona la persecución de las redes de blanqueo de capitales:
"No existe una ley de prevención. Hay una serie de artículos que se refieren al lavado en la Ley de Instituciones de Crédito, en ordenamientos que regulan las instituciones financieras y en el Código Penal Federal, que establece la penalización, llenos de incongruencias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la de Seguros y Fianzas y la Nacional de Ahorro para el Retiro establecen disposiciones de carácter general, a través de Hacienda, que tienen que seguir todas las instituciones financieras para prevenir el blanqueo.
"¿Por qué la CNBV debe tener atribuciones legislativas? (…) A la CNVB le importa que, como dice su reglamento, le reporten operaciones inusuales en un plazo no mayor a quince días. Pero, ¿eran válidas, legales, esas operaciones? No le importa.
"Si un banco detectó movimientos inusuales de la cuenta bancaria de una empresa, que a su vez reportó a la CNBV, ésta, con el mismo carácter burocrático, informa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda —otra instancia que legalmente no significa ninguna apuesta para detectar redes de blanqueo—, la cual verá si el caso es digno de investigarse. Si lo es, reunirá todos los elementos para después enviarlos a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue, pero como ésta no puede ir directamente a los bancos a pedir la información, porque lo impide el secreto bancario, tendrá que hacerlo a través de la CNBV. Y entonces, para cuando terminan una investigación, la empresa que efectuaba operaciones inusuales tal vez ya se desmanteló.
MANTENER LAS LEYES
"Si yo fuera capo de la mafia", aventura Martínez, "trataría de que el secreto bancario y el estatus de prevención de lavado se mantuvieran como están. Si me van a investigar, pues que les cueste trabajo. Intentaría evitar que se promulgara una ley específica de prevención del lavado de dinero, que previera una comisión encargada de regular a las instituciones financieras en la materia. Como narco eso no me conviene. El combate al narco sólo genera más violencia si no se atacan las redes financieras que lo mantienen funcionando".
Martínez Villicaña, exdirector de Prevención de Lavado de Dinero del BankBoston México, presenta como objeto de interés legislativo para el crimen, también: un bloqueo a la aprobación de la extinción de dominio "que tiene muchos detractores y no se ha aprobado a nivel federal", impulsar disposiciones que regresen al Ejército a sus cuarteles, trabar una eventual legalización de la droga, así como proteger el estatus legal de notarías y del fuero parlamentario, que les brinda impunidad en caso de ser descubiertos.
"No debería haber juicios de desafuero", explica; "el fuero debería cesar sin juicio al cometerse determinados delitos, en un esquema muy acotado. Si como narco estoy patrocinando a éste diputado, si ya lo tuve en el cabildo, si ya lo tuve de alcalde, si ya lo llevé a la diputación, necesito que siga teniendo fuero.
"En cuanto a los notarios, estos dan fe de un acto que está sucediendo, pueden legalizar un acto ilegal sin más que su palabra. Si creas una empresa para lavar dinero, el notario va y da fe de que sí, ahí está la empresa. Puede no existir realmente. Si compras una casa dices que la reparaste y subió su valor, el notario da fe, la vendes y ya lavaste dinero. El origen de los notarios es oscuro, sus nombramientos son prácticamente mercedes monárquicas, concesiones de los gobernadores".
Pero tal vez los intereses del crimen ya hayan pegado un verdadero hit parlamentario, dice el consultor: "Conforme a la última reforma en la materia, para 2011 toda sociedad financiera de objeto limitado (sofol) cobrará forma de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), una sociedad de crédito que ya no tendrá la obligación de reportarle nada a la CNBV, a la Secretaría de Hacienda ni a ninguna autoridad regulatoria.
LAS FACILIDADES
"Formas tu sociedad anónima con 50 mil pesos de capital, la registras ante la Condusef, ante nadie más, y listo: puedes dar cualquier tipo de crédito, arrendamiento o factoraje facilitando el lavado de dinero. Te estableces en un pequeño poblado y das un crédito blando a toda la población, recibes mensualmente los intereses, cargas más capital y al final el dinero está limpiecito. Supone dos riesgos: que se establezcan para blanquear o que llegue el capo de la región y presione para inyectar dinero".
