Balean a reportero en costa grande de Guerrero

Juan Francisco Rodríguez fue acribillado junto con su esposa en el interior de un negocio de servicio de Internet

CHILPANCINGO.-El reportero Juan Francisco Rodríguez Ríos fue baleado anoche junto con su esposa María Elvira Hernández Galeana en el interior de un negocio de servicio de Internet, en el municipio de Coyuca de Benítez, informó la policía estatal.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Civil, los hechos ocurrieron a las 21:30 horas, en un negocio de "Cíber", ubicado en la colonia Centro, propiedad de los hoy occisos.

Se señaló que en el lugar fueron localizados los cuerpos de dos personas, quienes fueron ultimados por dos sujetos desconocidos que portaban armas de fuego cortas.

Ismael Hernández Deras, política verraca

PAN, PRD y Convergencia, lo acusan en su propio despacho de violar la Ley Electoral, Ley de Transparencia, desvío de recursos públicos, así como del uso faccioso de la fuerza pública

Juan Monrreal López
Junio 27 del 2010
http://www.democratanortedemexico.com
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Durango, Durango.- Como si no bastaran los miles de litros de sangre desparramados en todo el estado a consecuencia de los millares de duranguenses asesinados de forma violenta; como si no fuera suficiente la deuda ilegal que encubrió al ex gobernador, Ángel Sergio Guerrero Mier, quien dejó un débito de aproximadamente 3 mil millones de pesos y, que ahora él mismo extenderá hasta los 8 mil millones de pesos, según acusó la coalición “Durango, nos une”; Ismael Hernández Deras, fue denunciado por “ violar la Ley electoral, a favor de la campaña de los candidatos del PRI(Sic)”, lo que “ por hechos relacionados con su gobierno que pueden desembocar en una crisis de gobernabilidad(Sic)”, según asienta un documento en poder de Demócrata Norte de México; acusación que el pasado sábado 26 de junio, le fue leída en cara al gobernador de Durango, Ismael Hernández, por los miembros de la coalición “Durango, nos une”, en voz de José Ramón Enríquez Herrera, presidente de Convergencia por la Democracia.

Según José Ramón Enríquez, la exposición duró 20 minutos, tiempo en que Hernández Deras, permaneció en estado catatónico, escuchando las inculpaciones sin responder nada. Sólo el secretario de gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, acompañó al aun gobernador.

Las imputaciones señaladas por los presidentes del PRD, PAN y Convergencia; Soledad Ruíz Canaán, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, así como el citado José Ramón Enríquez; abarcan desde la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal, uso ilegal de la fuerza pública, hasta el financiamiento con recursos gubernamentales de las campañas proselitistas de los candidatos del PRI, incluso, el patrocinio del candidato a la alcaldía de Durango, por el Partido del Trabajo, Alejandro “Gonzalo” Yáñez “El Tirantes”.

El escrito afirma que, “hace más de dos meses se le solicitó vía transparencia: los montos contratados y empresas proveedoras de encuestas, asesoría en mercadotecnia y comunicación, producción de publicidad, impresos, etc. Y hasta ahora, no ha respondido (Sic)”.

También los dirigentes partidistas, miembros de “Durango, nos une”, aseveraron que los apoyos sociales, se están entregando a los duranguenses afines a las candidaturas del PRI, “en por lo menos 12 de los 39 municipios y está originando enfrentamientos”, entre vecinos.

Peor.

En un ambiente electoral que se calienta, conforme se acerca día de las votaciones, el próximo 4 de julio, “la Procuraduría de Justicia y la fuerza pública”, han detenido, “injustamente a cuando menos a 12 miembros de la coalición (Sic)” acusan los dirigentes partidistas.

Aun más.

Las inculpaciones de ilegalidad contenidas en el alegato, remarca el desvío de dinero público a favor de la campaña del candidato del PT, “Gonzalo” Yáñez “El Tirantes”, según descubrió Gabino Martínez, ex candidato del PT a la gubernatura, quien dimitió a favor de José Rosas Aispuro Torres “El Güero”, abanderado de “Durango, nos une”.

Según los presidentes de los partidos de la coalición opositora, Ismael Hernández Deras, no refutó nada, pero tampoco resolvió nada.

Únicamente escuchaba, “alisándose las mangas del traje tocado con una corbata roja, tirándole a sangre o vino”, dijo Enríquez Herrera, a Demócrata Norte de México, “de manera que seguramente no resolverá nada, como ha sido su estilo de gobierno”.

En el documento, los líderes opositores solicitaron compromiso público de parte de Hernández Deras, de guardarse de entregar “apoyos sociales hasta una vez pasadas las elecciones”, así como “abstenerse de usar la fuerza pública de manera injustificada y facciosa en contra de la coalición Durango Nos Une (Sic)”.

Luego de exigir la entrega de la información solicitada por transparencia, así como, “un informe detallado de los programas sociales y recursos presupuestales entregados al PT”, los líderes de los partidos asientan que, “Considerando que Durango es el segundo Estado más violento del país, gestionar que sea el Ejército Mexicano o la PFP los garantes de la seguridad y vigilancia durante la jornada electoral y no la policía local (Sic)”.

Sin embargo, Ismael Hernández, sólo permaneció impávido, delegando la respuesta al secretario de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar.

La versión oficial

Pese a que José Ramón Enríquez, dio lectura y explicó a los mediosde la ciudad, afuera del despacho de Ismael Hernández Deras, el contenido del documento entregado; la versión registrada en los medios duranguenses e incluso en El Siglo de Torreón, fue el boletín emitido por la oficina de Comunicación social del gobierno del estado, que dejó en un “Hernández Deras llama a partidos a la civilidad”, como cabeceó el Siglo de Torreón, en nota firmada por Diana González.

De acuerdo a la nota de la reportera torreonense, la reunión fue un llamado hecho por el gobernador,” para que prevalezca el diálogo e impere la armonía y la civilidad política”.

Mientras esta versión oficial circulaba, “la armonía” que prevalece en el estado arrojó ese día 26 de junio, 13 muertos, 9 heridos en menos de dos horas en la ciudad de Gómez Palacio, mientras se seguían repartiendo miles de despensas a los ciudadanos para que voten por el PRI, a la vez que en la Colonia Fidel Velázquez, conocida como “Chapala”, se entregaban mil pesos por credencial comprometida a sufragar por los candidatos priistas, Jorge Herrera Caldera, Rocío Rebollo y Sergio Uribe, el próximo 4 de julio.

jmonrreall@yahoo.com

Matan a candidato del PRI en Tamaulipas

EL UNIVERSAL/MEXICO, D.F.

En un atentado a balas fue asesinado el candidato de la Colación Todo Tamaulipas (PRI-PVEM y Panal), Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.


Fuentes cercanas al candidato confirmaron la versión de la familia y la muerte de Torre Cantú, así como también se habla de otras cuatro personas muertas.

Los hechos habrían ocurrido en la carretera del municipio Soto La Marina, Tamaulipas, sin que hasta ahora haya mayores detalles del atentado.

Rodolfo Torre Cantú en los últimos días realizaba cierres masivos de su campaña a la gubernatura en diferentes municipios de Tamaulipas y todas las encuestas lo marcaban como claro favorito.

El atentado ocurre a seis días de que se realicen las elecciones para renovar gubernatura, 43 ayuntamientos y el Congreso del estado.

Crónica desde una isla de terror...

Gerardo Albarrán de Alba


Si Tamaulipas tiene dueño es, además del cártel del Golfo, el gobernador Eugenio Hernández. ¿Y qué es Tamaulipas hoy sino la humillante, dolorosa necesidad ciudadana de agachar la cabeza u ocultarla, so pena de sucumbir entre la violencia del crimen organizado y la autarquía implacable del mandatario priista? Estado-espejismo donde la vida ya no se vive, donde la insólita comodidad de la autoridad estatal sólo es equiparable a la inaudita libertad e impunidad con que actúan los narcotraficantes en el estado, Tamaulipas se apresta a la escenificación de una farsa electoral, favorecido el PRI por su mejor aliado: el miedo que impone la narcoviolencia.

VALLE HERMOSO, TAMPS.- El silencio es más hondo que una tumba. Cualquiera sabe lo que pasa, pero nadie dice nada. Pueblos enteros tomados durante días por el cártel del Golfo o por Los Zetas; casas y negocios quemados y saqueados; ataques relámpago a instalaciones policiacas o casas de seguridad; combates que duran toda la noche y matanzas a plena luz del día que no dejan otra huella que muros y vehículos acribillados, sangre en las aceras, porque las víctimas más tardan en morir que en desaparecer sus cadáveres; amenazas por doquier contra quienes no se conforman a la primera; secuestros, asaltos y cobro de cuotas a quien se deje, y todos se dejan para llegar a mañana como se pueda. La vida controlada en las comunidades disputadas mediante retenes y volantas en las calles y avenidas principales, lo mismo si rondan el medio millón de habitantes, como Reynosa y Matamoros, que si no llegan a 5 mil, como Burgos.

Que no, que aquí no pasa nada, son hechos aislados, corean el gobernador y la mayoría de los presidentes municipales, al costo de sembrar sospechas sobre ellos mismos. La gente ejerce el derecho de réplica en internet. Los llamados de auxilio se acumulan, se prodigan los reproches. La impunidad indigna. Los testimonios saben a congoja. Es el desamparo.

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El convoy de más de 100 camionetas rotuladas CDG (Cártel del Golfo) y X M3 (Metro 3) llegó temprano a Valle Hermoso el miércoles 24 de febrero. El pueblo estuvo ocupado durante tres días de enfrentamientos a toda hora. Nomás chillaban los coches por las corretizas que pegaban. Nadie nos auxilió, ni el Ejército vino por más que lo llamaron. Hubo como 60 muertos. La historia se repitió el 6 de junio. Se fueron derecho a la preventiva y otros a la ministerial. Fue una matazón. Se llevaron a varios policías. Las entradas y salidas fueron bloqueadas, luego de varios días de rumores y tensión.

La violencia en el estado arreció a partir del primer asalto a Valle Hermoso, el mismo día en que una juez en Houston, Texas, sentenció a Osiel Cárdenas a un cuarto de siglo de prisión. Al día siguiente, en Ciudad Victoria se vaciaron las escuelas y las calles por los rumores de balaceras. El 11 de marzo lanzaron granadas y acribillaron las oficinas de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Preventiva. Hace apenas tres semanas, el 11 de junio, militares mataron a dos personas frente a la casa del procurador de Justicia, aunque la primera versión que se esparció por las calles es que el crimen ocurrió dentro.

Ni el gobierno se salva. Son varios los alcaldes abofeteados por los narcos, los altos funcionarios estatales despojados de sus aparatosos vehículos, los empleados federales impedidos de cumplir sus tareas. Ellos cobran la luz, el predial, el agua; se convirtieron en proveedores de servicios públicos. El gobierno del estado y los municipios sólo administran el desastre y trabajan con lo que les dejan, mientras se cuidan la espalda. ¿Ya notaron que el gobernador mandó pintar todas las unidades? Ahora son blancas, con logos grandes del gobierno del estado en el techo, para que no los confundan. Sólo así pueden salir a carretera seguros sin que los tiroteen desde los helicópteros de La Maña.

