Antonio Ruiz
25 mayo 2012
Una de las personas encontradas sin vida estaba reportada por Fuundec
Del mes de abril a la fecha, autoridades de Coahuila han localizado a un total de 28 personas que se encontraban en calidad de desaparecidas, informó ayer el titular de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.
El funcionario dijo que las 23 personas encontradas vivas, están con sus familiares y recibiendo la atención médica que requieren.
“Del total de las 28, cinco fueron localizadas sin vida, y dentro de esta estadística, uno de los casos, se encuentra entre los registros de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec)”, según Yáñez Arreola.
Esa persona fue localizada en un paraje de la carretera Saltillo-Monclova. Las personas encontradas llevaban desde seis meses y hasta un año y medio desaparecidos.
Yáñez Arreola participó en una conferencia de prensa encabezada por el procurador General del Estado, Homero Ramos Gloria; el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán Delgado, y el subprocurador Gerardo Villarreal Ríos.
El subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas dio que tres cuerpos fueron localizados en las inmediaciones el ejido San Juan de Retiro y presa de “Los Muchachos”, del municipio de Saltillo.
Asimismo, en la Región Norte II se detectó a 15 personas, los cuales se encuentran con vida, están en sus domicilios y por su seguridad a ellos no se proporcionaron sus nombres.
“Los hechos se turnaron a la Subprocuraduría General de Justicia de Estado para que se configure con la investigación, y el Área de Atención a Víctimas está en contacto con las personas vivas”, expuso Yáñez.
Anunció que próximamente se pondrá en funcionamiento una página de internet donde con fotografías se informe de las personas no localizadas.
El Sistema de Registro Estatal de Personas No Localizadas centraliza y organiza la información de Coahuila en una base de datos que contendrá información unificada acerca de aquellas personas desaparecidas, privadas de su libertad, víctimas de una desaparición forzada y, así mismo, de aquellos que fueran localizados.
Esa página dará acceso, entre otros servicios, al Registro Forense de personas no identificadas, en el cual se mostrará una tabla con los datos que permitan a la ciudadanía revisar si reconocen alguno de los tatuajes, características o vestimenta, para acudir al Semefo.
La Alerta AMBER es un mecanismo de coordinación sistemática entre autoridades, medios masivos de comunicación, sociedad civil y sector privado para la búsqueda y pronta localización de menores de edad que estén en inminente peligro de sufrir graves daños.
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viernes, 25 de mayo de 2012
sábado, 12 de mayo de 2012
Integra Coahuila escuadrón para buscar desaparecidos
Jesús Jiménez
12 mayo 2012
Cincuenta policías investigadores fueron asignados por la PGJE para atender los mil 800 casos de desaparecidos en la entidad
Además de haber creado una Subprocuraduría especializada en la materia, la cual se encuentra a cargo de Juan José Yáñez Arreola, y de haber habilitado cinco cuerpos de coordinación de dos personas cada uno, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha asignado un total de 50 policías investigadores para dar seguimiento al tema de personas desaparecidas.
Así lo informó a VANGUARDIA el procurador Homero Ramos Gloria, quien dijo que “para atender todos los temas de desaparecidos en el estado, no (sólo) los documentados por el Fuundec, lo primero que les pedí es una coordinación absoluta, y para ello les dotamos de 50 policías investigadores exclusivamente para esta tarea.
“Lo primero que les ordené es precisamente tener los expedientes de cada una de las personas desaparecidas, y para tal efecto necesitamos contar con todos los expedientes de todos los desaparecidos, que son mil 800, no sólo de los 252 que sí tenemos el expediente respectivo, por lo que ya se está trabajando en esa labor”, describió.
El funcionario expuso que “ya se trabaja en recabar todos los datos, cada delegación, desde Acuña y hasta Torreón, porque necesitamos contar con todos los documentos necesarios, desde el parte informativo, el acta circunstanciada, la averiguación previa, algún reporte del C-4, en fin, toda la información posible correspondiente para tener un folder-expediente de cada una de las personas desaparecidas, lo cual nos facilitará mucho más el trabajo de investigación y el seguimiento respectivo”.
12 mayo 2012
Cincuenta policías investigadores fueron asignados por la PGJE para atender los mil 800 casos de desaparecidos en la entidad
Además de haber creado una Subprocuraduría especializada en la materia, la cual se encuentra a cargo de Juan José Yáñez Arreola, y de haber habilitado cinco cuerpos de coordinación de dos personas cada uno, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha asignado un total de 50 policías investigadores para dar seguimiento al tema de personas desaparecidas.
Así lo informó a VANGUARDIA el procurador Homero Ramos Gloria, quien dijo que “para atender todos los temas de desaparecidos en el estado, no (sólo) los documentados por el Fuundec, lo primero que les pedí es una coordinación absoluta, y para ello les dotamos de 50 policías investigadores exclusivamente para esta tarea.
“Lo primero que les ordené es precisamente tener los expedientes de cada una de las personas desaparecidas, y para tal efecto necesitamos contar con todos los expedientes de todos los desaparecidos, que son mil 800, no sólo de los 252 que sí tenemos el expediente respectivo, por lo que ya se está trabajando en esa labor”, describió.
El funcionario expuso que “ya se trabaja en recabar todos los datos, cada delegación, desde Acuña y hasta Torreón, porque necesitamos contar con todos los documentos necesarios, desde el parte informativo, el acta circunstanciada, la averiguación previa, algún reporte del C-4, en fin, toda la información posible correspondiente para tener un folder-expediente de cada una de las personas desaparecidas, lo cual nos facilitará mucho más el trabajo de investigación y el seguimiento respectivo”.
miércoles, 9 de mayo de 2012
Inician madres marcha por desaparecidos
Rodrigo Flores
09/05/2012 - 03:00 AM
Saltillo.-Mujeres coahuilenses emprendieron su viaje rumbo al DF como parte de la Marcha de la Dignidad “Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia”, la cual tiene como objetivo sensibilizar a las autoridades sobre la desaparición forzada de sus familiares.
La caravana comenzó en Chihuahua, de donde un centenar de madres de desaparecidos salió con rumbo a Torreón, donde se encontrarían con otro grupo para dirigirse hacia León, Guanajuato.
En Saltillo, cerca de 70 personas despidieron al grupo representativo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), mismo que partió con destino a tierras guanajuatenses, donde se llevará a cabo un acto simbólico y una rueda de prensa para después viajar a la ciudad de Querétaro y de ahí al DF.
09/05/2012 - 03:00 AM
Saltillo.-Mujeres coahuilenses emprendieron su viaje rumbo al DF como parte de la Marcha de la Dignidad “Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia”, la cual tiene como objetivo sensibilizar a las autoridades sobre la desaparición forzada de sus familiares.
La caravana comenzó en Chihuahua, de donde un centenar de madres de desaparecidos salió con rumbo a Torreón, donde se encontrarían con otro grupo para dirigirse hacia León, Guanajuato.
En Saltillo, cerca de 70 personas despidieron al grupo representativo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), mismo que partió con destino a tierras guanajuatenses, donde se llevará a cabo un acto simbólico y una rueda de prensa para después viajar a la ciudad de Querétaro y de ahí al DF.
martes, 8 de mayo de 2012
Desaparecidos
Luis Hernández Navarro
Ese viernes 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel Fernández Morán debió recoger a su hija en casa de una compañera. Después quedó en pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, a la estación de autobuses de la ciudad de Torreón. Nunca llegó por ellas. Desde entonces se desconoce su paradero.
Dan Jeremeel laboraba de ejecutivo de la aseguradora ING Afore en el estado de Coahuila. En esa entidad tenía su residencia. La última persona en verlo fue Monserrat Díaz, su compañera de trabajo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, ella fue a buscarlo a su casa para cobrarle un dinero.
La familia de Dan comenzó a vivir un penoso calvario. Lo buscó infructuosamente en hospitales y en la cárcel municipal. Yolanda Morán presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. No tuvo respuesta.
El 4 de febrero, la madre de Dan Jeremeel fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo. En la guantera del coche encontraron tarjetas de presentación de la aseguradora ING Afore. El detenido era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón.
El teniente Gómez delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos: dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Dos militares más, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos.
Los cuatro detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón. Apenas una hora después de llegar, un comando armado entró al área varonil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices varones, roció con gasolina los cuerpos y les prendió fuego. De paso, los integrantes del comando liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico.
Meses después, el 25 de marzo de 2010, fue detenido en la ciudad de México el teniente Ricardo Albino Navarro y trasladado al Cereso de Torreón. El 23 de abril fue asesinado en la cárcel.
¿Dónde se encuentra Dan Jeremeel Fernández Morán? ¿Está vivo o muerto? Si fue asesinado, ¿dónde fueron depositados sus restos? ¿Por qué fue desaparecido? A pesar del evidente involucramiento de militares en activo en su desaparición, las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a estas interrogantes. Más aún, la información que han proporcionado ha sido contradictoria.
Trágicamente, el caso de Dan Jeremeel dista de ser un hecho aislado. Según reconoció recientemente el gobierno de Coahuila, mil 700 personas han desaparecido de manera forzada en la entidad desde el año 2000, y el número de casos va en aumento.
La situación va a peor. De acuerdo con Blanca Martínez, quien ha dedicado años a investigar desapariciones forzadas en ese estado, la asociación con la que ella trabaja documentó, con datos proporcionados por familiares directos de las víctimas, 118 denuncias en 2011 y ahora tienen 230. Lo mismo sucedió –explica– en Guanajuato, donde se reportaron 28 desaparecidos en 2011 y ahora hay 160. En Chihuahua y Nuevo León el promedio de mil desapariciones se mantiene. Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se informó sobre 56 desaparecidos mas.
Ciertamente, las cifras no son precisas, aunque son dramáticas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se divulgó la existencia de 5 mil 400 casos de personas desaparecidas. Otros organismos hablan de 10 mil o de cantidades mucho mayores.
El hecho es tan grave que, en agosto de 2011, Javier Zúñiga, director de investigación del secretariado internacional de Amnistía Internacional, advirtió que México podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas.
México, informó el pasado mes de marzo Ariel Dulitzky, jefe del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria, no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas, carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. Las autoridades –aseguró– han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigarlo.
Un estudio realizado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, en coordinación con la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, concluyó que sólo en uno de los 118 casos analizados hay algunos elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera haber sido el secuestro, pero en todos los demás casos no hubo solicitud de rescate.
Para romper el muro de silencio que se levanta sobre los miles de Dan Jeremeel, para desafiar el silencio impuesto o autoimpuesto, las madres de los desaparecidos partirán este martes 8 de mayo de Chihuahua y Nuevo León hacia la ciudad de México. A su paso se sumarán familiares de las víctimas de Coahuila, Guanajuato y Querétaro.