Pero Echegollen prevé que podrían llegar a ser más osados "relanzando iniciativas, por ejemplo, en las que PRI y PRD, sobre todo, han insistido, como la del artículo 115 Constitucional para el fortalecimiento del municipio, del verdadero concepto de municipio libre. Con un ayuntamiento auténticamente independiente en cuanto al peso que tienen la administración federal y estatal sobre su operación y presupuesto, podríamos empezar a hablar de municipios autónomos, pero no al estilo del EZLN sino al estilo del cártel de Sinaloa. Eso impactaría en las fuentes de empleo, en la economía regional y estatal, ocasionando una desestabilización política, porque cualquier persona que se opusiera sería ejecutada".
Durante la campaña para las elecciones intermedias de 2009 fueron difundidos distintos informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que señalaban la presencia de más de una docena de candidatos a legisladores ligados al narcotráfico, así como informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos que implicaban a contendientes específicos en redes criminales.
Las autoridades mexicanas no reaccionaron, tal vez para evitar acusaciones de persecución política. Ni siquiera aquellos que perdieron y habían sido implicados fueron investigados. El famoso blindaje del Instituto Federal Electoral, por su parte, no pasó de la retórica.
"Si existen mínimos elementos técnicos, si existen los cuerpos de seguridad pública y las instancias capaces de armar un expediente, un caso jurídicamente sustentable, y atraparlos, sólo podemos pensar que no lo hacen por falta de voluntad política o incluso por miedo, una postración de la autoridades por la posibilidad de chantajes a altas personalidades de la actual administración federal que pudieran tener cola que les pisen y simple y sencillamente están atados de manos", considera Echegollen.
En Colombia, referente arquetípico de la narcopolítica, llegó el momento en que "las facciones aspirantes al poder tuvieron que recurrir a los narcotraficantes para tener alguna oportunidad de éxito en la disputa por un papel de élites locales".
LUCHA POR PODER REGIONAL
El "explosivo y sangriento resultado", reseña Gustavo Duncan, investigador de la colombiana Fundación Seguridad y Democracia, revelaba que la contienda electoral era parte de la lucha integral por el poder regional:
"No era un asunto de luchas políticas entre clases o sectores diferentes de una misma región, sino de redes sociales similares articuladas en facciones rivales con el propósito de monopolizar las rentas, empleos y privilegios estatales, así como direccionar la prestación de servicios básicos. Cuando los recursos de la droga entraron en escena, los profesionales de la política junto a los ejecutores de la violencia privada, contratistas públicos, líderes veredales y barriales y demás miembros de las facciones en disputa, encontraron una fuente de financiación sin precedente para intensificar su competencia en el juego de control electoral, que se impondría a través de batallas campales, vendettas, amenazas y masacres, como el principal estamento de poder regional".
En México no estamos muy lejos de esa situación, según Echegollen:
"Hay indicadores de que la disputa de los sindicatos del crimen por los territorios a través de la lucha electoral no está lejos. El hecho de que en la disputa por un municipio o por una gubernatura, detrás de los membretes o siglas de los partidos, los que se estén realmente enfrentando sean grupos políticos que tienen conexiones orgánicas importantes, de negocios, con grupos criminales en ese territorio, es un escenario fatal no sólo para el sistema electoral, sino para el futuro y viabilidad del país."
Los asesinatos de candidatos a diputados y a otros puestos, las recientes renuncias de aspirantes en Tamaulipas —como han ocurrido en Colombia y Guatemala—, apuntan en ese sentido, evalúa Echegollen:
"Alguien podría decir que son renuncias originadas ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad de proporcionar la mínima protección a un candidato, pero simple y sencillamente podría obedecer a un ajedrez político-criminal, que sean las mismas organizaciones criminales que hagan un cálculo político que ponen y quitan, según su propio cálculo y lectura de las circunstancias, a candidatos; es decir, que el sentido de las renuncias no sea solamente el miedo sino que sea línea, una línea que ya no proviene del partido".