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La cotidianidad se mide en los calibres empleados y las granadas detonadas, el número de bajas, las horas de terror. Ser testigo da para meses de episodios que se adaptan al interlocutor en turno, siempre en el círculo más cercano, porque entre desconocidos no se pasa de una charla incidental. Con la prensa amordazada, policías coludidas o sometidas, y autoridades políticas indolentes o en plena fuga, el rumor alcanza la categoría de leyenda urbana. Si algo llega a salvar la censura, las versiones oficiales minimizan todo y los periódicos y noticiarios locales se avienen.

Nadie sabe cuándo le va a tocar, pero todos entienden que será un día de estos, mientras llevan a los hijos a la escuela o hacen las compras de la semana o se aventuran por caminos y veredas para cualquier diligencia ineludible. El imaginario se debate entre las ganas de creer que se puede seguir como si nada y el rezo interno porque no sea hoy, porque no sea a mí ni a los míos.

Desfigurada la normalidad, el miedo llena los vacíos y apela al sentido común como manual de sobrevivencia. Ver y callar, o mejor no ver para no tener que decir nada. La violencia no deja espacio para el autoengaño; la cantidad de historias es abrumadora: Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Camargo, Comales, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Valle Hermoso, San Fernando, Soto la Marina, Mante, González, Altamira, Ciudad Madero, Tampico y la capital, Ciudad Victoria, registran más de medio centenar de choques y masacres en los últimos seis meses. Son los que se notan. Aquí la muerte no toma asueto.

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Imposible mimetizarse en cualquiera de estos pueblos, donde todos se conocen. Nadie que sea un extraño lo puede disimular, y menos aquí, entre paredes tres veces descascaradas a balazos y el asesinato del que muy probablemente habría sido el siguiente alcalde de Valle Hermoso, una tras otra entre febrero y junio. El visitante despierta a su paso una mezcla de curiosidad y sentido de alerta entre los lugareños que lo estudian de soslayo.

Las personas comunes no resisten alusión a la tragedia, menos una pregunta directa. Desvían la mirada y bajan la voz para cambiar de tema. Con suerte, después de un rato de nimiedades, la desconfianza en el forastero se agrieta y las historias fluyen como catarsis, pero sin nombres; fechas y lugares, apenas aproximados. Nada que identifique a las víctimas ni a quien ha dejado de ser prudente en un momento de desahogo.

En Ciudad Victoria, funcionarios públicos, políticos, académicos, periodistas o personajes notables se cuidan de cualquier postura comprometedora y recurren a los eufemismos: los enfrentamientos, los atentados, los secuestros, los asesinatos, la barbarie toda se llama evento; los narcos y sus sicarios son La Gente, La Maña, Las Comadres de Gloria, Los de la Letra. Para el Ejército son simples agresores.

La prensa es una parodia de sí misma. Primeras planas llenas de gacetillas, interiores rellenados con boletines. La página policiaca se atiene a los accidentes de tránsito; en otras condiciones, nadie sabría lo mal que se maneja en Tamaulipas. Radio y televisión son inocuas. Si ya la corrupción era consustancial al periodismo local, la guerra de los cárteles dividió lealtades. Algunos pagaron el precio: ocho reporteros fueron secuestrados el 8 de marzo; cinco de ellos aún no aparecen. Ahora todos están bajo la misma amenaza: plata o plomo. ¿Servir a unos o a otros? Mejor nadar de muertito, bendita sea la grilla local que permite reportear otras cosas. La Gente tiene sus voceros, reporteros que trabajan para ellos. Te llaman a la redacción; te dicen esto sí, esto no. Los narcos son los verdaderos editores de los periódicos, los jefes de información de los noticieros. A veces no nos tienen que hablar, ya sabemos de qué o de quiénes no tenemos que publicar nada. Hay listas, pero no alcanza. El problema es que no sabes realmente con quién estás hablando, sobre quién estás escribiendo. Vives con miedo a equivocarte.

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Los narcos presumen que son los buenos, lo malo es que no se sabe cuáles. La guerra entre El cártel del Golfo y Los Zetas no se limita al control de las plazas, va por las conciencias de quienes preferirían subordinárseles a cambio de recuperar un poco de paz. Emiten boletines de prensa para limpiar su imagen y denostar a sus enemigos; ejercen la censura previa en los medios y tiran línea a conveniencia; distribuyen volantes casa por casa y esparcen rumores en las redes sociales. La propaganda arraiga percepciones.

Una mujer arrastra la tristeza por la carretera. ¿Qué hace por aquí solita? ¿No sabe que es peligroso?, le preguntan los narcos desde su camioneta rotulada CDG o Z-40, da lo mismo. Llorosa, explica que le acaban de robar su auto y la abandonaron ahí. Súbase, le dicen. El carro era viejo, pero era todo lo que tenía. Es maestra, gana una miseria. Se conduelen. Le abren una maleta repleta de dólares. Métale la mano, agarre lo que quiera, la invitan. Tome más, todo lo que pueda, y cuente lo que aquí pasó. La historia tiene media docena de versiones, según la facción a la que favorece. En una, son dos mujeres jóvenes a las que ayudan a recuperar su troca y matan a los rateros. En todas, los narcos hacen justicia a los pobres.

Hasta la extorsión tiene una cara benevolente. Los narcos controlan toda la economía informal de las plazas que dominan intermitentemente, ora unos, ora los otros. Igual antes tenían que pagar mordidas al policía, al inspector. La Maña hizo una simplificación administrativa: Desde hoy sólo me pagan a mí, y yo me encargo de lo demás. Ningún funcionario vuelve a molestarlos.

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Las costumbres se han perdido en Tamaulipas. Los paseos se limitan; las reuniones, mejor en casa. Se come en restaurantes por negocios. Se maneja con el radio apagado para escuchar a tiempo cualquier balacera. Se viste diferente: ni botas ni cinturón de hebilla ancha ni sombrero. Nada que asemeje al estereotipo del narco. Las camionetas y deportivos nuevos y más caros se quedan en las cocheras y se adquieren carritos modestos para el uso diario.

Los negocios cierran temprano, incluso en ciudades donde la violencia aún no es endémica. Si el bullicio del centro de la capital del estado se apaga a las nueve de la noche, en los pueblos la puesta de sol marca el toque de queda. La gente se guarda en su casa a veces más temprano. Algunas comunidades de la frontera chica no se han vaciado sólo porque se quedaron los que no pueden irse del otro lado del Río Bravo o a ninguna otra parte.

Trasladarse de un punto a otro del estado es un volado que nadie quiere perder. En los retenes militares las preguntas de rutina son pocas: ¿De dónde viene? De Victoria ¿A dónde va? A Valle Hermoso ¿Es de Tamaulipas? Sí, señor. ¿A qué se dedica? Soy profesor. Las respuestas y el tono adecuados reciben un lacónico "Pásele". Viajar en un sedán polvoso ayuda.

Los bloqueos de los narcos son más rudos. No paran a todos, nomás a los que les parecen raros. Placa de otro estado equivale a semáforo rojo. Moverse en una suburban o una cuatro por cuatro es invocar la desgracia. Más vale convencerlos de que no representas ninguna amenaza, aunque cada vez es más difícil. La guerra tiene nuevos actores. La respuesta de Los Zetas a la alianza entre el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa y La Familia michoacana ha sido reclutar maras salvatruchas. Los refuerzos vienen de Honduras o El Salvador. Son jóvenes, todos tatuados. Se va a poner peor. La sociedad está a dos fuegos y lucha por su vida sin armas. Pero hay quienes están pasando a otra fase y construyen pequeños ejércitos privados. Quienes tienen con qué, ya lo están haciendo. Conozco a un empresario de Tampico que contrató a una docena de mercenarios israelíes. Estamos a un tris de que esta guerra delimitada entre cárteles se convierta en una guerra civil, todos contra todos.

Proceso
28/06/2010

AMENAZAS A CANDIDATOS

Explosivo coctel hidalguense

A una semana del 4 de julio, día de elecciones, la violencia en Hidalgo aumenta. La presencia de ‘Los Zetas’ en esa entidad es un hecho que los políticos hidalguenses reconocen en silencio… El proceso electoral se ha desarrollado entre balaceras y amenazas a simpatizantes de la coalición Hidalgo nos Une, que encabeza Xóchitl Gálvez

Domingo, 27 de Junio de 2010


PACHUCA, HGO.- Un clima de tensión política impera en esta entidad en vísperas de la elección de gobernador, recrudecido por hechos de violencia asociados al narcotráfico, por la presencia de "Los Zetas" y por las amenazas a candidatos. En el ambiente se respira el temor de que se intensifiquen los enfrentamientos por motivos electorales, así como los relacionados con el crimen organizado.

En diversas comunidades hidalguenses se reportan enfrentamientos entre los simpatizantes de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Hidalgo nos Une (integrada por el PAN, PRD y PT), y del priísta Francisco Olvera, aspirante de la coalición Unidos Contigo (formada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza).

El coordinador de la campaña de la panista, el diputado federal perredista Jesús Zambrano, cuenta que hace un mes un tal "comandante Cobra" llamó a los celulares de su equipo para amenazarlos con dañar a sus familias si no abandonaban la campaña. Sin embargo, dice, todavía "no se sabe si es real (esa intención) o sólo es para intimidar".

Entrevistada durante su gira por La Huasteca hidalguense, Gálvez considera posible que se desarrolle la elección en un clima de violencia, pues sospecha que los priístas "piensan hacer una trampota".

"El PRI de Hidalgo es extremadamente represor. Ha habido muchas amenazas, constantemente", contra los más de 3 mil promotores, asegura. Se han reportado principalmente en Tula, Tulancingo, Pachuca y en el Valle del Mezquital.

Uno de sus promotores de voto, Juan Reyes, fue levantado en Pachuca. Se escapó, pero no quiso saber más de la campaña ni declarar ante las autoridades.

–¿Cree que los culpables son los priístas? –se le pregunta a Gálvez.

–Yo creo que sí.

–¿A usted lo han amenazado?

–Sí, también.

Por eso, comenta, en cada discurso les pide a sus simpatizantes que cuiden el voto y convenzan a los indecisos, los cuales, estima, radican sobre todo Pachuca.

"Aquí, lo que definirá el resultado de la elección es el voto ciudadano", sostiene.

–¿Y no cree que haya violencia?

–Ya lo están intentando. El otro día estuve en el municipio Nopala de Villagrán y recibí un mensaje de que iba a haber desmanes. Llegaron cuatro tipos en estado de ebriedad a increparme, a gritarme cosas. Ellos (los priístas) van a intentar (atacar) por esa vía.

