GLORIA LETICIA DÍAZ
MEXICO, DF, 24 de noviembre (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno de Felipe Calderón a explicar los fundamentos legales de la figura del arraigo, así como el uso de instalaciones militares como centros de detención.
Como lo informó Proceso 1724, la inquietud de los comisionados de la CIDH surgió a partir de la audiencia "Seguridad pública y derechos humanos en Tijuana, Baja California", en la que familiares de expolicías municipales denunciaron a miembros del Ejército Mexicano como responsables de torturas mientras estuvieron arraigados en cuarteles, con la finalidad de que se confesaran como colaboradores de narcotraficantes.
Durante la sesión, los comisionados Felipe González, Florentín Meléndez y Paolo Carozzo advirtieron a la delegación del gobierno mexicano --encabezada por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín-- que harían una solicitud de información expresa sobre la figura del arraigo.
El lunes pasado, la CIDH envió una comunicación al gobierno de Calderón para que en un plazo máximo de 30 días responda a un cuestionario de seis preguntas sobre esa figura incorporada en la reciente reforma judicial en la Constitución Mexicana.
Las interrogantes que tendrá que responder el Estado mexicano tienen que ver con el fundamento legal del arraigo y su aplicación; su procedimiento, quién lo ejecuta y si existe control judicial; la autoridad que custodia a los arraigados, y "cuál es el control que se ejerce sobre los procedimientos de detención".
Asimismo, se solicita información sobre el "fundamento para mantener arraigados a detenidos en cuarteles militares o instalaciones militares".
Para el caso específico de las torturas denunciadas en la audiencia en Washington, se pidió al gobierno mexicano argumente sobre "los alegatos de tortura y las investigaciones realizadas al efecto", y qué autoridades están encargadas de procesar esas quejas.
El requerimiento de información de la CIDH también fue hecho del conocimiento de las organizaciones que representan a los familiares de los expolicías, a la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH) y a la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la CMPDDH, consideró que el emplazamiento de la CIDH "revela el interés del Sistema Interamericano de derechos humanos por una figura como el arraigo, que no está debidamente reglamentada a pesar que hace un año se incorporó a la Constitución".
En entrevista, destacó que la ausencia de claridad sobre la práctica del arraigo "es lo que genera graves violaciones a derechos humanos, pues esa figura es utilizada indiscriminadamente, no sólo para casos de delincuencia organizada y narcotráfico, sino para casos de delincuencia común".
Además, agregó el activista, de que "se violan las garantías de debido proceso para los arraigados, pues no están definidas las horas de visita de sus abogados ni de sus familias".
Destacó que la petición de la CIDH "alimenta el cuestionamiento que otros organismos, como Human Rights Watch y la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho sobre la reforma del sistema penal mexicano, en específico del arraigo".
Como parte del proceso que se sigue en la CIDH para analizar el caso de los expolicías municipales detenidos de manera ilegal en Tijuana, apuntó Gutiérrez Contreras, "vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pronuncie sobre el arraigo en cuarteles militares, así como que nos diga si ha realizado visitas en centros de arraigo para verificar que no sean sometidos a torturas o a tratos crueles e inhumanos".
Gutiérrez Contreras destacó que, como parte del procedimiento en la CIDH, representantes de los familiares y víctimas tendrán acceso a la respuesta que entregue el Estado mexicano a la solicitud de información.
"Va a ser muy interesante enterarnos cómo va a justificar el gobierno de Felipe Calderón una situación que es jurídicamente anómala y que no cumple con los estándares internacionales para personas privadas de su libertad; a un año de incluirse la figura del arraigo en la Constitución, el debate está en puerta", advirtió.
Proceso25/11/2009
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