Ellas han bautizado su caravana con el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia. Demandan a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus seres queridos y garantías de seguridad a las familias de las víctimas. Buscan que todo el dolor que han vivido no sea inútil. Llegarán al Distrito Federal el 10 de mayo.
El país ha vivido mucho tiempo en silencio y es hora de hablar. Si, como han dicho las víctimas, hay daños que son irreparables, la dignidad es el punto de partida de todas las acciones de reparación. La marcha de la dignidad es un ejercicio de la memoria de la persistencia, de la memoria de la solidaridad; es una dramática advertencia de que el olvido no se debe instalar entre nosotros. Como escribió Roberto Bolaño: “que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese”.
Ese viernes 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel Fernández Morán debió recoger a su hija en casa de una compañera. Después quedó en pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, a la estación de autobuses de la ciudad de Torreón. Nunca llegó por ellas. Desde entonces se desconoce su paradero.
Dan Jeremeel laboraba de ejecutivo de la aseguradora ING Afore en el estado de Coahuila. En esa entidad tenía su residencia. La última persona en verlo fue Monserrat Díaz, su compañera de trabajo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, ella fue a buscarlo a su casa para cobrarle un dinero.
La familia de Dan comenzó a vivir un penoso calvario. Lo buscó infructuosamente en hospitales y en la cárcel municipal. Yolanda Morán presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. No tuvo respuesta.
El 4 de febrero, la madre de Dan Jeremeel fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo. En la guantera del coche encontraron tarjetas de presentación de la aseguradora ING Afore. El detenido era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón.
El teniente Gómez delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos: dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Dos militares más, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos.
Los cuatro detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón. Apenas una hora después de llegar, un comando armado entró al área varonil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices varones, roció con gasolina los cuerpos y les prendió fuego. De paso, los integrantes del comando liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico.
Meses después, el 25 de marzo de 2010, fue detenido en la ciudad de México el teniente Ricardo Albino Navarro y trasladado al Cereso de Torreón. El 23 de abril fue asesinado en la cárcel.
¿Dónde se encuentra Dan Jeremeel Fernández Morán? ¿Está vivo o muerto? Si fue asesinado, ¿dónde fueron depositados sus restos? ¿Por qué fue desaparecido? A pesar del evidente involucramiento de militares en activo en su desaparición, las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a estas interrogantes. Más aún, la información que han proporcionado ha sido contradictoria.
Trágicamente, el caso de Dan Jeremeel dista de ser un hecho aislado. Según reconoció recientemente el gobierno de Coahuila, mil 700 personas han desaparecido de manera forzada en la entidad desde el año 2000, y el número de casos va en aumento.
La situación va a peor. De acuerdo con Blanca Martínez, quien ha dedicado años a investigar desapariciones forzadas en ese estado, la asociación con la que ella trabaja documentó, con datos proporcionados por familiares directos de las víctimas, 118 denuncias en 2011 y ahora tienen 230. Lo mismo sucedió –explica– en Guanajuato, donde se reportaron 28 desaparecidos en 2011 y ahora hay 160. En Chihuahua y Nuevo León el promedio de mil desapariciones se mantiene. Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se informó sobre 56 desaparecidos mas.
Ciertamente, las cifras no son precisas, aunque son dramáticas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se divulgó la existencia de 5 mil 400 casos de personas desaparecidas. Otros organismos hablan de 10 mil o de cantidades mucho mayores.
El hecho es tan grave que, en agosto de 2011, Javier Zúñiga, director de investigación del secretariado internacional de Amnistía Internacional, advirtió que México podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas.
México, informó el pasado mes de marzo Ariel Dulitzky, jefe del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria, no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas, carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. Las autoridades –aseguró– han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigarlo.
Un estudio realizado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, en coordinación con la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, concluyó que sólo en uno de los 118 casos analizados hay algunos elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera haber sido el secuestro, pero en todos los demás casos no hubo solicitud de rescate.
Para romper el muro de silencio que se levanta sobre los miles de Dan Jeremeel, para desafiar el silencio impuesto o autoimpuesto, las madres de los desaparecidos partirán este martes 8 de mayo de Chihuahua y Nuevo León hacia la ciudad de México. A su paso se sumarán familiares de las víctimas de Coahuila, Guanajuato y Querétaro.
Ellas han bautizado su caravana con el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia. Demandan a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus seres queridos y garantías de seguridad a las familias de las víctimas. Buscan que todo el dolor que han vivido no sea inútil. Llegarán al Distrito Federal el 10 de mayo.
El país ha vivido mucho tiempo en silencio y es hora de hablar. Si, como han dicho las víctimas, hay daños que son irreparables, la dignidad es el punto de partida de todas las acciones de reparación. La marcha de la dignidad es un ejercicio de la memoria de la persistencia, de la memoria de la solidaridad; es una dramática advertencia de que el olvido no se debe instalar entre nosotros. Como escribió Roberto Bolaño: “que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese”.
domingo, 6 de mayo de 2012
Critica el Fuundec falta de acciones contra secuestro
Vanguardia
06 mayo 2012
Ante el aumento de secuestros en Coahuila en este 2012, miembros de Fuerzas Unidads por Nuestro Desaparecidos dijeron que no les parece extraño, pues no ven claro que la autoridad esté trabajando realmente para combatir el problema, pues ni siquiera han sido capaces de dar resultados con las investigaciones de los ya desaparecidos
Ante el aumento de secuestros en Coahuila en este 2012, miembros de Fuerzas Unidads por Nuestro Desaparecidos dijeron que no les parece extraño, pues no ven claro que la autoridad esté trabajando realmente para combatir el problema, pues ni siquiera han sido capaces de dar resultados con las investigaciones de los ya desaparecidos
Lo anterior a raíz de que según cifras de la Delegación Sureste de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que va del 2012 se han registrado 87 denuncias relacionadas con el extravío, desaparición forzada y secuestros.
El mismo procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, reconoció que a pesar de que los delitos considerados como graves, como el caso de homicidios, han disminuido, el de secuestros ha aumentado, por lo que dictó una serie de acciones a la Subprocuraduría de Desaparecidos.
Sobre ello, miembros de Fuundec, como María Elena Dávila, expresaron que ya les es muy difícil creerles a los políticos sobre el supuesto trabajo que están realizando para evitar que el secuestro continúe, porque la impunidad existente habla del fracaso de sus discursos.
“Eso ya sabemos, que los secuestros van en aumento, pero lo que no nos dicen es por qué, y sabes cuál es la razón, que ellos no están haciendo su trabajo, que nomás se les va en discursos y promesas”, señaló Dávila, quien es fecha que sigue esperando que su hijo aparezca.
David, otro integrante del organismo, exigió a las autoridades de las diversas instancias policiacas, tanto municipales, estatales y federales, “Que se pongan a trabajar, que hagan su trabajo. No han encontrado a ninguno de nuestros desaparecidos, y según dijeron ya tenían un plan para encontrarlos. Y ahora nos dicen que el secuestro va en aumento, pues para qué nos dicen, osea, nomás se ponen en evidencia de que no pueden con el paquete”, expresó.
Asimismo, al hablar ayer sobre el tema de los desaparecidos, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán, dijo que superan ya la cifra de mil 800 casos en los últimos años, de acuerdo con la PGJE.
1,6oo desaparecidos fue la cifra manejada por el Gobierno del Estado el 14 de enero, al presentar el Plan de Búsqueda.
1,8oo desapareciones forzadas es la cifra actualmente, según declaró ayer el Secretario de Seguridad Pública.
06 mayo 2012
Ante el aumento de secuestros en Coahuila en este 2012, miembros de Fuerzas Unidads por Nuestro Desaparecidos dijeron que no les parece extraño, pues no ven claro que la autoridad esté trabajando realmente para combatir el problema, pues ni siquiera han sido capaces de dar resultados con las investigaciones de los ya desaparecidos
Ante el aumento de secuestros en Coahuila en este 2012, miembros de Fuerzas Unidads por Nuestro Desaparecidos dijeron que no les parece extraño, pues no ven claro que la autoridad esté trabajando realmente para combatir el problema, pues ni siquiera han sido capaces de dar resultados con las investigaciones de los ya desaparecidos
Lo anterior a raíz de que según cifras de la Delegación Sureste de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que va del 2012 se han registrado 87 denuncias relacionadas con el extravío, desaparición forzada y secuestros.
El mismo procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, reconoció que a pesar de que los delitos considerados como graves, como el caso de homicidios, han disminuido, el de secuestros ha aumentado, por lo que dictó una serie de acciones a la Subprocuraduría de Desaparecidos.
Sobre ello, miembros de Fuundec, como María Elena Dávila, expresaron que ya les es muy difícil creerles a los políticos sobre el supuesto trabajo que están realizando para evitar que el secuestro continúe, porque la impunidad existente habla del fracaso de sus discursos.
“Eso ya sabemos, que los secuestros van en aumento, pero lo que no nos dicen es por qué, y sabes cuál es la razón, que ellos no están haciendo su trabajo, que nomás se les va en discursos y promesas”, señaló Dávila, quien es fecha que sigue esperando que su hijo aparezca.
David, otro integrante del organismo, exigió a las autoridades de las diversas instancias policiacas, tanto municipales, estatales y federales, “Que se pongan a trabajar, que hagan su trabajo. No han encontrado a ninguno de nuestros desaparecidos, y según dijeron ya tenían un plan para encontrarlos. Y ahora nos dicen que el secuestro va en aumento, pues para qué nos dicen, osea, nomás se ponen en evidencia de que no pueden con el paquete”, expresó.
Asimismo, al hablar ayer sobre el tema de los desaparecidos, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán, dijo que superan ya la cifra de mil 800 casos en los últimos años, de acuerdo con la PGJE.
1,6oo desaparecidos fue la cifra manejada por el Gobierno del Estado el 14 de enero, al presentar el Plan de Búsqueda.
1,8oo desapareciones forzadas es la cifra actualmente, según declaró ayer el Secretario de Seguridad Pública.
lunes, 2 de abril de 2012
Desaparecidos
Roberto Zamarripa
Durante un encuentro de Enrique Peña con mujeres en Guadalajara realizado el pasado viernes, la dirigente femenil priista, María del Refugio Ruiz, dijo que muchos hogares siguen llorando la desaparición de sus hijos producto de la narcoviolencia. La reacción del auditorio femenino ahí presente fue de silencio, de resignación, de aceptación. No es la primera vez que a Peña le ocurre algo así. Que de frente le reten a resolver el problema de los desaparecidos que se ha agudizado en México a raíz de la violencia descarnada y la impunidad prevaleciente. Durante una gira de precampaña en
Durango, madres de familia lo abordaron para presentar también una denuncia por hijos desaparecidos. El problema es grave sobre todo en entidades del norte del país. Además de Durango lo es en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También en Chihuahua y desde luego en Jalisco.