Zambrano dice que de por sí "Hidalgo es un lugar inseguro". Y pone ejemplos: han aumentado los secuestros y los asaltos, han encontrado a personas muertas y se detectaron casas de seguridad. Además, en operativos antinarco fueron detenidos alrededor de 15 policías ministeriales. Menciona que el jueves 24 realizaron una marcha las familias de 150 policías aprehendidos el 24 de junio del año 2009 por sus presuntos vínculos con el narco. Y el lunes 21 se registró una balacera entre policías y presuntos zetas en la colonia El Palmar, en Pachuca.

"Ojalá esto no desemboque en agresiones directas o en actos de violencia contra dirigentes, candidatos o contra la propia candidata. Ojalá y no escale a niveles más altos; atacar a la candidata o a gente de su familia. Ahí la dejo", advierte.

OPERATIVO CAMPAÑA

Para el presidente estatal del PAN, Gonzalo Trejo Amador, la disputa electoral será dura porque su coalición tiene que enfrentar a los priistas "que operan políticamente como delincuencia organizada", dice en entrevista.

En la actualidad el PRI tiene el control absoluto de organismos como el Instituto Electoral Estatal, la Comisión de Derechos Humanos del estado, los Consejos Consultivos Ciudadanos y el Poder Legislativo local.

También, junto con el gobierno estatal, controla los medios de comunicación, como El Sol de Hidalgo. Ahí, sostiene Trejo, no se ha publicado ni una sola nota sobre la campaña de Gálvez, pero sí acerca de Olvera. "Es que aquí el sol no sale para todos", ironiza.

El panismo argumenta que se unió a la izquierda para mermar al grupo priísta que ha heredado el poder en el estado durante 80 años con secuelas –señala el equipo de Gálvez– como su ubicación en el quinto lugar de los estados más pobres, según datos del Inegi, y con un alto consumo de mariguana y cocaína.

El ex secretario de Gobierno de Hidalgo Francisco Olvera cuenta con apoyo del gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong –familiar del ex gobernador Javier Rojo Gómez y del exmandatario estatal, actual senador y secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam–, así como del mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el de la dirigente nacional de su partido, Beatriz Paredes.Todo el aparato político, electoral y gubernamental se ha volcado en favor de Olvera, sobre quien pesa la sospecha de que presuntamente está ligado con "Los Zetas".

Este semanario difundió detalles de una denuncia de hechos interpuesta contra Olvera por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense contra Olvera. La denuncia abarca también al gobernador Osorio Chong y otros funcionarios estatales. El citado grupo los acusa de "favorecer los intereses de narcotráfico en el estado" a cambio de financiamiento para las campañas políticas (Proceso 1745), pero Olvera niega que esto sea cierto. Según dicha información, "Los Zetas" llegaron a Hidalgo en 2001, durante los primeros meses de gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, y ahora incluso disponen de células en los 84 municipios, tejieron una red de espionaje llamada Los Halcones e iniciaron así la expansión de La Compañía.

La presencia de "Los Zetas" es tan obvia que se le reconoce a la familia Lazcano, a la que pertenece el líder de ese grupo armado, Heriberto Lazcano, su apoyo para construir una iglesia en la colonia El Tezontle, junto a la zona militar. (APRO)

Por Rosalía Vergara

PREDICAN, EN LUGAR DE DISCURSOS

Como algunos esperan que en Puebla haya un empate técnico entre los candidatos a la gubernatura por parte del PRI y del PAN con sus respectivas alianzas –Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle–, las acusaciones salpicadas de vulgaridad y bajeza que ambos se han lanzado –relacionadas con la corrupción, la homofobia, el aborto, la discriminación–, hacen temer que el proceso electoral desemboque en violencia

Domingo, 27 de Junio de 2010


PUEBLA, PUE.- "Yo sí creo en Dios. Tengo principios y valores", se ufanó el candidato priísta a gobernador de Puebla, Javier López Zavala, en el debate con su rival de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, contra quien enseguida descargó un arsenal homofóbico que llevó al clímax la disputa por quién de los dos es más conservador, mentiroso y corrupto.

"Seguramente es cierto que hay funcionarios que cambian de coche, de casa y mujer, aunque yo sigo con la misma (esposa) y la misma casa, pero hay otros que cambian de partido y cambian de sexo", embistió López Zavala a Moreno Valle, quien dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para convertirse en senador panista y busca gobernar Puebla como su abuelo que, en 1972, fue depuesto tras una matanza de campesinos.

La estrategia de López Zavala de exhibir sistemáticamente la supuesta preferencia sexual de Moreno Valle, así como de señalar que pretende legalizar el aborto y la adopción de niños por personas del mismo sexo –como lo hizo en el debate del miércoles 16 de junio–, es consistente con la agenda de derecha que ha impulsado como funcionario del gobierno de Mario Marín, quien lo impuso como candidato a sucederlo.

Por ejemplo, junto con Marín le arrebató al Partido Acción Nacional (PAN) el proyecto de penalizar el aborto en Puebla que aprobó el Congreso, en marzo de 2009, a iniciativa de los diputados priístas José Othón Bailleres y Pablo Fernández del Campo, con lo que se inició una ofensiva para conseguir reformas análogas en 16 estados del país.

Secretario de Gobernación los primeros dos años de Marín, cuando se produjo la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho por la denuncia que contra ella presentó el empresario Kamel Nacif, López Zavala se convirtió en un secretario de Desarrollo Social estrechamente vinculado a los sectores religiosos, a los que dotó de recursos para construir y remodelar templos católicos y evangélicos.

"Entrego este recurso porque yo, al igual que ustedes, también creo en Dios", dijo el funcionario en una de las muchas entregas de toneladas de cemento del programa Unidos para Progresar y, haciendo ostentación de sus creencias, participó en procesiones y oficios religiosos que halagaron al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

La ostensible relación del priísta con el arzobispo alarmó a Moreno Valle y al candidato de la coalición a la alcaldía de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, sobre todo después de que, el 9 de marzo, López Zavala fue recibido por Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, a quien le solicitaron también una cita, el 28 de abril.

"Fue sólo una visita donde hubo un acercamiento privado del candidato a gobernador y del candidato a presidente municipal con la intención muy clara de platicar el trabajo que hemos venido realizando con Puebla", declaró Rivera Pérez.

PURA CORRUPCIÓN

Pero López Zavala y Moreno Valle no sólo compiten por demostrar quién es el más conservador, en un torneo de vulgaridades y bajezas –que ya alcanzó al gobernador Mario Marín–, sino quién es el más mentiroso y el más corrupto.

López Zavala, candidato de la coalición Puebla Avanza –PRI y Partido Verde–, llama "candidato de las mentiras" a Moreno Valle, respaldado por la alianza Compromiso con Puebla, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.

El priísta, con documentos, aseguró que Moreno Valle no es doctor, sino sólo licenciado; que no fue vicepresidente del Dresdner Bank, como se ha ufanado, y que además, como secretario de Finanzas de Puebla –entre 1999 y febrero de 2003–, causó un quebranto al presupuesto estatal por mil 500 millones de pesos.

Este episodio, conocido como el "hoyo financiero", ha salpicado a priístas y miembros de la coalición opositora que encabeza Moreno Valle, porque éste lo cometió cuando era funcionario priísta de Melquiades Morales, y por ello el PAN lo explotó políticamente en la campaña por la gubernatura de hace seis años.

Ahora los panistas y sus socios del PRD disculpan el monumental quebranto financiero, y los priístas se lo reprochan a Moreno Valle, pese a que en su momento lo convalidaron: El candidato López Zavala; el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta, y el presidente de ese partido en la capital, Carlos Meza Viveros, aprobaron como diputados la Cuenta Pública de Melquiades y, por lo tanto, la gestión de Moreno Valle.

A la acusación de mentiroso y corrupto que le endilga López Zavala a Moreno Valle, éste le ha respondido con desprecio por su origen chiapaneco, y personeros de la coalición difundieron, a través de la agencia Notimex, una copia de nacimiento, falsificada, que hacía guatemalteco al priísta.

Y en respuesta a la acusación del priísta de que su padre estuvo preso en Italia, por fraude, Moreno Valle derrumbó, con datos, el "mito" de que su rival es una persona de vida modesta, porque –acusó en el debate– posee un vasto patrimonio inmobiliario que puso a nombre de sus padres.

Conforme a un voluminoso paquete de documentos, distribuidos por personeros de la coalición que encabeza Moreno Valle –que en Puebla apenas si se publicaron–, los padres de López Zavala, Reynaldo López Cruz y Lilia Zavala Cruz, pasaron de la inopia a la prosperidad inmobiliaria.

En efecto, con base en la información, se identificaron 28 propiedades, entre terrenos y casas, con una superficie de un millón 783 mil 865 metros cuadrados, 26 de las cuales fueron adquiridas a partir del año 2001, cuando López Zavala era ya servidor público.

Pero, al final, gane quien gane, el sucesor de Mario Marín será un priísta y, además, conservador… (APRO)

Por Álvaro Delgado

SE ADUEÑAN DE CHIHUAHUA LOS CAPOS

La muerte y el narco marcaron las campañas electorales en el estado. Su sombra desdibujó a partidos políticos y candidatos, incluido César Duarte, el abanderado del PRI a la gubernatura.

Domingo, 27 de Junio de 2010


Flagelado por la violencia creciente y las imparables ejecuciones del narcos y ante una oferta política precaria de los candidatos a gobernar Chihuahua, los ciudadanos de este estado fronterizo están listos para emitir su sufragio en unos comicios que serán desangelados, según admiten las propias autoridades electorales

CHIHUAHUA, CHIH.- Impotentes, al inicio del proceso electoral que culmina el próximo domingo 4 de julio, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el gobierno estatal recomendaron a los partidos abstenerse de realizar campaña en municipios como Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero debido a la violencia sin tregua de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

Duarte y seis de sus correligionarios, aspirantes a diputados, tuvieron que realizar sus actos proselitistas escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. No era para menos: el 19 de mayo asesinaron al tío de Francisco Salcido, candidato del PRI a diputado por el distrito 11, el 22 de ese mismo mes un brigadista de la campaña de Duarte también cayó; poco después un vehículo de su comitiva fue baleado accidentalmente por un soldado.

Y 10 días antes de que cerrara su campaña, Jaime Galván, uno de los empresarios chihuahuenses que lo financiaba, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.

Desde antes del arranque formal de las campañas y de que los candidatos César Duarte del PRI, y su contrincante del PAN, Carlos Borruel Baquera, solicitaran protección por la violencia desatada por los cárteles, meses después, ya en plena proceso electoral, tras detectar que 15% de los ciudadanos empadronados (2 millones 612 mil electores) optaron por cruzar la frontera para proteger a sus familias y que otro tanto perdieron su credencial o no actualizó sus datos, el IEE decidió instrumentar una estrategia de seguridad.

El 9 de enero, el presidente de instituto, Fernando Herrera Martínez, giró un oficio al gobierno del estado en el que solicitó apoyo logístico para los candidatos. Al final sólo la aceptó el candidato Duarte.