Incluso el secuestro de un factótum del poder panista, como Diego Fernández de Cevallos, a manos, presumiblemente, de un grupo político ligado al crimen organizado, apunta en ese sentido, dice el investigador. (APRO)
Al crimen organizado no le conviene que el Congreso autorice medidas de combate al narcotráfico: no quiere que el ejército salga de los cuarteles, se opone a la legalización de los estupefacientes y a cualquier acción que entorpezca el lavado de dinero. No desea que se aplique la extinción de dominio ni que se altere el estatus de las notarías
Domingo, 13 de Junio de 2010
MÉXICO, DF.- La representación del crimen organizado en el Congreso de la Unión, y fenómenos como la reciente renuncia de candidatos a puestos de elección popular en el norte del país, arrastran a México a los linderos de una "ecuación fatal" en que las contiendas electorales ya son una vertiente de las disputas territoriales de la mafia.
A la luz de la investigación de Proceso efectuada en torno a las expresiones documentadas de la narcopolítica, Alfredo Echegollen Guzmán, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Política Comparada y especialista en gobernabilidad, concluye:
"La bancada del crimen ya no es una metáfora. La presencia del crimen organizado en el Poder Legislativo mexicano ha dejado de ser especulación. Su incrustación casi orgánica en los cuerpos legislativos es un hecho. Podemos detectar la presencia de personeros, testaferros, representantes de los distintos cárteles o bandas que están gestionando los intereses del crimen organizado dentro de los órganos legislativos".
Acceder a información privilegiada de seguridad a través de la investidura legislativa, incidir en la regulación de sanciones a las actividades delictivas, establecer vínculos con "redes con capital social proveedoras de servicios legales e ilegales", así como gozar de impunidad y protección oficiales, son algunos de los beneficios que obtiene la mafia de una representación propia en los espacios parlamentarios del Estado.
OBSTRUIR INICIATIVAS
Su acceso a las instancias de representación, según Echegollen Guzmán, no parce fortuito: "Reclutan capital humano calificado, con experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública local y federal, capaz de moverse con suficiente know how en el ámbito legislativo, que sabe cuáles palancas jalar y qué botones apretar, y mientras dan la cara de representantes populares que velan por el bien común, desde dentro minan la capacidad del Estado para perseguir, castigar y frenar los efectos más nocivos del narcotráfico, de modo que sus intereses queden adecuadamente protegidos".
Marco Vinicio Martínez Villicaña, consultor en prevención de lavado de dinero, fundador de los primeros equipos antiblanqueo de Citibank México y de la Asociación de Bancos de México (ABM), detalla una agenda legislativa muy precisa de la bancada del crimen: obstruir iniciativas que regulen integralmente el blanqueo de capitales; proteger el secreto bancario; bloquear la aprobación, a escala federal, de la extinción de dominio; mantener el régimen legal de notarías; promover ordenamientos que impidan al ejército salir de los cuarteles; sostener la intocabilidad del fuero parlamentario y, por supuesto, trabar una eventual legalización de la droga, que acabaría con el negocio.
De hecho, tal vez la mafia ya se ha anotado logros legislativos significativos, como la creación de la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que entrará en vigor en 2011: una especie de cheque en blanco para lavadores de dinero, a decir de Martínez Villicaña.
LA AGENDA
El desempeño político de la bancada del crimen sería más reactivo que proactivo, dice Martínez Villicaña. "Más que proponer iniciativas, su papel sería bloquearlas" y en ese sentido habría tenido, hasta ahora, éxito. Alude, como ejemplo, a la legislación que sanciona la persecución de las redes de blanqueo de capitales:
"No existe una ley de prevención. Hay una serie de artículos que se refieren al lavado en la Ley de Instituciones de Crédito, en ordenamientos que regulan las instituciones financieras y en el Código Penal Federal, que establece la penalización, llenos de incongruencias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la de Seguros y Fianzas y la Nacional de Ahorro para el Retiro establecen disposiciones de carácter general, a través de Hacienda, que tienen que seguir todas las instituciones financieras para prevenir el blanqueo.
