No podrán devolvernos lo que nos quitaron, por mucho que nos den, dicen en Chinkultic

■ Luego del asesinato de seis campesinos en la zona arqueológica, “ha llegado dinero como nunca”

■ Traen puras cosas que no pedimos, señala una mujer a la que le mataron a un sobrino durante el desalojo

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ejido Miguel Hidalgo, Chis., 22 de octubre. “Ya no nos van a devolver lo que perdimos, por mucho que nos vengan a dar”, expresa una mujer a las puertas de su casa, cerca del centro del poblado donde habita la mayor parte de los ejidatarios de Miguel Hidalgo.

Predominantemente agricultores, han sido vecinos del centro ceremonial maya de Chinkultic desde la fundación del ejido, pero eso no los ha hecho servidores turísticos, como en otras zonas arqueológicas.

Después de los desgraciados acontecimientos que 20 días atrás causaron la muerte de seis hombres, cuatro de ellos del ejido, el gobierno de Chiapas ha establecido una presencia institucional avasalladora. Esta tarde flanquean la cancha de basquetbol, junto al auditorio, tres unidades médicas de la Secretaría de Salud, consultorios, servicios de diagnóstico y todo un centro de detección de cáncer de mama, donado por la empresa Avon al gobierno estatal.

“Así nos tienen desde lo que pasó”, comenta la mujer. “Nos vienen a traer despensas, láminas, medicinas, materiales. Puras cosas que no habíamos pedido”.

No puede ocultar su indignación. Trata de contener las lágrimas. Su rostro muestra que ha llorado y que lo sigue haciendo.“No merecíamos que nos trataran así. Ni que los estuviéramos atacando. No teníamos con qué, y aunque tuviéramos, no hubiéramos sabido cómo”.

Un joven asesinado el pasado 3 de octubre por la policía estatal era su sobrino. “Murió allí en la camioneta. Y el otro pobre señor, que nomás iba ayudando, allí quedó”.

Una cuadra más adelante, un hombre repara la cerca de su solar. Admite que participó en la toma de la caseta de Chinkultic la primera semana de septiembre, y en las guardias. “Lo hicimos por decisión de la asamblea ejidal. Es así como nos organizamos aquí. No importa de qué partido son algunos, o alguna organización. Votamos cuando toca, los que así queremos”.

Conflicto con el INAH

El conflicto por la caseta y el cuidado del centro ceremonial era no sólo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino también con el gobierno municipal de La Trinitaria. El primero demandó la intervención de las autoridades para “recuperar” la zona arqueológica. El segundo animó el violento operativo que puso brevemente a Miguel Hidalgo en las noticias.

A pesar de la gravedad del hecho represivo, que muchos llaman “masacre”, la cobertura de los medios fue acallada prontamente. En la prensa estatal predominó la versión inicial de un “enfrentamiento”, donde los campesinos habrían matado a tres policías (algo que no ocurrió); luego se marginó el asunto en los espacios informativos, destacando solamente las acciones de reparación del gobierno, el encuentro del mandatario Juan Sabines Guerrero, en la vecina comunidad Lázaro Cárdenas, con las familias afectadas y los representantes ejidales, o las vagas opiniones de los obispos.

“Ha llegado dinero y ayuda como nunca, y aunque eso ha provocado diferencias entre nosotros, no nos han roto la unidad. Ahora estamos viendo cómo va a ser ese proyecto ecoturístico que ofrece el gobierno”, prosigue el hombre con escepticismo.

La comunidad está al pie de la carretera La Trinitaria-Lagos de Montebello, a 40 kilómetros de Comitán y a tres de Chinkultic. El sitio arqueológico, que según los pobladores “ya fue devuelto al INAH”, permanece cerrado y no se ve la presencia de ningún personal detrás de la reja cerrada con cadena y candado en horas hábiles. Eso contradice las declaraciones de funcionarios como el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, quien aseveró que el servicio turístico había vuelto a la normalidad.

En el acceso a Chinkultic aún se ven los restos de las fogatas que hicieron los fugaces vigilantes indígenas hasta que fueron desalojados por la fuerza pública en un confuso operativo, del cual la policía federal se deslindó desde el primer momento, pues, según ha confirmado La Jornada, se efectuó sin orden judicial.

La Jornada 23/10/08