Entre las medidas, se mencionaba que el personal siempre portara uniforme y los vehículos tuvieran sus rótulos de identificación, pero sobre todo que empleados o colaboradores de los candidatos realizaran trabajo de campo después de las seis de la tarde. Además, con excepción de Juárez, Delicias, Parral, Casas Grandes y Chihuahua, a las demás asambleas municipales electorales se les pidió concluir labores a más tardar a las siete de la tarde.

Herrera Martínez comenta que el domingo 4 de julio se disputarán la gubernatura, 22 diputaciones locales y la renovación de 67 alcaldías. Para ello se instalarán 5 mil casillas en todo el estado en las que participarán 35 mil 28 ciudadanos capacitados ex profeso por las autoridades electorales locales.

Los pronósticos de participación pesimistas, sobre todo si se considera que en 2007 sólo votó 37.5% del electorado, 7.5% menos que en 2004, cuando José Reyes Baeza ganó la gubernatura.

LAS PROMESAS

Al iniciar su campaña, el priísta César Duarte hizo varios compromisos: transformar el marco judicial del estado para atacar las estructuras de la delincuencia organizada, recuperar la tranquilidad de los chihuahuenses. Y remató: "Daré mi vida por rescatar Ciudad Juárez".

El panista Carlos Borruel no se quedó atrás: "Yo pondré a los delincuentes de rodillas", se ufanó.

Los meses siguientes, ambos candidatos se tomaron muy en serio la recomendación del IEE para que se abstuvieran de realizar campaña en los municipios dominados por el narco. Además, en sus alocuciones omitieron hablar es ese asunto, hasta que, presionados por la prensa local que los acusó de "sacarle la vuelta" al Valle, visitaron dos de los municipios más violentos.

Duarte acudió a las oficinas de la Unión Regional Ganadera, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Ciudad Juárez-Porvenir para hablar ante los habitantes de los dos municipios. Borruel realizó dos actos: uno en Praxedis G. Guerrero, donde habló de apoyos en infraestructura, pero omitió el de la violencia generada por el narco, y otro en Guadalupe Distrito Bravos.

En la plaza de Guadalupe, el panista declaró: "A pesar de que hubo quienes me recomendaron no visitar esta población, la decisión de estar en Guadalupe es firme… Esta lucha no es sólo de los panistas; es de todos… Está en juego el destino de sus hijos, el destino de los jóvenes que quieren vivir en paz".

Uno de los discursos más fuertes de Borruel fue el del martes 22, frente a 450 maestros: "El tema de la inseguridad no sólo se resuelve con policías; en las escuelas (también) se generan delincuentes. Por eso propongo un esquema de escuelas de tiempo completo para que los niños anden menos tiempo en las calles. En el estado hay 350 mil niños y jóvenes sin escuela y en Juárez 12 mil. Creo que debemos de atacar la inseguridad con educación, no sólo construyendo cárceles y comprando armamento".

Al día siguiente le tocó a Duarte. En Juárez se reunió con el sector de la CTM en el cual al viejo estilo caciquil, los agremiados le rindieron pleitesía. Por la tarde, tuvo un encuentro con los integrantes del Poder Judicial del estado, en el que el juez VI en materia penal presentó una ponencia sobre la Ley de extinción de dominio, creada para afectar la economía del crimen organizado y las amenazas de que son víctimas los magistrados por parte de los cárteles:

"Todos los integrantes del Poder Judicial estamos dispuestos a aplicarla, sólo que requerimos capacitación que nos lleve a la creación inmediata de un tribunal especializado, con el fin de evitar la incertidumbre causada por la entrada en vigor de la ley…"

En el mismo evento, Patricia Martínez, juez IV de lo Familiar, expuso que la gran mayoría de los delincuentes provienen de familias desintegradas.

Y mientras a los 6 mil ejecutados de marzo de 2008 a la fecha en Juárez cada día se suma más sangre de personas que mueren a causa de la guerra entre los cárteles de la droga, las medidas para garantizar la seguridad ciudadana para el domingo 4 de julio son escasas.

Los candidatos del PRD pidieron permiso a su partido para realizar campaña en los municipios de Praxedes G. Guerrero, Guadalupe y Ascensión, pero desde la ciudad de El Paso, Texas. Sus directivos tuvieron que reemplazarlos.

"Aquí, el poder fáctico lo representan los grupos de narcotraficantes. Ellos han sembrado el terror con tanto asesinato y amenazas de muerte. Y en los casos de la sierra, también han impuesto la agenda y el discurso de los candidatos. Les prohibieron tocar el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Por ello optaron por no postular candidatos en municipios como Urique y Uruachi", asegura Miguel Vargas Loya, presidente del Comité Directivo Estatal perredista. (APRO)

Por Patricia Dávila

Sinaloa: comicios con olor a narco

El PRI y su disidencia vestida de oposición se disputan el gobierno de Sinaloa, que nunca ha estado fuera de la órbita tricolor. La ecuación es compleja en la entidad: un aspirante que despide un fuerte olor a narco es repudiado por sus viejos padrinos políticos; el otro, sin abandonar su militancia, obliga a varios grupos a rearmarse detrás de él a toda prisa. Pero hay más: Jesús Vizcarra Calderón, el priísta, y Mario López Valdez, el opositor, no sólo contienden por el derecho a despachar desde Culiacán: se convertirán, se dice, en un experimento que definirá quién dentro del PRI tiene fuerza suficiente para buscar el camino a Los Pinos



CULIACÁN, SIN.- En las elecciones del domingo 4 de julio en Sinaloa el PRI competirá contra sí mismo. Con un candidato que lleva a cuestas la sombra del narcotráfico y un disidente que ahondó las divisiones en el Revolucionario Institucional de cara a la candidatura presidencial de 2012, ese partido se juega casi todo en un estado que siempre ha sido suyo.

Las elecciones para gobernador, 40 diputados locales y 18 alcaldías serán un laboratorio de los aspirantes a la candidatura presidencial priísta, especialmente del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, pero también de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

Lo que hasta hace algunos meses se perfilaba como un triunfo más del PRI ante la debilidad del Partido Acción Nacional (PAN) y la presencia testimonial del PRD, el PT y Convergencia, terminará definiéndose por la capacidad de operación de las maquinarias partidistas y gubernamentales.

A una semana de la elección hay un virtual empate entre el priísta Jesús Vizcarra Calderón, candidato de la alianza Para Ayudar a la Gente –PRI, Nueva Alianza y Partido Verde– y el aún priísta Mario López Valdez, Malova, candidato de la coalición opositora El Cambio es Ahora en Sinaloa, integrada por PAN, PRD y Convergencia.

Hasta el viernes 25, se difundía que López Valdez aventajaba con una diferencia de entre dos y ocho puntos porcentuales a Vizcarra. Pero había 18% de indecisos, esos que terminan por decidir una elección.

Una eventual derrota de Vizcarra dejaría al PRI fuera del control gubernamental, pues el candidato de ese partido al gobierno de la capital, Melesio Cuén Ojeda, es propuesta del elbista Nueva Alianza, que tiene reservados algunos de los primeros lugares en las listas plurinominales para el Congreso local.

Por si fuera poco, el segundo municipio del estado, Mazatlán, está asegurado por el PAN, cuyo aspirante Alejandro Higuera, buscaba ser candidato a gobernador.

El panorama no es nada sencillo para el PRI. Vizcarra sólo tiene ventaja en el centro del estado, aunque Culiacán concentra más de la tercera parte de los votos. En el norte, de donde es originario Malova, tiene ventaja la coalición opositora. En el sur el PAN se ha hecho de una votación mayoritaria desde hace algunos años. No en balde Vizcarra arrancó su campaña en Mazatlán, en el sur.

EL LABERINTO

La elección se complicó para el PRI desde que a fines del año pasado el ex gobernador Juan S. Millán se opuso a la candidatura de su antiguo ahijado político, Jesús Vizcarra, y promovió a otra de sus hechuras, el senador con licencia Mario López Valdez, a quien hizo presidente municipal de Ahome entre 2001 y 2004.

En 2006, López Valdez fue compañero de fórmula del senador y ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Dueño de la cadena ferretera Malova, el ahora candidato opositor quedó registrado con ese acrónimo con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de tratarse de una marca comercial.

Las disputas entre las coaliciones por el uso del acrónimo derivaron en la quema de siete millones de boletas impresas con restricciones en el uso de la marca comercial y en las que ya se habían gastado dos millones 300 mil pesos.

En franco rompimiento con su sucesor, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, Millán desató la confrontación en el partido al rechazar públicamente a Vizcarra, a quien llama traidor.

Juan Guerra Ochoa, representante del PRD en la coalición opositora y ex diputado federal, dice que Millán "no aceptaba la candidatura de Vizcarra más que querer la de Malova. Lo considera un traidor. Hay mucha gente en el PRI que cree que Aguilar Padilla debe preocuparse porque Vizcarra es tan ambicioso que no tarda en deshacerse de él. En su círculo cercano manejan que va para presidente. Ya se sueña allá".

Durante su gobierno, de 1989 a 2004, Millán promovió a Vizcarra como empresario y político. Dueño del Grupo Viz, dedicado a la comercialización de carne y ganado pero cuyo desarrollo se le adjudica al supuesto lavado de dinero, Vizcarra fue, gracias a Millán, presidente del Consejo Nacional Agropecuario entre 2000 y 2002.

LA REVELACIÓN

Millán intentó llevarlo hasta la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial; pero cuando estaba en campaña, el entonces corresponsal de Proceso y columnista de El Noroeste, Ismael Bojórquez, reveló las relaciones de Vizcarra con el narcotraficante José Inés Calderón Quintero, su primo en cuarto grado asesinado en 1998.

Millán lo rescató del escándalo y en 2003, con el apoyo del entonces presidente Fox y su secretario de Agricultura y actual diputado federal, Javier Usabiaga, lo llevó al Congreso como diputado federal. Ahí fue presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Vizcarra y Aguilar Padilla rompieron con Millán. En 2005 ya en el gobierno de su compadre y socio en el Grupo Viz, el ahora candidato a gobernador fue secretario de Desarrollo Económico. En 2008 pasó a la alcaldía de Culiacán de donde salió para competir por el gobierno del estado.

El diputado federal panista por Sinaloa Manuel Clouthier Carrillo asegura que en lugar de guardarle lealtad a Millán, Vizcarra se alió con Aguilar Padilla: "Buscó las relaciones con el futuro y Millán le representaba las relaciones con el pasado. Vizcarra y Aguilar Padilla sacaron a Millán de la jugada".

La división en el PRI ya le costó la cárcel y el exilio a Luis Pérez, director de Gobierno de Millán y subsecretario de Gobierno de Aguilar Padilla. Durante nueve años tuvo en sus manos información política de inteligencia del gobierno del estado. A él se le atribuye la filtración de la fotografía de Vizcarra con los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y su primo José Inés Calderón, tomada en los años ochenta.

