Los penales, propiedad privada

Patricia Dávila

Pocos son los que se atreven a denunciar públicamente el tráfico de enervantes en los penales del país, pero lo cierto es que esta práctica, que involucra tanto a los internos como a los custodios y directivos, no la desconocen los gobiernos estatales ni el federal, como tampoco ignoran un hecho: que lo mismo en Tamaulipas y Michoacán, así como el Distrito Federal, son los cárteles de la droga los que controlan ese negocio dentro de los centros penitenciarios.

Los motines que estallan en los penales federales son expresión de las pugnas entre los principales cárteles de la droga, que extendieron su guerra por el control de la venta de estupefacientes al interior de esos centros de reclusión, en los cuales incluso ya doblegaron a custodios y directivos.

No es extraño tampoco que en las fugas masivas, organizadas por internos ligados a los cárteles de Juárez, del Milenio, de Sinaloa, del Golfo y por sicarios de Los Zetas que purgan sus condenas en esos centros de rehabilitación, estén implicadas las autoridades penitenciarias, según se desprende de una investigación realizada por Proceso.

Uno de los casos más recientes de las pugnas por el dominio del espacio penitenciario se registró el lunes 13 por la mañana en el penal de Culiacán, Sinaloa, cuando varios presos vinculados al crimen organizado iniciaron una trifulca en uno de los módulos. La gresca se extendió a otros dos más. El saldo: dos internos muertos y siete heridos. Los alborotadores iban armados con tres pistolas: dos de calibre 9 mm y una 38.

Dos días antes fue encontrado muerto en su celda del módulo 1 Óscar López López, a quien se le atribuyeron los asesinatos, el 8 de septiembre, de los reclusos Alfonso Reyes Ochoa y Francisco Javier Beltrán León.

El subsecretario de Prevención y Readaptación de Seguridad Pública en Sinaloa, Ricardo Serrano Alonso, declaró que los asesinatos ocurridos en las últimas semanas en las cárceles de la entidad evidencian que el crimen organizado llevó su guerra al interior de estas instituciones, donde los sicarios detenidos durante el operativo Conjunto Culiacán-Novolato purgan sus condenas.

El viernes 17, dos granadas de fragmentación fueron detonadas por desconocidos en el módulo 5 de la penitenciaría de Culiacán. La explosión provocó heridas a siete internos.

Hace tres meses, el 16 de julio, murieron cuatro presos y dos más resultaron heridos en una balacera entre pistoleros de los cárteles de Juárez y de Sinaloa en el penal de Mazatlán. Y el 27 de ese mismo mes fue asesinado en el penal de Aguaruto Victoriano Araujo Payán, hermano de Gonzalo Chalo Araujo, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

Y en Cieneguillas, a cinco kilómetros de la ciudad de Zacatecas, hubo un amotinamiento en la cárcel local que se inició el domingo 12 y terminó el lunes 13. Los inconformes demandaban retirar de ese penal a 21 reos pertenecientes al grupo paramilitar de Los Zetas.

Los instigadores de la revuelta colocaron en la azotea del área de los dormitorios una manta con la frase "Zetas no; prensa sí"; también levantaron barricadas y contaban con varios tanques de gas butano para defenderse. Luego de 48 horas de infructuosas negociaciones, un grupo de 400 policías antimotines ingresó al penal y controló el levantamiento.

Así mismo, en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, más de 100 reos del fuero común protagonizaron una balacera la tarde del 7 de septiembre. El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Aldo Fasci Zuazua, declaró que la escaramuza se debió a que la mayoría de los internos se muestra inconforme por la presencia de reos federales vinculados a Los Zetas.

Al día siguiente, una familiar de uno de los internos salió del penal y comenzó a gritar que había un tiroteo entre los internos. En las inmediaciones había por lo menos 500 personas, la mayoría mujeres, quienes pidieron a los custodios controlar la situación. Se oyeron por lo menos tres ráfagas en un lapso de 10 minutos, aseguran las testigos.

Apenas aplacado el enfrentamiento, iniciado por 400 presos del fuero común, aparecieron en las ventanas del segundo piso del penal camisetas con la leyenda "Zetas no" y "Fuera Los Zetas". La tensión se prolongó durante cinco horas más.

Una mujer que se identificó como Juana Rodríguez asegura: "Aquí todos traen droga, los celadores la dejan pasar".

Y otras de las familiares de los reclusos mencionan que la corrupción está por todos lados. Según ellas, se cobran 100 pesos por entrar al baile con internas; 20 por una lata de Tecate; 100 pesos por "la bailada de 10 canciones", 25 pesos por conseguir "la mota" y 100 pesos por "la piedra". Además, sostiene, hay que pagar mil pesos a la semana por protección.

Incluso una de las entrevistadas afirma: "Cuando vamos de visita, Los Zetas se están drogando y se dedican a ver a las mujeres. Se fuman 'la piedra' delante de los custodios, pero ni quién diga nada".