Estremecen las estimaciones de la CNDH de que 9 mil cuerpos quedarían sin identificar en este sexenio de la violencia (Reforma, 01/04/12). Junto con ello hay 5 mil reportes de desaparecidos y el descubrimiento de 350 fosas clandestinas con más de mil 200 cuerpos.
No solo Peña Nieto ha recibido los reclamos o las denuncias. Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador conocen de denuncias directas encontradas a lo largo de sus recorridos de precampaña y, sin duda, se enterarán de más durante su proselitismo rumbo a la Presidencia de la República. El problema es la carencia de respuesta. El drama de los desaparecidos se magnifica con la impunidad y el desdén. Desaparecen los familiares y desaparecen las evidencias. A la fosa clandestina van a dar los datos de responsables y cómplices. Los enterradores pertenecen a distintos grupos criminales pero también a distintos cuerpos policiacos o militares del país.
Las matanzas son crueles y las formas de desaparecer evidencias rebasan imaginaciones y sadismos. Desde deshacer cuerpos en ácido, cremarlos en hornos clandestinos, destazarlos o destrozarlos para ser enterrados en fosas, aventarlos a mares o lagunas, los asesinatos y desapariciones de miles de personas que sucumben en la vorágine de la narcoviolencia han paralizado a las autoridades.
No hay protocolos de identificación de cadáveres. Pero eso ya es pedir demasiado. Es obvio que no se cumplen los protocolos de investigación criminal. Las más de 50 mil muertes de la narcoviolencia en el sexenio tienen a muy poquitos culpables en las cárceles. Las cadenas delictivas no son rotas sino incluso fortalecidas por los mismos investigadores que suelen trabajar del lado del crimen.
Los candidatos presidenciales hasta ahora no han expresado un compromiso para resolver el drama de las desapariciones. Han hablado de terminar con la violencia pero no han explicado cómo enfrentarán los saldos de una estrategia de seguridad que no logra abatir la criminalidad ni la extrema violencia del narco.
El gobierno federal tiene proyectada una Ley de Víctimas según la cual el centro de atención de los afectados sería el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo que ha sido incapaz de poner en cintura a las policías corruptas.
Al drama de los desaparecidos le acompaña la estrategia del olvido. Tanto las autoridades como los responsables de los crímenes apuestan a borrar la memoria. Los familiares de las víctimas son estigmatizados o advertidos que una investigación sobre el paradero de los suyos puede ser peligrosa y derivaría en otras amenazas o ejecuciones.
Para los familiares no hay garantías establecidas ni de confidencialidad ni de información directa sobre sus casos. Por cada ejecutado o desaparecido hay tres o cuatro familiares, deudos o dependientes.
Antes que el tema les estalle en sus mítines, los candidatos presidenciales tendrían que perfilar un compromiso claro en el esclarecimiento de ejecuciones y desapariciones. Es imprescindible tener un Registro Nacional de Desaparecidos, reabrir expedientes y permitir a los familiares conocerlos, darles continuidad, intercambiar información y recibir protección de la autoridad.
Otro tema pendiente sigue siendo el de la reparación de daños. Asumirlo implica reconocer el involucramiento en actividades ilegales de cuerpos policiacos o castrenses. Por ello la reticencia. Por ello también la estrategia de la desmemoria. Simplemente se habla de superar la tragedia pero no de saldar las cuentas, castigar responsables, reparar el daño, rehacer las cohesiones sociales.
El palabrerío de la campaña electoral no se ha detenido en estas realidades. No las toca. El proselitismo se suma a la estrategia del olvido, de la desmemoria. ¿Habrá algún candidato que se acuerde de las víctimas más allá de pedirles el voto? ¿El gobierno que pretenden encabezar reparará en nombre del Estado los daños a las víctimas?
Reforma
02/05/2012
Durante un encuentro de Enrique Peña con mujeres en Guadalajara realizado el pasado viernes, la dirigente femenil priista, María del Refugio Ruiz, dijo que muchos hogares siguen llorando la desaparición de sus hijos producto de la narcoviolencia. La reacción del auditorio femenino ahí presente fue de silencio, de resignación, de aceptación. No es la primera vez que a Peña le ocurre algo así. Que de frente le reten a resolver el problema de los desaparecidos que se ha agudizado en México a raíz de la violencia descarnada y la impunidad prevaleciente. Durante una gira de precampaña en
Durango, madres de familia lo abordaron para presentar también una denuncia por hijos desaparecidos. El problema es grave sobre todo en entidades del norte del país. Además de Durango lo es en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También en Chihuahua y desde luego en Jalisco.
Estremecen las estimaciones de la CNDH de que 9 mil cuerpos quedarían sin identificar en este sexenio de la violencia (Reforma, 01/04/12). Junto con ello hay 5 mil reportes de desaparecidos y el descubrimiento de 350 fosas clandestinas con más de mil 200 cuerpos.
No solo Peña Nieto ha recibido los reclamos o las denuncias. Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador conocen de denuncias directas encontradas a lo largo de sus recorridos de precampaña y, sin duda, se enterarán de más durante su proselitismo rumbo a la Presidencia de la República. El problema es la carencia de respuesta. El drama de los desaparecidos se magnifica con la impunidad y el desdén. Desaparecen los familiares y desaparecen las evidencias. A la fosa clandestina van a dar los datos de responsables y cómplices. Los enterradores pertenecen a distintos grupos criminales pero también a distintos cuerpos policiacos o militares del país.
Las matanzas son crueles y las formas de desaparecer evidencias rebasan imaginaciones y sadismos. Desde deshacer cuerpos en ácido, cremarlos en hornos clandestinos, destazarlos o destrozarlos para ser enterrados en fosas, aventarlos a mares o lagunas, los asesinatos y desapariciones de miles de personas que sucumben en la vorágine de la narcoviolencia han paralizado a las autoridades.
No hay protocolos de identificación de cadáveres. Pero eso ya es pedir demasiado. Es obvio que no se cumplen los protocolos de investigación criminal. Las más de 50 mil muertes de la narcoviolencia en el sexenio tienen a muy poquitos culpables en las cárceles. Las cadenas delictivas no son rotas sino incluso fortalecidas por los mismos investigadores que suelen trabajar del lado del crimen.
Los candidatos presidenciales hasta ahora no han expresado un compromiso para resolver el drama de las desapariciones. Han hablado de terminar con la violencia pero no han explicado cómo enfrentarán los saldos de una estrategia de seguridad que no logra abatir la criminalidad ni la extrema violencia del narco.
El gobierno federal tiene proyectada una Ley de Víctimas según la cual el centro de atención de los afectados sería el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo que ha sido incapaz de poner en cintura a las policías corruptas.
Al drama de los desaparecidos le acompaña la estrategia del olvido. Tanto las autoridades como los responsables de los crímenes apuestan a borrar la memoria. Los familiares de las víctimas son estigmatizados o advertidos que una investigación sobre el paradero de los suyos puede ser peligrosa y derivaría en otras amenazas o ejecuciones.
Para los familiares no hay garantías establecidas ni de confidencialidad ni de información directa sobre sus casos. Por cada ejecutado o desaparecido hay tres o cuatro familiares, deudos o dependientes.
Antes que el tema les estalle en sus mítines, los candidatos presidenciales tendrían que perfilar un compromiso claro en el esclarecimiento de ejecuciones y desapariciones. Es imprescindible tener un Registro Nacional de Desaparecidos, reabrir expedientes y permitir a los familiares conocerlos, darles continuidad, intercambiar información y recibir protección de la autoridad.
Otro tema pendiente sigue siendo el de la reparación de daños. Asumirlo implica reconocer el involucramiento en actividades ilegales de cuerpos policiacos o castrenses. Por ello la reticencia. Por ello también la estrategia de la desmemoria. Simplemente se habla de superar la tragedia pero no de saldar las cuentas, castigar responsables, reparar el daño, rehacer las cohesiones sociales.
El palabrerío de la campaña electoral no se ha detenido en estas realidades. No las toca. El proselitismo se suma a la estrategia del olvido, de la desmemoria. ¿Habrá algún candidato que se acuerde de las víctimas más allá de pedirles el voto? ¿El gobierno que pretenden encabezar reparará en nombre del Estado los daños a las víctimas?
Reforma
02/05/2012
lunes, 19 de marzo de 2012
Preocupante, aumento de desapariciones en México: ONU
Silvia Otero (EL UNIVERSAL)
19 marzo 2012
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo
MÉXICO, D.F.- Las desapariciones forzadas en México no son algo del pasado: siguen ocurriendo y “existen testimonios fidedignos”, evidencias que implican en este delito tanto a policías locales como a elementos de todas las dependencias que integran las fuerzas federales.
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ariel Dulitzky, miembro experto del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, comentó que existen indicios de que hay un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en territorio mexicano, y aseguró que aunque las autoridades han reconocido el problema, no será suficiente hasta que no exista un caso más de este tipo que victimiza a familias y comunidades enteras.
El experto argentino habló así del reciente informe sobre México que entregó junto con sus colegas Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina) y Osman El Hajjé (Líbano), que es resultado de la visita que realizaron en marzo de 2011 para diagnosticar el problema.
En el documento se indica que “el incremento del número de nuevos casos durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones durante la visita, así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podría indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México”.
Ante los expertos se presentaron registros de 412 casos de desapariciones forzadas entre 1980 y 2010, pero el reporte cita además que en este último año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 346 presuntos casos.
¿Cuántos casos existen de acuerdo con el Grupo de Trabajo?
-Durante la visita encontramos que existen disparidades en las cifras que ofrecen autoridades y las que tienen documentadas las organizaciones de la sociedad civil, por lo que no es posible tener una estadística consolidada.
Poca atención de las autoridades
Para Ariel Dulitzky, este hecho es un síntoma de la poca atención que las dependencias gubernamentales han puesto en el tema.
“Es difícil aplicar una política pública si no se conoce la magnitud del problema, por ello, en nuestras recomendaciones pedimos que se cree una base nacional de personas desaparecidas que recopile estadísticas por zona geográfica, que establezca claramente a la autoridad implicada”, explica.
No hay duda —continúa el experto— de que “el número de casos está en aumento y la tendencia es preocupante, sobre todo porque existe una constante: impunidad crónica”, la mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas por las organizaciones que acompañan a las víctimas no han sido resueltas, no se ha procedido contra los presuntos responsables.