En marzo pasado la PGR arraigó a Pérez acusado de lavado de dinero. La justicia federal lo liberó, pero el ex funcionario se fue del país, asegura Alejandro Higuera, candidato del PAN a la alcaldía de Mazatlán.

LOS COMPADRES

El mayor lastre de Vizcarra son sus alegadas relaciones con el narcotráfico. Primero con su primo y luego con "El Mayo Zambada", con quien se le achaca una relación de compadrazgo que no se ha atrevido a negar. Ni siquiera en los debates con su opositor y menos ante los insistentes señalamientos del PAN en el Congreso, que en las sesiones recientes ha colocado letreros con la pregunta: "¿Y el compadre apá?"

Aunque esa relación ha afectado su campaña, lo único que hizo Vizcarra fue sacar del estado a uno de sus hijos, el que presume ser ahijado del narcotraficante, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.

"Todos sabemos que Jesús Vizcarra es compadre del Mayo. Sabemos que su hijo mayor es el ahijado. Tiene todavía una hija más grande. El mismo chamaco es el que lo dice y presume al padrino cada vez que se emborracha. Ya hubo necesidad de sacarlo del estado. Lo tienen en Guadalajara", dice Manuel Clouthier.

Desde su precampaña Vizcarra ha sufrido otros golpes relacionados con la delincuencia organizada. El 22 de diciembre del año pasado fue asesinado el secretario de Turismo del estado, Antonio El Güero Ibarra, a quien la prensa local señala como lavador de dinero de José Inés Calderón y "El Mayo Zambada".

La baja más reciente fue apenas el pasado lunes 14, cuando mataron a Enrique El Gallo Mendívil Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y de la Federación de Propietarios Rurales de Sinaloa y quien, además, figuraba en la lista de candidatos a regidores de la alcaldía de Culiacán por la coalición en la que participa el PRI.

Señalado también como pieza de "El Mayo Zambada", "El Gallo Mendívil", de 60 años, ya había sido regidor en la capital sinaloense durante la gestión municipal de Aarón Irízar López, ahora diputado federal del PRI y antecesor de Vizcarra en la presidencia municipal de Culiacán. (APRO)

Por Jorge Carrasco Araizaga

México se ‘afganiza’

Ausencia de estado en 982 zonas del país

Domingo, 27 de Junio de 2010


MÉXICO, DF.- México está registrando un incipiente proceso de "afganización", o de ausencia de Estado, en 982 bolsones territoriales en donde los carteles del narcotráfico han desestabilizado o capturado gobiernos municipales, afirmó Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el tema de crimen organizado.

En entrevista telefónica desde la frontera de Paquistán con Afganistán donde realiza trabajo de campo, Buscaglia indicó que México todavía no ha llegado a la desestabilización del Gobierno Federal, pero sí a la captura de los gobiernos municipales y en algunos casos de los gobiernos estatales.

En México, explicó, se observan 982 bolsones territoriales de ingobernabilidad, similares a Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado y la autoridad es el grupo criminal, o bien el gobierno municipal trabaja o forma parte del grupo criminal.

"El proceso de ‘afganización’, o sea de ausencia total del Estado, en esas 982 zonas, se ha ido expandiendo a lo largo de los últimos tres años. En el 2007 contabilizamos solamente 353, en 2009 eran 650 y ahora son 982. Las cifras indican que está aumentando el número de regiones donde hay una total ausencia del Estado o están capturadas por el grupo criminal, a eso se le llama un proceso de ‘afganización’", detalló el también catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). (El Universal)

Medios de la Laguna atacados por pistoleros

El diario Noticias del Sol de la Laguna y TELEVISA, tiroteados en menos de tres días

Juan Monrreal López
http://www.democratanortedemexico.com
http://www.democratanortedemexico.blogspot.com
Junio 25 del 2010

Torreón, Coahuila.- Una nueva moda empieza a cobrar fuerza en La Laguna; balear las instalaciones de los medios de comunicación.

En menos de de tres días, los establecimientos del periódico Noticias del Sol de la Laguna, así como las oficinas administrativas de TELEVISA Laguna, sufrieron los embates de hombres armados quienes con rifles de alto poder de uso exclusivo del ejército, intentan amedrentar el ejercicio periodístico.

Hoy viernes poco después de las 14 horas, un comando armado percutió cuando menos 100 veces armamento de calibre 223, contra TELEVISA reportándose saldo blanco. Se contaron 40 impactos sobre el edificio.

El martes 22 de junio, en el periódico Noticias del Sol de La Laguna, propiedad de los hermanos Vázquez Raña, fue baleada una recepcionista, cuando otro grupo armado rafagueó al diario.

Como siempre sucede, hasta el lugar, ubicado sobre el Bulevar Río Nazas, se presentó el Ejército Mexicano, elementos de la Procuraduría de la República, la Policía del estado, así como miembros de la dirección de Seguridad pública municipal.

No hay detenidos hasta el momento.

jmonrreall@yahoo.com

Blindar al Ejército

Miguel Ángel Granados Chapa

Está corriendo el término de 15 días hábiles para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República acepten (total o parcialmente) o rechacen la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza. La CNDH sostiene, al cabo de una investigación propia, que fueron soldados quienes dispararon contra las víctimas y sus familiares y no, como dijo el procurador de justicia militar, que perdieron la vida en un enfrentamiento. El ombudsman, que dio a conocer la recomendación el 16 de junio, añade que militares alteraron la escena de los acontecimientos para hacer creíble su versión.

A la difusión pública de la recomendación siguió una conducta inusual de las autoridades. Lo normal es que los órganos a quienes se dirigen esos documentos de la CNDH no se manifiesten en torno de los mismos sino en el momento de aceptar o rechazar las recomendaciones. En esta ocasión, sin embargo, el gobierno federal se apresuró a descalificar la indagación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El secretario de Gobernación, reducido o elevado, ya no se sabe qué, a la condición de vocero de las Fuerzas Armadas en cuanto apuro generan, dijo dos días después de emitido el documento que la indagación que le dio pie no fue exhaustiva, y que la comisión no incluyó en la suya elementos que constan en otras investigaciones. Se refirió así a la averiguación previa que el Ministerio Público militar está realizando y que en efecto no está disponible ni siquiera para la CNDH.

Enseguida, de manera extraoficial, "fuentes militares" no identificadas examinaron la recomendación y en vez de responderla formalmente pretendieron también denigrarla, pretendiendo que no resultó de una investigación rigurosa y que contiene contradicciones. Se trata de evitar que queden en cuestión las afirmaciones en torno del delicado asunto que expresó el procurador militar, general José Luis García, el 30 de abril, casi un mes después de ocurridos los hechos en que, según la versión del matrimonio de Martín y Cinthia Almanza Salazar, sus hijos fueron asesinados por militares que dispararon sin causa contra el vehículo en que 14 personas viajaban hacia la playa de Matamoros, Tamaulipas. Es la misma actitud que el Ejército y el resto del gobierno federal han asumido en torno de la muerte de los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, donde se pretendió fingir que las víctimas eran sicarios caídos en el combate que les enderezó el Ejército. El secretario de Gobernación ofreció mostrar a la institución afectada y al público en general un video donde se apreciaban los hechos y ésta es la hora, luego de tres meses, en que esa exhibición no ha ocurrido.

Este blindaje a las Fuerzas Armadas, para que no queden en entredicho, está siendo completado en los días que corren por varias medidas de publicidad y de relaciones públicas tendientes a presentar la mejor imagen de los militares o a lavar la cara a una institución que no acaba de ser eficaz en el combate a la delincuencia organizada y en cambio entra en problemas con la sociedad civil. Está al aire por radio y televisión una pauta que pondera las virtudes del Ejército como instancia protectora de la comunidad. Se anuncia la pronta puesta al alcance del público de los acervos, en trance de digitalización, del archivo histórico de la Sedena y el propio presidente Calderón anticipó que el Ejército entregará 20 millones de banderas a otras tantas familias, en un paquete de celebración del bicentenario. Junto con las banderas, aptas para ser colocadas en los domicilios de los destinatarios, se regalarán también la letra del Himno Nacional y folletos informativos, supongo que sobre las acciones militares en casos de desastre o sobre su sistema escolar.

En esta línea acaba de ser creada, por un acuerdo del titular de la Defensa Nacional, una Dirección de Vinculación Ciudadana, que estará a cargo de un general y dependerá directamente del general secretario y tendrá por objeto "generar los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre el Ejército y la Fuerza Aérea y la sociedad en general, ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores".

La exposición de motivos de este acuerdo reconoce que la participación militar en el combate a la delincuencia organizada "ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil, con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar". Allí mismo se informa de la realización de 24 foros donde se ha desarrollado ese intercambio, lo cual indica que crear esta dirección de vinculación es en cierto modo la culminación de una política o por lo menos de una actitud de acercamiento entre el personal militar y los ciudadanos.

Como ocurrió antes con la Dirección General de Derechos Humanos en la Sedena, no basta la creación de un órgano administrativo para construir o modificar una actitud de la organización castrense ante la población civil. La misión de allanar conflictos entre militares y civiles no puede ser cumplida al margen de la ley, sino como complemento de la aplicación de ésta, a lo que inducen las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que se debe responder, no descalificar.




Cajón de sastre


No son pocos los casos en la administración pública y en la política mexicana en que un funcionario o un representante que llega a una responsabilidad en pésimas condiciones no sólo no se legitima en el desem- peño sino que empeora el talante con el que arribó. Pero el de Héctor Osuna es excepcional: fue elegido miembro del órgano directivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en un cínico ejercicio de pago de favores. Motor en el Senado de la Ley Televisa, que dotó a ese consorcio del marco legal que necesitaba (aunque luego el instrumento quedó mellado), completó el juego siendo el regulador que los poderes fácticos necesitaban. Y ahora se va sin rendir cuentas al frente de la Comisión ni encarar a Purificación Carpinteyro, que ha mostrado tener más gallardía y entereza que quien se retira de la Cofetel presionado por sus obligaciones insatisfechas.

Reforma
25/06/2010

Acción Popular contra Mario Calderón Cigarroa

El periodista Juan Monrreal López, pide aplicación de la Ley contra el presidente del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, y Acción Popular contra el alcalde de Gómez Palacio

*Por primera vez en la historia de Durango, sucede esto

*Mario Calderón, podría ir a la cárcel

María Álvarez T.

Junio 25 del 2010
http://www.democratanortedemexico.com
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Durango, Durango.- Este 22 de junio, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, el priista Jorge Herrera Delgado, fue denunciado en la Oficialía de Partes del Congreso duranguense y en su propia oficina, así como también se demandó Acción Popular en contra del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Calderón Cigarroa, quien acumula desviaciones millonarias en la Cuenta Pública municipal, pero también rompimiento de la ley en las licitaciones de obras públicas, así como asignaciones ilegales de contratos a proveedores.

Las denuncias para que se apliquen la Ley de los servidores públicos del estado y los municipios, así como el Artículo 117 de la Constitución de Durango, fueron presentadas por el Director de la Revista Demócrata Norte de México, el periodista Juan Monrreal López, una vez que Jorge Herrera, transgredió el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 5 de la Constitución de Durango, referentes al derecho de petición.