Y en el penal de Cadereyta la situación también es tensa. El 17 se septiembre se registró un enfrentamiento entre dos reos que fue sofocado por los custodios. Al día siguiente hubo otra riña a raíz de la cual los directivos del penal decidieron trasladar a 229 internos a otras cárceles.

Complicidades

En Ciudad Juárez, Chihuahua, por las grandes cantidades de droga que circulan en esa zona, el penal local es conocido como "el picadero más grande" del estado. En la administración pasada, durante la gestión de Héctor Murguía Lardizábal, se registraron las dos revueltas más sangrientas, protagonizadas por las bandas de Los Aztecas, del cártel de Juárez, y los Mexicles, integrantes del cártel de Sinaloa.

La primera fue el 17 de diciembre de 2005 y en esos hechos murieron seis reos y 46 más resultaron heridos. En aquel operativo se decomisaron 500 armas hechizas, así como 20 teléfonos celulares y droga. La segunda tuvo lugar el 20 de junio de 2007 y en ella murieron dos internos y 50 resultaron heridos.

El 19 de agosto de 2007, el entonces director del reclusorio juarense, Fernando Romero Magaña, quien era acusado por los custodios de recibir dinero de la banda de Los Aztecas, aceptó ser investigado por la PGR.

Ante las acusaciones de sus subalternos, Romero Magaña les llegó a gritar: "Por qué no dicen que ustedes también reciben dinero?". Molestos, los celadores comenzaron a insultarlo y a lanzarle botellazos. Días después el funcionario fue destituido.

Como las disputas al interior del penal continuaron, en enero pasado el ayuntamiento erigió dos bardas de más de 10 metros de altura para dividir a las dos bandas. Del lado derecho quedaron las habitaciones 1, 2, 3 y 4, en la que se concentró a los 600 mexicles; en el extremo opuesto quedaron las habitaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde están confinados los mil 600 aztecas.

También se construyeron cuatro nuevas habitaciones, en la 11 y 12 se encuentran los reos de baja peligrosidad, en la 13 están 50 expolicías y exceladores -detenidos el pasado 13 de enero acusados de dar protección al grupo de Los Zetas- y en otra se alojan los integrantes de la pandilla denominada Artistas Asesinos (AA), quienes cobraron fuerza en los últimos meses.

La complicidad de las autoridades juarenses con los grupos criminales de la zona quedó al descubierto por aquellas fechas cuando Saulo Reyes Gamboa, exdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fue arrestado en El Paso, Texas, el pasado 16 de enero al tratar de sobornar a un agente federal para que le permitiera introducir alrededor de 500 kilos de mariguana.

En Torreón, Coahuila, el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, admite que en los últimos meses las autoridades recibieron llamadas anónimas para denunciar que en ese penal los internos poseen armas de fuego y explosivos, y que el tráfico de drogas y la lucha por el poder se dan a la luz del día.

El procurador de Justicia estatal, Jesús Torres Charles, explica al corresponsal que en el reclusorio de ese municipio cohabitan reos de los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, así como sicarios de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva, quienes se disputan el control del centro penitenciario.

Ahí también está recluido el exsubprocurador de Justicia de Durango, Hugo Armando Reséndiz Martínez, acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada. De acuerdo con la PGR, el exfuncionario está relacionado con varias ejecuciones, así como de filtrar datos confidenciales de dos operadores del cártel de Juárez: Sergio Villarreal Barragán El Grande y Arturo González Hernández El Chaki.

En Tabasco, el diputado perredista Rafael Acosta León, integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Congreso de ese estado, advierte que el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset) es un foco rojo: "A diario recibimos quejas de internos que comentan que las drogas y las armas pasan por la puerta principal del penal, no a escondidas", dice el legislador al corresponsal Armando Guzmán.

A principios de junio pasado, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron un cateo al Creset y encontraron uniformes militares. Dos meses después, el 5 de agosto, el interno William López Hernández, quien purgaba una condena por secuestro, asesinó a balazos a dos de sus compañeros: Jairo Álvarez y Juan Manuel González. Tres días después, más de 500 elementos de la Policía Federal Preventiva revisaron el penal y decomisaron cocaína, armas blancas, teléfonos celulares, gorras negras con la leyenda Creset, así como joyas, cerveza y botellas de vino.

El gobernador Andrés Granier Melo tuvo que admitir que el crimen organizado controla el penal. Al mes siguiente, militares, policías federales y estatales se batieron contra jefes policiacos presuntamente vinculados al narco. En el municipio de Cárdenas, segundo en importancia de Tabasco, por ejemplo, arrestaron al director de Seguridad Pública, Juan Carlos Guzmán Correa, así como a tres comandantes y a dos mandos más.

Los detenidos supuestamente figuraban en la nómina del cártel del Golfo y mantenían bajo control el penal municipal de Las Palmas, donde el 27 de septiembre hubo una revuelta entre internos, en la cual tres de ellos resultaron heridos.