El problema persiste
Para el especialista argentino es claro que “las desapariciones continúan en México, no son algo del pasado, están presentes”.
¿El fenómeno se ha recrudecido en el marco de la lucha del gobierno contra el narcotráfico y la delincuencia organizada?
- Encontramos que las desapariciones forzadas no sólo se dan cuando la autoridad está combatiendo a grupos del crimen organizado, hay ciertas autoridades que incluso están en colusión con estos delincuentes. Por ello, en el informe se establece que hay información detallada y verosímil sobre desapariciones llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos de criminales o de particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
¿Cuáles son las principales autoridades implicadas en las desapariciones forzadas?
- El Grupo de Trabajo recabó testimonios fidedignos que señalan a integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal, agentes migratorios implicados, lo mismo que a policías municipales y estatales. En todos los niveles de las fuerzas de seguridad en México hay responsables, según las alegaciones.
Ariel Dulitzky indicó además que en cualquier país del mundo donde exista este escenario, el gobierno está obligado a tomar medidas inmediatas para erradicar estas prácticas, y en el caso de México las autoridades deben trabajar y presentar evidencias ante la comunidad internacional de que ha incrementado sus esfuerzos para hacerlo.
En tanto, el Grupo de Trabajo mantendrá el diálogo con el gobierno mexicano y realizará un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno en el país.
19 marzo 2012
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo
MÉXICO, D.F.- Las desapariciones forzadas en México no son algo del pasado: siguen ocurriendo y “existen testimonios fidedignos”, evidencias que implican en este delito tanto a policías locales como a elementos de todas las dependencias que integran las fuerzas federales.
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ariel Dulitzky, miembro experto del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, comentó que existen indicios de que hay un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en territorio mexicano, y aseguró que aunque las autoridades han reconocido el problema, no será suficiente hasta que no exista un caso más de este tipo que victimiza a familias y comunidades enteras.
El experto argentino habló así del reciente informe sobre México que entregó junto con sus colegas Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina) y Osman El Hajjé (Líbano), que es resultado de la visita que realizaron en marzo de 2011 para diagnosticar el problema.
En el documento se indica que “el incremento del número de nuevos casos durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones durante la visita, así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podría indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México”.
Ante los expertos se presentaron registros de 412 casos de desapariciones forzadas entre 1980 y 2010, pero el reporte cita además que en este último año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 346 presuntos casos.
¿Cuántos casos existen de acuerdo con el Grupo de Trabajo?
-Durante la visita encontramos que existen disparidades en las cifras que ofrecen autoridades y las que tienen documentadas las organizaciones de la sociedad civil, por lo que no es posible tener una estadística consolidada.
Poca atención de las autoridades
Para Ariel Dulitzky, este hecho es un síntoma de la poca atención que las dependencias gubernamentales han puesto en el tema.
“Es difícil aplicar una política pública si no se conoce la magnitud del problema, por ello, en nuestras recomendaciones pedimos que se cree una base nacional de personas desaparecidas que recopile estadísticas por zona geográfica, que establezca claramente a la autoridad implicada”, explica.
No hay duda —continúa el experto— de que “el número de casos está en aumento y la tendencia es preocupante, sobre todo porque existe una constante: impunidad crónica”, la mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas por las organizaciones que acompañan a las víctimas no han sido resueltas, no se ha procedido contra los presuntos responsables.
El problema persiste
Para el especialista argentino es claro que “las desapariciones continúan en México, no son algo del pasado, están presentes”.
¿El fenómeno se ha recrudecido en el marco de la lucha del gobierno contra el narcotráfico y la delincuencia organizada?
- Encontramos que las desapariciones forzadas no sólo se dan cuando la autoridad está combatiendo a grupos del crimen organizado, hay ciertas autoridades que incluso están en colusión con estos delincuentes. Por ello, en el informe se establece que hay información detallada y verosímil sobre desapariciones llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos de criminales o de particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
¿Cuáles son las principales autoridades implicadas en las desapariciones forzadas?
- El Grupo de Trabajo recabó testimonios fidedignos que señalan a integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal, agentes migratorios implicados, lo mismo que a policías municipales y estatales. En todos los niveles de las fuerzas de seguridad en México hay responsables, según las alegaciones.
Ariel Dulitzky indicó además que en cualquier país del mundo donde exista este escenario, el gobierno está obligado a tomar medidas inmediatas para erradicar estas prácticas, y en el caso de México las autoridades deben trabajar y presentar evidencias ante la comunidad internacional de que ha incrementado sus esfuerzos para hacerlo.
En tanto, el Grupo de Trabajo mantendrá el diálogo con el gobierno mexicano y realizará un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno en el país.
sábado, 3 de marzo de 2012
Desaparecidos de Coahuila ‘darán vuelta al mundo’
JESÚS JIMÉNEZ
03 marzo 2012
Para realizar reportajes y entrevistas sobre los temas que está generando la violencia en Coahuila, especialmente sobre desaparecidos, la falta de respeto a los derechos humanos y la creciente migración que cruza a Estados Unidos, ayer llegaron a Saltillo periodistas de Noruega y Alemania.
Saltillo.- En el vuelo 226 de Aeromar arribó, acompañada de su equipo de producción, Inger Marit Kolstadabratm, de la cadena de televisión NRK de Noruega.
Por Monterrey también llegó Daniel Deckerse, del periódico Faz, el más importante de Munich, Alemania; ambos periodistas fueron recibidos por Jackie Campbell, del equipo de trabajo del obispo Raúl Vera López.
“El interés de la prensa internacional es investigar el nivel de violencia que se vive en México y la influencia que ésta tiene en las instituciones y en la vida política del País, además de la situación que registra aquí el respeto a los derechos humanos”, explicó Inger Marit Kolstadabratm a VANGUARDIA.
“Queremos tratar estos temas, y cómo afectan a la gente ordinaria, y cómo resulta afectada la sociedad civil, y lo que hacen los políticos para tratar de corregir la situación”, añadió, “ese es el principal tema que tratamos de explicar, así como el por qué se está presentando y cómo impacta a la sociedad”.
Los camarógrafos noruegos comenzaron a grabar las imágenes del “tablero” de desaparecidos que fue colocado en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, imágenes que seguramente darán la vuelta a Europa y al mundo entero, luego de ser difundidas por la NRK.
Los periodistas europeos estuvieron ayer mismo en la Casa del Migrante, y se entrevistarán con el Obispo de Saltillo, Fray José Raúl Vera López, quien es reconocido en Noruega, donde fue galardonado con un premio internacional por su lucha en pro de los derechos humanos.
Kolstadabratm dijo que no ha percibido una violencia desbordada en México.
“Es muy difícil emitir un comentario, pero en mi particular punto de vista, no es tan malo como aparenta”, expresó, “creo que sí pueden venir visitantes, porque no todo está mal, y sí hay lugares tranquilos que visitar”.
03 marzo 2012
Para realizar reportajes y entrevistas sobre los temas que está generando la violencia en Coahuila, especialmente sobre desaparecidos, la falta de respeto a los derechos humanos y la creciente migración que cruza a Estados Unidos, ayer llegaron a Saltillo periodistas de Noruega y Alemania.
Saltillo.- En el vuelo 226 de Aeromar arribó, acompañada de su equipo de producción, Inger Marit Kolstadabratm, de la cadena de televisión NRK de Noruega.
Por Monterrey también llegó Daniel Deckerse, del periódico Faz, el más importante de Munich, Alemania; ambos periodistas fueron recibidos por Jackie Campbell, del equipo de trabajo del obispo Raúl Vera López.
“El interés de la prensa internacional es investigar el nivel de violencia que se vive en México y la influencia que ésta tiene en las instituciones y en la vida política del País, además de la situación que registra aquí el respeto a los derechos humanos”, explicó Inger Marit Kolstadabratm a VANGUARDIA.
“Queremos tratar estos temas, y cómo afectan a la gente ordinaria, y cómo resulta afectada la sociedad civil, y lo que hacen los políticos para tratar de corregir la situación”, añadió, “ese es el principal tema que tratamos de explicar, así como el por qué se está presentando y cómo impacta a la sociedad”.
Los camarógrafos noruegos comenzaron a grabar las imágenes del “tablero” de desaparecidos que fue colocado en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, imágenes que seguramente darán la vuelta a Europa y al mundo entero, luego de ser difundidas por la NRK.
Los periodistas europeos estuvieron ayer mismo en la Casa del Migrante, y se entrevistarán con el Obispo de Saltillo, Fray José Raúl Vera López, quien es reconocido en Noruega, donde fue galardonado con un premio internacional por su lucha en pro de los derechos humanos.
Kolstadabratm dijo que no ha percibido una violencia desbordada en México.
“Es muy difícil emitir un comentario, pero en mi particular punto de vista, no es tan malo como aparenta”, expresó, “creo que sí pueden venir visitantes, porque no todo está mal, y sí hay lugares tranquilos que visitar”.
lunes, 27 de febrero de 2012
Investigan a funcionarios detenidos por desapariciones en Coahuila
Milenio
27 febrero 2012
Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.
Saltillo. Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.
Según una averiguación, tanto funcionarios de la PGR, militares, policías estatales y agentes federales tienen que ver en la desaparición de ciudadanos coahuilenses que “frustraban” las labores del narcotráfico por que pertenecían a bandas rivales o simplemente por que denunciaban acontecimientos que ocurrían.
El testimonio de otros detenidos deja entrever que soldados de la Sexta Zona Militar, en Saltillo, además de ocultar información sobre decomisos a la PGR se encargaban de ejecutar y desaparecer a coahuilenses que denunciaban a los criminales.
También, según la investigación, agentes de la Policía Federal se encargaban de enfrentar y eliminar al grupo contrario a los sicarios para los que trabajaban.
Las investigaciones en torno al caso continúan, por el momento están enfocadas en las fortunas y propiedades de los narcofuncionarios para tratar de detectar cualquier dinero ilícito.
27 febrero 2012
Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.
Saltillo. Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.
Según una averiguación, tanto funcionarios de la PGR, militares, policías estatales y agentes federales tienen que ver en la desaparición de ciudadanos coahuilenses que “frustraban” las labores del narcotráfico por que pertenecían a bandas rivales o simplemente por que denunciaban acontecimientos que ocurrían.
El testimonio de otros detenidos deja entrever que soldados de la Sexta Zona Militar, en Saltillo, además de ocultar información sobre decomisos a la PGR se encargaban de ejecutar y desaparecer a coahuilenses que denunciaban a los criminales.
También, según la investigación, agentes de la Policía Federal se encargaban de enfrentar y eliminar al grupo contrario a los sicarios para los que trabajaban.