En cuanto al alcalde sustituto, Mario Calderón Cigarroa, existen suficientes evidencias de conductas ilícitas en su administración, pruebas que pueden usarse para que la Acción Popular, pueda aplicarse, tal como lo estipula el Artículo 117 de la Constitución duranguense. La figura constitucional de Acción Popular, podría llevar a Calderón Cigarroa a la cárcel.

Como se recordará, el periodista Juan Monrreal fue levantado el pasado 15 de septiembre del 2009, por dos supuestos policías quienes lo pasearon, y amenazaron tratándolo de intimidar porque “habla muy mal del alcalde Mario Calderón”, una vez que el reportero analizó la cuenta pública de Gómez Palacio, en el Canal 2 de Televisión de Torreón, Coahuila, demostrando serias irregularidades.

Con desconfianzas ciertas, el pasado 27 de octubre, Monrreal López, solicitó la protección del Congreso del estado, apoyado en el Artículo 45 de la Carta Magna duranguense, encontrando oídos tapiados del presidente de la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado, un diputado al servicio del PRI y parte del manto de impunidad que cubre a los funcionarios públicos del actual gobierno encabezado por Ismael Hernández Deras.

El periodista fue recibido por el propio Herrera Delgado, una vez que fue enterado de la denuncia en su contra, cuando la propia mañana del 22 junio, se manejó que no se encontraba en el recinto parlamentario.

Jorge Herrera Delgado, dijo desconocer la petición presentada por el reportero el pasado 27 de octubre del 2009, pese a ser el presidente de la Gran Comisión del Congreso, comprometiéndose con el director de Demócrata Norte de México, en entregarle una respuesta, el próximo viernes 25 de junio.

A continuación se presenta la denuncia íntegra en contra de Mario Calderón Cigarroa, Jorge Herrera delgado y la Comisión estatal de los Derechos Humanos de Durango.

Gómez Palacio, Durango, Junio 22 del 2010

H.LXIV Legislatura del Congreso del estado de Durango

C. Diputado Jorge Herrera Delgado

Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso de Durango

Palacio Legislativo

Durango, Durango.

Presente.-

De nueva cuenta, respetuosamente me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, en la presente LXIV Legislatura, con el objeto de denunciar ante este H. poder Constitucional, la violación de mis Derechos Constitucionales de parte del diputado de extracción priista, Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión de la LXIV Legislatura, ante quien el pasado 27 de octubre del 2009, presenté la denuncia por el secuestro del que fui objeto, cometido por supuestos agentes de policía que me privaron de la libertad ilegalmente, el pasado 15 de septiembre del 2009, en la ciudad de Gómez Palacio, por “hablar mal del alcalde” sustituto, Mario Alberto Calderón Cigarroa; esto, según dijeron los agentes apócrifos, por ser mi persona un “encargo del regidor priista Carlos Sonora Martínez”.

Ante estos hechos, y evidencias reales que hacen temer por mi seguridad personal y la de mi familia, decidí apoyarme en el Artículo 45 de la Carta Magna estatal, que específica, “Los diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del Estado”, así que acudí aquel 27 de octubre del 2009, buscando la protección de esta H. LXIV Legislatura, encontrando oídos sordos del presidente de la Gran Comisión, el diputado, Jorge Herrera Delgado, mismo que no se tomó la molestia de responder mi petitoria, tal como lo obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo 8 que dice:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Por si fuera poco, la Constitución de Durango asienta en su Artículo 5 en su segundo párrafo:
“A toda petición deberá recaer un acuerdo de autoridad, a quien se haya formulado, en el que ésta expresará, motivada y fundadamente, si concede o niega lo solicitado. La autoridad tiene obligación de notificar su resolución al peticionario dentro del término que señalan las leyes aplicables y que en ningún caso excederá de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud”.

Han transcurrido alrededor de 240 días, y aun sigo esperando respuesta de Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango en LXIV Legislatura.

Por ello, de nueva cuenta concurro a esta LXIV Legislatura del estado, pues a mi entender, el diputado Jorge Herrera Delgado, no ha actuado conforme a derecho, haciéndose merecedor a las sanciones correspondientes que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya que nadie se encuentra por encima de la Ley, según reza nuestra Constitución.

Este ciudadano duranguense, de oficio periodista, creyente de la República, así como en el espíritu de Legalidad y de Justicia que debe regir en el H. Congreso del estado de Durango, se presentó al recinto parlamentario esgrimiendo los derechos que posee de acuerdo a la Constitución de Durango, que estipula en su Artículo 3; “En el estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal”.

Asimismo, en el Artículo 9 que asienta, “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por si fuera poco, y de acuerdo a las amenazas proferidas por los supuestos policías, el levantón obedeció esencialmente a la intención de callar mi ejercicio periodístico, pues los aparentes agentes insistieron reiteradamente que mi levantón obedecía a “un encargo del regidor Carlos Sonora Martínez, por hablar mal del alcalde” de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, ya que por esos días, 5, 9 y 12 del mes de septiembre, analicé en el Canal 2 de Televisión, la cuenta pública del Municipio de Gómez Palacio, ejercida por la actual administración.

En la investigación periodística, demostré serias irregularidades existentes en el presupuesto de egresos, del municipio de Gómez Palacio, Durango, consistentes en desvíos de recursos públicos por varios millones de pesos, lo que a mi entender fue el motivo central de la privación ilegal de mi libertad, que de acuerdo al Código Penal de Durango, se tipifica como secuestro.

A mi entender, los derechos violentados son castigados por varios Artículos del Código Penal vigente: Artículo 20; fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; Artículo 51, fracción IV; Artículo 61 con relación al a los Artículos 162, 167, 205, 362,378 y 399.

Como si el marco legal no bastara, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, defiende la Libertad de Expresión en su Artículo 7 que estipula:

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Al igual, la Constitución del estado de Durango, en su Artículo 5, que a la letra expone:

“La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

Más.

En Durango existe la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango, pese a toda esta guarnición legal, la denuncia que interpuse el pasado 27 de octubre del 2009, pareciera no existir, contrario al desgarro de vestiduras del propio presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, quien en ocasión de celebrarse el Día de la Libertad de Expresión el pasado 7 de junio, externó que, “En Durango hay libertad de expresión, ya que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el Estado democrático, por ello ratificamos el compromiso de continuar impulsando la libre manifestación de las ideas y la garantía del derecho a la información”.

Luego abundó:

“En Durango, hay libertad de expresión, simplemente hay que ejercerla y hacerla valer, es una garantía enmarcada en nuestra Constitución”.

Con toda esta retórica, Jorge Herrera Delgado, fue incapaz de dar respuesta a este reportero, quien apegado a la Ley, presentó su denuncia el ya lejano 27 de octubre del 2009, cuando solicitó la intervención y protección del Congreso duranguense.

Ya en otras ocasiones, un discurso similar se escuchó en los medios electrónicos e impreso en medios.

El gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, aun con el cuerpo insepulto del reportero Bladimir Antuna, declaró que en la entidad “existen las garantías suficientes para que los periodistas ejerzamos nuestra labor”.

Esta perspectiva de las autoridades preocupa en demasía; toda vez que Durango es el estado donde más periodistas fueron asesinados durante el año 2009, pero también el estado donde los comunicadores vieron saqueados sus domicilios, además de los atentados a sus personas.

En el año 2009, el ejercicio informativo, costó la vida de 4 periodistas en el estado durante 2009.

Por último, quiero dejar constancia ante esta H. LXIV Legislatura, el triste papel desempeñado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, que preside Carlos García Carranza, ante quien el 27 de octubre del 2009, también enderecé mi queja por el levantón y secuestro del que fui objeto.

En aquellos días hice entrega del mismo documento depositado en la Oficialía de partes del Congreso, pero nunca recibí respuesta, pese haber acudido a las oficinas de la Segunda Visitaduría de esta comisión con domicilio en Gómez Palacio.

No es intención de este ciudadano de oficio periodista, abundar que fue hasta el 11 de Febrero del presente año, que tuve que responder a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) en largo alegato de 10 páginas- el que será entregado como anexo a esta H.LXIV Legislatura de Durango-, para fundamentar a mi favor en contra de las falsedades que entregó por escrito el occiso director de policía municipal, Roberto Torres Salinas,- por cierto ejecutado por un comando armado-, el pasado 23 de noviembre del 2009, fecha en que por vez primera se conocieron los supuestos agentes de la policía municipal, Salvador Alejandro Puentes Saucedo y Juan Manuel Valles Trejo, que levantaron y secuestraron a este reportero el pasado 15 de septiembre.

En mi alegato entregado a la CEDHD pedí como exigencia, - siempre de acuerdo a derecho-, que la comisión citara a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa, quien sin duda, era y es, el primer interesado en amilanar a este periodista, una vez que hice y sigo haciendo del dominio público, los desvíos millonarios de recursos públicos, una violación en sí de los Derechos Humanos de los habitantes del municipio de Gómez Palacio, Durango, en la medida que el dinero desviado de los propósitos etiquetados en la Cuenta Pública, cancela el desarrollo de la ciudad, a la vez que suprime las posibilidades de llevar los servicios básicos a los ciudadanos en pobreza patrimonial.

Pese a mi petitoria, la CEDHD se desentendió de acatar la Ley, y ahora el 11 de junio, pidió que me careara con los supuestos policías que me levantaron y secuestraron, a pesar de que el ejecutado director de policía había entregado ya, un documento lleno de contrasentidos y falacias.
A más de 100 días de que presenté mi respuesta a la CEDHD, sigo esperando que se cite a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa; o cuando menos que la mencionada comisión responda mi solicitud,-a todas luces apegada a derecho-, el porqué la llamada primera autoridad de la ciudad de Gómez Palacio, no ha sido citada.

Por último, quiero dejar asentado que producto de mi trabajo, he ido recabando y publicando las suficiente pruebas documentales y físicas, para aseverar que el alcalde sustituto de Gómez Palacio Mario Alberto Calderón Cigarroa, es punible de acuerdo al Artículo 117 de la Constitución de Durango, por lo que pido como exigencia se le aplique el procedimiento de Acción Popular, recurso constitucional al que tenemos derecho cualquier ciudadano.

Por ello en derecho pido y exijo:

1.- Que ante evidente violación de mis derechos cometida por el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, se le apliquen las sanciones correspondientes, estipuladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
2.-Exijo la aplicación de la Acción Popular, asentada en el Artículo 117 de la Constitución de Durango, toda vez que existen las suficientes evidencias de conductas ilícitas del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, y sólo espero que se me instruya que Comisión de esta H. LXIV Legislatura, para entregar las pruebas de las ilegalidades de este alcalde.
3.-Se exija a la CEDHD, se apegue a la Constitución de la República, a la Constitución del estado de Durango, a su propia Ley Orgánica, olvidando los tintes a favor de las autoridades priistas, por tanto, que Mario Alberto Calderón Cigarroa, comparezca ante esta comisión.
En espera de su respuesta:

Protesto lo necesario.