En esa ocasión también fue aprehendido el director de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Arellano Flores, sustituto de David Sánchez Alejandro, quien a su vez fue arrestado en marzo del año pasado junto con el extitular de la SSP Juan Cano Torres y el exjefe de la Dirección de Inspección General de la SSP estatal José Fernando Santiago Rodríguez.

Estos tres últimos se encuentran bajo proceso por su presunta participación en el atentado contra el entonces secretario de la SSP, el general Francisco Fernández Solís, y por el asesinato de su chofer, José de la Luz Mayo. Cano Torres, titular de la SSP en el gobierno de Manuel Andrade Díaz, se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde también estuvieron hasta julio pasado Sánchez Alejandro y Santiago Rodríguez. Ahora estos dos exfuncionarios se encuentran en el Creset; desde que llegaron ahí, la violencia se recrudeció.

Los dominios del cártel del Golfo

En Tamaulipas, los penales son uno más de los negocios que controla el cártel del Golfo. Según fuentes policiacas, éste organiza las fugas cuando necesita a los reos.

El 13 de junio de 2007, por ejemplo, se fugaron 11 reos del penal de Nuevo Laredo. En esa ocasión se registró una balacera que provocó la muerte de cuatro personas. El escape más reciente ocurrió el jueves 9, en el penal de Reynosa. En este caso estuvieron implicados cuatro custodios, quienes facilitaron la fuga de 17 internos, cinco de los cuales están ligados al cártel del Golfo, según confirmó el director de Centros de Ejecución de Sanciones del estado, Pedro Benavides.

Ese mismo día, la PGR ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte datos que permitan la detención de los fugados. Varios policías consultados por este semanario afirman que esa fuga fue arreglada por el crimen organizado: "Los sacó gente del cártel (del Golfo) porque los necesitan. De ese penal no salen tantos y con tantas facilidades", dice un agente, quien pide no revelar su nombre.

En Michoacán la violencia no cesa desde por lo menos 2003. A mediados de ese año, los gatilleros Jorge Ramos Espinoza El Rambo y Enrique Pérez Torres, quienes trabajaban para el cártel del Golfo, fueron rescatados de una rejilla de prácticas del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez por un comando armado cuando declaraban ante un juez.

Medio año después, la madrugada del 5 de enero de 2004, en Apatzingán, un comando armado de zetas asaltó el penal preventivo y liberó a 25 reos, entre ellos a tres sicarios del cártel del Golfo: Marco Aurelio Bejarano Hernández, José Julio Mendoza Román y Alberto Guízar Reyes; también fueron liberados Cipriano Mendoza Contreras El Remy y Eleuterio Guzmán Ramos La Botella, presuntos asesinos al servicio del cártel de los hermanos Valencia Cornelio.

El 6 de noviembre de 2006, elementos de las policías Federal Preventiva (PFP) y estatal se enfrentaron a los amotinados del Cereso Mil Cumbres de Morelia. En esa refriega murieron tres rehenes y uno de los internos.

Según los informes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el hampa se apoderó de los nueve centros de Readaptación Social (Ceresos) y de los 15 centros preventivos en Michoacán.

La situación en los reclusorios de la Ciudad de México es similar. De acuerdo con Patricia Colchero Aragonés, segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), "cuando caminas en los centros de reclusión te das cuenta que hay algo que parece mariguana. Es muy común en todos los penales, sobre todo en los varoniles. Es claro que los internos y las internas tiene un alto consumo de droga".

Y agrega: No hay estadísticas sobre el consumo de droga en la zona metropolitana; tampoco sobre el control que los grupos del crimen organizado mantienen en los penales de la Ciudad de México. Lo que sí se sabe, dice, es que "el poder de custodia de algunos internos es muy fuerte en todas las prisiones del Distrito Federal".

Uno de los casos que sí conoce el ombudsman de la Ciudad de México es que denunciaron en noviembre de 2007 varios custodios del Reclusorio Norte; ellos aseguran que el reo Jorge Ortiz El Tanque controla el tráfico de drogas en ese centro penitenciario.

Consultada sobre la venta de droga en los penales y sobre la complicidad de las autoridades, Elena Azaola, consejera de la CDHDF, sostiene: "Es una doble moral del Estado, por un lado habla de reinserción del individuo, ¿cómo lo va a reinsertar a la sociedad con esas condiciones de maltrato, de indignidad subhumana que se vive dentro de las prisiones? Por eso es un Estado que sostiene una doble moral. Por un lado habla de una guerra contra el narcotráfico, y por el otro promueve y acepta que su personal participe en la venta de drogas.

"Sabemos que (la venta de estupefacientes) es uno de los mecanismos que permite mantener el control de los penales. Si hoy la quitan, mañana todas las prisiones del país saltan en llamas, en motines." (Con información de Arturo Rodríguez, Armando Guzmán, Francisco Castellanos y Pedro Matías.)

Proceso 19/10/2008