Las investigaciones en torno al caso continúan, por el momento están enfocadas en las fortunas y propiedades de los narcofuncionarios para tratar de detectar cualquier dinero ilícito.
miércoles, 25 de enero de 2012
Busca Coahuila a sus mil 678 desaparecidos: Rubén Moreira
La Jornada
25 Enero 2012
En Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos
Saltillo, Coahuila. Cuando en el país se haga una revisión de la lucha contra el crimen organizado del actual periodo presidencial, el gran tema serán los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de ser contundente contra la delincuencia, pero también proteger a los ciudadanos: es "injusto" decir que todos los "desaparecidos" o los muertos estaban coludidos con criminales.
Tan sólo en el estado de Coahuila hay mil 658 "desaparecidos" –mil 113 hombres y 545 mujeres– que la administración de Rubén Moreira buscará como parte de una política de Estado. El fenómeno de las desapariciones se detonó a la par del narcotráfico. Antes, lo que había eran secuestros (con su consiguiente demanda de rescate económico).
Miembros de fuerzas policiacas, ciudadanos que confundieron o que estuvieron en el lugar equivocado, niños, familias completas, personas involucradas con la delincuencia y otras detenidas por alguna autoridad y entregadas al crimen forman parte de esos mil 658 que no se han encontrado que empezará a buscar el Programa Estatal de Personas Desaparecidas.
Con esas premisas, en Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos; se instalará un laboratorio de genética forense y una base de datos disponible en Internet con fotografías y datos de cadáveres no identificados, así como de personas desaparecidas (con la autorización de los familiares).
La autoridad, apunta el mandatario estatal, parte de que no todas las personas serán encontradas con vida –deberá buscar entre los muertos–, pero está convencida de que toda familia tiene derecho a conocer la suerte de sus seres queridos y, en caso de sólo encontrar restos, a darles sepultura digna y vivir el duelo.
En Coahuila se encontraron, en meses recientes, siete fosas clandestinas con restos humanos. Debido a la descomposición de los cuerpos sometidos al fuego, ha sido imposible identificarlos. También hay restos susceptibles de ser cotejados por ADN, pero el estado no cuenta con un laboratorio para ese fin.
La idea de esta administración –que empezó el pasado primero de diciembre– es documentar el perfil genético de todas las personas censadas como desaparecidas en la entidad para hacer las comparaciones necesarias.
Anteriormente, comenta Moreira, la desaparición de personas estaba ligada sobre todo a la disputa entre padres por un hijo; sin embargo, desde 2006 el fenómeno se relaciona principalmente con el crimen organizado.
El año pasado, relató, en la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, se dio el caso de una comunidad en la que el crimen organizado se llevó familias completas y quemó unas 30 viviendas.
Pero también hay policías desaparecidos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia y a los que se debe buscar. Todos deben ser buscados, afirma: no importa que se presuma que tuviesen alguna liga con el narcotráfico, porque si nada se hace por encontrarlos el mensaje de impunidad es muy grande.
Una autoridad, explica, no puede decir simplemente que tales personas murieron en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o desaparecieron en ese mismo contexto, porque "corremos el riesgo de inculpar a inocentes. Si decimos que estaban coludidos, debemos demostrarlo, y no dar carpetazo a un hecho sólo porque se tiene la suposición de que actuó el crimen organizado".
Las circunstancias en las que una persona desaparece son diversas. De muchos casos no hay denuncia; por ello existe una "cifra negra" que entraña dificultades para la autoridad.
El Programa Estatal de Personas Desaparecidas se encargará de la búsqueda a partir de una subprocuraduría. Y será la encargada, también, de coordinarse con otras entidades para "empujar la búsqueda". Es muy importante la coordinación con la Federación y con otras entidades, porque muchas desapariciones se dan en las fronteras de los estados.
“Y la colaboración con la Federación es necesaria porque muchas están en la esfera de la lucha contra el crimen organizado. Parece una tarea titánica, pero tenemos que emprenderla. Los derechos humanos serán el tema en la revisión de la lucha contra el narco. El Estado tiene que ser contundente, porque está costando vidas, pero tiene que ser en el marco de los derechos humanos.”
Además, tiene que invertir en prisiones de alta seguridad para no mezclar primodelincuentes con integrantes de bandas del crimen organizado; en tecnología para la investigación, y también en políticas públicas encaminadas al desarrollo social, al empleo, al esparcimiento y al fortalecimiento de la familia… cualquier tipo de familia.
¿Cómo llegamos a esto? ¿A la situación por la que atraviesa el país? El gobernador dice que es un problema muy complejo, relacionado hasta con el desarrollo urbano, la falta de guarderías, con los horarios escolares de tan sólo cuatro horas así como la inserción de las mujeres en la vida laboral, sin que se tomaran medidas institucionales para apoyar a las familias.
Y ofrece un ejemplo. "Si vives en una unidad habitacional del Infonavit, en Torreón, donde el techo está a dos metros con 15 centímetros y la temperatura es de 40 grados, la única manera de estar es en la calle. Si los padres trabajan, lo más seguro es que niños y jóvenes vaguen sin ninguna vigilancia. No se trata de valores, sino de redes sociales e institucionales que fortalezcan a la familia y, por tanto, el tejido social."
Los casinos son, de plano, dice, "una maldición", sobre todo para los estados industrializados. Además de fomentar la ludopatía, son centros de atracción para la delincuencia. Texas, apunta, tiene siete veces la población de Coahuila y sólo hay un casino, mientras "acá abrieron, en la pasada administración federal, más de 25".
Para echar a andar el programa de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila ha solicitado el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que llevan ya varios años buscando, integradas básicamente por familiares.
25 Enero 2012
En Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos
Saltillo, Coahuila. Cuando en el país se haga una revisión de la lucha contra el crimen organizado del actual periodo presidencial, el gran tema serán los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de ser contundente contra la delincuencia, pero también proteger a los ciudadanos: es "injusto" decir que todos los "desaparecidos" o los muertos estaban coludidos con criminales.
Tan sólo en el estado de Coahuila hay mil 658 "desaparecidos" –mil 113 hombres y 545 mujeres– que la administración de Rubén Moreira buscará como parte de una política de Estado. El fenómeno de las desapariciones se detonó a la par del narcotráfico. Antes, lo que había eran secuestros (con su consiguiente demanda de rescate económico).
Miembros de fuerzas policiacas, ciudadanos que confundieron o que estuvieron en el lugar equivocado, niños, familias completas, personas involucradas con la delincuencia y otras detenidas por alguna autoridad y entregadas al crimen forman parte de esos mil 658 que no se han encontrado que empezará a buscar el Programa Estatal de Personas Desaparecidas.
Con esas premisas, en Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos; se instalará un laboratorio de genética forense y una base de datos disponible en Internet con fotografías y datos de cadáveres no identificados, así como de personas desaparecidas (con la autorización de los familiares).
La autoridad, apunta el mandatario estatal, parte de que no todas las personas serán encontradas con vida –deberá buscar entre los muertos–, pero está convencida de que toda familia tiene derecho a conocer la suerte de sus seres queridos y, en caso de sólo encontrar restos, a darles sepultura digna y vivir el duelo.
En Coahuila se encontraron, en meses recientes, siete fosas clandestinas con restos humanos. Debido a la descomposición de los cuerpos sometidos al fuego, ha sido imposible identificarlos. También hay restos susceptibles de ser cotejados por ADN, pero el estado no cuenta con un laboratorio para ese fin.
La idea de esta administración –que empezó el pasado primero de diciembre– es documentar el perfil genético de todas las personas censadas como desaparecidas en la entidad para hacer las comparaciones necesarias.
Anteriormente, comenta Moreira, la desaparición de personas estaba ligada sobre todo a la disputa entre padres por un hijo; sin embargo, desde 2006 el fenómeno se relaciona principalmente con el crimen organizado.
El año pasado, relató, en la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, se dio el caso de una comunidad en la que el crimen organizado se llevó familias completas y quemó unas 30 viviendas.
Pero también hay policías desaparecidos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia y a los que se debe buscar. Todos deben ser buscados, afirma: no importa que se presuma que tuviesen alguna liga con el narcotráfico, porque si nada se hace por encontrarlos el mensaje de impunidad es muy grande.
Una autoridad, explica, no puede decir simplemente que tales personas murieron en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o desaparecieron en ese mismo contexto, porque "corremos el riesgo de inculpar a inocentes. Si decimos que estaban coludidos, debemos demostrarlo, y no dar carpetazo a un hecho sólo porque se tiene la suposición de que actuó el crimen organizado".
Las circunstancias en las que una persona desaparece son diversas. De muchos casos no hay denuncia; por ello existe una "cifra negra" que entraña dificultades para la autoridad.
El Programa Estatal de Personas Desaparecidas se encargará de la búsqueda a partir de una subprocuraduría. Y será la encargada, también, de coordinarse con otras entidades para "empujar la búsqueda". Es muy importante la coordinación con la Federación y con otras entidades, porque muchas desapariciones se dan en las fronteras de los estados.
“Y la colaboración con la Federación es necesaria porque muchas están en la esfera de la lucha contra el crimen organizado. Parece una tarea titánica, pero tenemos que emprenderla. Los derechos humanos serán el tema en la revisión de la lucha contra el narco. El Estado tiene que ser contundente, porque está costando vidas, pero tiene que ser en el marco de los derechos humanos.”
Además, tiene que invertir en prisiones de alta seguridad para no mezclar primodelincuentes con integrantes de bandas del crimen organizado; en tecnología para la investigación, y también en políticas públicas encaminadas al desarrollo social, al empleo, al esparcimiento y al fortalecimiento de la familia… cualquier tipo de familia.
¿Cómo llegamos a esto? ¿A la situación por la que atraviesa el país? El gobernador dice que es un problema muy complejo, relacionado hasta con el desarrollo urbano, la falta de guarderías, con los horarios escolares de tan sólo cuatro horas así como la inserción de las mujeres en la vida laboral, sin que se tomaran medidas institucionales para apoyar a las familias.
Y ofrece un ejemplo. "Si vives en una unidad habitacional del Infonavit, en Torreón, donde el techo está a dos metros con 15 centímetros y la temperatura es de 40 grados, la única manera de estar es en la calle. Si los padres trabajan, lo más seguro es que niños y jóvenes vaguen sin ninguna vigilancia. No se trata de valores, sino de redes sociales e institucionales que fortalezcan a la familia y, por tanto, el tejido social."
Los casinos son, de plano, dice, "una maldición", sobre todo para los estados industrializados. Además de fomentar la ludopatía, son centros de atracción para la delincuencia. Texas, apunta, tiene siete veces la población de Coahuila y sólo hay un casino, mientras "acá abrieron, en la pasada administración federal, más de 25".