Juan Monrreal López
Director de la Revista Demócrata Norte de México
Email: jmonrreall@yahoo.com


c.c.p Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
c.c.p. Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
c.c.p. Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
c.c.p. Lic. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
c.c.p Senadora Rosario Ibarra de la Garza
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en su LXI Legislatura
c.cp. Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en su LXI Legislatura
c.c.p. C.P. Ismael Hernández Deras
Gobernador del estado de Durango
c.c.p Lic. Oliverio Reza Cuéllar
Secretario General de Gobierno del Estado de Durango
c.c.p. Lic. Daniel Garcia Leal
Procurador de Justicia del Estado de Durango
c.c.p. Lic. Apolonio Betancourt Ruiz
Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia
c.c.p. Dr. Carlos García Carranza
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
c.c.p. Diputado Noel Flores Reyes
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Durango en su LIV Legislatura c.c.p. Diputados del Partido Acción Nacional
c.c.p Diputados del Partido del Trabajo
c.c.p. Diputados del Partido de la Revolución Democrática
c.c.p. Diputado del Partido Duranguense
c.c.p. Diputado del Partido Nueva Alianza
c.c.p. A los medios de comunicación del estado de Durango.

Tirotean instalaciones de diario en Coahuila

Arturo Rodríguez García


TORREÓN, Coah., 22 de junio (apro).- El periódico Noticias de El Sol de la Laguna fue blanco hoy de un ataque a balazos, en el que resultó herida la recepcionista del diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el atentado se registró poco después de las 12: 00 horas en el cruce de las calles Constitución y Javier Mina, en la zona limítrofe de Torreón con Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo el reporte de los peritos, la puerta principal del inmueble presentaba más de 50 disparos de arma de fuego.

El fiscal general, Jesús Torres Charles, afirmó que la mujer, que resultó herida en un brazo y la cabeza, está fuera de peligro.

Apenas el pasado viernes 18, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), lanzó una alerta por las nulas condiciones para ejercer el oficio periodístico en esa zona. Inclusive, afirmó que uno de los periodistas amenazados es Javier Adame, directivo de Noticias de El Sol de la Laguna.

Dijo que Adame y otros directivos de medios de comunicación de la zona, fueron amenazados para que se publicaran imágenes de decapitados.

RSF responsabilizó directamente a Los Zetas de los ataques contra periodistas en la región.

En mayo pasado, una balacera ocurrida en el bar "Juanas VIP", fue atribuida a la presunta relación de personal de El Sol de la Laguna con Los Zetas. Inclusive, se aseguraba que el bar era propiedad de un reportero apodado "El Junior", quien desde hace años había dejado de trabajar en ese diario.

Por medio de un comunicado, ese periódico rechazó tener vínculos con grupos delictivos.

Al concluir un evento en Saltillo, Torres Charles confirmó también que dos granadas fueron arrojadas el jueves pasado contra el periódico El Zócalo, de Piedras Negras.

En este caso, el funcionario dijo que actualmente se revisan publicaciones recientes, pero que existe una línea de investigación que apunta a problemas del personal del periódico.

Proceso
23/06/2010

El 'Gober precioso' vuelve a las andadas

Ex diputada exige su renuncia luego de divulgarse un audio en el que Mario Marín conversa con una menor de edad con quien tuvo una relación.

PUEBLA, Pue.- Violeta Lagunes Viveros, ex diputada y ex delegada de la Secretaría del Trabajo, exigió al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres renuncie a su cargo y se investigue el caso con el que se ha visto involucrado, tras la aparición de un audio en el cual presuntamente es la voz del mandatario estatal quien sostiene una conversación con una menor de edad.

En entrevista con Notimex, Lagunes Viveros también dio a conocer que ya presentó su licencia al cargo como delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) , así como la suspensión temporal de sus derechos partidistas, con el objetivo de poder conformar la 'Red en contra de la Explotación Sexual de Mujeres como Botín de Políticos'.

Enfatizó que en el estado de Puebla se cometen injusticias en contra de las mujeres, sobre todo las que se refieren a la violencia sexual en sus diferentes matices, esto debido a que Marín Torres nuevamente permite la violación de los derechos de las mujeres.

"En esta ocasión hacemos referencia al caso de 'Jessica', donde el gobernador es el actor involucrado y se le atribuye que ha abusado del poder aprovechándose de la situación vulnerable de algunas menores de edad, explotándolas y usándolas sexualmente como es este el caso", sentenció.

Refirió que en los últimos días se han difundido audios en donde aparecen voces atribuidas al propio gobernador Mario Marín Torres con una joven de 17 años llamada Jessica, además de estar involucrado Valetín Meneses Rojas, actual secretario de Gobernación estatal.

Termina la relación

La ex funcionaria mencionó que en un audio el mandatario estatal Mario Marín habla con Jessica con el fin de terminar la relación y le pide unas llaves, ante esto ella responde que le había jurado algo, pero él no se lo había cumplido.

Agrega que en la conversación Valentín Meneses llama a Jessica para que ella platique con Marín Torres y es quien le invita a tomar una copa, por lo que, la menor responde que no cumplió sus promesas.

Violeta Lagunes manifestó que, al parecer, al momento del rompimiento la menor tenía 17 años y que la relación habría iniciado en 1999 cuando Mario Marín Torres era alcalde de Puebla, de ahí que el delito que presuntamente pudo cometer es el de estupro con una menor que laboró como edecán de "Los Pericos" de Puebla.

Ante todos estos hechos, que podría ser acusado de abuso de autoridad, peculado y corrupción de menores -dice la funcionaria-, es que debe renunciar Mario Marín, así como el actual secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses, y ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, exhortó a los organismos como el Instituto Poblano de las Mujeres, a los sistemas para el Desarrollo Integran de la Familia (DIF) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que, dentro de sus atribuciones, coadyuven con la sociedad dentro de los procesos penales y administrativos del caso.

"Los demonios..." de Lidya Cacho

El 14 de febrero de 2006 fue dada a conocer una grabación donde José Kamel Nacif Borge, empresario mexicano de origen libanés, popularmente conocido como "El Rey de la Mezclilla" agradece a Mario Marín los favores realizados como protección al pederasta Jean Succar Kuri, ya que la periodista mexicana Lydia Cacho denuncio los hechos en el libro "Los Demonios del Edén" y la acción de aprehensión de la periodista "había servido para darle un coscorrón a esa pinche vieja".

En las grabaciones dadas a conocer en su momento, Kamel Nacif se refiere a Mario Marín con calificativos como "Gober precioso, "mi rey", "papá", "papito", "mi héroe".

Lydia Cacho saltó a la luz pública por la denuncia penal en su contra, por el delito de difamación que impuso Kamel Nacif en Puebla, y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al gobernador de Puebla y al empresario en una supuesta confabulación para violentar la ley en contra de la periodista.

Notimex
21/06/2010

El siniestro estilo

José Gil Olmos

Todos los trucos del PRI se aplican en Oaxaca: desde el uso electoral de los programas sociales hasta la violencia simple y llana. Lo que el gobernador Ulises Ruiz quiere es que su delfín, Eviel Pérez Magaña, lo suceda a como dé lugar tras la elección del próximo 4 de julio. Para eso es necesario abusar del erario, enlodar las campañas y recurrir a la violencia… y es lo que se está haciendo.


OAXACA, OAX.- El paisaje político en la entidad se ha tornado más violento en los últimos días. Grupos parapoliciacos, secuestros de simpatizantes del candidato opositor Gabino Cué, una reportera herida de bala y la protesta de miles de maestros que tienen tomado el zócalo oaxaqueño desde el 10 de mayo prefiguran una jornada electoral turbia el próximo 4 de julio.

Estos signos de violencia parecen no importarle al gobernador Ulises Ruiz, quien, dueño de un presupuesto para gastos personales de 3 mil 539 millones de pesos –según consta en el presupuesto de egresos de Oaxaca para 2010–, tiene la billetera abierta para apoyar a su candidato: Eviel Pérez Magaña.

Esa cantidad que maneja discrecionalmente representa 10% del presupuesto estatal –de casi 39 mil millones– y es mayor que la que se destina a desarrollo indígena, empleo, apoyo a grupos vulnerables, desarrollo urbano y vivienda, turismo y comunicaciones y transportes.

A Ulises Ruiz –quien dejará endeudado al estado de Oaxaca con más de 6 mil millones de pesos, 12 veces más que la deuda legada por el anterior gobernador, José Murat, según afima la oposición–, PRD, PAN, PT y Convergencia lo acusan de utilizar los programas sociales y los recursos públicos para apoyar a su delfín con el alquiler de avionetas y helicópteros, la compra de votos en mil pesos y la renta de credenciales de elector hasta en 5 mil para el día de la elección.

En entrevista con Proceso, el aspirante del PRI al gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, rechazó estas acusaciones y tachó a su adversario Gabino Cué –candidato de la coalición PAN-PRD-PT y Convergencia Unidos por la Paz y el Progreso– de ser favorecido por el gobierno federal mediante la manipulación de programas como Piso Firme, que maneja la Secretaría de Desarrollo Social.

No obstante, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a los que tuvo acceso el reportero, el gobierno de Ulises Ruiz sí ha rentado aeronaves para apoyar a Pérez Magaña.

De acuerdo con copias del plan de vuelo, el 27 de mayo pasado el candidato priista viajó, como parte de su campaña, en un helicóptero Bell 407 matrícula XA-TUR, a nombre de Servicios Aéreos Milenio, de la ciudad de Oaxaca a San Martín. La aeronave fue rentada por el arquitecto Carlos Martínez, secretario particular de Ulises Ruiz, y salió del hangar oficial pilotado por el capitán Emilio Olmos (licencia 20004305), quien trabaja también para el gobierno del estado.

Según esa misma información, gracias a los favores del gobernador, Pérez Magaña tiene a su disposición un jet Cessna 510 Citation Mustang XA-ULO, propiedad de Avemex S.A. de C.V. y rentado a Aerolíneas Ejecutivas. También la aeronave Lear Jet XA-EFM, propiedad de Servicios Aéreos Milenio, al igual que el helicóptero Bell 407 en el cual viajó a San Martín.

La cantidad de recursos de la que dispone el candidato de la alianza PRI-PVEM es tan amplia que se dio el lujo de invitar a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, La Gaviota, a presidir dos actos de campaña el sábado 15 de mayo; éstos fueron considerados por el propio Eviel como el inicio de la carrera del gobernador del Estado de México por la candidatura a la Presidencia de la República.

Pero el gobernador oaxaqueño no sólo apoya con dinero a quien espera que sea su heredero político, sino también con una maquinaria electoral que incluye el uso de los programas sociales del estado, algunos de ellos operados por extranjeros.