"¿Por qué la CNBV debe tener atribuciones legislativas? (…) A la CNVB le importa que, como dice su reglamento, le reporten operaciones inusuales en un plazo no mayor a quince días. Pero, ¿eran válidas, legales, esas operaciones? No le importa.
"Si un banco detectó movimientos inusuales de la cuenta bancaria de una empresa, que a su vez reportó a la CNBV, ésta, con el mismo carácter burocrático, informa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda —otra instancia que legalmente no significa ninguna apuesta para detectar redes de blanqueo—, la cual verá si el caso es digno de investigarse. Si lo es, reunirá todos los elementos para después enviarlos a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue, pero como ésta no puede ir directamente a los bancos a pedir la información, porque lo impide el secreto bancario, tendrá que hacerlo a través de la CNBV. Y entonces, para cuando terminan una investigación, la empresa que efectuaba operaciones inusuales tal vez ya se desmanteló.
MANTENER LAS LEYES
"Si yo fuera capo de la mafia", aventura Martínez, "trataría de que el secreto bancario y el estatus de prevención de lavado se mantuvieran como están. Si me van a investigar, pues que les cueste trabajo. Intentaría evitar que se promulgara una ley específica de prevención del lavado de dinero, que previera una comisión encargada de regular a las instituciones financieras en la materia. Como narco eso no me conviene. El combate al narco sólo genera más violencia si no se atacan las redes financieras que lo mantienen funcionando".
Martínez Villicaña, exdirector de Prevención de Lavado de Dinero del BankBoston México, presenta como objeto de interés legislativo para el crimen, también: un bloqueo a la aprobación de la extinción de dominio "que tiene muchos detractores y no se ha aprobado a nivel federal", impulsar disposiciones que regresen al Ejército a sus cuarteles, trabar una eventual legalización de la droga, así como proteger el estatus legal de notarías y del fuero parlamentario, que les brinda impunidad en caso de ser descubiertos.
"No debería haber juicios de desafuero", explica; "el fuero debería cesar sin juicio al cometerse determinados delitos, en un esquema muy acotado. Si como narco estoy patrocinando a éste diputado, si ya lo tuve en el cabildo, si ya lo tuve de alcalde, si ya lo llevé a la diputación, necesito que siga teniendo fuero.
"En cuanto a los notarios, estos dan fe de un acto que está sucediendo, pueden legalizar un acto ilegal sin más que su palabra. Si creas una empresa para lavar dinero, el notario va y da fe de que sí, ahí está la empresa. Puede no existir realmente. Si compras una casa dices que la reparaste y subió su valor, el notario da fe, la vendes y ya lavaste dinero. El origen de los notarios es oscuro, sus nombramientos son prácticamente mercedes monárquicas, concesiones de los gobernadores".
Pero tal vez los intereses del crimen ya hayan pegado un verdadero hit parlamentario, dice el consultor: "Conforme a la última reforma en la materia, para 2011 toda sociedad financiera de objeto limitado (sofol) cobrará forma de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), una sociedad de crédito que ya no tendrá la obligación de reportarle nada a la CNBV, a la Secretaría de Hacienda ni a ninguna autoridad regulatoria.
LAS FACILIDADES
"Formas tu sociedad anónima con 50 mil pesos de capital, la registras ante la Condusef, ante nadie más, y listo: puedes dar cualquier tipo de crédito, arrendamiento o factoraje facilitando el lavado de dinero. Te estableces en un pequeño poblado y das un crédito blando a toda la población, recibes mensualmente los intereses, cargas más capital y al final el dinero está limpiecito. Supone dos riesgos: que se establezcan para blanquear o que llegue el capo de la región y presione para inyectar dinero".