Para echar a andar el programa de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila ha solicitado el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que llevan ya varios años buscando, integradas básicamente por familiares.
domingo, 22 de enero de 2012
Evalúa RMV caso de los desaparecidos en Coahuila
Vanguardia
22 Enero 2012
El gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este sábado una reunión de gabinete en la que se evaluaron las acciones que la administración lleva a cabo en la estrategia para abatir el rezago educativo, así como en la búsqueda de personas desaparecidas
Saltillo, Coahuila. Otros de los temas abordados fue el desarrollo del programa “Sonreír Más y Mejor, Mídete Nútrete, Actívate”, así como las condiciones y el entorno en que se lleva a cabo la extracción del carbón en Coahuila; los proyectos que se impulsarán con los recursos de los Fondos Metropolitanos.
Aplaude STyPS creación de oficina
La titular de la STyPS, Rosalinda Vélez Juárez, reconoció la iniciativa del gobernador Rubén Moreira para crear en Coahuila la Secretaría Estatal del ramo.
La titular de esta nueva dependencia, Felícitas Molina Duque, mencionó que los funcionarios federales “aplaudieron la decisión de Moreira Valdez de incluir en su administración a esta dependencia estatal”.
22 Enero 2012
El gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó este sábado una reunión de gabinete en la que se evaluaron las acciones que la administración lleva a cabo en la estrategia para abatir el rezago educativo, así como en la búsqueda de personas desaparecidas
Saltillo, Coahuila. Otros de los temas abordados fue el desarrollo del programa “Sonreír Más y Mejor, Mídete Nútrete, Actívate”, así como las condiciones y el entorno en que se lleva a cabo la extracción del carbón en Coahuila; los proyectos que se impulsarán con los recursos de los Fondos Metropolitanos.
Aplaude STyPS creación de oficina
La titular de la STyPS, Rosalinda Vélez Juárez, reconoció la iniciativa del gobernador Rubén Moreira para crear en Coahuila la Secretaría Estatal del ramo.
La titular de esta nueva dependencia, Felícitas Molina Duque, mencionó que los funcionarios federales “aplaudieron la decisión de Moreira Valdez de incluir en su administración a esta dependencia estatal”.
sábado, 21 de enero de 2012
Ofrece Estado recompensa para hallar desaparecidos en Coahuila
ÉDGAR GONZÁLEZ
21 Enero 2012
A petición de las familias integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), y asesorado por la PGR, el Gobierno de Coahuila dará recompensas a quienes aporten datos para la ubicación de las personas desaparecidas en la entidad.
El gobernador Rubén Moreira Valdez inició un programa para la localización de personas desaparecidas, que según cifras de la propia administración estatal,sumarían mil 600 personas.
Sin embargo, la agrupación Fuundec tiene cifras de más de 4 mil personas las que se están buscando a raíz del incremento de la violencia en el País y en la entidad.
“La cifra que nosotros mencionamos es de mil 600 personas”, dijo, “en los reportes que tuvimos originalmente sobrepasaban los 4 mil, pero en la búsqueda se ha localizado la diferencia que hay. Muchas de ellas regresaron”.
El Ejecutivo Estatal pidió a los integrantes de Fuundec y a ciudadanos hacer aportaciones para mejorar el programa de búsqueda que el Gobierno Estatal ha emprendido.
“Vamos a abrir líneas telefónicas y a solicitud de la gente que viene del Fuundec, vamos a dar recompensa por datos”, anunció ayer.
Las recompensas serían emitidas por el Gobierno Estatal, que estaría asesorado por la PGR para definir montos y procedimientos.
También reiteró que la Fiscalía General de Coahuila hace las gestiones necesarias para interrogar a líderes de la delincuencia organizada detenidos, que pudieran tener información sobre los desaparecidos.
Moreira Valdez dijo estar abierto a todas las críticas de la sociedad, pero pidió que sean acompañadas también con propuestas para este tema en particular.
21 Enero 2012
A petición de las familias integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), y asesorado por la PGR, el Gobierno de Coahuila dará recompensas a quienes aporten datos para la ubicación de las personas desaparecidas en la entidad.
El gobernador Rubén Moreira Valdez inició un programa para la localización de personas desaparecidas, que según cifras de la propia administración estatal,sumarían mil 600 personas.
Sin embargo, la agrupación Fuundec tiene cifras de más de 4 mil personas las que se están buscando a raíz del incremento de la violencia en el País y en la entidad.
“La cifra que nosotros mencionamos es de mil 600 personas”, dijo, “en los reportes que tuvimos originalmente sobrepasaban los 4 mil, pero en la búsqueda se ha localizado la diferencia que hay. Muchas de ellas regresaron”.
El Ejecutivo Estatal pidió a los integrantes de Fuundec y a ciudadanos hacer aportaciones para mejorar el programa de búsqueda que el Gobierno Estatal ha emprendido.
“Vamos a abrir líneas telefónicas y a solicitud de la gente que viene del Fuundec, vamos a dar recompensa por datos”, anunció ayer.
Las recompensas serían emitidas por el Gobierno Estatal, que estaría asesorado por la PGR para definir montos y procedimientos.
También reiteró que la Fiscalía General de Coahuila hace las gestiones necesarias para interrogar a líderes de la delincuencia organizada detenidos, que pudieran tener información sobre los desaparecidos.
Moreira Valdez dijo estar abierto a todas las críticas de la sociedad, pero pidió que sean acompañadas también con propuestas para este tema en particular.
domingo, 15 de enero de 2012
Son más de mil 600 los desaparecidos en Coahuila
15 Enero 2012
Reconoce el Gobierno del Estado que cifra supera por mucho los 268 casos denunciados en Coahuila
Saltillo, Coahuila. Tras la presentación a integrantes de Fuundec del Plan para la Búsqueda de Desaparecidos, el Gobierno del Estado reconoció que los casos en Coahuila podrían superar los mil 600, por lo cual se contempla la realización de un censo par precisar la cifra.
Ayer 60 de las 268 familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, fueron recibidas en el Palacio de Gobierno por Rubén Moreira y los delegados de la PGR y el Cisen en Coahuila; el encargado del despacho de la Fiscalía, Domingo González; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, representantes de la CNDH, miembros del gabinete estatal y diputados locales.
Tras finalizar la reunión, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que señaló: “Como primer punto dentro de la metodología planteada para este programa, se encuentra la realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado y que según cálculos preliminares podría superar las mil 600”.
Jorge Verástegui, uno de los voceros de Fuundec, manifestó que en el encuentro les presentaron la introducción de un Plan de Búsqueda que incluye, además del censo, la creación de una Subprocuraduría Especializada, buscar en albergues o fosas clandestinas, lograr colaboración con otros estados y órdenes de gobierno, entre otras acciones, tras lo cual el sentir de las familias es “queremos menos papeleo y más acción”.
Insistieron en que llevan años pidiendo resultados y sólo les han presentado papeleos y discursos que no les resuelven su principal reclamo.
“Lo que pedimos es una búsqueda inmediata, no papeles. Y lo que vemos son papeles, papeles, papeles, y estar pidiendo cooperación de tal estado, de la PGR, y papeleos. Nosotros queremos trabajo de campo, es lo que estamos exigiendo”, señaló una de las madres.
“Ese método que nos están presentando vamos a analizarlo, estudiarlo y en 15 días les daremos nuestra opinión. No queremos decir que es la maravilla pero tampoco lo echaremos a la borda, no lo conocemos, nos entregaron una copia y vamos a analizarlo”, dijo por su parte otra de las representantes.
Integrantes de Fuundec se manifestaron conformes con las modificaciones a la ley estatal para tipificar el delito de desaparición forzada, y el que se hayan tomado el tiempo para escucharlos en estas reuniones, pero reclaman que a más de dos años de lucha, no han visto ningún resultado.
Cifras alarmantes
Señalaron que en la reunión las autoridades les informaron tener conocimiento de 4 mil 600 desaparecidos, de los cuales ya habían encontrado 2 mil 931, ante lo cual las familias les contestaron que ninguno de esos supuestos encontrados es de los 268 de Fuundec.
Cabe señalar que durante la tarde de ayer, al ir saliendo de las reuniones personales con autoridades de la Fiscalía y la PGR para conocer sobre sus casos, la mayoría de los miembros del organismo dijeron a VANGUARDIA que no hubo avances, pues seguían escudándose en la falta de elementos para hacer búsquedas fuera de sus jurisdicciones.
El Plan para la Búsqueda de Desaparecidos contempla:
Acciones para las que se cuenta con la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, la CNDH y familias de desaparecidos.
Creación de una Subprocuraduría Especializada.
Realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado.
Una página de Internet para consultas y aportar información.
Recorrer centros médicos, albergues, guarderías, así como la búsqueda de fosas clandestinas. Colocar pósters con las fotografías de desaparecidos.
Reconoce el Gobierno del Estado que cifra supera por mucho los 268 casos denunciados en Coahuila
Saltillo, Coahuila. Tras la presentación a integrantes de Fuundec del Plan para la Búsqueda de Desaparecidos, el Gobierno del Estado reconoció que los casos en Coahuila podrían superar los mil 600, por lo cual se contempla la realización de un censo par precisar la cifra.
Ayer 60 de las 268 familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, fueron recibidas en el Palacio de Gobierno por Rubén Moreira y los delegados de la PGR y el Cisen en Coahuila; el encargado del despacho de la Fiscalía, Domingo González; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, representantes de la CNDH, miembros del gabinete estatal y diputados locales.
Tras finalizar la reunión, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que señaló: “Como primer punto dentro de la metodología planteada para este programa, se encuentra la realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado y que según cálculos preliminares podría superar las mil 600”.
Jorge Verástegui, uno de los voceros de Fuundec, manifestó que en el encuentro les presentaron la introducción de un Plan de Búsqueda que incluye, además del censo, la creación de una Subprocuraduría Especializada, buscar en albergues o fosas clandestinas, lograr colaboración con otros estados y órdenes de gobierno, entre otras acciones, tras lo cual el sentir de las familias es “queremos menos papeleo y más acción”.
Insistieron en que llevan años pidiendo resultados y sólo les han presentado papeleos y discursos que no les resuelven su principal reclamo.
“Lo que pedimos es una búsqueda inmediata, no papeles. Y lo que vemos son papeles, papeles, papeles, y estar pidiendo cooperación de tal estado, de la PGR, y papeleos. Nosotros queremos trabajo de campo, es lo que estamos exigiendo”, señaló una de las madres.