Desde el gobierno estatal se dirige a diversas agrupaciones integradas por un ejército de funcionarios a quienes llaman “brigadistas”, “comandos”, “héroes” o “misioneros”. Las más importantes son las Unidades Móviles para el Desarrollo (UMD), capacitadas para manipular el voto. Estas unidades las dirige la argentina Gertrudis Navarro Brignolo, quien tiene a sus órdenes a 700 personas, entre médicos, abogados y enfermeras.

Si no apoyas, te mueres

En San Miguel Chicahua, región mixteca, dos ancianas indígenas hablan mientras preparan comida en sus viejos cacharros de aluminio y barro. “Vinieron los de gobierno a decirnos que votemos por el PRI, que si no apoyamos nos morimos porque no hay despensa ni medicina”, dice doña Juana López a un reportero que la entrevistó hace un par de semanas.

A principios de mayo, de acuerdo con una fuente de gobierno local, Ulises Ruiz dio el banderazo de salida para que todos los programas sociales del estado empezaran a actuar electoralmente a favor de su candidato, Eviel Pérez Magaña.

La ventaja de Gabino Cué –según cinco encuestas: Parametria, Buendía, El Universal, Reforma e IPSOS– fue la señal de alerta que el gobernador dio para echar a andar la maquinaria electoral disfrazada en cinco programas sociales: Unidades Móviles para el Desarrollo, de alfabetización, de adultos mayores, de redes escolares y de los comandos.

El programa de los comandos está encabezado por Gerardo Velázquez y se encarga de “recoger” lo que los de alfabetización, Unidades Móviles, adultos y redes escolares no cubren: atiende demandas de servicios urbanos de las colonias populares, seguridad, transporte, entre otras. Se une a una red de “misioneros”, 350 mil ciudadanos comprometidos con el gobernador más allá de su militancia priista y que han hecho un “juramento” de “compromiso con Oaxaca”.

“Sabe que su futuro político y personal está en juego, por eso puso a caminar la maquinaria del fraude electoral”, apunta el doctor Juan Díaz Pimentel, exlíder del PRI en el estado, al ser entrevistado sobre el uso de las UMD.

Con estos programas, que el gobernador de Oaxaca supervisa directamente, se pretende obtener un mínimo de 150 mil votos lucrando con los más pobres de los pobres, acusa el exsecretario estatal de Salud.

“Lo que está haciendo Ulises Ruiz es indignante, inmoral; está condenando a la miseria a esa gente y la manipula”, señala al explicar que el programa de UMD nació en Puebla pero fue adaptado por el gobernador para Oaxaca, aprovechando la extrema pobreza en la que vive la población de la entidad.

Al respecto, según funcionarios del actual gobierno del estado, el programa de UMD está manejado por la argentina Gertrudis Navarro Brignolo, a quien llaman La Che, La Trudi, La Patrona o La Comandante, protegida de Jorge Toledo, coordinador de campaña de Pérez Magaña.

En una entrevista difundida en mayo, Navarro Brignolo destacó que con ese programa, el año pasado se dieron 1 millón 600 mil servicios y se entregaron a 9 mil 865 adultos mayores 116 mil 865 despensas, a pesar de los recortes presupuestales.

El programa estrella de Ulises Ruiz está integrado por 69 brigadas de médicos, abogados, enfermeras y otros funcionarios previamente capacitados para dar servicios de medicina general, identidad jurídica en la entrega y corrección de actas de nacimiento y la entrega de despensas.

“Los brigadistas tienen trabajo en las comunidades pequeñas donde viven los más pobres, es un trabajo que han venido haciendo durante todo el sexenio y lo coordinó Armando Navarrete Cornejo, quien trabajó en el gobierno de Puebla. La gente pobre de las comunidades es manipulada y cree de buena fe que se trata de un acto de generosidad. Por eso en los procesos electorales votan por el PRI, que les da estos beneficios”, señala el doctor Díaz Pimentel.

Un funcionario del gobierno de Ulises Ruiz –que accedió a una entrevista bajo el anonimato– describió la forma en que la argentina supervisa el trabajo de las UMD en los 570 municipios y, sobre todo, el que se enfoca a los ancianos, de quienes se espera obtener 150 mil votos seguros, que podrían ser la diferencia en una elección cerrada.

Advierte que es tan importante esta parte de la estrategia electoral, que el propio Ulises Ruiz la revisa directamente en reuniones especiales e incluso en cada gira de trabajo se le organiza una parada especial en las comunidades para tomarse una foto con algún anciano o anciana a quien previamente le indican que le “eche la bendición” para que le vaya bien y ellos sigan recibiendo los beneficios.

“La Trudi se convierte en la jefa de los 69 operadores de las UMD. Da todo para trabajar con el respaldo total del gobernador: dinero, vehículos, viáticos y reuniones con los funcionarios de primer nivel. Pero también pide dinero: 300 pesos al mes que se depositan en una cuenta de Bancomer a nombre de Juan Gabriel Nataret, supuestamente a fin de tener una caja chica que pueda usarse para la reparación de los vehículos y tener ‘reuniones’ con el gobernador”, señala el funcionario.

También, dice, en la capacitación de los brigadistas interviene un español, Federico Carvajal, quien se encarga de enseñar a manipular electoralmente el programa y a poner al gobernador Ulises Ruiz como un “héroe”.

“Les enseña a dar este mensaje a la gente: ¿saben quién les da todo esto? Es el gobernador quien está pensando siempre en ustedes, es quien lo da todo. Esto te lo da el gobernador. Por eso, si quieres seguir recibiendo esta ayuda, tienes que votar por el PRI.”

Asegura que a partir de junio el programa se ha centrado en los adultos mayores, cerca de 240 mil que hay en todo el estado, a quienes se les enseña cómo votar, pues cada vez que reciben un apoyo les ponen tinta en el pulgar y les piden que lo levanten como si estuvieran votando.

Dice que los brigadistas han elaborado una lista exacta de quienes han recibido apoyo: tienen nombre y ubicación de cada uno porque les piden la credencial de elector. Por eso saben cuántos pueden votar por el PRI.

Advierte: “El gobernador sabe que la elección está empatada, por eso necesita el voto duro y se reúne con los brigadistas y el coordinador, Alejandro Avilés, que es su brazo derecho. Se tiene previsto para la elección usar los vehículos oficiales pero limpios de cualquier logotipo. Se ponen casas secretas con comida, bebidas, teléfonos, computadoras para monitorear y enviar la información a una computadora matriz que tiene el coordinador de la campaña, Jorge Toledo. A la una de la tarde del día de la elección ya se sabrá si gana o pierde Eviel”.

El doctor Díaz Pimentel explica la forma en que operan electoralmente las UMD: “Nombran a responsables por comunidad que el día de la elección van por la gente –a la que le llaman “promovidos”– y se encargan de hacerlos votar. Si en un pueblo hay 300 “promovidos”, hacen un primer corte y ven cuántos votaron a las 11 de la mañana; luego a la una de la tarde y así, hasta tener la certeza de que el ciento por ciento haya votado. Hay mecanismos de seguridad y según sus cálculos tienen 150 mil votos seguros”.

Debido a lo cerrado de la elección, asegura que Ulises Ruiz hará todo para ganar. Sostiene que al PRI le beneficia alejar al electorado de las urnas para ganar con su voto duro, y no descarta que ese partido y el gobierno del estado vayan a utilizar la violencia.

“Ya lo han demostrado. Van a provocar acciones para generar una percepción de violencia; hemos detectado que quieren repetir la estrategia de inhibir la participación social mediante el miedo, con acciones como implementar una campaña de no votar afirmando que se trata de una farsa. Tampoco se descarta que pongan bombas en los bancos, baleen oficinas o casas o que se presente un grupo seudoguerrillero, como ocurrió en 2006 en la Sierra Norte. Están desesperados”, advierte el doctor Díaz Pimentel.

Campaña sucia

Además, la guerra sucia vinculada con las elecciones está en su apogeo. El lunes 7 varios jóvenes embozados quemaron un módulo del candidato del PRI a la gubernatura; tres días después, Ixtli Martínez, corresponsal de Noticias MVS, fue herida de un balazo en la pierna en un enfrentamiento en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El sábado 12 la exsecretaria de Transporte, Aurora López, fue secuestrada y agredida sexualmente. El domingo en la madrugada la liberaron y en declaraciones ante la Procuraduría del estado acusó al gobernador Ulises Ruiz de ser el autor intelectual y al exdirector de la Policía Ministerial de Oaxaca, el teniente Manuel Moreno Rivas –a quien identificó por la voz–, de realizar el plagio.

En entrevista, la empresaria del transporte dijo que entre amenazas le exigieron que retire su apoyo a Gabino Cué.

“‘¡Deja ya de estar ayudando a la oposición, deja ya de estar ayudando a quienes no te dan de comer!’, me gritaron y les contesté: ‘ustedes sólo han provocado el hambre en Oaxaca y chinguen a su madre porque voy a seguir ayudando’. Me volvieron a agredir y me desmayé. Ya hice la denuncia y estoy acusando directamente al teniente Manuel Moreno Rivas y a Ulises Ruiz Ortiz, porque fue una acción política de intimidación, no quieren que la gente salga a votar.”

Además de estos actos de violencia y descalificaciones personales que circulan en la red, también se pusieron anuncios espectaculares en la ciudad con la fotografía de Flavio Sosa, acusándolo de motivar la violencia con la APPO. Los auncios duraron pocos días, ya que se descubrió que fueron pagados por Soledad Rojas Wallas, directora de prensa del gobierno del estado.

Casi al mismo tiempo se distribuyeron por correo miles de cartas con el logotipo del PRI y del PVEM acusando a Gabino Cué, Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y al senador perredista Salomón Jara de ser “un peligro para Oaxaca”.

Pérez Magaña se deslinda de esta campaña. Asegura que lleva una ventaja de entre siete y ocho puntos (unos 80 mil votos) según una encuesta que le hizo la Universidad de Puebla y otras más que le hicieron llegar Enrique Peña Nieto y la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes.

“Estamos remontando porque diariamente se suman a mi campaña 30 personas que antes estaban con el PAN o el PRD y se han salido porque están molestos con las decisiones que tomaron para elegir a los candidatos a presidencias municipales. Eso me está ayudando mucho y la decisión de lanzar como candidato a diputado a Flavio Sosa les está pegando mucho”, sostiene en entrevista.

Sin embargo, Flavio Sosa y Gabino Cué estiman lo contrario en entrevistas por separado.

“A 26 días de la elección pareciera que Ulises Ruiz y su candidato pretenden generar incertidumbre o miedo. Hay una estrategia muy clara de violentar la elección; no descarto que en los próximos días pueda haber otro tipo de expresiones que tensen más la situación. No vamos a caer en la provocación y llamaremos a las autoridades a que actúen”, sostiene el candidato de la alianza opositora.

Mientras que de la posibilidad de que estalle la violencia en las elecciones de Oaxaca, Flavio Sosa asevera: “Así es, ya hubo muertos en San Juan Copala… Desde el gobierno le están echando gasolina al fuego”.

Proceso
21/06/2010