Pero Echegollen prevé que podrían llegar a ser más osados "relanzando iniciativas, por ejemplo, en las que PRI y PRD, sobre todo, han insistido, como la del artículo 115 Constitucional para el fortalecimiento del municipio, del verdadero concepto de municipio libre. Con un ayuntamiento auténticamente independiente en cuanto al peso que tienen la administración federal y estatal sobre su operación y presupuesto, podríamos empezar a hablar de municipios autónomos, pero no al estilo del EZLN sino al estilo del cártel de Sinaloa. Eso impactaría en las fuentes de empleo, en la economía regional y estatal, ocasionando una desestabilización política, porque cualquier persona que se opusiera sería ejecutada".
Durante la campaña para las elecciones intermedias de 2009 fueron difundidos distintos informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que señalaban la presencia de más de una docena de candidatos a legisladores ligados al narcotráfico, así como informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos que implicaban a contendientes específicos en redes criminales.
Las autoridades mexicanas no reaccionaron, tal vez para evitar acusaciones de persecución política. Ni siquiera aquellos que perdieron y habían sido implicados fueron investigados. El famoso blindaje del Instituto Federal Electoral, por su parte, no pasó de la retórica.
"Si existen mínimos elementos técnicos, si existen los cuerpos de seguridad pública y las instancias capaces de armar un expediente, un caso jurídicamente sustentable, y atraparlos, sólo podemos pensar que no lo hacen por falta de voluntad política o incluso por miedo, una postración de la autoridades por la posibilidad de chantajes a altas personalidades de la actual administración federal que pudieran tener cola que les pisen y simple y sencillamente están atados de manos", considera Echegollen.
En Colombia, referente arquetípico de la narcopolítica, llegó el momento en que "las facciones aspirantes al poder tuvieron que recurrir a los narcotraficantes para tener alguna oportunidad de éxito en la disputa por un papel de élites locales".
LUCHA POR PODER REGIONAL
El "explosivo y sangriento resultado", reseña Gustavo Duncan, investigador de la colombiana Fundación Seguridad y Democracia, revelaba que la contienda electoral era parte de la lucha integral por el poder regional:
"No era un asunto de luchas políticas entre clases o sectores diferentes de una misma región, sino de redes sociales similares articuladas en facciones rivales con el propósito de monopolizar las rentas, empleos y privilegios estatales, así como direccionar la prestación de servicios básicos. Cuando los recursos de la droga entraron en escena, los profesionales de la política junto a los ejecutores de la violencia privada, contratistas públicos, líderes veredales y barriales y demás miembros de las facciones en disputa, encontraron una fuente de financiación sin precedente para intensificar su competencia en el juego de control electoral, que se impondría a través de batallas campales, vendettas, amenazas y masacres, como el principal estamento de poder regional".
En México no estamos muy lejos de esa situación, según Echegollen:
"Hay indicadores de que la disputa de los sindicatos del crimen por los territorios a través de la lucha electoral no está lejos. El hecho de que en la disputa por un municipio o por una gubernatura, detrás de los membretes o siglas de los partidos, los que se estén realmente enfrentando sean grupos políticos que tienen conexiones orgánicas importantes, de negocios, con grupos criminales en ese territorio, es un escenario fatal no sólo para el sistema electoral, sino para el futuro y viabilidad del país."
Los asesinatos de candidatos a diputados y a otros puestos, las recientes renuncias de aspirantes en Tamaulipas —como han ocurrido en Colombia y Guatemala—, apuntan en ese sentido, evalúa Echegollen:
"Alguien podría decir que son renuncias originadas ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad de proporcionar la mínima protección a un candidato, pero simple y sencillamente podría obedecer a un ajedrez político-criminal, que sean las mismas organizaciones criminales que hagan un cálculo político que ponen y quitan, según su propio cálculo y lectura de las circunstancias, a candidatos; es decir, que el sentido de las renuncias no sea solamente el miedo sino que sea línea, una línea que ya no proviene del partido".
Incluso el secuestro de un factótum del poder panista, como Diego Fernández de Cevallos, a manos, presumiblemente, de un grupo político ligado al crimen organizado, apunta en ese sentido, dice el investigador. (APRO)
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