“Ese método que nos están presentando vamos a analizarlo, estudiarlo y en 15 días les daremos nuestra opinión. No queremos decir que es la maravilla pero tampoco lo echaremos a la borda, no lo conocemos, nos entregaron una copia y vamos a analizarlo”, dijo por su parte otra de las representantes.
Integrantes de Fuundec se manifestaron conformes con las modificaciones a la ley estatal para tipificar el delito de desaparición forzada, y el que se hayan tomado el tiempo para escucharlos en estas reuniones, pero reclaman que a más de dos años de lucha, no han visto ningún resultado.
Cifras alarmantes
Señalaron que en la reunión las autoridades les informaron tener conocimiento de 4 mil 600 desaparecidos, de los cuales ya habían encontrado 2 mil 931, ante lo cual las familias les contestaron que ninguno de esos supuestos encontrados es de los 268 de Fuundec.
Cabe señalar que durante la tarde de ayer, al ir saliendo de las reuniones personales con autoridades de la Fiscalía y la PGR para conocer sobre sus casos, la mayoría de los miembros del organismo dijeron a VANGUARDIA que no hubo avances, pues seguían escudándose en la falta de elementos para hacer búsquedas fuera de sus jurisdicciones.
El Plan para la Búsqueda de Desaparecidos contempla:
Acciones para las que se cuenta con la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, la CNDH y familias de desaparecidos.
Creación de una Subprocuraduría Especializada.
Realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado.
Una página de Internet para consultas y aportar información.
Recorrer centros médicos, albergues, guarderías, así como la búsqueda de fosas clandestinas. Colocar pósters con las fotografías de desaparecidos.
miércoles, 4 de enero de 2012
Reportaje: Datos recopilados en 20 días de caravanas al norte y el sur del país
Documenta movimiento de Sicilia 800 desapariciones
El objetivo es crear un mapa que muestre zonas, rutas y estados donde se presenta el delito, además de dar nombre a las víctimas; estudiantes de CIDE, UNAM y el Claustro realizan este esfuerzo.
Ochocientos mexicanos con nombre y apellido, la mayoría desaparecidos o asesinados, es el registro de víctimas alterno que ha realizado hasta el momento el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La mayoría de los datos se recopilaron en los 20 días que duraron las caravanas al norte y el sur, y se han ido verificando a lo largo del tiempo. Es uno de los resultados tangibles que el movimiento encabezado por Javier Sicilia obtuvo luego de recorrer el país.
El objetivo de ese ejercicio es crear un mapa (que se subirá a internet), en el que se vean gráficamente zonas, rutas y estados donde se están presentando conductas delictivas reiteradas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado encabezada por el presidente Felipe Calderón. Pero sobre todo, este mapa ubicará y dará nombre a las víctimas.
Estudiantes de CIDE, UNAM y Universidad del Claustro de Sor Juana comenzaron este esfuerzo de recopilación, explicó Roberto Villanueva Guzmán, integrante de la comisión de documentación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
“Lo que se trata de recabar con esta información es la memoria de la persona y la verdad del hecho. No sólo manejarlos como cifras, sino primordialmente rescatar todos los sueños (sic) que tiene esta persona”, explica el activista.
Además de dar identidad a las víctimas de violaciones a derechos humanos, el mapa que prepara el movimiento permitirá apreciar gráficamente los lugares donde la violencia se ha disparado y las zonas donde existe ausencia de la autoridad.
“En todo el país hay víctimas, pero también hay zonas específicas. Es una de las cuestiones donde también el Estado ha sido omiso en el tema de seguridad. Hay muchos patrones, hay espacios donde las personas están siendo asesinadas o desaparecidas, son muy delimitados en los que el Estado no ha hecho nada a pesar de tener conocimiento de que ahí hay personas que están desapareciendo o siendo asesinadas o torturadas y no se hace nada.
“Esas también son violaciones a derechos humanos por omisión del Estado. No es sólo un caso en un espacio, son muchos casos en diversos sitios de la República”, consideró Villanueva Guzmán.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad espera para febrero tener listo el mapa de víctimas en la República Mexicana. Por lo pronto, continúa analizando un buen número de expedientes para validar su información.
Los 800 casos registrados tienen información cotejada con averiguaciones previas. El resto no se ingresa aún a la base de datos hasta que se verifica la validez de los datos aportados por las víctimas.
El norte: ejecuciones
El 4 de junio inició la Caravana del Consuelo al norte y recorrió las ciudades de Cuernavaca, Distrito Federal, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, Monterrey, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Fueron 291 casos documentados a lo largo de más de mil 600 kilómetros recorridos.
Victoria Bautista, hija del ecologista desaparecido en Guerrero. Foto: Nelly Salas/Archivo
Casi la mitad de las denuncias recabadas en estas ciudades, 45 por ciento, corresponden a asesinatos cometidos entre 2009 y 2010; 75 por ciento fueron contra personas menores de 30 años. El 48 por ciento de las víctimas eran estudiantes, operadores de autobús y trabajadores de maquiladoras.
Destaca que 21 por ciento de los homicidios registrados corresponden a elementos de la policía local o federal, Ejército o Marina. En cuanto al género, tres de cada 10 delitos fueron contra mujeres.
El otro gran segmento de víctimas corresponde a los desparecidos, que representa 42 por ciento de los delitos registrados. El secuestro sólo ocupó 11 por ciento del total.
El sur: desapariciones
El 9 de septiembre partió del Distrito Federal la caravana del sur para recorrer Cuernavaca, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Juchitán, Ixtepec, Acteal, Tapachula, Ciudad Hidalgo, San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, Villahermosa, Coatzacoalcos, Xalapa y Puebla.
En ese recorrido se obtuvieron 221 registros. La mayoría de las denuncias, 52.5 por ciento, fueron por desaparición. El 13.6 por ciento por homicidio y 12.7 por ciento por reclusión injusta. La mayoría de las denuncias recabadas pertenecen a víctimas de Guerrero.
El otro mapa
••• A partir de la marcha convocada por Javier Sicilia el 8 de mayo pasado, un grupo de ciudadanos agrupados bajo el nombre de Ciudadanía por la Paz con Justicia y Dignidad lanzaron un primer intento de mapa de víctimas. En el sitio https://pazyjusticia.crowdmap.com se publicó un mapa que representa a personas que sufrieron crímenes en el país.
A través de puntos rojos se ubica el estado donde ocurrió el hecho delictivo. Al dar clic sobre el lugar, se despliega el nombre de la víctima, su edad y una breve descripción del delito que sufrió.
La página fue alimentada a través de Twitter. Las víctimas o los familiares de éstas, que deseaban denunciar algún hecho criminal, publicaban en esta red social un texto menor a 140 caracteres con el hashtag #MapaMX o #nosoncifras.
Mil 184 registros de víctimas se recibieron entre el 8 de mayo y el 31 de agosto, fecha en que se decidió suspender la publicación de más nombres por falta de tiempo para operar el sitio. La mayoría de los casos reportados en este sitio corresponden a víctimas de asesinato o de desaparición. (México. Raymundo Pérez Arellano)
El objetivo es crear un mapa que muestre zonas, rutas y estados donde se presenta el delito, además de dar nombre a las víctimas; estudiantes de CIDE, UNAM y el Claustro realizan este esfuerzo.
Ochocientos mexicanos con nombre y apellido, la mayoría desaparecidos o asesinados, es el registro de víctimas alterno que ha realizado hasta el momento el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La mayoría de los datos se recopilaron en los 20 días que duraron las caravanas al norte y el sur, y se han ido verificando a lo largo del tiempo. Es uno de los resultados tangibles que el movimiento encabezado por Javier Sicilia obtuvo luego de recorrer el país.
El objetivo de ese ejercicio es crear un mapa (que se subirá a internet), en el que se vean gráficamente zonas, rutas y estados donde se están presentando conductas delictivas reiteradas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado encabezada por el presidente Felipe Calderón. Pero sobre todo, este mapa ubicará y dará nombre a las víctimas.
Estudiantes de CIDE, UNAM y Universidad del Claustro de Sor Juana comenzaron este esfuerzo de recopilación, explicó Roberto Villanueva Guzmán, integrante de la comisión de documentación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
“Lo que se trata de recabar con esta información es la memoria de la persona y la verdad del hecho. No sólo manejarlos como cifras, sino primordialmente rescatar todos los sueños (sic) que tiene esta persona”, explica el activista.
Además de dar identidad a las víctimas de violaciones a derechos humanos, el mapa que prepara el movimiento permitirá apreciar gráficamente los lugares donde la violencia se ha disparado y las zonas donde existe ausencia de la autoridad.
“En todo el país hay víctimas, pero también hay zonas específicas. Es una de las cuestiones donde también el Estado ha sido omiso en el tema de seguridad. Hay muchos patrones, hay espacios donde las personas están siendo asesinadas o desaparecidas, son muy delimitados en los que el Estado no ha hecho nada a pesar de tener conocimiento de que ahí hay personas que están desapareciendo o siendo asesinadas o torturadas y no se hace nada.
“Esas también son violaciones a derechos humanos por omisión del Estado. No es sólo un caso en un espacio, son muchos casos en diversos sitios de la República”, consideró Villanueva Guzmán.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad espera para febrero tener listo el mapa de víctimas en la República Mexicana. Por lo pronto, continúa analizando un buen número de expedientes para validar su información.
Los 800 casos registrados tienen información cotejada con averiguaciones previas. El resto no se ingresa aún a la base de datos hasta que se verifica la validez de los datos aportados por las víctimas.
El norte: ejecuciones
El 4 de junio inició la Caravana del Consuelo al norte y recorrió las ciudades de Cuernavaca, Distrito Federal, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, Monterrey, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Fueron 291 casos documentados a lo largo de más de mil 600 kilómetros recorridos.
Victoria Bautista, hija del ecologista desaparecido en Guerrero. Foto: Nelly Salas/Archivo
Casi la mitad de las denuncias recabadas en estas ciudades, 45 por ciento, corresponden a asesinatos cometidos entre 2009 y 2010; 75 por ciento fueron contra personas menores de 30 años. El 48 por ciento de las víctimas eran estudiantes, operadores de autobús y trabajadores de maquiladoras.
Destaca que 21 por ciento de los homicidios registrados corresponden a elementos de la policía local o federal, Ejército o Marina. En cuanto al género, tres de cada 10 delitos fueron contra mujeres.
El otro gran segmento de víctimas corresponde a los desparecidos, que representa 42 por ciento de los delitos registrados. El secuestro sólo ocupó 11 por ciento del total.
El sur: desapariciones
El 9 de septiembre partió del Distrito Federal la caravana del sur para recorrer Cuernavaca, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Juchitán, Ixtepec, Acteal, Tapachula, Ciudad Hidalgo, San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, Villahermosa, Coatzacoalcos, Xalapa y Puebla.
En ese recorrido se obtuvieron 221 registros. La mayoría de las denuncias, 52.5 por ciento, fueron por desaparición. El 13.6 por ciento por homicidio y 12.7 por ciento por reclusión injusta. La mayoría de las denuncias recabadas pertenecen a víctimas de Guerrero.
El otro mapa
••• A partir de la marcha convocada por Javier Sicilia el 8 de mayo pasado, un grupo de ciudadanos agrupados bajo el nombre de Ciudadanía por la Paz con Justicia y Dignidad lanzaron un primer intento de mapa de víctimas. En el sitio https://pazyjusticia.crowdmap.com se publicó un mapa que representa a personas que sufrieron crímenes en el país.
A través de puntos rojos se ubica el estado donde ocurrió el hecho delictivo. Al dar clic sobre el lugar, se despliega el nombre de la víctima, su edad y una breve descripción del delito que sufrió.
La página fue alimentada a través de Twitter. Las víctimas o los familiares de éstas, que deseaban denunciar algún hecho criminal, publicaban en esta red social un texto menor a 140 caracteres con el hashtag #MapaMX o #nosoncifras.
Mil 184 registros de víctimas se recibieron entre el 8 de mayo y el 31 de agosto, fecha en que se decidió suspender la publicación de más nombres por falta de tiempo para operar el sitio. La mayoría de los casos reportados en este sitio corresponden a víctimas de asesinato o de desaparición. (México. Raymundo Pérez Arellano)
martes, 15 de noviembre de 2011
Desaparecen dos periodistas de El Financiero en Zacatecas
Milenio
15 Noviembre 2011
A través de su Twitter, el director general adjunto, Rogelio Cárdenas, dio a conocer que al salir del estado eran perseguidos por dos patrullas con el número 02349 y 02360.
Ciudad de México. Dos reporteros del periódico el financiero, que se encontraban en Zacatecas desaparecieron luego de que eran perseguidos por dos patrullas con los números 02349 y 02360.
El director general adjunto del diario, Rogelio Cárdenas, a través de su twitter @RogelioCardenas dio a conocer que desde hace una hora no saben nada de sus colaboradores.
“Desaparecieron dos compañeros de El Financiero saliendo de Zac (sic). En su ultimo (sic) reporte dijeron ser seguidos por 2 patrullas la 02349 y 02360”.
“Estamos a la espera de respuesta por parte de las autoridades competentes. Este hecho lastima a todos los que trabajamos en El Financiero”.
“Muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Los mantendre (sic) al tanto de lo que diga la procuraduria(sic) de Zacatecas, estan (sic) investigando”.
15 Noviembre 2011
A través de su Twitter, el director general adjunto, Rogelio Cárdenas, dio a conocer que al salir del estado eran perseguidos por dos patrullas con el número 02349 y 02360.
Ciudad de México. Dos reporteros del periódico el financiero, que se encontraban en Zacatecas desaparecieron luego de que eran perseguidos por dos patrullas con los números 02349 y 02360.
El director general adjunto del diario, Rogelio Cárdenas, a través de su twitter @RogelioCardenas dio a conocer que desde hace una hora no saben nada de sus colaboradores.
“Desaparecieron dos compañeros de El Financiero saliendo de Zac (sic). En su ultimo (sic) reporte dijeron ser seguidos por 2 patrullas la 02349 y 02360”.
“Estamos a la espera de respuesta por parte de las autoridades competentes. Este hecho lastima a todos los que trabajamos en El Financiero”.
“Muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Los mantendre (sic) al tanto de lo que diga la procuraduria(sic) de Zacatecas, estan (sic) investigando”.
martes, 11 de octubre de 2011
Calderón: “muy alta”, la cifra de desaparecidos
“No sabemos el tamaño de ese problema”, acepta en la presentación de la Províctimas
La Junta de Gobierno de la nueva instancia estará integrada por Alejandro Martí, Patricia Caso, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, quien asegura: “no pretendemos legitimar al gobierno”.
2011-10-11•M.P.
El presidente Felipe Calderón expresó su preocupación por el “muy alto” número de personas desaparecidas por la acción de criminales, aceptó que no se conoce el tamaño del problema e instruyó a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) a apoyar su búsqueda.
“Tengo la preocupación de que el número de personas desaparecidas es muy alto en el país y que mucha de esa información está dispersa en distintas instancias, sobre todo de carácter local, que es donde la gente va a denunciar, a pedir información, y no sabemos el tamaño de ese problema” afirmó.
Al inaugurar la sede y los trabajos de Províctima, precisó que entre las atribuciones de la nueva instancia está ser encargada de agrupar los esfuerzos para combatir la impunidad y “apoyar en la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de las acciones criminales”.
Dijo que el mecanismo “debe ser un referente para que toda víctima o toda persona que tenga una persona desaparecida y no haya tenido respuesta eficaz, ahora se sienta con la libertad de venir y, por lo menos, ir impulsando la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de la violencia o de cualquier otro delito”.
El presidente Calderón aseguró que la dependencia “no debe y no va a fracasar”, porque busca terminar con la impunidad y la doble victimización que enfrentan quienes se topan con la indolencia y prepotencia de las autoridades encargadas de garantizar la justicia.
El Presidente señaló que “cada víctima de la violencia es una herida que está abierta en la sociedad. Nuestro deber legal y moral es cerrar esa herida. Y para hacerlo hay que hacer que esos delitos no queden en la impunidad, hay que detener a los criminales, hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para dar con ellos, hay que impedir que sigan cometiendo las atrocidades”, expresó.
Dijo que muchas dependencias ya cuentan con áreas especializadas para atender a las víctimas, pero “tenemos que profundizar más y, sobre todo, estructurar de manera orgánica los esfuerzos que hasta ahora se hecho por separado”.
Ciudadanos y participantes
La titular de Províctima será Sara Irene Herrerías, mientras la Junta de Gobierno estará integrada por Alejandro Martí, Patricia Caso, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, quien habló de los proyectos bien intencionados y mediáticamente rentables que corren el riesgo de fracasar.
También advirtió que la participación de los activistas no pretende legitimar al gobierno federal, sino trabajar de manera conjunta para proteger los derechos de las víctimas.
El Presidente celebró la presencia del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, lo que refrenda el trabajo de coordinación entre los gobiernos federal y local y simboliza la sinergia que debe haber en favor de las víctimas de la violencia.
Señaló que estará pendiente del trabajo de la Províctima, pues, dijo, no se trata de canalizar a los afectados a alguna dependencia, sino de llevarlas de la mano durante su proceso de búsqueda de justicia y reparación del daño.
El presidente Calderón pidió “encarecidamente” a la procuradora social y a la propia procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, concretar el Registro Nacional de Víctimas de la Violencia, “de homicidios concretamente”, y coadyuvar en la recopilación de la información vinculada a las víctimas.
Claves
Matan a activista
• El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta y escritor Javier Sicilia, manifestó su indignación por el asesinato del comunero Pedro Leyva Domínguez, originario de Michoacán, ocurrido el pasado 6 de octubre.
• Pietro Ameglio, integrante del movimiento, consideró que se trata de una señal “gravísima”, debido a que el comunero participaría en el próximo diálogo con el gobierno federal.
México • Lorena López
La Junta de Gobierno de la nueva instancia estará integrada por Alejandro Martí, Patricia Caso, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, quien asegura: “no pretendemos legitimar al gobierno”.
2011-10-11•M.P.
El presidente Felipe Calderón expresó su preocupación por el “muy alto” número de personas desaparecidas por la acción de criminales, aceptó que no se conoce el tamaño del problema e instruyó a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) a apoyar su búsqueda.
“Tengo la preocupación de que el número de personas desaparecidas es muy alto en el país y que mucha de esa información está dispersa en distintas instancias, sobre todo de carácter local, que es donde la gente va a denunciar, a pedir información, y no sabemos el tamaño de ese problema” afirmó.
Al inaugurar la sede y los trabajos de Províctima, precisó que entre las atribuciones de la nueva instancia está ser encargada de agrupar los esfuerzos para combatir la impunidad y “apoyar en la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de las acciones criminales”.
Dijo que el mecanismo “debe ser un referente para que toda víctima o toda persona que tenga una persona desaparecida y no haya tenido respuesta eficaz, ahora se sienta con la libertad de venir y, por lo menos, ir impulsando la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de la violencia o de cualquier otro delito”.
El presidente Calderón aseguró que la dependencia “no debe y no va a fracasar”, porque busca terminar con la impunidad y la doble victimización que enfrentan quienes se topan con la indolencia y prepotencia de las autoridades encargadas de garantizar la justicia.
El Presidente señaló que “cada víctima de la violencia es una herida que está abierta en la sociedad. Nuestro deber legal y moral es cerrar esa herida. Y para hacerlo hay que hacer que esos delitos no queden en la impunidad, hay que detener a los criminales, hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para dar con ellos, hay que impedir que sigan cometiendo las atrocidades”, expresó.
Dijo que muchas dependencias ya cuentan con áreas especializadas para atender a las víctimas, pero “tenemos que profundizar más y, sobre todo, estructurar de manera orgánica los esfuerzos que hasta ahora se hecho por separado”.
Ciudadanos y participantes
La titular de Províctima será Sara Irene Herrerías, mientras la Junta de Gobierno estará integrada por Alejandro Martí, Patricia Caso, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, quien habló de los proyectos bien intencionados y mediáticamente rentables que corren el riesgo de fracasar.
También advirtió que la participación de los activistas no pretende legitimar al gobierno federal, sino trabajar de manera conjunta para proteger los derechos de las víctimas.
El Presidente celebró la presencia del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, lo que refrenda el trabajo de coordinación entre los gobiernos federal y local y simboliza la sinergia que debe haber en favor de las víctimas de la violencia.
Señaló que estará pendiente del trabajo de la Províctima, pues, dijo, no se trata de canalizar a los afectados a alguna dependencia, sino de llevarlas de la mano durante su proceso de búsqueda de justicia y reparación del daño.
El presidente Calderón pidió “encarecidamente” a la procuradora social y a la propia procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, concretar el Registro Nacional de Víctimas de la Violencia, “de homicidios concretamente”, y coadyuvar en la recopilación de la información vinculada a las víctimas.
Claves
Matan a activista
• El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta y escritor Javier Sicilia, manifestó su indignación por el asesinato del comunero Pedro Leyva Domínguez, originario de Michoacán, ocurrido el pasado 6 de octubre.
• Pietro Ameglio, integrante del movimiento, consideró que se trata de una señal “gravísima”, debido a que el comunero participaría en el próximo diálogo con el gobierno federal.
México • Lorena López
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